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Modo: Corpus Pro

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. EL LEGISLADOR SECUNDARIO TIENE FACULTADES PARA SUJETAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL, DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ESA ENTIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2004/2016. · Registro digital (IUS): 26764
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 923.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2004/2016. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: FRANCISCO MANUEL RUBÍN DE CELIS GARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.(1)

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente(2) y por persona legitimada.(3)

TERCERO.-Revisión adhesiva. El recurso de revisión adhesiva resulta improcedente.

En efecto, en el toca de revisión se encuentra visible un telegrama a través del cual el director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, pretendió interponer recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido por auto del presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintitrés de ese mes y año.

Sin embargo, partiendo de la premisa de que el referido auto de admisión del recurso de revisión adhesiva, constituye una resolución que no es definitiva y, por tanto, no causa estado, esta Segunda Sala considera que el recurso de revisión adhesiva, interpuesto mediante telegrama resulta improcedente, porque la Ley de Amparo no lo autoriza.

En efecto, en principio debe decirse que de conformidad con el artículo 3o.(4) de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito; pero es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, en este último caso, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica como medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

De lo anterior se sigue, que las promociones presentadas en forma impresa o electrónicamente deben contener, invariablemente, la firma autógrafa o electrónica, respectivamente, sin la cual no tendrán validez.

Por otra parte, el artículo 23(5) de la Ley de Amparo vigente permite a las partes que residen fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, presentar la demanda y la primera promoción dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el anterior precepto legal, en el sentido de que la posibilidad de presentar escritos en la oficina pública de comunicaciones debe hacerse extensiva a los medios de impugnación que prevé la Ley de Amparo.

Lo anterior conforme a las siguientes jurisprudencias:

"Registro: 2009175

"Décima Época

"Pleno

"Jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 18, Tomo I, mayo de 2015

"Materia común

"Tesis P./J. 13/2015 (10a.)

"Página 40

«Semanario Judicial de la Federación del viernes del 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas»

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR. CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE INTERPONERLOS VÍA POSTAL, CUANDO RESIDA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO QUE CONOZCA DEL JUICIO. El artículo 23 de la Ley de Amparo dispone que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, sin hacer referencia a la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda interponer los medios de defensa que correspondan, a través de la vía postal, pues este mecanismo está reservado para la demanda y la primera promoción del tercero interesado; sin embargo, en aras de salvaguardar el principio constitucional y convencional de acceso a la justicia, ese beneficio debe hacerse extensivo a los medios de impugnación cuando aquéllas residan fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca del juicio, ya que al existir la misma razón, prevalece la misma justificación para que a través de las oficinas públicas de comunicaciones todas las partes puedan acceder a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo."

"Registro: 2009176

"Décima Época

"Pleno

"Jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 18, Tomo I, mayo de 2015

"Materia común

"Tesis P./J. 14/2015 (10a.)

"Página 42

«Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas»

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR. EL DEPÓSITO DE LAS PROMOCIONES EN LA OFICINA PÚBLICA DE COMUNICACIONES POR CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE RESIDA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO QUE CONOZCA DEL JUICIO INTERRUMPE EL PLAZO PARA EL CÓMPUTO DE LA OPORTUNIDAD. El artículo 23 de la Ley de Amparo dispone que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica. Ahora bien, lo señalado en ese numeral es extensivo para la promoción de los medios de defensa y para cualquiera de las partes en el juicio, de manera que si la ley reglamentaria autoriza la interposición de medios de impugnación utilizando ese medio de comunicación, el depósito en la oficina de correos es apto para interrumpir el plazo para el cómputo de la oportunidad, con la única condicionante de que el promovente tenga su domicilio fuera de la jurisdicción del órgano que conozca del juicio."

Ahora, si bien en los referidos criterios no se explica qué debe entenderse por oficina pública de comunicaciones, sí lo dejan entrever en tanto explican que la interposición de los medios de impugnación "a través de la vía postal" o "en la oficina de correos" es apta para interrumpir el plazo respectivo.

De esta manera, el artículo 23 de la Ley de Amparo vigente, excluye como medio de presentación de promociones, las que se hagan mediante telégrafo, como así lo establecía el artículo 25(6) de la Ley de Amparo abrogada.

Por tanto, como la vía del telégrafo no es medio adecuado para presentar las promociones en los juicios de amparo, ni interponer los medios de defensa que permite la ley, pues a través de esta vía no podría verificarse la legitimidad de la persona autorizada para promover, debido a que no existe forma de constatar su firma; entonces, debe colegirse que el recurso de revisión adhesiva intentado en la vía telegráfica resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse.

CUARTO.-Antecedentes. Para el análisis correspondiente, enseguida se relatan los antecedentes más relevantes del caso:

1. Relación de trabajo. **********, ingresó a laborar a la Secretaría de Educación Pública, el uno de septiembre de mil novecientos setenta y nueve. Fue contratado por conducto de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con residencia en Quintana Roo, para trabajar como **********.

2. Creación de Servicios Educativos de Quintana Roo. El diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que suscribieron el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que se estableció, entre otras cosas, lo que enseguida se transcribe:

"IV. La reorganización del sistema educativo

"... A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la Ley Federal de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para concretar responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal. De conformidad con dichos convenios y a partir de ahora, corresponderá a los Gobiernos Estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública ha venido prestando, en cada Estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial.

"En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo Gobierno Estatal recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el Estado respectivo, hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su operación.

"La transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la educación pública por parte del Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal vigilará en toda la República el cumplimiento del artículo tercero constitucional, así como de la Ley Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; asegurará el carácter nacional de la educación y, en general, ejercerá las demás atribuciones que le confieren los ordenamientos aplicables. Es importante destacar que el carácter nacional de la educación se asegura principalmente a través de una normatividad que sea observada y aplicada de manera efectiva en todo el territorio del país. En tal virtud, el Ejecutivo Federal promoverá y programará la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional, formulará para toda la República los planes y programas para la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, autorizará el uso de material educativo para los niveles de educación citados, mantendrá actualizados y elaborará los libros de texto gratuitos para la educación primaria, propiciará el desarrollo educativo armónico entre las entidades federativas, concertará con éstas las acciones necesarias para reducir y superar disparidades y dará atención prioritaria a aquellas regiones con importantes rezagos educativos, establecerá procedimientos de evaluación del sistema educativo nacional, promoverá los servicios educativos que faciliten a los educadores su formación y constante perfeccionamiento, y fomentará permanentemente la investigación que permita la innovación educativa.

"... El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que cada Gobierno Estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y cumplir con los compromisos que adquiere en este acuerdo nacional. Asimismo, convendrá con aquellos Gobiernos Estatales que hasta ahora han aportado recursos modestos a la educación, en que incrementen su gasto educativo a fin de que guarden una situación más equitativa respecto a los Estados que, teniendo un nivel similar de desarrollo, ya dedican una proporción más significativa de sus presupuestos a la educación.

"Cada Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. Asimismo, los Gobiernos Estatales, por conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores antes mencionados. Los Gobiernos Estatales garantizan que los citados derechos laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria en los términos de ley. De igual modo, las prestaciones derivadas del régimen de seguridad social de los trabajadores que se incorporen a los sistemas educativos estatales, permanecerán vigentes y no sufrirán modificación alguna en perjuicio de ellos.

"... Al convenirse la transferencia aludida, el Gobierno Federal no se desprende de ninguna de las responsabilidades que, conforme a la ley, están a su cargo. Por el contrario, mediante este acuerdo nacional se facilita el cabal cumplimiento de dichas responsabilidades y quedan establecidas las condiciones para cumplir con otras, así como para ejercer de mejor manera sus facultades exclusivas. En observancia del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los planteles de educación básica y de formación de maestro en el Distrito Federal. Corresponde, por tanto, a dicha secretaría ejecutar en el Distrito Federal las acciones convenidas en este acuerdo.

"En lo que concierne a los Estados, no adquieren nuevas funciones que actualmente no tengan conforme a la ley. La transferencia convenida propiciará que realicen actividades de la función educativa que la ley señala como concurrentes y que hasta ahora, en algunos casos, no han realizado por falta de una delimitación precisa de responsabilidades. Asimismo, será responsabilidad del Gobierno Estatal proponer a la Secretaría de Educación Pública el diseño de los contenidos regionales y su adecuada inclusión en los planes de estudio. ..."

Conforme a lo anterior, se celebró, en la misma fecha, el Convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, en él se convino lo siguiente:

"... TERCERA.-El Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia la entidad competente, asume la dirección de los planteles públicos ubicados en su territorio en los que se prestan, en todas sus modalidades, los servicios de educación básica -preescolar, primaria y secundaria-; educación normal y demás relativa para la formación de maestros; así como educación especial -inicial, indígena, física y las ‘misiones culturales’-.

"En consecuencia, al entrar en vigor el presente convenio el Ejecutivo Federal traspasa y el Gobierno Estatal recibe los establecimientos -con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles- por medio de los cuales la Secretaría de Educación Pública viene prestando en la entidad, a la fecha de firma del presente convenio, los servicios educativos mencionados en el párrafo anterior.

"... QUINTA.-Al entrar en vigor el presente convenio, el Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, sustituye al titular de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que en virtud del presente convenio se incorporan al sistema educativo estatal

"El Gobierno Estatal, por conducto de su dependencia o entidad competente, reconoce y proveerá lo necesario para respetar íntegramente todos los derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva, de los trabajadores antes mencionados.

"El Gobierno Estatal garantiza que los citados derechos serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda obligado con la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

"SEXTA.-El Gobierno Estatal se obliga a realizar, por conducto de sus dependencias y entidades competentes, las acciones necesarias para que los trabajadores que prestan sus servicios en los planteles y demás unidades administrativas que se incorporan al sistema educativo estatal, mantengan sin interrupción alguna las prestaciones de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo los beneficios del fondo de vivienda del propio instituto. ..."

Es así que por decreto publicado, también, el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se creó como organismo descentralizado Servicios Educativos de esa entidad. En el decreto mencionado se estableció, en lo que interesa, lo que se transcribe a continuación:

"Artículo décimo octavo. Las relaciones laborales con los Trabajadores del Sistema Educativo Quintanarroense se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo en vigor, y por las Condiciones Generales de Trabajo emitidas por el Ejecutivo Federal para los Trabajadores de la Educación, el 4 de enero de 1946. ..."

Lo establecido en el precepto que se transcribe, se confirmó en el decreto que reforma integralmente el decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales, publicado el ocho de febrero de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, debido a que de la lectura del artículo 28 se advierte:

"Artículo 28. Las relaciones laborales entre los Servicios Educativos de Quintana Roo y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en vigor, y por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo Personal de la Secretaría de Educación Pública, emitidas por el Ejecutivo Federal para los trabajadores de la educación, el 4 de enero de 1946."

3. Jubilación del trabajador. El trabajador solicitó a Servicios Educativos de Quintana Roo su jubilación, misma que se llevó a cabo el primero de enero de dos mil trece.

4. Demanda laboral. Por escrito presentado el once de julio de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ********** demandó de Servicios Educativos de Quintana Roo, exclusivamente, el pago por la cantidad de $**********, por concepto de prima de antigüedad, correspondiente a doce días por año laborado, durante quince años, de conformidad con lo establecido en el artículo 162, fracciones I y III, de la Ley Federal del Trabajo.

De la demanda tocó conocer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, quien la admitió y registró bajo el expediente laboral **********, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce.

5. Incidente de incompetencia en la contestación de la demanda. La parte demandada al contestar su demanda, interpuso incidente de incompetencia, porque estimó que debía conocer del asunto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, debido a que en el decreto de creación del organismo descentralizado, se estableció que las relaciones laborales con sus trabajadores se regirían por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado mencionado; dicho incidente fue declarado improcedente por la Junta del conocimiento, el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.

6. Laudo. Seguidos los trámites de ley, el dieciséis de octubre de dos mil quince, la Junta del conocimiento dictó un laudo en el que, absolvió al organismo demandado del pago de la prima de antigüedad solicitada, al considerar que el actor no tiene derecho al pago de dicha prestación, porque el demandado demostró que sus relaciones laborales se sujetan a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional, extremo que se acreditó mediante el decreto de creación del Sistema Educativo de esa entidad; por tanto, se determinó que el trabajador no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, toda vez que esta prestación no se encuentra instituida en la normativa burocrática mencionada.

7. Amparo. Inconforme con el sentido del laudo, el trabajador promovió el juicio de amparo directo, por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil quince. En sus conceptos de violación expresó, en síntesis, lo siguiente:

I. Alegó la falta de fundamentación y motivación del laudo recurrido.

Que quedó claro que laboró en ambos apartados del artículo 123 constitucional, y que el hecho de imponer a los maestros la ley burocrática estatal es inconstitucional, porque a los organismos públicos descentralizados les rige la Ley Federal del Trabajo y los Congresos de los Estados no pueden ni deben legislar leyes laborales al respecto.

II. El hecho de que la responsable haya negado el pago reclamado, basándose en que las relaciones jurídicas de los ciudadanos actores, es falso, porque como se puede observar la demanda laboral fue individual y no colectiva.

También deviene falso que se argumentó que la relación laboral no se rige por la Ley Federal del Trabajo, debido a que los organismos descentralizados se encuentran regidos por dicha ley.

Manifestó que el derecho al pago de la prima de antigüedad sí le asiste, ya que se jubiló bajo el régimen del artículo 123, apartado A, constitucional, por tanto, el derecho laboral debe respetarse por estar fundado y establecido en las fracciones del numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Que en el considerando tercero del laudo recurrido, no existió estudio alguno, ni tampoco valor de la litis, entre la parte actora y demandada.

III. Indicó que de la simple lectura de la carga de la prueba, resultaría imposible que el patrón acreditara demostrar que le rige la ley burocrática, ya que se puede observar que del contenido de la jurisprudencia P. XXV/98 de rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", que a dichos organismos les rige la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, ningún reglamento, decreto o las condiciones generales del trabajo pueden estar por encima de la ley, ni mucho menos de la Constitución Federal, de donde emanan todas las leyes; por tanto la parte demandada se encontraba imposibilitada legalmente de poder probar que no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, de ahí que no se pudiera hacer una debida valoración, sin analizar y estudiar el asunto con base a los artículos 18, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

IV. Señaló que en el considerando quinto del laudo reclamado, la autoridad responsable sólo se limitó a mencionar las pruebas que admitió, pero no las estudió ni expresó los motivos y fundamentos legales en que se apoya, únicamente se limitó a mencionar que no benefician porque no forman parte de la litis.

Asimismo, tampoco se aprecia la valoración de la prueba instrumental de actuaciones, ni de la presuncional legal y humana, las cuales le favorecían.

Que las pruebas presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones le beneficiaba en todo lo actuado, en especial, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el que el demandado planteó el incidente de competencia al argumentar que el conocimiento del asunto era del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y no de la Junta responsable.

Que al declarar improcedente el incidente referido, se ventiló que la ley competente es la Ley Federal del Trabajo, por tanto resulta inverosímil y contradictorio que en el contenido del laudo que se combate, en el capítulo de sus conclusiones, se niegue el derecho al pago de la prima de antigüedad, alegando la responsable que la demandada acreditó que la ley que rige a los trabajadores de los Servicios Educativos es la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, toda vez que esa prestación no se encuentra instituida en la ley burocrática mencionada.

De conformidad con lo anterior, indicó que si la Junta responsable no se declaró incompetente, entonces violó el principio del debido proceso, porque fue juzgado por un tribunal incompetente.

Refirió que no existió mención de las pruebas que también se ofrecieron y desecharon como lo fueron la confesional y documental, mismas que tampoco expresan los motivos y fundamentos de su desechamiento, las cuales debieron ser admisibles. Que dichas pruebas constituían requisitos indispensables para que se le otorgara el pago de la prima de antigüedad.

V. Señaló que también se violaron las leyes del procedimiento, las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídicas.

Adujo que lo sometieron de manera inconstitucional a lo que establece el apartado B, con ello no queda demostrado que le rige la ley burocrática estatal, porque la fuente de trabajo es un organismo descentralizado, por tanto, le es aplicable la Ley Federal del Trabajo.

Que el decreto, acuerdo, manuales, convenios y documentales ofrecidas por el demandado como elementos de prueba no son aplicables para el caso, porque laboró, en activo, para el organismo descentralizado, denominado Servicios Educativos de Quintana Roo, como consta en el expediente laboral.

En ese sentido, que el organismo público estatal mencionado no forma parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que el régimen jurídico del demandado escapa de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales para legislar sobre los asuntos laborales de dicho ente público.

En apoyo, citó los siguientes criterios jurisprudenciales P./J. 1/96, 2a./J. 180/2012 (10a.) y P. XXV/98 de rubros: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.", "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDEN A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." y "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL."

Manifestó que se le negó el derecho al pago de la prima de antigüedad con base en un instrumento que resulta inconstitucional, es decir, el decreto de creación del Sistema Educativo Quintanarroense que estableció que las relaciones laborales se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, ya que debió regirse por el artículo 123, apartado A.

Que no fue trabajador al servicio del Estado, sino de un organismo público descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, su relación laboral no estuvo subordinada a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se rigen por la ley burocrática del Estado de Quintana Roo.

Por tanto, el régimen al que perteneció estuvo regido por el artículo 123, apartado A, constitucional, que en su parte reglamentaria está instituido a través de la Ley Federal del Trabajo que contempla el pago de la prima de antigüedad, derecho laboral irrenunciable.

En apoyo a lo anterior, citó la jurisprudencia 2a./J. 101/2011, de rubro: "PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN, CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, HACE PRESUMIR QUE LA SEPARACIÓN DEL TRABAJO FUE VOLUNTARIA, PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL PAGO DE AQUÉLLA."

Indicó que la autoridad responsable tenía la obligación de oficio de aplicar el principio pro persona; en otras palabras que el control de convencionalidad debe buscar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y la Convención Americana, con base en una interpretación expansiva de esta última para generar un mayor alcance a favor de la persona menos protegida, para ello las autoridades jurisdiccionales deben efectuar el control de convencionalidad ex officio y armonizar el marco jurídico interno con lo previsto convencionalmente o, en su caso, inaplicar las normas generales que a su juicio considere transgresoras de los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

8. Sentencia de amparo. De la demanda conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien la admitió el veintitrés de noviembre de dos mil quince, la registró bajo el expediente **********, y seguidos los trámites correspondientes, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitió sentencia, en la que negó el amparo solicitado, de conformidad con las siguientes consideraciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26764-6734802e/organismos-publicos-descentralizados-del-estado-de-quintana-roo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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