Sin rubro
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 466/2011.
QUEJOSO: **********.
RECURRENTE: **********.
PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HUGO ALBERTO MACIAS BERAUD.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de febrero de dos mil quince.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, **********, ********** y **********, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente, del Comisariado Ejidal del Ejido **********, antes Comunidad Indígena del poblado denominado **********, Municipio de **********, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia de diez de abril de dos mil siete, dictada por dicho Tribunal Unitario, en el juicio agrario **********. En el escrito de demanda precisaron como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes:
Autoridad responsable:
• Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, con residencia en Guadalajara, Jalisco.
Acto reclamado:
• La sentencia del diez de abril de dos mil siete, dictada por el Tribunal responsable en el expediente agrario número **********,(1) cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:
"PRIMERO.- Se declara procedente la exclusión de propiedad particular promovida por la empresa mercantil **********, respecto de los bienes comunales de la Comunidad Indígena de **********, Municipio de **********.
SEGUNDO. Se excluyen los dos predios rústicos, uno con superficie de 39,913.18 metros cuadrados, y que se conoce como **********, amparado por la Escritura Pública Número ********** y relacionada con la ********** y el segundo de los predios conocido como **********, amparado por la Escritura Pública **********, con superficie de 5,996.85 metros cuadrados, cuya (sic) medidas y colindancias quedaron señaladas; excluyéndose de los bienes agrarios que fueron reconocidos y titulados a la Comunidad Indígena de **********, Municipio de **********, de conformidad con los razonamientos y fundamentos de derecho que se precisan en la parte considerativa de esta sentencia, propiedad actual de la empresa denominada **********.
TERCERO.- Los demandados integrantes del Comisariado de Bienes Comunales del núcleo denominado **********, Municipio de ********** no justificaron sus defensas planteadas, de conformidad a los razonamientos cristalizados en la parte considerativa de este fallo.
CUARTO.- De igual forma tenemos que los demandados Integrantes (sic) Comisariado de Bienes Comunales del núcleo denominado **********, Municipio de **********, no justificaron los reclamos en contra de ********** y/o ********** y sus (sic) causahabiente ni en contra de la persona moral denominada **********, por lo que se refiere a su demanda reconvencional por la nulidad de sus escrituras públicas o privadas, ello en atención a los razonamientos expresados en los considerandos del presente fallo, por lo que se absuelve a los demandados de tales reclamos.
QUINTO.- Notifíquese personalmente a las partes, entregándoles copia de este fallo y una vez que cause ejecutoria, envíese copia certificada del mismo a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional para su inscripción, anexándole los correspondientes planos de localización de los predios a excluir y elaborados por la Brigada de Ejecución adscrita a este Unitario.
SEXTO.- Remítase copia certificada del presente fallo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informándole del cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el 30 treinta de noviembre del 2006 dos mil seis, en el juicio de garantías número **********.
SÉPTIMO.- Publíquense los puntos resolutivos de esta sentencia en los estrados de este Tribunal, y en su oportunidad, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente expediente **********, como asunto totalmente concluido.".
SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo directo. La demanda de amparo fue turnada al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y ordenó formar toca de amparo directo número **********, mediante auto de diez de junio de dos mil nueve, dictado por su Magistrado Presidente, en el que además ordenó a la Secretaría de Acuerdos dar cuenta a los integrantes de ese Órgano de Control Constitucional.
El Pleno de ese mismo Tribunal Colegiado, dictó resolución de veintiocho de agosto de dos mil nueve, en la que determinó declinar la competencia legal para conocer del asunto en favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al tomar en cuenta que este último conoció y resolvió el juicio de amparo directo **********, promovido por **********, en el que, no puede dejarse de señalar, que esta misma sociedad mercantil (actual recurrente en esta instancia) se alzó en contra de la misma sentencia reclamada.
Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estimó que la anterior circunstancia es suficiente para vincular el juicio de amparo directo número ********** de su índice, con aquél ********** del Segundo Tribunal Colegiado en la misma Materia y Circuito, toda vez que se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) del Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en ambas demandas se señaló como acto reclamado la sentencia dictada en el mismo expediente agrario de origen, por lo que determinó que es al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a quien corresponde conocer por razón de turno del amparo directo.
Ante la remisión del asunto al referido Segundo Tribunal Colegiado, uno de sus integrantes, Magistrado Tomás Gómez Verónica, adujo estar impedido para conocer del asunto, en virtud de que él emitió voto particular al diferir del criterio mayoritario por el que se resolvió el referido amparo directo **********, que como se informó, promovió ********** contra la misma sentencia reclamada por el núcleo agrario que es su contraparte en el juicio natural.
Ello dio pauta a que antes de pronunciarse sobre la competencia declinada en favor de dicho órgano, mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil nueve, se dispusiera resolver dicho impedimento por los otros dos Magistrados y una Secretaria que fue habilitada en sustitución de aquél.
Como consecuencia de ello, el nueve del mismo mes de septiembre, así integrado para resolver el referido impedimento, el órgano de control constitucional dictó resolución en la que aquél se declaró infundado.
Después, mediante diversa resolución de quince de octubre de dos mil nueve, los tres Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito aceptaron la competencia declinada; y, a través de diverso acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil nueve, el Magistrado Presidente de este último admitió la demanda, registrándola con el número de expediente de amparo directo **********.
En contra de dicho proveído, la tercera perjudicada, **********, interpuso recurso de reclamación (al que correspondió el número 11/2009),(2) el cual se resolvió por mayoría de votos, en sesión de quince de abril de dos mil diez, en el sentido de confirmar el auto de Presidencia recurrido.(3)
En sesión correspondiente al tres de febrero de dos mil once, el citado órgano jurisdiccional emitió resolución, por mayoría de votos, en el sentido de otorgar el amparo(4) al ejido **********, Municipio de **********, antes comunidad **********, del propio Municipio de **********, contra el acto reclamado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince.
Para llegar a tal decisión, en el considerando Segundo de la sentencia se determinó, en principio, que la parte quejosa estaba en aptitud de presentar la demanda en cualquier tiempo, por ser un núcleo de población ejidal, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En esa propia sentencia, la misma mayoría se refirió a su criterio emitido al resolver el recurso de reclamación **********, aludido con antelación.
De esta forma, el juicio de amparo directo concluyó con el siguiente punto resolutivo:
"ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al ejido **********, municipio de **********, antes comunidad indígena **********, del propio municipio de **********, contra el acto reclamado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, que quedó precisado en el resultando PRIMERO de esta resolución, para los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este propio fallo."
TERCERO. Interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el amparo directo. Inconforme con ese fallo protector, el veintidós de febrero de dos mil once, **********, autorizado en amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, de la parte tercera perjudicada, **********,(5) interpuso recurso de revisión, en el cual planteó la inconstitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo.
CUARTO. Desechamiento del recurso de revisión. El recurso de que se trata fue remitido a este Alto Tribunal, cuyo Presidente, por auto de cuatro de marzo de dos mil once, lo registró como amparo directo en revisión número 466/2011 y lo desechó por improcedente, toda vez que en la demanda de amparo no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.
QUINTO. Interposición del recurso de reclamación contra el auto que desechó el recurso de revisión en amparo directo. En contra del desechamiento del recurso de revisión, el autorizado de la tercera perjudicada, ********** interpuso recurso de reclamación, el cual fue admitido a trámite mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil once, con el número ********** por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudiesen existir. Dicho recurso fue turnado a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por lo que se enviaron los autos a la Sala de su adscripción, a fin de que su Presidente dictara el trámite relativo para la elaboración del proyecto de resolución.
En diverso acuerdo del día veinticuatro de marzo de dos mil once, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó devolver los autos a la ponente para su estudio.
En su sesión correspondiente al veintisiete de abril de dos mil once, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el asunto se remitiera al Tribunal Pleno, para su resolución, por lo que fue radicado en el Tribunal Pleno mediante proveído de Presidencia de dos de mayo siguiente.
SEXTO. Resolución del Tribunal Pleno en el recurso de reclamación **********. Mediante ejecutoria de veinticuatro de abril de dos mil doce, por mayoría de siete votos de los Ministros integrantes del Tribunal Pleno,(6) se declaró fundado el recurso interpuesto y se revocó el acuerdo recurrido, por el que se había desechado el recurso de revisión en amparo directo 466/2011, que actualmente es materia de esta ejecutoria.
La parte toral de la resolución plenaria que se comenta, en lo conducente estableció:
"Consecuentemente, contrario a lo sustentado en el proveído de cuatro de marzo de dos mil once, dictado por el Presidente de este Alto Tribunal, se considera que en el caso a estudio excepcionalmente sí se dan los supuestos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, en la inteligencia de que el asunto a resolver está limitado a las cuestiones estrictamente constitucionales, sin poder comprender alguna otra, es decir, solamente lo relacionado con el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo.".
SÉPTIMO. Admisión del recurso de revisión. Por acuerdo del Presidente de este Alto Tribunal el tres de agosto de dos mil doce, se admitió el recurso de revisión y se turnaron los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
OCTAVO. Discusión y desechamiento del primer proyecto planteado al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver el presente amparo directo en revisión y returno del asunto. En las sesiones públicas del Tribunal Pleno, de jueves veintiuno, lunes veinticinco y martes veintiséis, todos del mes de noviembre de dos mil trece, se discutió y al final, fue desechado por mayoría de votos, el primer proyecto que se presentó en este asunto y se ordenó returnar éste a un Ministro de la mayoría, lo que dio pauta a que el asunto fuera reasignado al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión en amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 83, fracción V, 84 fracción II, y 86 de la abrogada Ley de Amparo, en relación con el Tercero Transitorio de la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece;(7) 10, fracción III, y 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Puntos I, inciso a), y Segundo, fracciones I y II del Acuerdo 5/1999, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve; por tratarse de un recurso de revisión en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo, tema respecto del cual no existe pronunciamiento alguno por parte de este Alto Tribunal y cuya importancia y trascendencia ameritan de su intervención.
SEGUNDO. Procedencia del recurso. La procedencia de este recurso de revisión en amparo directo, en principio fue determinada por este Alto Tribunal en la ejecutoria de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, pronunciada con motivo del diverso recurso de reclamación ********** (del que se dio cuenta en los resultandos quinto y sexto de este fallo); precisándose que la materia de la revisión se circunscribe al análisis de la inconstitucionalidad planteada del artículo 217 de la Ley de Amparo, sin poder comprender alguna otra cuestión.
TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, debido a que se trata de la empresa tercera perjudicada en el juicio de amparo **********, la que promueve por conducto del autorizado en amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, **********, calidad que le fue reconocida por el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió la sentencia recurrida.
CUARTO. Oportunidad del recurso de revisión en amparo directo. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso de revisión fue oportuna.
El recurso de revisión planteado por la empresa recurrente, tercera perjudicada en el juicio de amparo del que deriva este asunto, fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada a esa parte, por lista, el viernes once de febrero de dos mil once. En ese sentido, dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente; esto es, el lunes catorce del mismo mes y año, de conformidad con la fracción II, del artículo 34 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del martes quince al lunes veintiocho de febrero de dos mil once; de dicho plazo hay que descontar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil once, por ser días inhábiles de conformidad con lo establecido en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tales condiciones, dado que de autos se advierte que el recurso de revisión fue presentado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el veintidós de febrero de dos mil once, lo que se aprecia del sello fechador que aparece en el folio dieciocho vuelta del presente toca, resulta evidente que se interpuso de manera oportuna.
QUINTO. Sentencia recurrida en la parte que es materia de revisión a través de esta instancia. El considerando segundo de la ejecutoria de amparo directo que se impugna a la letra estableció:
"SEGUNDO. El quejoso es un núcleo de población ejidal, por lo que, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, puede presentar su demanda de garantías en cualquier tiempo, al plantearse en ella actos que tienen o pueden tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios.
Lo expuesto se sustenta en el criterio contenido en la jurisprudencia I.2o.A. J/12 (registro IUS 201,044), de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 344, del tomo IV, de octubre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el cual se comparte y es del tenor siguiente:
""AGRARIO. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece el término genérico de quince días para la presentación de la demanda; sin embargo, el artículo 217 del mismo ordenamiento legal, dispone que cuando el promovente sea un núcleo de población ejidal o comunal que pueda verse afectado por el acto de autoridad que reclama, en la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. El numeral 217 invocado se encuentra ubicado en el Libro Segundo de la Ley de Amparo (en el que se establecen las disposiciones especiales para la tramitación del juicio de amparo en materia agraria), precepto que este tribunal considera aplicable en los juicios de garantías del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en la vía directa, ya que dicho Libro Segundo fue resultado de la reforma a dicho ordenamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de mil novecientos setenta y seis, época en que los juicios de amparo en materia agraria se tramitaban en la vía indirecta, pero si se toma en cuenta que en la reforma del artículo 27 constitucional, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se previó la existencia de los Tribunales Agrarios, los cuales fueron creados por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicada el veintiséis de febrero del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, se puede establecer que a raíz de la reforma la generalidad de los amparos en materia agraria son del conocimiento de los Tribunales Colegiados en la vía directa, pues el juicio agrario constituye la última instancia, previa al juicio de garantías, para resolver controversias agrarias; así que el artículo 217 de la Ley de Amparo es aplicable a la demanda de amparo directo porque no contraviene la naturaleza del juicio uniinstancial, pues no altera en forma alguna el procedimiento, y es la norma especial tratándose del amparo directo agrario promovido por un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, por lo que la posibilidad de presentar la demanda en cualquier tiempo que prevé, debe prevalecer sobre el término genérico establecido en el numeral 21 de la ley de la materia."".
Así como el contenido en la diversa tesis XIII.2o.11A (registro IUS 213,385), de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 264, del tomo XIII, de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, la cual también se comparte y establece:
""AMPARO DIRECTO AGRARIO. TÉRMINO PARA EL. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal y no habiéndose reformado la Ley de Amparo para establecer normas específicas en cuanto al amparo directo en materia agraria contra los Tribunales Unitarios Agrarios, para los sujetos del amparo en materia agraria debe estimarse que rigen los términos a que se refiere el Libro Segundo de la propia Ley de Amparo, analógicamente."".
Conviene precisar que este Tribunal al resolver, por mayoría de votos, el recurso de reclamación 11/2009, en sesión de quince de abril de dos mil diez, determinó que la parte quejosa, al constituir un núcleo de población ejidal y versar el asunto respecto de actos que tienen o pueden tener por efecto privarlo total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, no cuenta con plazo alguno para la presentación de la demanda, como lo prevé el artículo 217 de la Ley de Amparo.".
SEXTO. Procedencia de la impugnación de la Ley de Amparo a través del recurso de revisión en amparo directo. El criterio que inicialmente privó en los órganos jurisdiccionales federales, consistía en la imposibilidad jurídica de controvertir la constitucionalidad de la Ley de Amparo por las partes en el juicio, ya que se estimó que el recurso de revisión no estaba previsto en el sistema constitucional mexicano, como una de las formas de control de la Ley Suprema, sino que es, exclusivamente, un medio técnico para revisar la función judicial realizada por el órgano de primera instancia.
Ejemplos del mismo criterio son las siguientes tesis, de la Primera Sala y de este propio Pleno, respectivamente:
"AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; resulta inconcuso que si se reclama la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, aplicado por primera vez en perjuicio del gobernado en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, no procede el juicio de amparo contra leyes. Ello es así, porque por disposición expresa del legislador, se halla vedada la posibilidad jurídica de promover amparo contra las resoluciones pronunciadas en otro juicio de la misma naturaleza, sin que exista excepción alguna, siendo que la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo, tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de otro del mismo orden jurídico. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso argumente que lo que impugna no es la determinación tomada en otro juicio de amparo, sino sólo la ley, ya que en caso de que pudiera combatirse ésta, se requeriría de un acto de autoridad que individualice la afectación en la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues el análisis de la procedencia del juicio debe efectuarse de acuerdo a la existencia de dicho acto, en perjuicio del quejoso, es decir, no es dable analizar la norma que se combate de manera independiente, ya que sólo mediante el acto de aplicación puede existir el perjuicio o violación de garantías, pues de otra manera no habría interés jurídico en el juicio de amparo.".(8)
"REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA. No es jurídicamente posible que a través del recurso de revisión previsto en los artículos 83 y siguientes de la Ley de Amparo, se pueda impugnar ésta. En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados puede hacerse a través del juicio de amparo, por violación a las garantías individuales, de acuerdo con los lineamientos trazados por el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reglamenta la Ley de Amparo; esto es, por medio de la promoción de un juicio de amparo indirecto, en el que impugnen en forma destacada la propia ley por su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación; o mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia o laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual dicha impugnación sólo será materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia. El recurso de revisión, no se halla previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control de la Ley Suprema sino, exclusivamente, como un medio técnico de optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio de amparo, por lo que es improcedente el recurso de revisión que pretenda impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo aplicada en la sentencia recurrida. Lo anterior no significa que la Ley de Amparo quede fuera de control constitucional puesto que existen los medios a que se refiere el artículo 105, fracción II, de la Ley Suprema, además del control difuso que excepcionalmente pueda ejercer esta Suprema Corte.".(9)
Sin embargo, en criterios más recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la Ley de Amparo no quedaba fuera del control constitucional, ya que éste se podría realizar a través de la acción de inconstitucionalidad o del control difuso que, de forma excepcional, ejerciera la propia Corte.
Uno de los primeros asuntos en que se dio el cambio de criterio para permitir el análisis constitucional de la Ley de Amparo, a través del propio juicio de garantías fue el amparo en revisión **********, resuelto en sesión del día veinte de enero de dos mil diez, por la Primera Sala de este Alto Tribunal, bajo la ponencia del Señor Ministro José Ramón Cossío Díaz.
En su sentencia, la Primera Sala determinó que la Ley de Amparo resulta heteroaplicativa, por lo que se imposibilita al particular el impugnar algún artículo, salvo que éste haya sido aplicado en su perjuicio, y cuando ello ocurra el juicio sería improcedente ya que se impugnaría una resolución dictada dentro de un juicio de amparo.
Ante este dilema, la Primera Sala reconoció que la solución más conveniente es que, vía legislativa, hubiera un medio específico para el control de la constitucionalidad de la Ley de Amparo; sin embargo, como esta situación escapa a las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al no haberlo, debía encontrarse un medio para ejercer el control constitucional de la ley, la alternativa menos gravosa, desde un punto de vista de política judicial, es el aceptar que la revisión sea el medio para la impugnación de dicha ley.
Dos años después, la discusión se trasladó al Tribunal Pleno, al resolver el recurso de reclamación **********, en sesión de fecha veintiséis de enero de dos mil doce, bajo la ponencia de la Señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
En esta reclamación, el quejoso alegaba, respecto de la inconstitucionalidad de la Ley de Amparo vigente en esa época, que el artículo 90 resultaba contrario a los derechos previstos en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal, pues al establecer que siempre se impondrá multa al desecharse la revisión en amparo directo, impedía el libre ejercicio de la garantía de defensa y, además, se le imponía una sanción sin ser previamente oído y vencido.
Independientemente de las razones de fondo, por las cuales se determinó constitucional el artículo 90 de la Ley de Amparo, lo relevante es que este Pleno del Alto Tribunal determinó que sí era procedente el análisis de la constitucionalidad de esta ley.
Así, en el considerando séptimo de la ejecutoria correspondiente, el Pleno analizó la procedencia de la impugnación de la Ley de Amparo, bajo las siguientes premisas:
- Conforme al artículo 73, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, toda determinación judicial dictada en este tipo de juicios, ya sea en vía directa o indirecta, no son susceptibles de control constitucional a través de la promoción de un nuevo juicio.
- De acuerdo con el criterio plenario P./J. 48/2009, el recurso de revisión no es la vía idónea para proponer el examen de constitucionalidad de las leyes aplicadas por el juez de Distrito, pues existe un impedimento técnico, de modo que lo único que podría analizarse en la revisión es si la referencia a las disposiciones legales es justificada o, en caso contrario, si debe prescindirse de dichos fundamentos.
- No obstante lo anterior, con motivo de la reciente reforma al artículo 1° constitucional, se removió el obstáculo técnico para analizar, en la revisión, la constitucionalidad de las normas aplicadas por el juez de Distrito.
La procedencia del control constitucional de la Ley de Amparo tuvo como sustento la reforma al artículo 1º de la Constitución, pues de éste, así como del diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a proporcionar a los justiciables un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces contra actos posiblemente contrarios a sus derechos humanos.
En este nuevo criterio la Suprema Corte sostuvo que son tres las condicionan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80134-5ed91e7b/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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