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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6490/2015. · Registro digital (IUS): 26765
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 965.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6490/2015. 4 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZÁBAL FERREYRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.(1)

SEGUNDO.-El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente.(2)

TERCERO.-El recurso de revisión fue interpuesto por persona legitimada para ello.(3)

CUARTO.-Para un mejor entendimiento del asunto conviene traer a colación los antecedentes relevantes que informan la sentencia recurrida.

• El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo demandó el cese de los efectos del nombramiento de ********** y, en consecuencia, la terminación de la relación laboral que los unía.

• Seguidos los trámites de ley, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo emitió laudo el veintiséis de enero de dos mil quince, por el que declaró procedente la acción intentada de cese de los efectos del nombramiento de ********** como docente de la institución actora.

• Inconforme, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, en cuyo libelo de origen expuso, vía conceptos de violación, lo siguiente:

PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN

- La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo es inconstitucional, en tanto que el Congreso Local invadió la esfera de facultades exclusiva del Poder Federal al expedir la aludida normatividad, lo que se traduce en una violación al orden constitucional establecido en los artículos 73 y 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- En términos de la jurisprudencia 2a./J. 3/2000, de rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.", los organismos descentralizados si bien es cierto pertenecen a la administración pública, no forman parte en modo alguno de la llamada administración pública central.

- De la lectura de la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Federal, se advierte que se faculta a los Estados para expedir leyes que regulen la relación entre ellos y sus empleados, con base en lo dispuesto por el diverso precepto 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, sin que dicha lectura incluya a los organismos descentralizados.

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso Local para expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo exclusivamente entre el Estado y sus trabajadores y entre los Municipios y sus respectivos trabajadores con base en lo dispuesto en el precepto 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias, sin poder incluir en dicha regulación a los empleados que presten sus servicios a organismos descentralizados, por no ser éstos parte del Poder Ejecutivo Estatal.

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN

- La fracción III del artículo 103 constitucional, en relación con la fracción III del diverso numeral 1 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de garantías en contra de leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad Federal.

- En ese sentido, los congresos locales únicamente pueden expedir leyes del trabajo reglamentarias del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, por lo que en ningún momento pueden pretender regular relaciones laborales que por definición constitucional caigan en el diverso apartado A, siendo aplicable la tesis P. XXVI/98, de rubro: "LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."

- Resulta inconstitucional que la ley de referencia abarque las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados, entre ellos, el organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Hidalgo, denominado "Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo", cuyas relaciones con sus trabajadores debe regirse por la Ley Federal del Trabajo.

- Así, al haberse tramitado el procedimiento bajo la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, se transgredieron los derechos humanos de la parte quejosa, en tanto que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, los patrones no tienen acción para demandar el cese de nombramiento, resultando, por ende, inaplicable la normatividad a que refiere la autoridad responsable.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las relaciones laborales existentes entre los organismos descentralizados y sus empleados, escapan a las facultades legislativas de los Congresos Locales, debiendo regirse tales relaciones laborales por lo previsto en el apartado A del artículo 123 Constitucional y, por ende, por la ley reglamentaria de ese apartado, es decir, la Ley Federal del Trabajo.

- El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, fue constituido mediante decreto gubernamental de creación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por ende, dicho organismo no forma parte del Poder Ejecutivo Estatal, sino por el contrario, su localización es dentro del sector paraestatal, conforme lo indica el título tercero, nombrado como "Del sector paraestatal", capítulo único, artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y, en consecuencia, la acción ejercida por aquél es improcedente ya que se fundamentó en una ley inconstitucional.

TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN

- Se violaron las formalidades esenciales del procedimiento en contra del quejoso, en virtud de que no se asentaron en las actuaciones que se generaron durante la tramitación del juicio del que emanó el laudo reclamado, los nombres de las personas que las firman; ello, generó que se transgredieran las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

- Al haber sustanciado el procedimiento sin que se hayan señalado los nombres de las personas que firmaron las actuaciones, se genera una afectación a las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica; violación que trascendió al resultado del laudo, ya que se declara que no se acreditó la acción ejercitada, sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, dejando en estado de indefensión a la parte demandada.

CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN

- El laudo reclamado viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad responsable no hizo una correcta fijación de la litis, al no establecer a qué parte le correspondía la carga de la prueba.

- La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, no establece hipótesis alguna para eximir a la parte actora de acreditar los hechos constitutivos de su acción, por lo que la autoridad responsable debió haber impuesto la carga de la prueba a aquélla, a fin de acreditar todos y cada uno de los hechos. De haberlo hecho hubiera llegado a la conclusión de que la institución actora no acreditó los elementos fácticos base de su acción, motivo por el cual debió haber declarado la improcedencia de ésta.

- Resulta improcedente el cese de los efectos de nombramiento del quejoso como docente y, en consecuencia, igualmente es improcedente la terminación de la relación laboral con el organismo descentralizado denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

- La documental consistente en el escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, signada por las alumnas denunciantes de las acciones atribuidas al quejoso, carece de valor probatorio en razón de que no se dio a aquél la oportunidad de estar presente en el momento de su elaboración, privándolo de las garantías constitucionales de audiencia y debido proceso. Dicha documental igualmente carece de valor probatorio dado que no se señalaron circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos.

- La autoridad responsable no puede tener por ciertos hechos que no fueron controvertidos y, por tanto, al hacerlo transgredió el artículo 120, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Asimismo, no se cumplieron con las formalidades de los artículos 40 y 41 de la aludida legislación, en tanto que no se le comunicó al quejoso el nombre de los testigos de cargo que declararían en su contra, ni se entregó copia del acta de veinticinco de junio de dos mil trece, siendo que esta última también carece de valor probatorio al no haber sido ratificada por las alumnas.

- Al no acreditarse las insinuaciones de proposiciones indebidas, así como el acoso psicológico e insinuaciones indebidas a las alumnas, el tribunal responsable debió haber absuelto al quejoso de las prestaciones reclamadas por la institución actora, en virtud de que, de la interpretación sistemática del artículo 128 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, se advierte que corresponde al actor probar los presupuestos constitutivos de su acción y a la parte demandada aquellos que la extingan, impidan o modifiquen; resultando evidente que si el actor no prueba los presupuestos de su acción debe absolverse al demandado, aun cuando éste no hubiese opuesto excepción alguna.

QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN

- El laudo combatido es violatorio del artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, ya que durante la secuela del procedimiento operó la caducidad de la instancia, en tanto que del acuerdo de tres de abril de dos mil catorce, al veintiséis de agosto de la propia anualidad, transcurrieron más de tres meses sin que la parte actora hubiera realizado promoción alguna para la continuación del procedimiento.

• De la demanda correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, misma que se registró con el número de expediente **********. Asimismo, en sesión plenaria de quince de octubre de dos mil quince, el órgano jurisdiccional de mérito negó la protección constitucional solicitada en atención a las siguientes consideraciones.

- Las manifestaciones por las que la parte quejosa aduce que la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo es inconstitucional, resultan infundadas.

- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce, aprobó la jurisprudencia 2a./J. 178/2012 (10a.), de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.", por virtud de la cual se establece que independientemente de que las relaciones entre el titular del Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales se dan de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan funciones públicas en el ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete ejecutar al Ejecutivo; por tanto, la circunstancia de que dicho Poder se deposite en el presidente de la República en el ámbito federal, como responsable de la administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada o indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido amplio; asimismo, se especificó que tal consideración es aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia.

- En ese sentido, es evidente que si el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, fue creado mediante Decreto 373 del Poder Ejecutivo Local, el veinticinco de junio de dos mil siete, publicada en el Periódico Oficial del dos de julio del mismo año, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sí forma parte de la administración pública local.

- Es decir, si como lo ha establecido el Máximo Tribunal, los organismos descentralizados, al tener como finalidad la de coadyuvar con las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal para cumplir con sus obligaciones constitucionales, como es el caso del Colegio de Bachilleres, que tiene como objetivo impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato general, es que se asevera que dicho organismo descentralizado forma parte de la administración pública, pues de hecho, de los artículos 8 y 15 de la Ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se desprende un control directo de la administración sobre ella.

- En ese sentido, es constitucional la emisión de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el Estado de Hidalgo, por parte del Congreso Local, en cuanto a la reglamentación de las relaciones laborales existentes en los organismos descentralizados con sus trabajadores, como resulta ser el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

- El segundo concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado, en virtud de que una actuación será válida cuando el funcionario estampe su firma o rúbrica en el documento del que deriva la actuación en la que intervino. Además, de las actuaciones que obran se desprende el nombre, apellido y cargo de los integrantes del tribunal laboral, a saber del presidente, del representante del Gobierno, del representante de los trabajadores, de la Secretaría General de Acuerdos y de la Secretaría de Acuerdos. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS."

- Es infundado el concepto de violación por virtud del cual se aduce la caducidad del procedimiento de origen, en tanto que para que opere dicha figura es necesario que la falta de actividad se genere a causa de una de las partes, siendo que en la especie dicha inactividad no le es atribuible a la parte actora. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 13/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO LABORAL SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO, HABIENDO SIDO CONTESTADA LA DEMANDA, SÓLO ESTÉ PENDIENTE DE FIJAR FECHA PARA LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN."

- Las demás manifestaciones son también infundadas, en razón de que en modo alguno puede considerarse, como lo pretende la parte quejosa, supletoriamente aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, para establecer la temporalidad de las notificaciones; en su caso, la legislación aplicable es la federal del trabajo, misma que se cumplió a cabalidad.

- Contrario a lo que asegura el quejoso, el tribunal sí integró y fijó correctamente la litis del juicio, al establecer que le correspondía la carga de la prueba al organismo actor, a fin de acreditar las causas del cese del nombramiento del demandado y, con base en ello, se analizó el material probatorio aportado.

- Además, en contravención a lo expuesto en la demanda de amparo, del acta administrativa levantada el veinticinco de junio de dos mil trece, se advierte que al inicio de la misma, se hizo mención de los nombres de las testigos de cargo; asimismo, obra firma tanto del quejoso como de su representante sindical, lo que evidencia su recepción.

- Es infundado el argumento en el que sostiene el quejoso, que las denunciantes fueron aleccionadas antes de la celebración de la audiencia. En ese tenor, también es infundado lo manifestado en cuanto a que la diligencia de veinticinco de junio carece de valor, porque no fue ratificada por dos alumnas, puesto que éstas sí ratificaron su dicho en momento oportuno.

- Aunado a lo anterior, contrario a lo argüido por el quejoso, no existe disposición que establezca que el trabajador a quien se le imputan determinados actos, deba estar presente en la elaboración del escrito en el que se haga del conocimiento al jefe superior de la oficina, las faltas cometidas.

- Finalmente, sí se acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, resultando así correcto que la autoridad laboral declarara procedente la acción intentada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, al haber considerado que el quejoso realizó proposiciones indebidas a las alumnas que fueron denunciadas.

• En contra de la sentencia aludida, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.

QUINTO.-Las manifestaciones que en vía de agravios aduce la parte recurrente, consisten esencialmente en que:

• Causa perjuicio el considerando quinto de la resolución recurrida, ya que constituye una violación a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Federal, en el que se establece que las autoridades del Estado, están obligadas a aplicar el principio pro persona, así como en interpretar los derechos fundamentales conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es Parte.

• Son aplicables la tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.) del Pleno y la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.) de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "PRINCIPIO PRO PERSONA CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", respectivamente.

• La sentencia impugnada es contraria a los principios protectores, contenidos en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, pues debió tomarse en cuenta que las legislaturas de los Estados sólo están facultadas para expedir leyes reglamentarias del apartado B, del referido precepto constitucional, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 116, fracción VI, del citado ordenamiento legal.

• En este contexto, el artículo 56, fracción XXII, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, establece que el Congreso Local podrá expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional.

• Luego, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, es inconstitucional al abarcar al organismo público descentralizados denominado "Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo", razón por la que alega que se transgreden los derechos humanos del quejoso, pues conforme a la Ley Federal del Trabajo, los patrones no están facultados para demandar el cese de nombramiento de un trabajador.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las relaciones laborales existentes entre los organismos descentralizados y sus empleados, escapan de las facultades legislativas de los Congresos Locales, por lo que deben regirse conforme al apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por tanto, resultaría aplicable la ley reglamentaria de ese apartado, a saber, la Ley Federal del Trabajo.

• Son aplicables la tesis aislada P. XXVI/98 del Pleno y la jurisprudencia 2a./J. 3/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: "LEYES DEL TRABAJO. LAS LEGISLATURAS LOCALES SÓLO PUEDEN EXPEDIR LEYES REGLAMENTARIAS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL." y "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.", respectivamente.

• El Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, por lo que no forma parte del Poder Ejecutivo Estatal, sino que se ubica dentro del sector paraestatal, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. Consecuentemente, la acción que ejercitó el colegio en contra del quejoso resulta improcedente, en atención a que se fundamentó en una ley inconstitucional que transgrede lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Como consecuencia de la aplicación de la ley tildada de inconstitucional, es evidente que la sanción que se impuso a la parte demanda es violatoria de sus derechos humanos.

• Fue incorrecto que el Tribunal Colegiado del conocimiento omitiera analizar el planteamiento de constitucionalidad que se hizo valer en los conceptos de violación, bajo el argumento de que éstos estaban relacionados con una incompetencia, motivo por el que eran novedosos. La inconstitucionalidad de la ley impugnada no podía hacerse valer ante la autoridad responsable, dado que no tiene facultades para pronunciarse al respecto, por lo que no es correcto que el Tribunal Colegiado calificara el argumento como novedoso.

• No fueron analizados congruentemente los conceptos de violación, en virtud de que lo que realmente se impugnó fue la inconstitucionalidad de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, la cual rige el acto reclamado y, por ende, no podía resolverse tal planteamiento como si fuera uno relacionado con la incompetencia.

• Las autoridades responsables han omitido o se han negado a legislar, promulgar, refrendar y publicar el Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el cual debería sustituir las funciones del Tribunal de Arbitraje. La ley impugnada fue emitida el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, y en la fecha en que promovió juicio de amparo transcurrieron más de veinticinco años, lapso en el que no se ha promulgado el Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme lo establece el artículo tercero transitorio de la ley referida, lo cual genera violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica en la tramitación del juicio laboral burocrático del que emana el acto reclamado.

• Tal omisión legislativa resulta inconstitucional, dado que se ha permitido de manera indefinida que se aplique una ley abrogada, como lo es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y, respecto de este punto, el Tribunal Colegiado del conocimiento se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno.

• La sentencia del Tribunal Colegiado del conocimiento viola lo dispuesto por los artículos 73, 74, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que no se fijó con claridad el acto reclamado, razón por la cual el órgano jurisdiccional realizó una apreciación diferente de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda.

• La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo, es reglamentaria del artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, la cual aplica en el derecho burocrático; sin embargo, dicha ley abrogó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, la cual regula la competencia e integración del Tribunal de Arbitraje y sigue aplicable hasta en tanto no se emita el Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

• Es necesario se aplique en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la figura de suplencia de la deficiencia de la queja en su favor, para que se analicen otros puntos que no haya considerado respecto de la Legislación de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en el Estado de Hidalgo y que causen agravios.

• La resolución recurrida viola lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el órgano colegiado del conocimiento no podía resolver que la inconstitucionalidad de la norma impugnada era una cuestión novedosa en la controversia, ya que ese planteamiento no podía ser analizado por la autoridad responsable, debido a que carecía de jurisdicción para ello.

• Finalmente, durante el desarrollo del juicio laboral, el Tribunal de Arbitraje realizó una serie de actuaciones a través de servidores, cuyas funciones no están debidamente reglamentadas, por lo que las audiencias y acuerdos emitidos durante el procedimiento, al no estar suscritas por funcionarios legitimados para ello, son inconstitucionales por violar el debido proceso.

SEXTO.-A efecto de determinar la procedencia del presente medio de impugnación, resulta conveniente precisar lo siguiente.

Inicialmente, conforme a las reglas del juicio de amparo, el que se tramitaba por la vía directa era un juicio estrictamente uni-instancial. Es decir, la sentencia que dictaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo era definitiva y en su contra no procedía ningún medio de defensa. Posteriormente, con la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en mil novecientos cincuenta y uno, lo resuelto por éstos era la última palabra y se trataba de una determinación firme e inimpugnable, salvo que en la sentencia del amparo directo se decidiera sobre la inconstitucionalidad de una ley o se estableciera la interpretación directa de un precepto de la Constitución.(4)

Mediante reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve,(5) se modificaron las reglas del juicio de amparo para el efecto de facultar a la Suprema Corte de Justicia para que conociera de la revisión en amparo directo "únicamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución entrañe, a juicio de la propia corte, la fijación de un criterio de importancia y trascendencia", conforme a la intención del Constituyente, expresada en la exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional.

Es importante tener presente que la finalidad de esa reforma, que modificó varios artículos, fue la de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional. En este contexto, en la referida exposición de motivos se indicó que la intención del órgano reformador de la Constitución era:

"... fortalecer el carácter final de la Suprema Corte de Justicia y es congruente con el carácter uni-instancial del amparo directo. Cabe recordar que la procedencia de este último, conocido también como amparo en casación o de legalidad, supone que el afectado dispuso de dos instancias jurisdiccionales previas y, en algunos casos, de un recurso administrativo, para hacer valer todos sus derechos.

"En consecuencia, la propuesta no va en demérito alguno de los medios de defensa que nuestro orden jurídico tradicionalmente ha previsto en favor de los ciudadanos y, por el contrario, permitirá a la Suprema Corte continuar contando con un mecanismo de revisión cuando las circunstancias exijan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia que oriente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas."(6)

Con base en estas consideraciones, se modificó el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, para señalar:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. ..."

Posteriormente, en dos mil once, hubieron reformas constitucionales de gran relevancia para el orden jurídico nacional, pues se hicieron explícitos los derechos humanos de los que son titulares las personas y se modificó sustancialmente el régimen del juicio de amparo. Esta reforma también modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional, para quedar de la siguiente forma:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26765-cc166d70/organismos-publicos-descentralizados-locales-el-articulo-116-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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