COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO. LA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE DICHO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y SUS TRABAJADORES, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SUS NOMBRAMIENTOS O DE SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DOCENTE DE EVALUARSE. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO. LA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE DICHO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y SUS TRABAJADORES, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SUS NOMBRAMIENTOS.
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO. LA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE DICHO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y SUS TRABAJADORES, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SUS NOMBRAMIENTOS O DE SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, POR INCUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DOCENTE DE EVALUARSE.
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO. LA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE DICHO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y SUS TRABAJADORES, CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SUS NOMBRAMIENTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO, EL TERCER, EL CUARTO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MAGISTRADA GRISELDA GUADALUPE GUZMÁN LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ HUEZO, FERNANDO COTERO BERNAL, ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO Y JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
En la que se resuelve la contradicción de tesis 1/2018.
RESULTANDO:
I. Denuncia de la contradicción de tesis.
La Magistrada Griselda Guadalupe Guzmán López, entonces presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante oficio 29/2017, de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, denunció la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el conflicto competencial 26/2017, y el sostenido por el Segundo, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 22/2017, 18/2017 y 19/2017, respectivamente.
II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. El presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y se registró como 1/2018; solicitó a los presidentes del Segundo, Tercero y el Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de la sentencia que motivó el criterio discrepante, sin hacerlo de la sentencia al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al remitirse con el escrito de denuncia, con el fin de integrar el expediente, y se solicitó a todos los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si el criterio contendiente continuaba vigente.(1)
III. Turno del asunto.
Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Alejandro López Bravo, para la formulación del proyecto de sentencia.(2)
CONSIDERANDO:
I. Competencia
Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
II. Legitimación
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la Magistrada Griselda Guadalupe Guzmán López, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
III. Criterios contendientes
Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Conflicto competencial 22/2017
Antecedentes:
1. La Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por razón de turno, conoció de la demanda promovida el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, por un trabajador docente en contra del organismo público descentralizado, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
2. La parte demandada, a través de su apoderado general, promovió incidente de competencia, donde solicitó la declinación de competencia a favor del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por considerar que era la autoridad competente para conocer y dirimir el conflicto, en virtud de que las acciones ejercitadas derivan de actos de autoridad en aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
3. El diez de enero de dos mil diecisiete, la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco resolvió el incidente en cuestión como procedente y ordenó remitir las actuaciones del juicio laboral al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.
4. El veinte de junio de dos mil diecisiete, el presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, no aceptó la competencia declinada por la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por considerar que las acciones reclamadas eran laborales, relativas a la relación laboral existente entre el organismo demandado y la parte actora; y ordenó la denuncia del conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en turno, para que determinara la autoridad que debía conocer del asunto.
5. Por razón de turno, correspondió conocer del conflicto competencial al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, lo registró con el número de expediente 22/2017 y se turnó a la ponencia del Magistrado Gabriel Montes Alcaraz.
6. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió el conflicto competencial en los siguientes términos:
"... SEGUNDO.—Corresponde a la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, conocer de la demanda presentada por **********, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Es así, al tomar en cuenta como antecedentes, que en la demanda se reclama:
"• La reinstalación en el plantel 16 Mesa de Los Ocotes del COBAEJ, ubicado en calle ********** número 1770, colonia Mesa de Los Ocotes en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en el cargo de ********** de ********** I, primero ‘A’; ********** II, segundo ‘B’; ********** I, segundo ‘A’; **********, cuarto ‘a’; **********, quinto ‘A’; en el turno matutino y ********** sexto ‘A’ y sexto ‘B’, en el turno vespertino, en un total de veintiún horas clase; con motivo del despido injustificado que se dijo sucedió a las doce horas del miércoles dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, a través de la directora del plantel (fojas 3 y 4).
"• El pago de salarios caídos a partir de la fecha del injustificado despido (foja 3).
"• El pago y cumplimiento de prestaciones secundarias, como el reconocimiento de antigüedad; de vacaciones y prima vacacional (foja 3).
"El demandado, mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciséis, promovió incidente de competencia (fojas 19 a 23), resuelto el diez de enero de dos mil diecisiete (fojas 28 a 32).
"En esa resolución, se declaró la legal incompetencia de la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
"Las consideraciones sustento de ese proceder, se dedujeron del dicho del demandado, al haberse señalado que: ‘... las acciones que pretende la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco’.
"Las consideraciones sustento de ese proceder, se dedujeron del dicho del demandado, al haberse señalado que: ‘... las acciones que pretende ejercitar (sic) la (sic) trabajadora (sic) actora (sic) se derivan de actos de autoridad de aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.’ (foja 32)
"Lo que es incorrecto, porque de la demanda laboral se inadvierte la aplicación de procedimiento alguno conforme a dicha Ley General del Servicio Profesional Docente, sin que, por ende, se pretendiera la nulidad, por el contrario, se ejerció la acción principal de reinstalación por motivo de un despido injustificado, que se dijo, ocurrió de manera verbal.
"Luego, aun cuando al actor se le haya aplicado el procedimiento de evaluación en docencia previsto en la indicada Ley General del Servicio Profesional Docente y, como consecuencia de ello, la terminación de los efectos del nombramiento, lo que, en todo caso, pudiera ser materia de defensa al contestar la demanda.
"Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia que se identifica como P./J. 32/2015 (10a.), que si algún docente estima que se le aplicó incorrectamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo impugnado es la separación del servicio, será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral.
"Queda en claro de todo lo correlacionado, que la acción ejercida es de naturaleza laboral, tendente a la reinstalación basada en un despido injustificado verbal, así como las acciones accesorias correspondientes y el pago y cumplimiento de prestaciones propias del vínculo de trabajo, lo que evidencia la competencia de la autoridad laboral.
"Ahora, en el caso de que, al contestar la demanda laboral, el demandado hiciera valer como defensa la aplicación del procedimiento de evaluación en docencia previsto en la indicada Ley General del Servicio Profesional Docente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha razonado en la tesis identificada con clave 1a. XXXIII/2017 (10a.), que la separación del servicio como consecuencia de ello, cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, cuya impugnación a este tipo de determinaciones –de naturaleza administrativa– se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de derechos mínimos del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarios de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del servicio profesional docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como ‘actos condición’, cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán o, en su caso, serán valoradas por los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, como resulta en este particular, cuenta habida que con base en la resolución mediante la cual se pudieron dar por terminados los efectos del nombramiento del docente, constituye una determinación en la que el Estado actuó en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trató de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores.
"Por todo lo cual, la competencia para conocer y resolver de los planteamientos, corresponde a la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.
"Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo I, relativo a septiembre de 2015, identificada con la clave P./J. 32/2015 (10a.), visible en la página 6, que señala:
"‘SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral.’
"También lo es, por las razones que le informan, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Tomo I, del mes de marzo de 2017, identificada con la clave 1a. XXXIII/2017 (10a.), visible en la página 455, que dice:
"‘SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS. De la interpretación de los artículos 3o., párrafo tercero, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del servicio profesional docente. En primer término, la separación del servicio como consecuencia de un procedimiento administrativo cuya finalidad sea la determinación de responsabilidad administrativa y la posible imposición de sanciones, tiene una naturaleza administrativa sancionadora, al partir de la existencia de un reproche surgido de una infracción administrativa, en cuyo trasfondo se encuentra la posible transgresión a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de empleos, cargos o comisiones públicas; consecuentemente, el combate a este tipo de determinaciones –de naturaleza administrativa– se realizará mediante el recurso de revisión o el juicio de nulidad, y en los procedimientos respectivos deberá analizarse la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso que, atento a la naturaleza del caso, resulten necesarias de conformidad con la doctrina que sobre el derecho administrativo sancionador han desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del servicio profesional docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como ‘actos condición’, cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público; consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.’
"Esta dicotomía de regímenes normativos aplicables al servicio docente ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la ‘Recomendación relativa a la situación del personal docente’, aprobada en París el 5 de octubre de 1966, por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre la Situación del Personal Docente, cuyos apartados VI y VII regulan lo referente al ingreso, ascenso, promoción y seguridad en la profesión docente, de manera separada a los contenidos mínimos que deben regir los procedimientos disciplinarios dirigidos a la sanción de faltas profesionales.’
"Igualmente, se invoca en apoyo la tesis del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que se comparte, y que se aplica en este caso «en» lo conducente, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Tomo III, relativa a febrero de 2017, identificable como X.A.T.19 L (10a.), visible en la página 2355, que establece:
"‘RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DAN POR TERMINADOS LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN DOCENTE. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PORQUE DERIVA DEL VÍNCULO LABORAL ESTADO-PATRÓN Y SUS TRABAJADORES. De la jurisprudencia P./J. 32/2015 (10a.), de título y subtítulo: «SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.», se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación, tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa; pero, si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral. En esta última hipótesis, la resolución mediante la cual se dan por terminados los efectos del nombramiento de un docente, constituye una determinación en la que el Estado actúa en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo.’. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Colegiado de Circuito, en los conflictos de competencia 9/2017 y 10/2017, de sesiones de nueve de mayo y cinco de julio, de dos mil diecisiete.
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"ÚNICO.—Es competente la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, para conocer del juicio laboral 420/2016/11-F de su índice. ..."
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Conflicto competencial 18/2017
Antecedentes:
1. La Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por razón de turno, conoció de la demanda promovida el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, por una trabajadora docente en contra del organismo público descentralizado, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
2. La parte demandada promovió incidente de competencia, donde solicitó la declinación de competencia a favor del Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por considerar que era la autoridad competente para conocer y dirimir el conflicto, en virtud de que las acciones ejercitadas derivan de actos de autoridad en aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
3. El siete de marzo de dos mil diecisiete, la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco resolvió el incidente en cuestión como procedente y ordenó remitir las actuaciones del juicio laboral al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.
4. El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco se declaró incompetente para conocer del conflicto; y ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito en turno, para que resolviera el conflicto de competencia.
5. Por razón de turno, correspondió conocer del conflicto competencial al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, lo registró con el número de expediente 18/2017 y se turnó a la ponencia del Magistrado Julio Ramos Salas.
6. El once de agosto de dos mil diecisiete, se resolvió el conflicto competencial en los siguientes términos:
"... SEGUNDO.—Existencia del conflicto competencial.
"Antes de proceder al análisis principal, es oportuno establecer si, en el caso, existe conflicto competencial, para lo cual es necesario verificar si se encuentran satisfechos los requisitos conducentes, como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página 46, del epígrafe y contenido siguientes:
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.—Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.’
"Además de ello, tratándose de autoridades laborales, es necesario que ese conflicto se integre de la manera prevenida en los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que si una Junta declara que carece de competencia, entregue los autos a la autoridad que estime competente, misma que, si al recibirlos también rechaza ser la indicada para conocer del asunto, debe remitirlos a la que corresponda dirimir ese conflicto.
"Cobra aplicación la tesis CXLVII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 352, que señala:
"‘COMPETENCIA LABORAL. REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE PLANTEADO UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA.—De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a la autoridad que estime competente y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, los remitirá a la que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre éstos y otro órgano jurisdiccional, puede llegar al conocimiento de la autoridad que deba dirimir dicha controversia competencial.’
"A continuación, se copian diversos preceptos de la mencionada ley laboral sobre la regulación de los conflictos competenciales (vigentes a partir de la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce, en atención a que la demanda inicial se presentó el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis):
"‘Artículo 698. Será competencia de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas, conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas Federales.
"‘La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley.’
"‘Artículo 699. Cuando en los conflictos a que se refiere el párrafo primero del artículo que antecede, se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, el conocimiento de estas materias será de la competencia de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción.
"‘En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la Junta Local, al admitir la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, las que remitirá inmediatamente a la Junta Federal para la sustanciación y resolución, exclusivamente, de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene, en los términos señalados en esta ley.’
"‘Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes:
"‘I. (Se deroga)
"‘II. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre:
"‘a) La Junta del lugar de celebración del contrato.
"‘b) La Junta del domicilio del demandado.
"‘c) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en varios lugares, será la Junta del último de ellos.
"‘III. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley; en los conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento;
"‘IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la Junta del lugar donde se hizo;
"‘V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, la Junta del domicilio del demandado; y
"‘VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo.’
"‘Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley.’
"‘Artículo 702. No se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo.’
"‘Artículo 703. Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria.
"‘La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, la Junta después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución.’
"‘Artículo 704. Cuando una Junta Especial considere que el conflicto de que conoce, es de la competencia de otra de la misma Junta, con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la Junta Especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la Junta Especial que debe continuar conociendo del conflicto.’
"‘Artículo 705. Las competencias se decidirán:
"‘I. Por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las Juntas Especiales de la misma, entre sí;
"‘II. Por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de Juntas Especiales de la misma entidad federativa; y
"‘III. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre:
"‘a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
"‘b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
"‘c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas.
"‘d) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional.’
"Como se adelantó, al dictar la interlocutoria de siete de marzo de dos mil diecisiete, la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco declinó su competencia legal para continuar conociendo y resolver el juicio de origen y ordenó remitir los autos relacionados con la demanda presentada por **********, al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (fojas 38 a 41 del expediente laboral).
"Al recibir los autos, la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco también se negó a continuar tramitando y resolver el proceso derivado de dicha demanda laboral (f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27895-f2625003/colegio-de-bachilleres-del-estado-de-jalisco-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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