TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS DE CARÁCTER LOCAL, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 336/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia de trabajo cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló ********** quejosa en el juicio de amparo directo **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que es uno de los órganos contendientes; por tanto, tiene facultad para realizar la respectiva denuncia, de conformidad con los preceptos antes indicados.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es oportuno conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las respectivas ejecutorias.
Así, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, promovido por **********, negó el amparo solicitado, considerando en la parte que interesa, lo siguiente:
De antecedentes se advierte que los quejosos son trabajadores jubilados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -organismo público descentralizado estatal- del cual reclamaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, el pago de prima de antigüedad. El instituto demandado negó el derecho y acción, pues la relación laboral se regía por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, y su ley reglamentaria, mismas que no prevén el pago de la prestación reclamada. La Junta responsable absolvió al citado instituto, pues la carga probatoria correspondía a los trabajadores jubilados, al tratarse de una prestación extralegal.
El Tribunal Colegiado consideró que, con independencia de lo resuelto por la Junta responsable, lo cierto es que se trata de una prestación legal a la que no tienen derecho los quejosos, razón por la cual no cabe establecer su naturaleza y menos aún determinar a quién correspondía la carga de la prueba, debido a lo sustentado por esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", la cual es de observancia obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de donde se desprende que dicho criterio tuvo como finalidad definir -de modo inicial y básico- si los trabajadores de organismos descentralizados del orden federal tienen derecho o no al pago de la prima de antigüedad, por retiro voluntario (jubilación) prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
Señaló que del examen de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en comento, trasladándola al caso en estudio, se concluye que los trabajadores jubilados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -organismo público descentralizado estatal- no tienen derecho a la prima de antigüedad, ya que durante toda su vida laboral percibieron los quinquenios establecidos en el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, derivados de su antigüedad, y actualmente gozan de una pensión jubilatoria conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prestaciones que reemplazan jurídicamente a la prima de antigüedad, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia de mérito, su condena implicaría un doble pago en perjuicio del Estado.
Lo anterior se advierte de los recibos de pago, los cuales demuestran que a los trabajadores jubilados se les pagaron quinquenios, mismos que adminiculados al hecho de que reciben su pensión jubilatoria, son suficientes para establecer que perciben prestaciones equivalentes a la prima de antigüedad.
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el órgano mencionado anteriormente, al resolver -entre otros- el amparo directo laboral **********, promovido por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, negó el amparo solicitado, considerando en la parte que interesa, lo siguiente:
De los antecedentes se desprende que los terceros perjudicados son trabajadores jubilados del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato -organismo público descentralizado estatal- del cual reclamaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en ese Estado, el pago del concepto de prima de antigüedad. El Instituto demandado negó el derecho y acción, pues la relación laboral se regía por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, y su ley reglamentaria, los cuales no prevén el pago de la prestación reclamada. La Junta responsable condenó al pago de la prestación reclamada, bajo el argumento de que si bien no está reconocida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sí lo está en la Ley Federal del Trabajo, la cual rige las relaciones laborales del citado instituto a partir de su creación, por tanto procede su pago toda vez que la jubilación constituye una causa justificada de separación, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 162, fracción III, de la ley laboral.
Precisado lo anterior, el órgano jurisdiccional del conocimiento desestimó los conceptos de violación por ineficaces, debido a que si bien el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece el pago de quinquenios y los trabajadores jubilados llegaron a disfrutar de ese beneficio, cuando laboraban para la Secretaría de Salubridad y Asistencia Federal, como para el citado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, lo cierto es que el pago de quinquenios no se opone al de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, debido a que el primero deriva de un derecho adquirido con motivo de la relación jurídica generada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que fue observada por el instituto con motivo de la descentralización de los servicios de salud, así, su génesis está en la ley burocrática, como un incentivo a los quinquenios en la prestación de servicios. Mientras que la prima de antigüedad deriva de la modificación sustancial al régimen jurídico del vínculo laboral sufrido con motivo de la transferencia de las funciones en materia de prestación de servicios de salud a un organismo descentralizado de carácter local, pues antes pertenecían a la Federación, rigiéndose por el numeral 123, apartado B, de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, en tanto que actualmente se rigen por el apartado A de dicho precepto constitucional y su ley reglamentaria.
Lo cual apunta hacia la conclusión que al pasar a formar parte de un régimen laboral distinto, a los trabajadores les permitió incrementar su patrimonio jurídico a partir de su incorporación al apartado A, generándose así nuevos beneficios, además de permanecer con sus derechos adquiridos, lo cual no significa que perciban simultáneamente los derechos de ambos apartados, pues cada uno derivó de la aplicación del apartado al que en su momento pertenecían.
Por otra parte, el Tribunal Colegiado determinó que no es el caso de aplicar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", dado que de la ejecutoria de la cual derivó, se circunscribió a determinar si los trabajadores de organismos descentralizados del Gobierno Federal, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tienen derecho al pago de prima de antigüedad, no así sobre el caso de trabajadores que dejaron de pertenecer al régimen burocrático y continuaron al servicio personal subordinado bajo el amparo del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal.
Finalmente, el órgano jurisdiccional resolvió que la separación del trabajo por jubilación constituye una causa justificada de terminación, la cual se ubica en el supuesto previsto en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, pues para poder cumplir con esa hipótesis deben cubrirse una serie de requisitos legales o contractuales o de ambos, pues la separación se torna justificada, debido a que es únicamente la voluntad del trabajador la que no permite la continuación de la relación laboral, razón por la cual no es necesario que se cumpla con la exigencia de quince años de servicios, sino solamente que la separación del empleo sea justificada.
No se transcriben las consideraciones dadas en los amparos directos laborales **********, todos del índice del órgano jurisdiccional antes señalado, en virtud de que los argumentos aducidos son similares a los transcritos con anterioridad.
Además, de las ejecutorias reseñadas derivó la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/10, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Tomo XXIX, junio de dos mil nueve, página novecientos veintisiete, de rubro y texto siguientes:
"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA JUBILACIÓN ES UNA CAUSA JUSTIFICADA DE SEPARACIÓN Y DA DERECHO AL TRABAJADOR, INCLUSO, CON MENOS DE QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, PARA RECLAMAR EL PAGO DE ESTA PRESTACIÓN. De conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que, por lo menos, hayan cumplido quince años de servicios, así como aquellos que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; de ahí que, cuando el trabajador toma la decisión de ya no prestar sus servicios, en tal hipótesis, es necesario que cumpla con el requisito de contar con quince años de antigüedad, para que tenga derecho al pago de esta prestación, pero en el caso de la jubilación, la separación en el empleo se considera justificada, esto es, que el trabajador para poder estar en ese supuesto, debe cumplir con una serie de requisitos ya legales o contractuales, o de ambos, entre los que ordinariamente se encuentra el relativo a que haya cumplido cierta edad, además de determinado número de años de servicios y separarse del trabajo, razón por la que, la separación en estos casos se torna justificada y no puede analogarse a la renuncia."
QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer, teniendo en cuenta que la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:
a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puedan actualizarse en otros asuntos.
b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes; y,
c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presenten en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones las tesis del Tribunal Pleno, cuyos rubros y datos de identificación son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)." (consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXX, julio de dos mil nueve, Tesis P. XLVI/2009, página sesenta y ocho).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS." (publicada en el tomo y época del órgano de difusión oficial antes señalado, tesis P. XLVII/2009, página sesenta y siete).
Ahora, con objeto de precisar si efectivamente existe o no contradicción de tesis entre las ejecutorias sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito referidos, se procede al análisis de las consideraciones que las sustentan.
Así se tiene que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, consideró que conforme a lo sustentado por esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2006, de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", la cual es de observancia obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, si bien se desprende que tuvo como finalidad definir -de modo inicial y básico- si los trabajadores de organismos descentralizados del orden federal tienen derecho o no al pago de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, por retiro voluntario (jubilación) la misma resulta aplicable al caso en estudio, pues los trabajadores jubilados del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca -organismo público descentralizado estatal- no tienen derecho a la prima de antigüedad, ya que durante toda su vida laboral, percibieron los quinquenios establecidos en el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, derivados de su antigüedad, y actualmente gozan de una pensión jubilatoria conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prestaciones que reemplazan jurídicamente a la prima de antigüedad, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia de mérito, su condena implicaría un doble pago en perjuicio del Estado.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver -entre otros- el amparo directo laboral **********, estimó que si bien el artículo 34, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece el pago de quinquenios, y los trabajadores jubilados llegaron a disfrutar de ese beneficio, cuando laboraban para la Secretaría de Salubridad y Asistencia Federal, como para el citado Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, lo cierto es que el pago de quinquenios no se opone al de la prima de antigüedad, prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, debido a que el primero deriva de un derecho adquirido con motivo de la relación jurídica generada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que fue observada por el instituto con motivo de la descentralización de los servicios de salud; así, su génesis está en la ley burocrática, como un incentivo a los quinquenios en la prestación de servicios, en tanto que la prima de antigüedad deriva de la modificación sustancial al régimen jurídico del vínculo laboral sufrido con motivo de la transferencia de las funciones en materia de prestación de servicios de salud a un organismo descentralizado de carácter local, pues antes pertenecían a la Federación, rigiéndose por el numeral 123, apartado B, de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, en tanto que actualmente se rigen por el apartado A de dicho precepto constitucional y su ley reglamentaria. Lo cual apunta hacía la conclusión de que al pasar a formar parte de un régimen laboral distinto, se les permitió incrementar su patrimonio jurídico a partir de su incorporación al apartado A, generándose así nuevos beneficios, además de permanecer con sus derechos adquiridos, lo cual no significa que los trabajadores perciban simultáneamente los derechos de ambos apartados, pues cada uno derivó de la aplicación del apartado al que en su momento pertenecía.
En este tenor, se actualizan los supuestos mencionados y, en consecuencia, existe la contradicción de tesis que se denuncia, por tanto, el punto concreto de contradicción a dilucidarse por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los trabajadores de organismos públicos descentralizados estatales, que se retiran voluntariamente del servicio por jubilación, a los cuales se les cubrió la prima quinquenal conforme a lo establecido en el numeral 34, párrafo segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se les debe o no pagar la prima de antigüedad prevista en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.
SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer como criterio el que, con el carácter de jurisprudencia, aquí se define.
Previo al estudio del tema de fondo, se toma en consideración que los asuntos tienen antecedentes comunes, los cuales de manera breve se citan.
Así se tiene que los actores en los procedimientos de trabajo radicados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, son -respectivamente- trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, que se jubilaron al amparo de la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cubrir los requisitos de edad y antigüedad en el cargo -como se desprende de la confesión hecha en el capítulo de hechos de las demandas que presentaron- los cuales demandaron de los citados organismos públicos descentralizados estatales, el pago de la prima de antigüedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Los institutos demandados negaron derecho y acción, pues la relación laboral se regía por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, y su ley reglamentaria, mismas que no prevén el pago de la prestación reclamada.
Una vez precisado lo anterior, como punto de partida, es necesario tener presente que tanto el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, surgieron como organismos públicos descentralizados de dichas entidades federativas, con motivo de los Decretos Dos y Cuarenta y Ocho, respectivamente, de fechas veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y dos y de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicados en los Periódicos Oficiales de dichas entidades, en cumplimiento a los convenios celebrados entre los Ejecutivos Federal y Estatales de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos y veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis, con motivo de la descentralización de los servicios de educación básica y salud, respectivamente.
En la parte que interesa de esos instrumentos jurídicos, se advierte lo siguiente:
Por lo que hace al Estado de Oaxaca:
"Decreto Número Dos
"...
"Decreto que crea el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
"Artículo 1. Se crea un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios que se denominará: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
"Artículo 2. En cumplimiento del convenio celebrado el día 18 de mayo de 1992 entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, recibirá todos los derechos, obligaciones, bienes materiales, programas, planteles, recursos humanos y patrimoniales que se transfieren por el mencionado convenio.
"Artículo 3. El instituto asumirá las obligaciones y los derechos que le correspondan como patrón sustituto.
"...
"Transitorios
"...
"Segundo. Los recursos humanos iniciales del instituto, son los transferidos por la Secretaría de Educación Pública de acuerdo al convenio de fecha 18 de mayo de 1992.
"Tercero. El Instituto Estatal de Ecuación (sic) Pública de Oaxaca, sustituye al titular de la Secretaría de Educación en las relaciones jurídicas existentes y con los trabajadores adscritos a los planteles y demás unidades administrativas que se incorporan al sistema educativo del Estado.
"El instituto reconoce y respetará íntegramente todos los derechos laborales incluyendo los de organización colectiva de los trabajadores mencionados.
"Cuarto. El instituto realizará las acciones necesarias para que los trabajadores que prestan sus servicios en los planteles y todas las unidades administrativas que puedan crearse, mantengan sin interrupción alguna las prestaciones de seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, incluyendo los beneficios del fondo de vivienda del propio instituto.
"Quinto. Las prestaciones de seguridad social continuarán rigiéndose por los ordenamientos legales aplicables en la fecha del convenio celebrado por el Gobierno del Estado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea el 18 de mayo de 1992."
En lo referente a la entidad federativa de Guanajuato.
"Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Guanajuato, para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad.
"Antecedentes
"...
"Cláusulas
"Capítulo I
"Disposiciones generales
"...
"Tercera.
"...
"En la ley o decreto de creación, deberá expresarse la obligación del organismo descentralizado de aplicar y respetar las condiciones generales de trabajo de la SSA y sus reformas futuras, así como los reglamentos de escalafón y capacitación; para controlar y estimular al personal de base de la SSA por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo; para evaluar y estimular al personal de la SSA por su productividad en el trabajo, y el de becas, así como el reglamento y manual de seguridad e higiene, elaborados conforme a la normatividad federal aplicable en sus relaciones laborales con los trabajadores provenientes de la SSA, para que procedan a su registro ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior, con el propósito de que se apliquen en las controversias que se diriman por la autoridad jurisdiccional.
"...
"Capítulo V
"De los derechos de los trabajadores de la SSA que se incorporan al sistema estatal
"Décimo sexta. En el proceso de descentralización de los servicios de salud deberán garantizarse los derechos adquiridos por los trabajadores, tales como inamovilidad, catálogo de puestos, escalafón, permutas y otros de índole muy diversa, consagrados en el apartado B del artículo 123 y su ley reglamentaria, y en las condiciones generales de trabajo de la SSA y en sus reformas futuras, comprendiendo las prestaciones genéricas y específicas, así como los mecanismos vigentes de actualización salarial y los acuerdos y convenios celebrados sobre el particular con el SNTSSA, conforme a la legislación federal.
"Décimo séptima. El organismo descentralizado a que se refiere la cláusula tercera tendrá el carácter de titular en la nueva relación de trabajo.
"Décimo octava. Se garantizará a los trabajadores el respeto de todos sus derechos, prerrogativas, beneficios y prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo, reglamentos y de los actuales acuerdos y prestaciones económicas y los que en el futuro se establezcan en los términos de la legislación federal vigente.
"...
"Vigésima segunda. El régimen de seguridad social de los trabajadores no variará con motivo del proceso de descentralización y para garantizarlo, se suscribirá el convenio respectivo entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Gobierno Estatal por conducto del organismo descentralizado y la representación del SNTSSA, con fundamento en la fracción III del artículo 1o. de la Ley del ISSSTE. Para este propósito, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, proporcionará con toda oportunidad al Gobierno del Estado los recursos que se deberán aportar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"Vigésima tercera. Para el proceso de jubilaciones con reconocimiento de antigüedad con el ISSSTE, a través de convenio específico, se integrará una comisión mixta -Secretaría de Salud y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud- encargada de identificar y validar los casos por resolver, a fin de que se programe por las autoridades competentes, la solución definitiva de las solicitudes procedentes del gran total en tres etapas: La primera, a partir del primero de septiembre de 1996, para resolver el 50% de los casos procedentes del referido gran total; la segunda etapa, durante 1997, abarcará el 50% de los casos restantes y, la tercera etapa, durante los primeros meses de 1998, comprenderá el 50% remanente."
"Decreto gubernativo No. 48
"Artículo 1o. Se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros, sectorizado a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuya denominación será: Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, o por sus siglas, ‘ISAPEG’, con domicilio en el Estado de Guanajuato.
"...
"Artículo 17. El instituto garantizará a los trabajadores los derechos señalados en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en las condiciones generales de trabajo de la SSA y en sus reformas futuras, comprendiendo las prestaciones genéricas y específicas y, los que en lo subsecuente se establezcan, en los términos de la legislación federal vigente.
"Artículo 18. El instituto como nuevo titular de la relación laboral de los trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado, aplicará y respetará las condiciones generales de trabajo de la SSA y sus reformas futuras, así como los reglamentos de escalafón y capacitación; para controlar y estimular al personal de base de la SSA por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo; para evaluar y estimular al personal de la SSA por su productividad en el trabajo y el de becas, así como el reglamento y manual de seguridad e higiene, elaborados conforme a la normatividad federal aplicable en sus relaciones laborales con los trabajadores provenientes de la SSA, para que procedan a su registro ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. Lo anterior, con el propósito de que se aplique en las controversias que se rediman por la autoridad competente.
"...
"Transitorios
"...
"Cuarto. El instituto respetará los tabuladores salariales que cubren íntegramente las actuales jornadas laborales establecidas para el personal del área médica y administrativa a fin de garantizar una eficiente prestación de los servicios, así como los procedimientos de actualización salarial, convenidos en la cláusula décimo sexta del acuerdo del coordinación.
"Los salarios y prestaciones vigentes en los tabuladores correspondientes a cada categoría
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22047-da83556a/trabajadores-jubilados-de-organismos-publicos-descentralizados-estatales-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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