PARCELAS EJIDALES. NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SI EL EJIDATARIO, TITULAR DE DERECHOS RESPECTO DE VARIAS DE ELLAS, TRANSMITE LOS RELATIVOS A UNA. SUCESIONES AGRARIAS. EL CÚMULO DE DERECHOS AGRARIOS DE LOS CUALES FUE TITULAR EN VIDA EL EJIDATARIO TESTADOR SÓLO PUEDE HEREDARLO UN INDIVIDUO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 383/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, AHORA CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa de la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(1) puesto que fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, órgano que emitió varios de los criterios en probable contienda.
TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
1. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
a. Amparo directo 188/2006
**********, titular de derechos agrarios respecto de dos parcelas ejidales en el ejido Cerro Gordo, Municipio de Salamanca, Guanajuato, celebró dos contratos de donación a título gratuito: mediante el primero de ellos, cedió a su hermano ********** los derechos relativos a la parcela número ********** de la mencionada población; mientras que en el segundo cedió los derechos correspondientes a una fracción de la parcela ********** a su otro hermano **********.
Posteriormente, ********** demandó, ante el Tribunal Unitario Agrario, la nulidad de los contratos de donación mencionados en el párrafo antecedente, aduciendo que celebró esos actos jurídicos por ignorancia, sin saber que eran violatorios del principio de indivisibilidad de la parcela. Conoció del juicio el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, el cual dictó sentencia el dieciocho de octubre de dos mil cinco, donde resolvió declarar la nulidad de los contratos reclamados, por considerar que mediante éstos se fraccionó ilegalmente la unidad de dotación del ejidatario **********. Asimismo, ordenó a los demandados, ********** y **********, que desocuparan y entregaran a la parte actora las parcelas objeto del contrato de donación.
En contra de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, los demandados en el juicio agrario promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. Ese órgano colegiado emitió su fallo el doce de mayo de dos mil seis, donde declaró infundados los conceptos de violación planteados. En la parte que interesa de esa sentencia, se resolvió que los contratos violaban el principio de indivisibilidad de la parcela, al tenor de las siguientes consideraciones:
"Ciertamente es correcto lo razonado por la autoridad responsable, respecto a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 46/2001,(2) consultable en la página 400, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto posteriormente se citarán, estableció categóricamente que de acuerdo con el régimen que precisa la Ley Agraria vigente está prohibido el fraccionamiento de parcelas.
"...
"Además, cabe señalar que conforme con la tesis citada, no sólo no pueden dividirse las parcelas, sino tampoco los derechos ejidales pertenecientes a una persona, cuestión que se advierte de la interpretación que se hace en dicha jurisprudencia del artículo 18 de la Ley Agraria,(3) que a la letra dice:
"...
"En la primera parte de ese artículo inmediatamente se distingue la mención de que con motivo de la muerte del ejidatario se transmiten todos los derechos que le correspondían como integrante del centro de población, pues expresamente así se determina y para constatarlo basta con observar que la norma no hace alguna distinción relativa a que la sucesión sólo versa sobre las tierras parceladas que le hayan sido asignadas individualmente al ejidatario fallecido o con relación a la posibilidad de participar en las asambleas que realicen o sobre el derecho a usar las tierras de uso común o de gozar de todos los bienes que en comunidad le pertenecen al centro de población, por lo que se entiende que el sucesor adquirirá la titularidad de todos esos derechos.
"Además, del propio contenido de la norma se aprecia que la sucesión de todos estos derechos debe necesariamente corresponder a una sola persona, pues en cada una de las fracciones expresamente se indica que el heredero puede ser el consorte supérstite, la concubina o el concubino, uno de los hijos del autor de la sucesión, uno de los ascendientes o cualquier persona que dependa económicamente de él y esas expresiones evidentemente aluden a alguien en forma singular, lo que implica que con motivo de la sucesión, los posibles herederos no pueden repartirse los derechos ejidales que le correspondan al de cujus, porque todos ellos deben asignarse a una sola persona y este aspecto se conforma con el contenido del último párrafo del artículo que se analiza, en el que se indica que en caso de que existan dos o más sujetos con facultades para heredar los derechos ejidales, gozarán de un plazo de tres meses para decidir quién, de entre ellos, conservará esos derechos y que en caso de que no exista ese acuerdo, entonces el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos para repartir el producto de la enajenación en partes iguales.
"Así, se confirma que la totalidad de los derechos ejidales correspondientes a un ejidatario, no puede dividirse entre dos o más personas.
"Con relación a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis aludida, identificó claramente la ratio legis que inspira el citado artículo 18 de la Ley Agraria, pues señaló que el contenido del artículo 27, fracción VII, párrafo quinto, constitucional, así como del artículo 47 de la ley secundaria mencionada, permite considerar que el derecho positivo, en materia agraria, acogió de manera limitada la fusión de parcelas (a lo que llama compactación), pero no aceptó su división, seguramente por subsistir la necesidad de salvaguardar el principio de que la parcela debe ser la unidad económica suficiente para dar sustento a la familia campesina.
"En esa misma resolución, como se tiene dicho, se destacó que la Ley Agraria en vigor proscribe el minifundio, porque de la exposición de motivos de la reforma del artículo 27 constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se señala como un defecto que se pretende remediar, la pulverización de las unidades agrarias existentes, proponiéndose revertir la tendencia al minifundio para propiciar que las ‘unidades’ y la pequeña propiedad puedan sustentar plenamente a sus poseedores.
"Es veraz que en esa ejecutoria se hizo referencia a tierras que habían sido parceladas individualmente y por eso se indica que la unidad de dotación no puede dividirse con motivo de cualquier acto jurídico, pero ocurra la particularidad de que, se insiste, ese principio de indivisibilidad esencialmente se sustentó en la interpretación que merece el artículo 18 de la Ley Agraria que, como se dijo, hace referencia a la totalidad de los derechos ejidales, por lo que es dable concluir que no sólo está proscrito dividir las unidades de dotación, sino también dividirse la totalidad de los derechos ejidales pertenecientes a un ejidatario, porque precisamente el conjunto de esos derechos está destinado a la subsistencia económica de la familia campesina.
"Entonces, es patente que la Ley Agraria establece como norma prohibitiva que se transmitan los derechos ejidales para su división y por eso cualquier acto que se realice y que tenga esa consecuencia será nulo absolutamente, como lo precisa el artículo 2225 del supletorio Código Civil Federal y precisamente una de las características de los actos absolutamente nulos, es que a pesar de que materialmente producen efectos, su validez no puede convalidarse por prescripción como lo señala el artículo 2226 de la ley civil indicada.
"Por tanto, es inconcuso que no pueden subsistir los contratos de cesión gratuita de derechos celebrados entre los contendientes, porque eso representaría consentir la división de los derechos ejidales, lo cual contraviene el mencionado principio."
Con base en estos razonamientos, se negó el amparo solicitado por ********** y **********.
b. Amparo directo 538/2008
En este asunto, una ejidataria de nombre **********, era titular de derechos ejidales correspondientes a cuatro parcelas del ejido San Cristóbal-Plan Libertad, en el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato (identificadas con los números **********, **********, ********** y **********).
Al fallecer la ejidataria, ésta no dejó lista sucesoria, por lo que ********** promovió un juicio sucesorio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, donde solicitó que se adjudicara la totalidad de los derechos agrarios a su favor, por ser el hijo mayor de la de cujus.
Mediante resolución emitida el once de junio de dos mil ocho, el Magistrado del Tribunal Unitario determinó reconocer como herederos de los derechos agrarios que en vida correspondieron a la extinta ejidataria a sus cinco hijos: **********, **********, **********, ********** y **********. Asimismo, les otorgó un plazo de tres meses para que acordaran quién de entre ellos conservaría los derechos agrarios, apercibiéndolos que, de no llegar a un acuerdo, el tribunal procedería a vender los mencionados derechos y a repartir el producto entre los herederos reconocidos.
La parte actora en el juicio agrario, es decir, **********, promovió juicio de amparo directo para combatir la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario. Entre otras cuestiones, en sus conceptos de violación sostuvo que en la sentencia reclamada no se delimitó correctamente la extensión de las parcelas cuyos derechos correspondían a la finada ejidataria.
El veintidós de mayo de dos mil nueve el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al cual correspondió conocer del asunto, dictó sentencia, en cuya parte relevante se afirmó:
"En otro aspecto, es infundada la inconformidad del demandante de amparo, cuando considera que el Tribunal Unitario Agrario realizó una reducción del caudal hereditario en cuanto a la extensión y número de las fracciones parcelarias y que la valoración de la prueba testimonial no se ajustó a lo dispuesto en diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles ...
"Se dice que es infundado lo anterior, habida cuenta que la responsable sostuvo que procedía declarar coherederos a **********; ********** **********, ********** y **********, de apellidos **********, de los derechos pertenecientes a la sucesión legítima de **********, por ser un hecho no controvertido la filiación entre la extinta con sus señalados hijos ...
"Por ello, se declaró a los cinco hijos herederos de la sucesión de los derechos agrarios y ante la pluralidad de herederos y el principio de indivisibilidad parcelaria, se les otorgó el término de tres meses para ponerse de acuerdo, quién [sic] de entre ellos debía suceder los derechos agrarios y en caso de no lograr consenso, el tribunal proveerá la venta pública de la unidad de dotación y repartirá el producto de esa venta en partes iguales entre los herederos, los cuales tendrán derecho de preferencia respecto de terceros durante la subasta.
"Tal declaración se apoya en lo dispuesto por el artículo 18, fracción III, en relación con el último párrafo de la Ley Agraria, que a la letra dice:
"...
"Por lo que, en el caso, debe suceder en los derechos hereditarios sólo uno de los hijos de la finada ejidataria, conforme a la fracción III del referido precepto, ante la falta del cónyuge y concubino, atento al principio de indivisibilidad de la parcela.
"En este sentido, se cita la jurisprudencia 2a./J. 46/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400 del Tomo XIV, octubre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR. ...’
"En cuanto al número y extensión de las fracciones parcelarias a que se circunscribe el fallo, que son las **********, **********, ********** y ********** del ejido denominado ‘San Cristóbal-Plan Libertad’, como integrantes de la unidad de dotación materia de la sucesión de la extinta **********, tal declaración se apoya en las pruebas que se exhibieron en el juicio, concretamente las documentales donde consta la relación de parcelas asignadas en la asamblea de delimitación de destino y asignación de tierras ejidales efectuada el ********** ... las que se valoraron a verdad sabida y en conciencia, por lo que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se considera ajustada a derecho en ese aspecto, al tener sustento en las pruebas presentadas, sobre las fracciones que conforman la unidad de dotación materia de la sucesión, y en igual número que las señaladas por el actor en su escrito de demanda, sin que existan en autos otras que contradigan esa asignación y dado que tal valoración se realizó a verdad sabida y en conciencia, lo cual se ajusta a lo previsto en el artículo 189 de la Ley Agraria."
En atención a estas consideraciones, no se concedió al quejoso la protección constitucional solicitada.
c. Amparo directo 517/2008
********** promovió un juicio agrario donde su pretensión principal era que ********** le devolviera la posesión de una porción de la parcela **********, del ejido San Cristóbal, en el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Por su parte, la demandada adujo que las tierras cuya restitución fue demandada las obtuvo porque el padre de ambos, **********, se las había cedido mediante un contrato de cesión de derechos otorgado en mil novecientos noventa y dos ante notario público. A su vez, ********** promovió una demanda reconvencional donde solicitó que se anulara la asignación de las parcelas **********, ********** y ********** que se hizo en favor de ********** (como heredero del ejidatario fallecido **********), y que se cancelaran los certificados parcelarios expedidos a su favor.
El seis de julio de dos mil seis el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Circuito dictó sentencia en la cual se resolvió que el actor en lo principal no había probado los hechos constitutivos de su acción, por lo que se absolvió a la demandada. Aunado a ello, se dijo que esta última había probado su acción reconvencional, por lo que se reconoció la validez del contrato de cesión de derechos agrarios celebrado, por una parte, por el ejidatario de cujus, ********** y, por la otra, **********. De igual forma, se declaró la nulidad de la transmisión de derechos agrarios por sucesión aprobada por el Registro Agrario Nacional en favor de **********, respecto de las parcelas **********, ********** y ********** del ejido San Cristóbal, en el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. El tribunal adoptó este criterio al considerar que era válido el contrato de cesión de derechos agrarios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Agraria, por lo que estimó que el ejidatario había dispuesto de sus derechos agrarios antes de fallecer, por lo que no era posible jurídicamente que éstos se hubieran transmitido por lista sucesoria.
En contra de esta resolución, ********** promovió juicio de amparo directo. En la parte que interesa de la sentencia de garantías se declararon fundados los conceptos de violación planteados por el quejoso de la siguiente forma:
"En ese tenor, en otra parte de sus conceptos de violación, el quejoso argumenta que la sentencia reclamada es violatoria de sus garantías individuales por cuanto se declaran procedentes las prestaciones de la actora en reconvención al declarar válido el contrato de cesión de derechos agrarios realizado en la escritura pública ... el cual es ilegal pues divide la unidad individual de **********, en tanto que la misma se compone de nueve fracciones y conforme a las constancias de autos resulta que la unidad de dotación lo [sic] componen las parcelas **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** ********** y **********, y en el caso la cesión de derechos que ampara aquella escritura únicamente abarca la superficie 3-00-00 hectáreas de labor y 17-00-00 de agostadero, que pudiera ser la parcela ********** y no del resto de tierras que se tienen en posesión, por lo que se divide la unidad de dotación individual.
"...
"Los argumentos son fundados.
"El principio de indivisibilidad de la parcela ha sido materia de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así la Segunda Sala, en la jurisprudencia 46/2001, que aparece publicada en la página 400 del Tomo XIV, octubre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó lo siguiente: ‘PARCELA EJIDAL. ES INDIVISIBLE BAJO EL RÉGIMEN AGRARIO EN VIGOR. ...’(4)
"De igual forma, la citada autoridad en la tesis LXXXVI/2005, publicada en la página 364 del Tomo XXII, agosto de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, señala: ‘PARCELA EJIDAL. EL PRINCIPIO DE SU INDIVISIBILIDAD SE REFIERE A LA UNIDAD PARCELARIA Y NO A LA EXTENSIÓN TOTAL DE TIERRAS ASIGNADAS A UN EJIDATARIO. ...’(5)
"...
"Además, cabe señalar que conforme a los criterios invocados, no sólo no pueden dividirse las parcelas, sino tampoco los derechos ejidales pertenecientes a una persona, cuestión que se advierte de la interpretación que se hace en la jurisprudencia invocada del artículo 18 de la Ley Agraria, que a la letra dice:
"...
"En la primera parte de ese artículo inmediatamente se distingue la mención de que con motivo de la muerte del ejidatario se transmiten todos los derechos que le correspondían como integrante del centro de población, pues expresamente así se determina y para constatarlo basta con observar que la norma no hace alguna distinción relativa a que la sucesión sólo versa sobre las tierras parceladas que le hayan sido asignadas individualmente al ejidatario fallecido o con relación a la posibilidad de participar en las asambleas que realicen o sobre el derecho a usar las tierras de uso común o de gozar de todos lo bienes que en la comunidad le pertenecen al centro de población, por lo que se entiende que el sucesor adquirirá la titularidad de todos esos derechos.
"Además, del propio contenido de la norma se aprecia que la sucesión de todos estos derechos debe necesariamente corresponder a una sola persona, pues en cada una de las fracciones expresamente se indica que el heredero puede ser el consorte supérstite, la concubina o el concubino, uno de los hijos del autor de la sucesión, uno de los ascendientes o cualquier persona que dependa económicamente de él y esas expresiones evidentemente aluden a alguien en forma singular, lo que implica que con motivo de la sucesión, los posibles herederos no pueden repartirse los derechos ejidales que le correspondan al de cujus, porque todos ellos deben asignarse a una sola persona y este aspecto se confirma con el contenido del último párrafo del artículo que se analiza, en el que se indica que en caso de que existan dos o más sujetos con facultades para heredar los derechos ejidales, gozarán de un plazo de tres meses para decidir quién, de entre ellos, conservará esos derechos y que en caso de que no exista ese acuerdo, entonces el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos para repartir el producto de la enajenación en partes iguales.
"Así, se confirma que la totalidad de los derechos ejidales correspondientes a un ejidatario no puede dividirse entre dos o más personas.
"En el caso, de los autos del expediente agrario del que deriva el presente asunto, se advierte lo siguiente:
"...
"De las constancias antes precisadas, se arriba a la conclusión de que ********** era ejidatario de ‘San Cristóbal’, Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, siendo sus derechos agrarios amparados con el certificado número **********, en el cual no se identifican los terrenos que ampara ese documento; sin embargo, tanto las partes del juicio agrario como los testigos que comparecieron a verter su atesto, fueron coincidentes en determinar que la unidad de dotación individual del citado **********, estaba compuesta por varias fracciones, las cuales fueron repartidas entre varios de sus hijos y otras personas.
"Ahora, si bien no pueden determinarse con exactitud las tierras que amparaban aquel certificado de derechos agrarios; sin embargo, atendiendo a la pericial desahogada por los expertos de las partes, cuando menos la unidad de dotación del citado ********** estaba conformada por lo que actualmente se conoce como parcelas **********, **********, ********** y **********, las tres primeras reconocidas por el ejido al que pertenecen a **********y la última a **********.
"Las tierras en conflicto en el juicio de origen son las pertenecientes a las parcelas **********, ********** y **********, respecto de las cuales la demandada ********** sostuvo que le pertenecían por virtud de la cesión de derechos que a título gratuito le hiciera su extinto padre ********** de 3-00-00 hectáreas de terrenos de labor y el derecho comunal compartido con ciento cuarenta personas para dos mil seiscientas hectáreas de agostadero, que significa aproximadamente 5% de la superficie cuando terminara [sic] la comunidad y en área aproximada de 17-00-00 hectáreas; todo ello a través de la escritura pública número ********** de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del notario público número uno de Juventino Rosas, Guanajuato.
"En ese contexto, si la unidad de dotación del extinto ********** era una, pues no se advierte prueba alguna que acredite que existieran varias unidades de dotación individuales a nombre del de cujus, ni las partes lo aseveraron, es de concluirse que la escritura pública ********** de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos, no puede tenerse como válida, pues si bien en ella se consigna una cesión de derechos agrarios en forma gratuita, de padre a hija y ante dos testigos; sin embargo, no abarca la totalidad de la unidad individual de dotación que de acuerdo con lo expuesto es mayor a la que están en conflicto, pues no sólo abarca las parcelas actualmente identificadas como **********, ********** y **********, sino también la **********, lo que implica que el citado contrato la fracciona, lo cual contraviene el principio de indivisibilidad de la parcela que rige el derecho agrario.
"En otras palabras, más allá de que el contrato de cesión de derechos se haya hecho con anterioridad a la entrada de ‘Procede’ al ejido de ‘San Cristóbal’, Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y en vida de **********, que se trate de una cesión a título gratuito, de padre a hija y que no existan vicios en la firma del acuerdo de voluntades, que en la fecha de firma de ese contrato no existieran delimitadas las tierras de agostadero que pertenecieran a cada uno de los ejidatarios, que este tipo de tierras hayan sido asignadas por la asamblea general del ejido en cita a cada uno de los ejidatarios o que ya estuvieren identificadas o no a la firma del citado contrato las 17-00-00 que le correspondían al de cujus, resulta que no era factible que pueda fraccionarse la unidad individual de dotación, pues si bien, en principio, en relación con el régimen parcelario, la Ley Agraria, siguiendo las reglas del párrafo quinto, fracción VII del artículo 27 constitucional, permite la compactación parcelaria dentro de ciertos límites, acorde con el numeral 47, pero ni en este precepto ni en ningún otro, se regula la división de la parcela, lo que permite considerar que el derecho positivo acogió, de manera limitada, la fusión de parcelas, pero no aceptó su división, seguramente por subsistir la necesidad de salvaguardar el principio de que la parcela debe ser la unidad económica suficiente para dar sustento a la familia campesina; pero ello se delimitó para establecer que el principio de indivisibilidad parcelaria que subsiste en el derecho positivo agrario al considerar la parcela como la extensión mínima de tierra para asegurar la subsistencia del ejidatario y su familia, se refiere a la unidad parcelaria y no a la extensión total de tierra que le sea asignada y que puede comprender varias parcelas, pues en tal supuesto la extensión asignada al ejidatario ya se encuentra formalmente fragmentada en las diversas parcelas, constituyendo cada una de ellas la unidad mínima de fragmentación, por lo que la cesión de los derechos que sobre alguna de ellas realice un ejidatario no puede reputarse contraria al principio referido, porque con tal cesión no se está dividiendo la parcela, lo que se corrobora con el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Federal y con la Ley Agraria que lo reglamenta, en torno a los derechos de los ejidatarios al aprovechamiento, uso y usufructo de las tierras parceladas y que permiten la enajenación de derechos parcelarios respecto de unidades independientes asignadas a un mismo ejidatario, acorde con el precepto 83, segundo párrafo, de dicha ley, en el que se prevé que la enajenación de una unidad no implica la pérdida de la calidad de ejidatario, salvo que no se conserven derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, supuesto que se actualiza en este asunto, pues, se insiste, no existe prueba en el sentido de que el extinto ********** haya tenido más de una parcela ejidal y por ello, en la especie, no es factible la división parcelaria, al tratarse, se insiste, de una sola."
Por estos motivos, se concedió el amparo al quejoso, **********, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera una nueva donde considerara que el contrato de cesión de derechos celebrado entre el ejidatario de cujus y su hija, **********, es inválido por contravenir el principio de indivisibilidad de la parcela.
2. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (amparo directo 259/2009).
El ejidatario **********, titular de derechos agrarios relativos a varias parcelas y a tierras de uso común en el ejido La Merced, del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, formuló lista de sucesión mediante escritura pública en dos mil uno. En ella, nombró como herederos de los derechos sucesorios que le correspondían a **********, respecto del certificado parcelario ********** (parcela **********); a **********, respecto de los certificados parcelarios ********** (parcela **********) y ********** (parcela **********); a **********, respecto del certificado parcelario ********** (parcela **********); a **********, respecto del certificado parcelario ********** (parcela **********); a **********, respecto del certificado parcelario ********** (parcela **********) y a ********** , respecto del certificado parcelario ********** (parcela **********).
Después del fallecimiento del ejidatario, su hija ********** promovió un juicio agrario, donde solicitó que se declarara la nulidad de la lista sucesoria antes mencionada, aduciendo que ésta era violatoria del principio de indivisibilidad de la parcela, porque dividía la unidad de dotación conferida al de cujus. En cambio, solicitó que se reconociera la validez de una lista sucesoria previa -inscrita ante el Registro Agrario Nacional-, donde figuraban como herederas ********** (esposa del ejidatario, fallecida antes de que se tramitara la sucesión de éste) y **********, **********, **********, **********, ********** y **********, todos ellos de apellidos **********. En este sentido, adujo que en esta lista ella aparece como heredera preferente respecto de sus hermanos.
El Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, el cual conoció del asunto, dictó sentencia el veintiséis de enero de dos mil nueve, donde declaró improcedente la acción deducida por la parte actora, **********, en contra de sus hermanos, al considerar que la lista de sucesión elaborada en dos mil uno dejó sin efectos la lista que previamente había sido registrada en el Registro Agrario Nacional. En este sentido, se resolvió que, aun cuando la lista otorgada ante notario público violaba el principio de indivisibilidad de la parcela -porque dividía la unidad de dotación entre los hijos del testador-, ello no provocaba su nulidad, porque el ejidatario fallecido fue claro al expresar su voluntad respecto de quiénes eran las personas nombradas herederas. Por lo tanto, se reconoció a **********, **********, **********, **********, ********** y ********** como herederos de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a **********; aunque, contrariamente a lo estipulado en la lista
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22123-38e6a2f4/parcelas-ejidales-no-se-viola-el-principio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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