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Modo: Corpus Pro

CONGRESO DE LA UNIÓN. TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA ESTABLECER EN LA LEY LA EXIGENCIA DE SER MEXICANO POR NACIMIENTO Y NO HABER ADQUIRIDO OTRA NACIONALIDAD, COMO REQUISITO PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS O PRIORITARIAS DEL ESTADO MEXICANO, QUE INCIDAN EN LA DEFENSA E IDENTIDAD NACIONALES. (Mayoría de siete votos; el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó en el sentido de la resolución, pero por razones distintas) NACIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 119, APARTADO A, FRACCIÓN I, Y APARTADO B, FRACCIÓN I, Y 152, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LAS PORCIONES QUE INDICAN, RESPECTIVAMENTE, "POR NACIMIENTO" Y "SIN TENER OTRA NACIONALIDAD", AL IMPEDIR EL ACCESO A LOS CARGOS DE MINISTERIO PÚBLICO Y PERITO, ASÍ COMO EL INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES, A LOS MEXICANOS POR NATURALIZACIÓN Y A LOS MEXICANOS POR NACIMIENTO QUE HAYAN ADQUIRIDO OTRA NACIONALIDAD, VIOLAN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Unanimidad de ocho votos a favor del sentido, y mayoría de siete votos a favor de las consideraciones, con el voto en contra de éstas del señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2011. · Registro digital (IUS): 23921
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Pág. 677.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2011. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 14 DE MAYO DE 2012. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de mayo de dos mil doce.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil once, en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

I. Autoridad emisora y promulgadora de las normas impugnadas:

a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de México.

b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de México.

II. Normas generales cuya invalidez se demanda:

Los artículos 119, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, y 152, apartado A, fracción I, de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicada el diecinueve de octubre de dos mil once, en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa.

SEGUNDO. En el concepto único de invalidez hecho valer por la promovente, sucintamente, expresó lo siguiente:

Que los artículos 119, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, y 152, apartado A, fracción I, de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicados el diecinueve de octubre de dos mil once, en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa, violan las garantías contenidas en los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, en razón de que dichos preceptos constituyen una violación a los derechos humanos de los mexicanos por naturalización y contravienen lo establecido en los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El párrafo quinto del artículo 1o. constitucional, establece la prohibición a toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, estatuye que los actos de autoridad deben emanar de autoridad competente, mediante escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento; debiendo entender por fundamentación, la cita precisa de los preceptos aplicables al caso concreto y, por motivación la expresión de las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, para lo cual, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto.

Señala que la emisión de todo acto de autoridad precisa la concurrencia de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que se funde y motive la causa legal del procedimiento.

La accionante puntualiza que la primera de estas exigencias tiene como propósito generar certeza respecto de la existencia del acto de autoridad, para que el eventual afectado se encuentre en aptitud de conocer con precisión la autoridad de quien proviene, verificar su competencia, y conocer su contenido y consecuencias.

Esgrime que la exigencia de fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, mismo que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal aplicada.

Aduce que los requisitos de fundamentación y motivación, deben coexistir y suponerse mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones respecto de hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones.

Así, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, contiene un mandato para todas las autoridades de cualquier orden y nivel de gobierno, incluyendo al Poder Legislativo, ya sea federal o local; lo que se traduce en el hecho de que los actos legislativos también están sujetos al principio de legalidad mencionado.

En ese sentido, dado la naturaleza del acto legislativo, su fundamentación y motivación se realizan de una manera sui géneris, respecto de la generalidad de los demás actos de autoridad, por lo que la fundamentación, se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere; esto es, el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que expide, debe corresponder a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de que se trate, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Federal.

Por otra parte, señala que el artículo 133, establece el principio de supremacía constitucional que obliga a los Jueces de cada entidad federativa, a resolver conforme a lo establecido en la Norma Fundamental y en las leyes federales y los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, procedió al análisis constitucional de las normas impugnadas, con objeto de acreditar su incompatibilidad con la Norma Fundamental.

En esa tesitura, destaca que los argumentos hechos valer en el presente medio de control constitucional, fueron tomados de la resolución de la diversa acción de inconstitucionalidad 48/2009, dictada por este Alto Tribunal, el catorce de abril de dos mil once, en la que se declararon inconstitucionales los artículos 23, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 17, apartado A, fracción I, de la Ley de la Policía Federal, al considerar que dichos preceptos establecían una distinción discriminatoria motivada por el origen nacional, respecto de los mexicanos por naturalización, para ocupar los cargos de oficial ministerial, agente del Ministerio Público de la Federación, Policía Ministerial y Policía Federal, respectivamente, como ocurre en el presente caso.

Reitera que el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Federal, prevé una afirmación general del principio de igualdad, consistente en colocar a los particulares en condiciones de acceder a los derechos reconocidos constitucionalmente, en igualdad de circunstancias.

Sin embargo, dicho artículo no debe ser interpretado en el sentido de que postula una paridad entre los individuos, ni que deba existir una igualdad material o económica entre ellos; sino más bien exige una razonabilidad en la diferencia de trato.

En ese sentido, aduce que este Máximo Tribunal, ha señalado que si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a los derechos reconocidos constitucionalmente, eliminando situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo; es decir, el principio de igualdad, no implica que todos los sujetos de una norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad jurídica, sino más bien, se traduce en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, de forma desigual e injustificada.

Por otra parte, cita la resolución emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de septiembre de dos mil ocho, en el amparo en revisión 664/2008, en la que se determinó que del entonces artículo 1o. de la Constitución Federal, se advertía que todo individuo gozaría ampliamente de las garantías que el ordenamiento constitucional le otorgaba y que éstas no podrían restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones en ella establecidas, imponiendo un mandato hacia las autoridades para que se abstuvieran de emitir en sus actos de autoridad, diferencias entre los gobernados por cualquiera de las razones enunciadas en dicho artículo, lo que constituye el principio de igualdad que debe imperar entre los ciudadanos.

Bajo esta tesitura, esgrime que en el ámbito legislativo, los Congresos tienen la prohibición constitucional de que en el desarrollo de su labor emitan normas discriminatorias, con lo cual se pretenden extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas, ya que por su naturaleza, pueden llegar a incidir significativamente en los derechos de las personas; sin embargo, dicha limitante no se traduce en la prohibición absoluta de legislar o diferenciar respecto de las categorías enumeradas en el artículo 1o. constitucional, sino que es un exhorto al legislador para que en el desarrollo de su función, sea especialmente cuidadoso, evitando establecer distinciones que sitúen en franca desventaja a un grupo de individuos respecto de otro, o bien, que menoscaben los derechos otorgados por la Constitución a los gobernados; salvo que esta diferenciación constituya una acción positiva que tenga por objeto compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ciertos grupos.

En relación con dicho principio de igualdad, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 220/2008, en sesión de diecinueve de agosto de dos mil ocho, sostuvo que tal principio no implica que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que más bien, se refiere a una igualdad jurídica entre los gobernados, que se traduce en el hecho de que todos tengan derecho a recibir siempre el mismo trato que reciben aquellos que se encuentran en situaciones de hecho similares; por tanto, no toda diferencia de trato implicará una violación a las garantías de los gobernados, sino que ésta se dará solamente cuando, ante situaciones de hecho similares, no exista una justificación razonable para realizar tal distinción.

Por su parte, el criterio sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", se advierte que, si bien es deseable mantener incólume el principio de igualdad en los dispositivos que rigen a los gobernados, existen situaciones en las que el legislador sí puede establecer diferencias entre los gobernados; sin embargo, dichas distinciones no pueden establecerse de forma arbitraria, por lo que cuando estas se establezcan, el juzgador debe analizar si el legislador tomó en cuenta ciertos factores que le darán validez constitucional a la norma, a saber:

- Primero: Verificar si se justifican las razones por las que se establece la diferenciación, para lo cual debe perseguir una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; es decir, debe tener un objetivo fijo, admisible y posible de alcanzar mediante la norma clasificatoria.

- Segundo: Observar si la distinción se aplicó racionalmente, es decir, si existe una relación factible entre la medida clasificatoria y el fin que pretende obtenerse;

- Tercero: Revisar que se cumpla con el requisito de proporcionalidad, para lo cual debe valorar si la distinción realizada va acorde con la finalidad pretendida, los bienes o los derechos constitucionales que se verán afectados con tal distinción; y,

- Cuarto: Es de gran importancia que, después de sopesar los anteriores puntos, el juzgador valore la factibilidad de la norma clasificatoria, pues debe tener en cuenta que el principio de igualdad constituye un derecho de carácter fundamental, y que si bien es cierto que la Ley Suprema le permite al legislador una mayor amplitud para realizar diferenciaciones en ciertos ámbitos, también lo es que, por otra parte, apremia al juzgador para que sea especialmente exigente al determinar si en un precepto, el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

Además, tratándose del principio de igualdad y no discriminación, la Primera Sala ha sostenido que en dicho principio, se contiene el reconocimiento de que siempre que la acción clasificatoria del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación y, por tanto, el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad.

Con el objeto de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 119, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, y 152, apartado A, fracción I, de la Ley de Seguridad del Estado de México, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el diecinueve de octubre de dos mil once, considera indispensable determinar el marco constitucional y legal de los mexicanos por nacimiento y naturalización, a fin de sustentar la inconstitucionalidad planteada.

El artículo 30 de la Norma Fundamental, establece que la nacionalidad mexicana podrá adquirirse por nacimiento, tal como se encuentra previsto en el apartado A, o por naturalización, como lo contempla el apartado B; ésta última, se adquiere u obtiene por voluntad de una persona, constituyendo un acto soberano del Estado que otorga la nacionalidad, acogiendo al individuo como parte de su pueblo una vez que se surten los requisitos que el propio Estado, en ejercicio de dicha soberanía, establece para tal efecto.

En este sentido, el citado apartado B, señala que son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores la carta de naturalización, y la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y reúnan los requisitos establecidos en la ley relativa.

Por otra parte, de la exposición de motivos que emitió el entonces presidente de la República, así como de los dictámenes que emitieron las comisiones de las Cámaras de Senadores en su carácter de Emisora, de Diputados, en su calidad de Revisora, ambas del Congreso de la Unión, respecto de la reforma constitucional, al numeral 30, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, se advierte que la reforma tuvo dentro de sus objetivos, establecer la transmisión de la nacionalidad a los que nazcan en el exterior, hijos de mexicanos nacidos en el territorio nacional, y a los que nazcan en el extranjero hijos de mexicanos por naturalización.

Lo anterior encuentra correspondencia con lo ya establecido por este Alto Tribunal en diversos precedentes, en cuanto a que el legislador federal podrá establecer clasificaciones o distinciones entre grupos o individuos, a fin de alcanzar un objetivo constitucionalmente válido, sin que ello se traduzca en una transgresión a los principios de igualdad y no discriminación.

De no satisfacerse dicha finalidad, constitucionalmente válida, entonces, y sólo en esa medida, podría estimarse una exigencia arbitraria que coloca a los mexicanos por naturalización en una situación de discriminación por origen nacional, prohibida por el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución; situación, que según su dicho, acontece en la especie pues los artículos impugnados establecen como requisito para acceder a determinados cargos, ser mexicano por nacimiento; vedando de manera absoluta el derecho de los mexicanos por naturalización de acceder a los puestos que señalan.

Bajo esta perspectiva, considera que el Congreso del Estado de México al emitir los artículos 119, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I, y 152, apartado A, fracción I, de la Ley de Seguridad del Estado de México, y establecer dentro de los requisitos para ingresar al servicio de carrera como Ministerio Público o perito, que el aspirante sea mexicano por nacimiento; así como señalar que para el ingreso a las instituciones policiales, además de cumplir con el anterior supuesto se requiere no tener otra nacionalidad, se extralimitó en sus facultades y atribuciones constitucionales, vulnerando con ello los derechos humanos de los mexicanos por naturalización, por lo que se actualizó una contravención a lo establecido en los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razones por las que estima que esta Suprema Corte debe declarar su invalidez constitucional.

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos, son los artículos 1o., párrafo quinto, 16, párrafo primero, 32, párrafos primero y segundo y, 133.

CUARTO. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 31/2011 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Por auto de veintidós de noviembre de dos mil once, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. El Poder Legislativo del Estado de México, al rendir su informe, señaló sustancialmente, lo siguiente:

Que la LVII Legislatura del Estado de México, aprobó el Decreto 360, por el que expidió la Ley de Seguridad del Estado de México, en uso de las facultades que le confieren los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción I, de la Constitución Local, razón por la que cumple con el requisito de fundamentación, por lo que niega que con la expedición de la Ley de Seguridad del Estado de México, se violenten los artículos 14 y 16 del Ordenamiento Supremo.

Señala que, como se desprende de la lectura de los documentos que adjunta a su informe, el procedimiento que culminó con la expedición de la norma general impugnada en la presente acción, se desarrolló con estricto apego a lo preceptuado en los artículos 38, párrafo primero, 46, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, fracción I y 77, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; así como en los numerales 4, 5, 6, 38, 39, 40, 68, 69, 70, 72, 78, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México; por lo que la norma impugnada tiene plena validez al haber sido creada bajo los lineamientos constitucionales y legales aplicables.

En ese sentido, afirma que la norma impugnada, en su aspecto formal, es constitucional, al haber sido creada por el órgano legislativo competente, en uso de las facultades que le son conferidas al Poder Legislativo del Estado de México.

En cuanto a su contenido, sostiene que la norma general en comento no violenta ningún precepto constitucional local o federal, pues se encuentra rigurosamente apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Local, sin incurrir en ninguno de los conceptos de invalidez expuestos por el actor.

Aduce que la promovente plantea una aparente contradicción entre los artículos 119, apartado A, fracción I y apartado B, fracción I y 152, apartado A, fracción I, de la Ley de Seguridad del Estado de México, y los artículos 1, párrafo quinto, 16, párrafo primero y 133 de la Constitución Federal, al establecer entre los requisitos para ocupar determinados cargos, ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Los artículos impugnados no dan un trato discriminatorio para los naturalizados respecto de la posibilidad de ocupar algunos cargos públicos, como lo afirma la promovente, ya que en el presente caso, el principio de igualdad se cumple cuando el legislador, al emitir sus leyes, justifica de manera plena todo acto legislativo, a efecto de tratar desigualmente situaciones análogas, por lo que de ningún modo resultan discriminatorias.

Señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, aunque se ha reconocido que no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando se den razones objetivas que justifiquen el diverso trato.

Los dispositivos impugnados, si bien es cierto que establecen diferencias entre los gobernados, al señalar como requisito para acceder al cargo, el ser mexicano por nacimiento, también lo es que el legislador del Estado de México, no las estableció de forma arbitraria, ya que tomó en cuenta factores que le dan validez constitucional.

Así, el legislador justifica las razones por las cuales se establece como requisito el ser mexicano por nacimiento para ocupar los cargos contenidos en las normas impugnadas, ya que se persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, es decir, tiene un objetivo fijo, admisible y posible de alcanzar mediante la inclusión de una norma clasificatoria, ya que se trata de disposiciones en materia de seguridad pública.

En las disposiciones impugnadas, la distinción se aplica racionalmente, ya que existe una relación factible entre la medida clasificatoria y el fin que se pretende obtener, toda vez que los cargos y funciones correspondientes en que se establece como requisito el ser mexicano por nacimiento, se trata de áreas estratégicas o prioritarias del Estado Mexicano que por naturaleza sustentan el fortalecimiento de la identidad y soberanía nacionales que exige que quienes ocupen esos cargos estén libres de cualquier posibilidad de vínculo jurídico o sumisión hacia otros países.

Se cumple con el requisito de proporcionalidad, ya que se valora si la distinción realizada va acorde con la finalidad pretendida, toda vez que las normas impugnadas son de orden público y tienen como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública y, por tanto, le corresponde al Estado por medio del Poder Legislativo, establecer a través de las normas los requisitos necesarios para acceder a los cargos públicos inherentes a la referida función, como lo es la reserva que instituyó el legislador del Estado de México en las normas combatidas, pues se tiene el interés de que estas funciones se ejerzan sólo por mexicanos por nacimiento que no opten por otra nacionalidad.

En razón de lo expuesto, esgrime que las disposiciones impugnadas se ajustan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el ejercicio de tales cargos se relaciona con los intereses o el destino político de la nación, las áreas estratégicas o prioritarias del Estado, o bien, con la seguridad nacional, toda vez que se trata de cargos o funciones ligadas a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales.

En ese tenor, los artículos impugnados no son discriminatorios, ya que cumplen con las siguientes exigencias:

- Que las circunstancias de hecho sean distintas.

- Que la decisión del tratamiento diferente se encuentre fundada en un fin aceptado constitucionalmente.

- Que la consecución de dicho fin sea posible y adecuada a través de los medios propuestos.

En el caso, tales circunstancias se cumplen y justifican que para los cargos contemplados en los artículos impugnados se señale como requisito se ciudadano mexicano por nacimiento, ya que el fin de las normas impugnadas es la salvaguarda de la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, además de preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como satisfacer el interés social y el bien común.

En esa medida, apunta que la Ley de Seguridad del Estado de México es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de México, y tiene por objeto:

a) Normar la distribución de competencias en materia de seguridad pública que realizan el Estado y los Municipios.

b) Establecer las bases de coordinación del Estado y los Municipios con la Federación, el Distrito Federal, los Estados y sus Municipios.

c) Integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública que a su vez contribuirá con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

d) Desarrollar las bases mínimas a que deben sujetarse las instituciones de seguridad pública.

e) Contribuir a la construcción de las bases para una plena seguridad ciudadana, estableciendo en su artículo 2o. que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Los artículos impugnados, atienden a la función que la propia legislación señala como delicada, confidencial, especial y parte de una institución encargada de la seguridad pública, que justifica ampliamente que el legislador del Estado de México, establezca como requisito para ocupar los cargos el ser ciudadano mexicano por nacimiento.

La función de seguridad que corre a cargo del Estado (en sus tres niveles de gobierno) es una función cuyo ejercicio, está acotado por el régimen constitucional, y que comprende múltiples acciones encaminadas a brindar seguridad a todos, por lo que exige que todos los servidores públicos encargados de la seguridad pública, estén vinculados entre sí, al intervenir todos en el desarrollo de dicha función, pudiendo hacer incluso, uso de la fuerza pública, ya que son autoridades y agentes del Estado con distintas responsabilidades, pero que sus acciones impactan o trascienden a la valoración final o general de la acción del Estado.

En razón de la importancia de la función de seguridad pública, expresada con anterioridad, se justifica que en los artículos combatidos, se establezca como requisito para ocupar los cargos el ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Señala que contrario a lo sostenido por la procuradora general de la República, la Ley de Seguridad aprobada y emitida por el legislador del Estado de México, no transgrede las disposiciones constitucionales de igualdad y no discriminación, pues si bien es cierto que los preceptos impugnados establecen el requisito de tener nacionalidad mexicana por nacimiento para el acceso a determinados cargos, la razón que motiva la distinción realizada, es la preservación de la seguridad de los ciudadanos del Estado de México.

Afirma que la diferenciación establecida persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, pues los artículos impugnados se refieren a toda persona que no hubiera nacido en el territorio mexicano, de modo que ese requisito no puede ser considerado discriminatorio, pues no está exclusivamente dirigido a los mexicanos por naturalización; sino a todo aquel individuo que no posea la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Que el fin perseguido es constitucionalmente válido, al encontrarse previsto de esa manera en el párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución General de la República, según el cual: "El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión."

Así, tomando en cuenta que no constituye una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, legislar en materia de seguridad pública, pues no se desprende así del artículo 73 constitucional; y que el principio de reserva legal al que se alude, resulta perfectamente aplicable al legislador local, dado que la materia a regular corresponde al ámbito estatal, nada impide que la reserva citada se utilice e incluya en una ley local, pues lo contrario llevaría al extremo de considerar que una ley emanada del Congreso de la Unión, no es discriminatoria por no permitir el ingreso a los cuerpos de seguridad pública a ciudadanos que no sean mexicanos por nacimiento; pero que sí lo es una ley local que establece el mismo requisito, por la sola razón de que la reserva no está expresamente formulada para legislación estatal.

El principio constitucional de reserva legal, implica necesariamente que la regulación de una determinada materia quede acotada a la ley formal; en el presente caso, a la ley emitida por el Congreso Local.

Agrega que el artículo 21, párrafo décimo, inciso a), de la Carta Fundamental, dispone que: "Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evolución, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, la operación y desarrollo de estas acciones será competencia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23921-34adff18/congreso-de-la-union-tiene-la-facultad-exclusiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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