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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL DONDE SE DEMANDA A UN PARTICULAR Y AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CUANDO ÉSTE ES SEÑALADO COMO BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS –MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PRIVADA–. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. · Registro digital (IUS): 29013
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-09-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo II, Pág. 645.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ERUBIEL ERNESTO GUTIÉRREZ CASTILLO, CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ, SERAFÍN SALAZAR JIMÉNEZ, GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ Y FRANCISCO GONZÁLEZ CHÁVEZ, QUIEN FORMULA VOTO ACLARATORIO. DISIDENTE: ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ. PONENTE: CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ. SECRETARIO: FIDEL ABANDO SÁENZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre los referidos Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226 fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además del Acuerdo General 8/2015 relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; por tratarse de la denuncia de contradicción de criterios que provienen de asuntos resueltos por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación de la denunciante. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III,(3) de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la presidente del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el cual tiene la calidad de parte en los conflictos competenciales de los que derivaron los criterios en oposición.

TERCERO.—Criterios que participan. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de criterios es preciso tener en cuenta los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito.

I. Al resolver el conflicto competencial 9/2018, en sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Magistrados que lo integran, tomaron en consideración los siguientes antecedentes:

• Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, Guanajuato, el actor demandó de "Profesionales en Mantenimiento y Limpieza Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como Promali, Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como Limvipro, Consorcio de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio de Negocios SM, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Profesional de Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable" –a las que atribuyó el carácter de patrones y responsables de la fuente de trabajo–; así como del Poder Judicial del Estado de Guanajuato –en su calidad de beneficiario de la relación laboral–, el pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, así como diversas prestaciones secundarias.

• A manera de hechos la parte actora expresó que fue contratada por la persona jurídica privada para prestar sus servicios como "líder de mantenimiento" en las instalaciones del "Juzgado de Oralidad Penal, sede y base Guanajuato, con domicilio ubicado en carretera Puentecillas kilómetro 7.5, de la colonia Puentecillas de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato".

• La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, Guanajuato, determinó declinar la competencia a favor del Poder Judicial del Estado, para que a través de su Comisión Sustanciadora conociera del asunto, con base en que se había señalado como demandado al mencionado Poder.

• Por su parte, la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores (públicos), del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, rechazó la competencia para conocer del asunto, con base en que la parte actora no era trabajadora del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y tampoco se actualizaba algún supuesto de responsabilidad solidaria, motivo por el cual declaró no tener competencia para el conocimiento del asunto.

El Tribunal Colegiado determinó que la competencia para conocer del negocio correspondía a la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores (públicos), del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al tenor de las consideraciones siguientes:

"...

"SEGUNDO.—Este Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito determina que sí existe conflicto competencial, por las razones que a continuación se exponen.—Al respecto, el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente: ‘Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley.’ (lo resaltado es de este tribunal).—De la lectura del artículo transcrito, se observa que para que se dé la existencia del conflicto competencial, la Junta que se estime incompetente debe remitir los autos a la que considere competente; si ésta a su vez, al recibir los autos, considera tampoco ser competente, debe remitir las actuaciones a la autoridad que deba dirimir el conflicto competencial.—Este criterio se apoya en la tesis aislada 2a. CXLVII/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: ‘COMPETENCIA LABORAL, REQUISITOS PARA QUE PUEDA CONSIDERARSE PLANTEADO UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta se declara incompetente tiene la obligación de remitir el expediente a la autoridad que estime competente y si ésta, al recibir los autos, también se declara incompetente, los remitirá a la que deba dirimir el conflicto competencial. Sólo a través de este procedimiento es que un conflicto entre tribunales laborales, o entre estos y otro órgano jurisdiccional, puede llegar al conocimiento de la autoridad que deba dirimir dicha controversia competencial.’ (se citan datos de localización en nota al pie número 1) (Lo resaltado es de este tribunal).—En el caso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral 603/2018/L1/CC/IND, porque se demandó al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por lo cual, debía conocer del asunto la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, por lo que ordenó remitirle el expediente (foja 3 del expediente del juicio de origen).—Por su parte, la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el asunto de referencia y en resolución de cuatro de julio siguiente, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, en virtud de que la actora Leticia Herrera Romero no era, ni había sido trabajadora del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, además de que tampoco se actualizaba algún supuesto de responsabilidad solidaria del Poder Judicial para con las empresas que fungieron como patrones de la demandante. Dispuso remitir las actuaciones originales a este órgano colegiado a fin de que resolviera lo conducente y determinara cuál autoridad es competente para conocer del asunto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 88 de la Constitución Local, 17, fracción XIV, 270, 271, 274 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado; 9 de la Ley del Trabajo de los Servicios Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, 701, 705, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, así como los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas de la 63 a la 76 del expediente del juicio de origen).—Por las razones hasta aquí expuestas, debe declararse existente el conflicto de competencia planteado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, por lo que enseguida se hará el estudio correspondiente para determinar qué órgano jurisdiccional debe conocer del juicio laboral referido.—TERCERO.—Establecer la competencia para conocer del asunto laboral de que se trata corresponde a la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato establece, que entre las facultades del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se encuentra la de conocer de los juicios laborales que sean de su competencia de conformidad con las leyes, como se puede ver enseguida: ‘Artículo 88.- Las facultades y obligaciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia son: ... III. Conocer en los juicios civiles, penales y laborales, de las instancias y recursos que sean de su competencia de conformidad con las leyes; ...’.—Los artículos 17, fracción XIV, 269, 270 y 274 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prevén que es atribución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, además de las señaladas en el artículo 88 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, resolver los conflictos laborales suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos, como única instancia; que para dichos efectos se constituye una comisión encargada de sustanciar los expedientes y formular el proyecto de resolución; que la sustanciación del procedimiento debe sujetarse a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, normas que se reiteran en el artículo 149-A del último ordenamiento legal citado, como puede verse enseguida: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato: ‘Artículo 17. Son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, además de las señaladas en el artículo 88 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, las siguientes: ... XIV. Resolver los conflictos laborales suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos; ...’.—‘Artículo 269. Los conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, serán resueltos en única instancia por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.’.—‘Artículo 270. Para los efectos del artículo anterior, se constituye con carácter permanente, una comisión encargada de sustanciar los expedientes y de formular un proyecto, el que pasará al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para su resolución.’.—‘Artículo 274. La Comisión Sustanciadora, en la tramitación del procedimiento, se sujetará a las disposiciones del título décimo primero de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.’.—Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato: ‘Artículo 149.-A. Los conflictos laborales, entre el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y sus servidores, serán resueltos en única instancia por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.—Las cuestiones laborales en donde haya interés del Poder Judicial y de sus servidores y no exista controversia, se tramitarán ante la Comision Sustanciadora aplicando en lo conducente lo que dispone la presente ley (sic).—Tratándose del registro y disolución del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial; así como de los conflictos entre éste y los agremiados o entre trabajadores, se tramitarán ante el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje, en los terminos de esta ley (sic).’.—Como puede verse en los artículos insertos, los conflictos laborales entre el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y sus servidores públicos, deben ser resueltos por la referida Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores.—Ahora bien, es necesario precisar que del reclamo de un trabajador sujeto al régimen general del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiera entenderse que corresponderá ineludiblemente conocer a una Junta Local de Conciliación y Arbitraje.—No obstante, para la aplicación de las normas de trabajo no se encuentra el supuesto referente a qué autoridad debe conocer del juicio laboral cuando se demandó no sólo a empresas privadas (Profesionales en Mantenimiento y Limpieza Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como Promali, Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida como Limvipro, Consorcio de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio de Negocios SM, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Profesional de Limpieza, Sociedad Anónima de Capital Variable), sino como en el caso al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el cual tiene una comisión sustanciadora para resolver las controversias que pudieran surgir con sus trabajadores, de conformidad con lo asentado en párrafos precedentes.—En el caso, se afirma que corresponde conocer del asunto a la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, porque se demandó al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por tanto pueden afectarse los intereses de éste. Las normas que regulan los conflictos laborales entre dicho poder y sus trabajadores, no prevén qué ha de suceder cuando el trabajador no es un burócrata, pero encamina su reclamo laboral al órgano de gobierno, lo que es jurídicamente viable de acuerdo con lo dispuesto por los artículos del 12 al 16 de la Ley Federal del Trabajo que reconoce las figuras del beneficiario de los servicios y la subcontratación, imponiendo obligaciones soli

arias o subsidiarias.—Es jurídicamente viable (y en la práctica sucede con frecuencia) que un órgano de gobierno, de cualquier orden, contrate a empresas privadas para prestarle, incluso de modo permanente, servicios tales como limpieza, vigilancia, provisión de elementos, etcétera. Los conflictos laborales entre esas empresas privadas y sus trabajadores claramente no serán de carácter federal y menos aún burocrático; no obstante, al legitimar la ley al trabajador para reclamar responsabilidades solidarias o subsidiarias, el órgano de gobierno puede ser demandado para responder de obligaciones derivadas de la relación de trabajo, sin que haya razón alguna para que rechacen someterse a la jurisdicción de los tribunales.—Ante la falta de norma que indique cómo proceder, podría concluirse que indistintamente puede entablarse la acción ante un tribunal ordinario local o uno burocrático, pero este órgano colegiado considera que podrían producirse consecuencias que contrariarían el sentido común, tales como que una Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenara ejecución forzosa o impusiera medidas de apremio contra órganos de alta investidura, como en el caso, al Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Ya antes se señaló que no es dable dividir la continencia de la causa (entablar simultáneas demandas, con la misma causa de pedir, ante diferentes tribunales) por el riesgo de resoluciones incompatibles o, incluso, por la naturaleza de las obligaciones solidarias o subsidiarias.—Así pues, es de tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 172 (se transcribe en nota al pie número 2 lo siguiente: Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.) de la Ley Federal del Trabajo que dispone que a falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.—En opinión de este tribunal el conflicto debe resolverse con el principio de especialidad (lex specialis derogat legi generali); esto es, ante dos normas en apariencia indistintamente aplicables, una general y la otra especial o excepcional, debe prevalecer la segunda, ya que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación particularizada, en el caso, la regla general de competencia laboral, es que sean las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje las que conozcan de los conflictos suscitados entre las empresas ordinarias y sus empleados, pero la norma especial, establecida en el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en relación con los numerales 17, fracción XIV, 269, 270 y 274 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el artículo 149-A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, es que en el caso de los conflictos suscitados entre el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y sus trabajadores (en el particular, el trabajador no está integrado a los Poderes de la Unión, pero puede estar facultado para exigirles responsabilidad laboral, lo que atañe al fondo del asunto), sea la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la que resuelva lo conducente, norma esta última que debe prevalecer por encima de la primera, cuando se demanda a una o más empresas privadas y al referido Poder Judicial del Estado de Guanajuato.—Es así, porque de resultar alguna responsabilidad a dicho poder, debe ser sustraído del ámbito de las Juntas Locales ordinarias, en tanto que es la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la que por disposición de los numerales citados en el párrafo precedente, puede fincar condena a esa entidad superior del Estado de Guanajuato; por mayoría de razón puede hacerlo respecto de los particulares, pues es de lógica jurídica que quien puede lo más, puede lo menos.—El criterio de especialidad que aquí se sustenta tiene sustento en algunas tesis del Alto Tribunal, en cuanto a lo que ha de suceder en caso de conflicto competencial entre órganos locales y federales: es atrayente el fuero federal. A título de ejemplo son de citar las tesis de los rubros: ‘FUERO FEDERAL ATRACTIVO.’ [se citan datos de localización en nota al pie número 3]; ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DEL JUICIO CUANDO UN TRABAJADOR DE UNA DEPENDENCIA LOCAL DEMANDA EL PAGO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.’ (se citan datos de localización en nota al pie número 4)] y ‘SEGURO SOCIAL, PLURALIDAD DE DEMANDADOS SI UNO DE ELLOS ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL, FUERO FEDERAL ATRACTIVO.’ (se citan datos de localización en nota al pie número 5); que el fuero federal es especial, se infiere de la fracción XXXI (se transcribe en nota al pie número 6 lo siguiente: ‘... XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ...’) del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—No es obstáculo para esta decisión lo considerado por la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Poder Judicial y sus servidores, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para declararse incompetente, en el sentido de que el referido poder no había sido, ni era patrón de la accionante Leticia Herrera Romero; que las empresas con las que se celebraron los contratos de servicios de limpieza y de seguridad privada, lo hicieron con elementos propios, ya que declararon que contaban con recursos propios para cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social para con los trabajadores que enviara a las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; que éste no se benefició exclusiva y principalmente con el trabajo desempeñado por la actora, ya que sus patrones podían enviarla a ejecutar labores bajo su orden y vigilancia a un número variable de empresas receptoras, utilizando los elementos y recursos que tenían; que en términos de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, no bastaba con que se hubiera beneficiado de los servicios de limpieza para que existiera responsabilidad solidaria, debido a que su actividad no era proporcionada sólo al citado poder; que éste no fijó jornada de trabajo, ni salario, ni había subordinación jurídica, aunado a que podía ser enviada por su patrón a cualquier otra empresa; que para que pudiera darse la responsabilidad solidaria se necesitaba que las empresas prestadoras de servicios no contaran con elementos, ni recursos propios, lo que no aconteció en el particular, ya que sí contaban con ellos; que por tanto, al no haber sido su trabajadora, ni tener responsabilidad solidaria con las empresas que fungieron como patrones de la demandante, no era competente para conocer del asunto. Todas esas consideraciones son relativas al fondo del asunto, el cual no puede analizarse en la resolución que dirime una cuestión competencial.—No pasa inadvertido que en la jurisprudencia 2a./J. 55/2013 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que si el actor demanda tanto a un Ayuntamiento como a un organismo público descentralizado cuyos conflictos de trabajo corresponden, respectivamente, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón y a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Jalisco, para fijar la competencia del órgano al que corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada, determinando la competencia del órgano que tenga jurisdicción sobre el ente público al que se atribuyó el despido, el cual habrá de resolver el juicio en su totalidad, como se puede ver enseguida: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL CUANDO SON DEMANDADOS TANTO UN AYUNTAMIENTO COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE FIJARSE ATENDIENDO A LA ACCIÓN PRINCIPAL Y A LOS HECHOS FUNDATORIOS. Si el actor demanda tanto a un Ayuntamiento como a un organismo público descentralizado cuyos conflictos de trabajo corresponden, respectivamente, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón y a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Jalisco, para fijar la competencia del órgano al que corresponda resolver en su totalidad el juicio, debe tomarse en cuenta la naturaleza de la acción ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis de las prestaciones reclamadas y de los hechos narrados, pero prescindiendo por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, y ante la imposibilidad de dividir la continencia de la causa, si el actor intenta, como acción principal, la reinstalación o indemnización derivada de un despido atribuido sólo a uno de los entes demandados, ésta es la acción preeminente para determinar la competencia, correspondiendo al órgano cuya jurisdicción concierna al ente público al que se atribuya el despido, quien habrá de resolver el juicio en su totalidad.’ [se citan datos de localización en nota al pie número 7].—No obstante, dicho criterio es inaplicable al particular, por las siguientes razones: 1) De las consideraciones que sustentan dicha jurisprudencia se observa que si bien se hizo referencia a la legislación local, para determinar la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en lo referente a la regulación de las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados federales o locales con sus trabajadores, la Segunda Sala se remitió a lo establecido en la jurisprudencia del rubro: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se citan datos de localización en nota al pie número 8), es decir, la competencia de dichos organismos se determinó jurisprudencialmente, no en alguna ley, como en el caso, que la competencia es fijada expresamente tanto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, así como por la Ley Federal del Trabajo. Enseguida se insertan las consideraciones de la tesis cuyo rubro se transcribió: ‘... De lo anterior se colige que el punto de contradicción radica en determinar el parámetro a seguir para definir el órgano que habrá de conocer del juicio donde figuren como partes demandadas tanto un organismo público descentralizado como un Ayuntamiento municipal, ambos del Estado de Jalisco, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por distintas disposiciones legales, bajo la jurisdicción, en un caso, de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje y, en otro, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la citada entidad.—SEXTO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes: En principio, esta Segunda Sala debe puntualizar el marco normativo bajo el cual se rigen las relaciones obrero patronales tanto de un organismo público descentralizado estatal como de un Ayuntamiento municipal, en el Estado de Jalisco, y de la autoridad que debe dirimir los conflictos que se susciten.—En torno a la relación laboral entre los Municipios del Estado de Jalisco y sus servidores, el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco dispone que se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria de ambos con sus servidores; dicha disposición es del tenor siguiente: ... Por otra parte, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, específicamente en el artículo 1o., establece quiénes son sujetos a esta ley y, a la letra, señala: ... Se robustece lo anterior con el artículo 112 de la ley en cita, que establece lo siguiente: ... De las transcripciones precedentes puede observarse que, conforme a dicha legislación, corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria de ambos con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo, y se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.—Sin embargo, en cuanto hace a la regulación de las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados federales o locales con sus trabajadores, esta Segunda Sala determinó, bajo el criterio jurisprudencial que a continuación se invoca, que debe regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal del Trabajo, y que la competencia para resolver sus conflictos corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con independencia de lo que establezca cada Constitución Local de las entidades federativas y sus ordenamientos secundarios, o los decretos de creación de dichos organismos. Dicho criterio es del tenor siguiente: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (La transcribe) (Lo resaltado es de este tribunal).—2) Además, como puede verse en las consideraciones insertas, la jurisprudencia surgió de un conflicto entre entes públicos demandados, pero en el particular se trata de empresas privadas y el Poder Judicial del Estado de Guanajuato.—En este punto es de hacer notar que, en opinión de los que resuelven, aun cuando la competencia para conocer del asunto corresponda a la Comisión Sustanciadora de los Conflictos Laborales entre el Po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29013-71096e4a/competencia-para-conocer-del-juicio-laboral-donde-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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