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Modo: Corpus Pro

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES Y OTORGA COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS, SON INCONSTITUCIONALES. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO RELATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 389/2012. · Registro digital (IUS): 24190
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 647.

AMPARO EN REVISIÓN 389/2012. 24 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES IGAREDA DIEZ DE SOLLANO Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los puntos segundo, tercero, fracción II, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, así como en términos del punto primero del Acuerdo General Número 2/2012, ambos del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, derivada de un juicio de amparo en el que se señaló como acto reclamado el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, específicamente los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o., 132, primero y décimo primero transitorios, y si bien subsiste el problema de constitucionalidad planteado, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, en virtud de que existen criterios que orientan el sentido de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. La sentencia recurrida fue notificada mediante oficio ********** el once de mayo de dos mil doce al **********, tercero perjudicado en el juicio de amparo ********** (fojas ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta y ocho del cuaderno de amparo). Ahora, el plazo para la interposición del recurso inició el día martes quince de mayo y concluyó el lunes veintiocho del mismo mes de dos mil doce, descontándose del cómputo los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete por ser sábados y domingos, respectivamente, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el escrito mediante el cual el tercero perjudicado hizo valer el recurso de revisión fue presentado el veinticuatro de mayo de dos mil doce, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

Además, el mencionado recurso fue interpuesto por persona legitimada para hacerlo, ya que lo suscriben **********, como apoderados legales del **********, tercero perjudicado, personalidad que le fue reconocida por el Juez de Distrito del conocimiento mediante auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce.

TERCERO. Precisiones en torno a los actos reclamados e incongruencias en la sentencia recurrida. Previo al estudio de los agravios formulados por el recurrente, procede de oficio corregir la incongruencia que se desprende del considerando séptimo que sirve de sustento a la determinación contenida en el punto resolutivo segundo de la resolución de primera instancia.

De la sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito precisó los actos reclamados en el considerando segundo como sigue:

• La expedición, sanción, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 132, así como los transitorios primero y décimo primero del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, atribuidos en sus respectivas esferas competenciales al Congreso, al gobernador constitucional y al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Aguascalientes.

• El acuerdo de incompetencia para conocer del juicio laboral ********** formado con motivo de la demanda interpuesta por la hoy quejosa, así como su remisión al Tribunal de Arbitraje del Estado; actos atribuidos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes.

• El acuerdo de veinte de diciembre de dos mil once, dictado en el expediente ********** por medio del cual el Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes aceptó la competencia para conocer de la demanda laboral promovida por la hoy quejosa en contra del instituto de salud de dicha entidad federativa.

En el considerando tercero, el Juez señaló que, al rendir su informe justificado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, consistente en la emisión del auto de incompetencia para conocer del juicio laboral y, dado que la quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, sobreseyó en el juicio respecto de dicho acto y autoridad; en tanto que, en el considerando cuarto, tuvo como ciertos los actos reclamados a las restantes autoridades señaladas como responsables.

En el considerando quinto, el Juez de Distrito procedió al estudio de la causa de improcedencia planteada por el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo en suplencia del gobernador y por la subsecretaria de Gobierno en suplencia del secretario de Gobierno, ambos del Estado de Aguascalientes, en cuanto manifestaron que se actualiza la prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no existe una afectación al interés jurídico de la quejosa.

Al respecto, consideró el juzgador que no se actualiza dicha causal, porque -a su juicio- las disposiciones reclamadas sientan las bases para dar competencia al tribunal responsable para conocer de las relaciones de trabajo entre el Estado de Aguascalientes, sus Municipios, así como sus organismos descentralizados y sus trabajadores, de manera que si dicho tribunal se avocó al conocimiento del juicio laboral cuya competencia le fue declinada por la Junta Especial responsable, los preceptos reclamados sí inciden en la esfera de derechos de la quejosa, ya que sirven de sustento jurídico al acuerdo de veinte de diciembre de dos mil once en el que aceptó la competencia planteada por la declinante.

Posteriormente, una vez que en el considerando sexto señaló que los conceptos de violación son aquellos visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, en el considerando séptimo el Juez Federal procedió a su estudio y los declaró sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo a la quejosa, en contra de los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o. y 132, así como de los transitorios primero y décimo primero del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados; amparo que hizo extensivo a los actos de aplicación, para el efecto de que la Junta Especial y el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de Aguascalientes, los dejen insubsistentes y se pronuncien nuevamente en el sentido de que no le es aplicable a las partes del juicio el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, en razón de que la parte demandada es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, en los términos descritos en el fallo constitucional.

De todo lo anterior se observa que el Juez Federal tuvo como acto reclamado -entre otros-, el artículo 132 del estatuto jurídico reclamado y concedió el amparo en su contra, pero sin hacer precisión alguna en cuanto a la porción normativa específica respecto de la cual tendría cobertura la protección constitucional.

En esa medida, en virtud de la corrección de incongruencia que se estima procedente efectuar de oficio, deberá entenderse que el amparo se concedió -entre otros actos- en contra del artículo 132, fracción I, del referido estatuto jurídico.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 133/99 sustentada por el Tribunal Pleno, que señala:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 133/99, página 36, registro IUS 192836)

Para clarificar lo anterior, resulta pertinente destacar que el punto resolutivo segundo de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es del tenor literal siguiente:

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama a las autoridades responsables, precisados en el último considerando de esta resolución."

Como se ve, el punto resolutivo segundo concede el amparo contra los actos y autoridades responsables precisados en el último considerando de la sentencia; esto es, de acuerdo a lo que en el considerando séptimo se expuso, el cual, en la parte conducente, señala:

"En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce pleno de sus garantías individuales vulneradas, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto al proceso de creación de la ley que le dio vida al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de abril de mil novecientos noventa y cinco, específicamente los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o., 132 y (sic) artículos primero y décimo primero transitorios de ese ordenamiento legal, que en sus respectivos ámbitos de competencia les son reclamados a los órganos de creación de la ley del Estado de Aguascalientes. En la inteligencia que el efecto del amparo concedido se hace extensivo a los actos de aplicación respectivos, al no combatirse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar a la inconstitucionalidad (sic) de las disposiciones legales impugnadas. Cierto, la concesión del amparo se hace extensiva a los actos de aplicación de esa normatividad, la cual se materializó en el acuerdo dictado en la audiencia de fecha nueve de noviembre de dos mil once, dentro de los autos del juicio laboral número **********, en el cual la Junta responsable determinó declararse incompetente para conocer del juicio laboral y ordenó al mismo tiempo, remitir los autos al Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados (fojas 91 y 92), así como en el diverso acuerdo de veinte de diciembre de dos mil once, dentro de los autos del expediente número **********, en el cual el Tribunal de Arbitraje del Estado aceptó la competencia que le declinó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad (foja 99). Por lo que, los efectos del amparo que sobre el particular se otorgan consisten en que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado, dejen insubsistentes los referidos acuerdos que emitieron en el proveído y pronunciarse nuevamente en el sentido de que no le es aplicable a las partes del juicio el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, por razón de que la parte demandada es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, en los términos descritos en esta sentencia."

Al respecto, debe decirse que en la demanda de amparo, en principio, la quejosa señaló como actos reclamados, entre otros, el artículo 132 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, y su aplicación en los acuerdos reclamados.

Sin embargo, para que la sentencia dictada por el juzgador hubiese sido congruente y precisa, era necesario que a partir de la lectura integral de la demanda de garantías, principalmente del capítulo de conceptos de violación, advirtiera que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad, entre otros, del artículo 132, pero exclusivamente su fracción I (la cual se refiere a los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores y los organismos descentralizados).

En efecto, el artículo 132 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, dispone lo siguiente:

"Artículo 132. El Tribunal de Arbitraje será competente para:

"I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre cualquiera de los Poderes del Estado, Municipios u organismos descentralizados y sus trabajadores;

"II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre cualquiera de los Poderes del Estado, Municipios u organismos descentralizados y las organizaciones de trabajadores a su servicio;

"III. Conceder el registro de los sindicatos que se lo soliciten, o en su caso, de la cancelación del mismo;

"IV. Conocer de los conflictos intersindicales;

"V. Efectuar el registro de las normas generales de trabajo, reglamentos de escalafón, de las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento y de seguridad e higiene, de los estatutos de los sindicatos y de las demás a que se refiere el presente ordenamiento;

"VI. Emitir las consultas que en materia laboral se pongan a su consideración; y

"VII. Las demás que les confieran las leyes aplicables."

De la lectura del citado artículo reclamado, así como de los conceptos de violación se desprende que, en efecto, el propósito de la quejosa fue impugnar solamente la fracción I del artículo 132 del estatuto jurídico referido, destacando que sólo esa porción normativa le fue aplicada, sin que obste que en el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil once dictado en el expediente ********** por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, también se hubiese transcrito la fracción II del citado dispositivo, ya que tanto ésta como las demás fracciones del aludido artículo 132 regulan otros aspectos que, por tanto, no tuvo intención de impugnar por no incidir en su esfera jurídica.

En virtud de lo anterior, esta Segunda Sala advierte que la incongruencia señalada debe ser corregida, de oficio, por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la concesión del amparo decretada en el punto resolutivo segundo que se rige por el considerando séptimo de la sentencia recurrida se entienda referida a los diversos dispositivos del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, respecto de los cuales se hizo pronunciamiento, pero, en el caso del artículo 132, solamente a su fracción I (concesión que se hizo extensiva a los actos de aplicación, para los efectos precisados en la sentencia recurrida).

CUARTO. Improcedencia de oficio respecto de algunos preceptos reclamados. Una vez efectuadas las precisiones y correcciones en la sentencia recurrida en términos del considerando que antecede, debe ahora analizarse un aspecto vinculado con la procedencia del asunto.

Si bien el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional a través del cual los gobernados pueden defender sus derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano -conforme a las recientes reformas constitucionales-, contra disposiciones de observancia general, actos u omisiones de autoridad, también lo es que como todo procedimiento de índole jurisdiccional existen presupuestos procesales que deben cumplirse para que el ejercicio de la acción sea procedente y, con ello, se logren los fines esenciales del amparo, esto es, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado.

En ese sentido, conforme a diversos precedentes sustentados por este Alto Tribunal y la técnica procesal que rige el juicio de amparo, el estudio de las causas de improcedencia constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del procedimiento. Ello es así, porque si bien es cierto que existe la obligación por parte de los Jueces Federales de atender a la demanda de amparo en su integridad y de resolver conforme a la cuestión efectivamente planteada ponderando la totalidad de las pretensiones del quejoso y los derechos fundamentales que se estiman violados, también lo es, que tienen el deber de decretar el sobreseimiento, si en algún momento advierten que la acción constitucional resulta improcedente por actualizarse alguno de los supuestos que de manera enunciativa, mas no limitativa, establece el artículo 73 de la Ley de Amparo.

Al respecto, debe tenerse en consideración la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que señala:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, noviembre de 1999, jurisprudencia P./J. 122/99, página 28, registro IUS 192902)

Del criterio previamente transcrito, deriva que en materia de procedencia del juicio de garantías, no opera la firmeza del fallo recurrido si el tribunal revisor advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, debe emprender su estudio de oficio, en tanto que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Así, la procedencia puede examinarse bajo diversas perspectivas que no sólo involucran a los supuestos legales apreciados por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esos supuestos, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, de manera que, se insiste, el pronunciamiento de primera instancia no puede tenerse firme, lo que permite al tribunal revisor emprender el estudio respectivo.

De acuerdo con ese marco referencial, esta Segunda Sala advierte de oficio que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., 6o., 7o., primero y décimo primero transitorios del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, debido a que la quejosa carece de interés jurídico para impugnarlos en la presente vía.

Los preceptos estatutarios a que se hizo referencia, disponen:

"Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, los trabajadores se dividirán en cuatro grupos:

"I. Trabajadores de confianza;

"II. Trabajadores de base;

"III. Trabajadores temporales; y

"IV. Trabajadores accidentales.

"Son trabajadores de confianza:

"A) En el Poder Legislativo, el secretario general del Congreso, el auditor superior del Estado, los directores de área, los jefes de departamento, los asesores y auxiliares de cualquier índole y todo el personal de la tesorería y del Órgano Superior de Fiscalización, con excepción de las secretarias;

"B) En el Poder Ejecutivo, el secretario y subsecretario generales de Gobierno; el tesorero y subtesorero generales del Estado; el secretario y subsecretario de administración; el secretario y subsecretario de Planeación y Desarrollo Estatal; el secretario y subsecretario de Obras Públicas; el procurador general de Justicia; los subprocuradores de investigaciones y procesos de la Procuraduría General de Justicia; el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Vialidad; el contralor y subcontralor general del Estado; el procurador y secretario de la Procuraduría de Protección Ciudadana; los directores y subdirectores generales; el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; los secretarios de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal de Arbitraje; el procurador y subprocurador del Trabajo; los agentes del Ministerio Público; los defensores de oficio; los inspectores del Trabajo; los agentes de la Policía Ministerial; los integrantes de los cuerpos de vigilancia de los Centros de Readaptación de Varones y de Mujeres, así como del Centro Tutelar de Menores; el representante del Ejecutivo en la Ciudad de México; los secretarios privado y particular del Gobernador; los empleados al servicio personal del Gobernador; y los asesores jurídicos y administrativos del Gobernador y del secretario general de Gobierno;

"C) En el Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; los Jueces de Primera Instancia de los Ramos Civil, Penal, Familiar y Mixtos; el secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y los secretarios de Estudio y Proyectos, secretarios de Acuerdos, los actuarios y notificadores de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil, Penal, Familiar y Mixtos;

"D) En los Municipios, los regidores, síndicos, los delegados municipales, los subdelegados, los comisarios, los jefes de Demarcación, los jefes de manzana, el director de Gobernación, los directores generales, los subdirectores generales, los coordinadores, los directores de área, los jefes de departamento, los técnicos profesionales ‘A’ y ‘B’, y los agentes de tránsito y de seguridad pública;

"E) En los organismos públicos descentralizados, los que se establezcan en la ley que los crea, en términos de lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

"Además de los anteriores, se consideran como trabajadores de confianza en los tres poderes, los Municipios y los organismos públicos descentralizados, aquellos que desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, manejo de fondos y valores, cuando implique la facultad legal de disponer de éstos, control directo de adquisiciones, cuando se tenga la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para disponer sobre adquisiciones y compras, y en general, cuantos desempeñen funciones análogas.

"Son trabajadores de base aquellos que prestan un servicio permanente y necesario para el Estado, Municipio u organismo público descentralizado, en virtud de nombramiento o por figurar en las nóminas o listas de raya.

"Son trabajadores temporales aquellos que siendo de base, únicamente prestan sus servicios en forma uniforme, por temporadas y en periodos fijos.

"Son trabajadores accidentales aquellos que no constituyen una necesidad en el servicio o no requieren de la permanencia en el trabajo y que prestan sus servicios por obra y tiempo determinado."

"Artículo 6o. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la designación que se le dé al puesto."

"Artículo 7o. Esta ley sólo regirá las relaciones entre el Estado, Municipios y organismos públicos descentralizados con sus trabajadores de base, temporales y accidentales. Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en ella y por lo tanto, no tienen derecho a la estabilidad en el empleo y únicamente gozarán de las normas protectoras del salario y del régimen de seguridad social."

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, misma que deberá ser posterior a la publicación del decreto de reformas a la Constitución Política Local, en materia judicial, expedido el 8 de marzo de 1995, por el H. Congreso del Estado."

"Artículo décimo primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto."

Como se ve, los preceptos de referencia establecen la regulación atinente a las distintas categorías de trabajadores para efectos de la ley analizada (de confianza, de base, temporales y accidentales), excluyendo de su campo de aplicación a los trabajadores de confianza (cuyo carácter depende de la naturaleza de las funciones que se r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24190-d135803e/organismos-descentralizados-al-ser-entidades-integrantes-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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