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ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. CUANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DETERMINA EL RÉGIMEN LABORAL APLICABLE, ÉSTE PREVALECE SOBRE EL DECRETO DE CREACIÓN PARA FIJAR LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA Y PROCESAL APLICABLES, ASÍ COMO LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2023 (11a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 98/2025. · Registro digital (IUS): 33841
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.445.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 3 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al tres de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 98/2025, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

I. TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN ANTE ESTE PLENO REGIONAL

1. Denuncia. El seis de agosto de dos mil veinticinco, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada por ese órgano jurisdiccional(1) y el Cuarto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.(2)

2. Radicación y admisión. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la radicó bajo el consecutivo electrónico 98/2025.

3. Vigencia de criterios. En el mismo proveído, se solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitieran la versión digitalizada de sus respectivas ejecutorias, informaran la vigencia de ellas o, comunicaran si habían sido superadas por un diverso criterio; asimismo, se solicitó habilitaran su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

4. Paralelamente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía algún precedente judicial radicado en ese tribunal constitucional sobre el tema que guarde relación en esta contienda, que se fijó como:

“ÓRGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE UNA DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.”

5. Turno preliminar. Finalmente, se turnó de manera preliminar el asunto, para su estudio, a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia “A”.

6. Recepción de informes de vigencia. Por determinaciones de Presidencia de este Pleno Regional, dictadas el veinticuatro y veintinueve de octubre de dos mil veinticinco, se tuvieron cumplidos sendos requerimientos formulados a los órganos contendientes, quienes convalidaron la existencia de sus criterios y habilitaron el acceso electrónico a las constancias que integran las ejecutorias en controversia; aunado a que, uno de ellos indicó que su resolución había causado ejecutoria por ministerio de ley.

7. Informe del Tribunal Constitucional. Mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no se ha radicado durante los últimos seis meses ninguna contradicción de criterios sobre el tópico planteado en esta contienda o uno afín.

8. Confirmación de turno. Finalmente, en esa misma data, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.

II. COMPETENCIA

9. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6º, fracción II, 8º, 9º y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como lo previsto en el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación, inicio de funciones, jurisdicción territorial y domicilio de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur. Asimismo, debe considerarse lo establecido en los artículos 1, 2º y 3º, fracción II, punto 2, del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reafirma la jurisdicción territorial de este órgano colegiado.(3)

10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en materia de trabajo y del mismo circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

III. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitima, de conformidad con el artículo 227,(4) fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que, se formuló por los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quienes resolvieron uno de los asuntos contendientes.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Los antecedentes y razonamientos relevantes que dieron origen a esta contradicción de criterios se contraen en:

13. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 81/2025.

14. Antecedentes.

14.1. Demanda Laboral. El veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, un trabajador demandó ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al organismo público local descentralizado “**********”,(5) a quien le reclamó, entre otras prestaciones:

i. La nulidad de convenio celebrado por el personal trabajador y el organismo demandado en una fecha anterior;

ii. El pago de prima de antigüedad; y,

iii. Pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

14.2. Radicación e incompetencia por declinatoria. El veintinueve de septiembre siguiente, el citado Tribunal burocrático registró la demanda bajo el consecutivo 1838/2024 y declinó competencia en favor del Juzgado Especializado en Materia Laboral de la Primera Región Judicial del Estado de Jalisco, en turno; al estimar que, del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el sindicato de trabajadores con el organismo demandado, en su cláusula Quinta, se desprendía que las relaciones laborales con su personal se regularían conforme al artículo 123, apartado “A”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14.3. Rechazo de la declinatoria. Conoció del asunto el Juzgado Vigésimo Especializado en Materia Laboral de la Primera Región Judicial del Estado de Jalisco, quien radicó el asunto L-119/2025 y, mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, no aceptó la competencia declinada, bajo el argumento de que las relaciones de trabajo entre el organismo jalisciense y sus empleados se regían por el derecho burocrático.(6)

14.4. Además, no pasó inadvertida la existencia de la cláusula Quinta del contrato colectivo mencionado, sin embargo, desde su perspectiva, asumió que esa disposición no contenía una regla o criterio de competencia en favor de los Tribunales en Materia de Trabajo citadinos. De ahí que reiterara que debía prevalecer la competencia en favor del órgano que previno del asunto.

14.5. En virtud de lo anterior, el tribunal laboral remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para sustanciar el conflicto competencial apuntado.

14.6. Conflicto competencial. El tres de abril de dos mil veinticinco, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, radicó el asunto 81/2025 dentro de su acervo documental.

14.7. Sentencia. Seguido el trámite legal, en sesión virtual de veintidós de mayo posterior, resolvió, por mayoría de votos, que era legalmente competente para conocer del asunto el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

15. Razonamientos. Las consideraciones jurídicas que sustentó el tribunal contendiente en su sentencia, se resumen en las siguientes:

15.1. En principio, afirmó que el conflicto competencial sometido a su consideración encontraba su respuesta en la jurisprudencia 2ª./J. 130/2016 (10a.), de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(7)

15.2. Para dar sustento a ello, explicó que ese precedente judicial estudiaba la libertad configurativa de las entidades federativas, de conformidad con el artículo 116, fracción VI, constitucional.

15.3. Continuó que, esa potestad -delegada constitucionalmente- prevé una norma facultativa que le permite a los Estados regular las relaciones de trabajo entre sus organismos descentralizados (locales) y sus trabajadores, las cuales, podrán estar supeditados, de manera indistinta, conforme a los apartados “A” o “B” del artículo 123 constitucional o, incluso, de manera heterogénea.

15.4. Para ello, destacó el contenido del amparo directo en revisión 6490/2015,(8) del cual obtuvo que dicha facultad -derivada directamente del mandato constitucional- refleja la voluntad del constituyente local de otorgar flexibilidad para regular las relaciones laborales entre los organismos descentralizados y su personal; en consecuencia, establecer la legislación adjetiva aplicable a la solución de conflicto de esa naturaleza.

15.5. Agregó que, esa pauta constitucional también guarda congruencia con brindar las facilidades para que la regulación laboral parta de las necesidades y particularidades que requiera cada organismo descentralizado, condición por la que no sería permisible fijar un régimen uniforme para ese tipo de personas morales de carácter público.

15.6. Finalmente, de las consideraciones relatadas, asumió que debía prevalecer la voluntad del legislador local y los regímenes laborales que, desde la libertad configurativa se establecieron a través de ley o decreto para regular las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados locales y su personal operario; lo que implica que la determinación legislativa local prevalece sobre cualquier contrato individual o colectivo celebrado entre el organismo y su personal.

15.7. Por otro lado, no pasó inadvertida la existencia y contenido de la jurisprudencia 2a./J. 55/2023 (11a.) emitida por la antigua Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, de rubro: “CONFLICTOS LABORALES ENTRE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS. LA LEGISLACIÓN PROCESAL PARA RESOLVERLOS SERÁ LA QUE RIJA EL RÉGIMEN DE SUS RELACIONES LABORALES”,(9) que entre otras cuestiones, permite atender al contenido de las relaciones de trabajo previstas en los contratos colectivos.

15.8. Sin embargo, estimó que dicho precedente judicial no era aplicable por analogía en ese asunto, sustancialmente, por dos razones.

15.9. Primera, porque el criterio hace alusión a organismos descentralizados federales y no locales, dado que, su libertad de configuración -laboral- se encuentra prevista en un precepto constitucional distinto al de los organismos descentralizados locales.(10)

15.10. Segunda, en la ejecutoria que motivó ese criterio, se limitó su estudio en las negociaciones colectivas (contratos de trabajo) de los trabajadores frente a un organismo descentralizado de la federación; aunado que, su escrutinio se basó en diversos preceptos constitucionales al de los entes locales.

15.11. Bajo esa óptica, reiteró que no era posible traer a cuenta ese criterio judicial.

15.12. Precisado lo anterior, expuso que el organismo público demandado se creó mediante decreto legislativo 24805/LX/13,(11) en el que, a partir de la libre configuración del poder reformador jalisciense, se estableció que las relaciones de trabajo con su personal se regirían de conformidad con el apartado “B”, del artículo 123 constitucional y su derecho burocrático.

15.13. De tal suerte que, al ser la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios la legislación aplicable al caso; así como al no existir posibilidad jurídica de las negociaciones colectivas como base para fincar competencia en favor de cierto órgano jurisdiccional, lo conducente era declarar legalmente competente para conocer del asunto en cuestión al Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

16. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 39/2025.

17. Antecedentes.

17.1. Demanda laboral. El dos de julio de dos mil veinticuatro, un trabajador demandó, por propio derecho, ante los Tribunales Locales Especializados en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco, al organismo jalisciense en el que le reclamó, entre otras prestaciones, la reinstalación y el pago de salarios vencidos.

17.2. Radicación. Conoció de la demanda el Juzgado Décimo Noveno Especializado en Materia Laboral de la Primera Región Judicial del Estado de Jalisco, quien lo radicó bajo el expediente laboral 237/2024 de su índice administrativo.

17.3. Incompetencia por declinatoria. Por auto de ocho de julio de dos mil veinticuatro, el juzgado laboral determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto al estimar que, las relaciones del organismo demandado con sus trabajadores se regían por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; por lo que declinó competencia en favor del tribunal burocrático de esa entidad federativa.

17.4. Rechazo de la declinatoria. El diez de octubre siguiente, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, radicó el sumario 860/2024 y rechazó la competencia declinada bajo el argumento de que las relaciones del organismo público demandado con el personal operario se rigen por el apartado “A”, del artículo 123 constitucional; por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, para sustanciar el conflicto competencial apuntado.

17.5. Conflicto competencial. El seis de febrero de dos mil veinticinco, el Cuarto Tribunal Colegiado registró el conflicto competencial 39/2025 en su estadística y se avocó al conocimiento.

17.6. Ejecutoria. En sesión ordinaria virtual de diez de abril de dos mil veinticinco, se resolvió el conflicto competencial, en la que se determinó por unanimidad, declarar legalmente competente para conocer del asunto al Juzgado Décimo Noveno Especializado en Materia Laboral de la Primer Región Judicial del Estado de Jalisco.

18. Razonamientos. Las consideraciones en las que se decantó el órgano jurisdiccional radicaron -sustancialmente- en lo siguiente:

18.1. De entrada, afirmó que era aplicable para dar respuesta al asunto, por analogía, la tesis jurisprudencial 2a./J. 55/2023 (11a.), antes referida.

18.2. Previo a brindar una respuesta al caso, -a manera de preámbulo-, el Tribunal Colegiado explicó los sistemas jurídicos aplicables a las relaciones de trabajo entre los órganos descentralizados con sus trabajadores, así como la libertad configurativa que se delega constitucionalmente a los congresos locales para que éstos configuren el régimen de trabajo aplicables a sus poderes y su personal, de conformidad con los apartados “A” y “B”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual, respaldó con la citada jurisprudencia 2ª./J. 130/2016 (10a.).

18.3. Sentado el preámbulo anterior, ilustró el sistema jurídico aplicable entre el personal y el “**********”, así como la competencia de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las disputas entre éstos.

18.4. En principio, destacó el contenido del artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(12) y los diversos 1º y 2º de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de los que se desprende de manera general y teleológica que la competencia para conocer de los conflictos laborales entre los trabajadores y patrones de los poderes públicos del Estado de Jalisco, con algunas excepciones,(13) recae en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

18.5. Luego, en su exposición argumentativa relató que tratándose de trabajadores de organismos públicos descentralizados de esa entidad federativa, la competencia para conocer de los conflictos deberá estar contemplada, a su vez, en las leyes, decretos, reglamentos o convenios, de su creación, según corresponda.

18.6. En función de esta última consideración, esbozó el contenido de los artículos 1º y 33 del decreto número 24805/LX/13,(14) con el que se expidió la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; los cuales, adminiculó con el numeral 67 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco.(15)

18.7. Bajo ese estudio metodológico, determinó -de manera preliminar- que las relaciones laborales de trabajo de ese ente con su personal se regían por la legislación burocrática, es decir, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; por ende, los conflictos en materia de trabajo que se susciten de esa naturaleza entre aquéllos, deberán ventilarse en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

18.8. No obstante, sostuvo que en ese caso se actualizaba una excepción para aplicar el derecho burocrático, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 55/2023 (11a.); en razón de que existía un contrato colectivo signado entre el síndico y el organismo jalisciense, en el que se establecía que sus relaciones de trabajo se sujetarían al apartado “A”, del artículo 123 constitucional.

18.9. Bajo esa óptica, el órgano jurisdiccional reseñó las consideraciones de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Constitucional, al fallar el amparo en revisión 88/2023, que dieron origen a la jurisprudencia supra indicada.

18.10. A partir del escrutinio jurisprudencial realizado, dispuso lo siguiente:

“1. El régimen de las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados con sus trabajadores será el que se encuentre en la ley o decreto de creación de cada organismo.

2. En congruencia con lo anterior, la ley procesal aplicable para la resolución de los conflictos suscitados entre los organismos descentralizados y sus trabajadores será aquella que rija dicho régimen de las relaciones laborales, lo que se advertirá, en su caso, de la ley o decreto de creación respectivo.

3. Para conocer la autoridad jurisdiccional competente que resolverá los conflictos de trabajo entre organismos descentralizados y sus trabajadores, tendrá que tomarse como referencia precisamente la normativa procesal que regirá el juicio laboral en cada caso concreto, por lo que dicha autoridad será aquella que reconozca la propia legislación adjetiva aplicable en cada caso; y,

4. Sin embargo, si en las negociaciones individuales o colectivas de esos organismos con sus trabajadores se ha pactado que sus relaciones se rigen conforme a un apartado específico del artículo 123 Constitucional, entonces ello debe respetarse y, por ende, la ley procesal aplicable para la solución de conflictos será la que rija el régimen laboral pactado en dichas negociaciones, salvo que las partes hayan convenido en alguna normativa procesal diversa”.

18.11. En ese sentido, consideró que si bien dicho criterio se refiere a organismos descentralizados federales, su contenido resultaba aplicable por identidad de razón a los organismos locales, al atender a la naturaleza jurídica de estas entidades y a la libertad configurativa reconocida por la Constitución.

18.12. Sentadas las consideraciones anteriores, precisó que en el caso concreto existe un Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre dicho organismo descentralizado y el sindicato de sus trabajadores, que de alguna forma exceptúan la regla general. 18.13. Para ilustrar esa aserción, invocó como hecho notorio las cláusulas segunda, tercera y quinta,(16) de las que desprendió que, la relación de trabajo entre el personal y el organismo jalisciense se rigen bajo el apartado “A”, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18.14. Agregó que, al existir un acuerdo de manera libre y voluntaria que prevé la normativa y régimen de trabajo al que los contratantes desean sujetarse, así como las condiciones para dirimir sus disputas, lo prudente es que se respete ese pacto; con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y las situaciones de hecho alcanzadas.

18.15. En suma, precisó que las relaciones y condiciones de trabajo estarán sujetas a la Ley Federal de Trabajo; además, los conflictos suscitados entre ese organismo público y sus trabajadores se ventilarán ante los tribunales especializados en materia laboral, en términos del artículo 604 de dicha legislación.(17)

18.16. Por tanto, concluyó que el órgano competente para conocer de la contienda era el Juzgado Décimo Noveno Especializado en Materia Laboral de la Primera Región Judicial del Estado de Jalisco.

V. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

19. La mecánica para analizar la existencia de contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar posiciones jurídicas en la región, dado que, su objetivo es otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía y a las personas juzgadoras.

20. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

21. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

22. Lo anterior, conforme a lo sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración P./J. 72/2010,(18) que de rubro y contenido indica:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”

23. Además, sirve de apoyo la tesis aislada P. XLVII/2009(19) que establece:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otras posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan”.

24. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:

I. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.

II. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

25. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

26. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas dist

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33841-f8bb4192/organismos-publicos-descentralizados-locales-cuando-la-negociacion-colectiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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