DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUIR, INSTALAR, FIJAR, MODIFICAR O AMPLIAR ANUNCIOS EN AZOTEA O AUTOSOPORTADOS. EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUIR, INSTALAR, FIJAR, MODIFICAR O AMPLIAR ANUNCIOS EN AZOTEA O AUTOSOPORTADOS. LAS VISITAS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADAS CON POSTERIORIDAD A ESE ACTO NO FORMAN PARTE DEL TRIBUTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 394/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, órgano que resolvió uno de los amparos en revisión que participan en esta contradicción.
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión del veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son fundados los agravios expuestos. En principio, debe establecerse que para otorgar el amparo solicitado, el Juez Federal sostuvo, en síntesis, las consideraciones siguientes: I. Son ciertos los actos reclamados a la Asamblea Legislativa, jefe de gobierno, secretario de gobierno, secretario de finanzas, y directora general jurídica y de estudios legislativos, todos del Gobierno del Distrito federal, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto que reforma, entre otros, el artículo 214, fracción I, inciso a), del Código Financiero del Distrito Federal,(1) publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de diciembre de dos mil siete, por así haberlo manifestado dichas autoridades al rendir sus informes. II. El precepto legal tildado de inconstitucional, establece el mecanismo para la fijación del pago de derechos por la expedición de las licencias anuales, que autoricen la construcción, instalación, fijación, modificación o ampliación de anuncios publicitarios, que habrán de ubicarse o estén ubicados en una azotea o autosoportados con cartelera de un metro cuadrado hasta la máxima permitida por la normatividad aplicable, aun cuando sean de neón o electrónicos, así como por su revalidación. III. Los derechos son cargas tributarias de carácter jurídico administrativo por servicios que el Estado presta en su calidad de órgano soberano; la diferencia principal entre derechos e impuestos radica en que los derechos constituyen una contraprestación que paga el contribuyente, por algún servicio recibido, en tanto que en los impuestos no existe compensación específica y recíproca por parte del Estado. IV. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que debe atenderse al objeto real del servicio prestado, para juzgar sobre su proporcionalidad y equidad, también se ha establecido que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que represente para el Estado la ejecución del servicio prestado, y que las cuotas relativas sean iguales para todos los que reciban servicios análogos, debiendo existir correspondencia entre el servicio que se presta y la contraprestación que se recibe. De lo expuesto, se advierte que la consideración que rige el sentido de la sentencia recurrida, es la precisada en el punto V, que antecede, pues en ésta se estableció, sustancialmente, que el derecho reclamado es inconstitucional, porque su monto no guarda relación con el servicio prestado por el gobierno del Distrito Federal, sino que atiende a un elemento ajeno a dicho servicio, como lo es el número de metros cuadrados que mida el anuncio.
"Al respecto, en sus agravios, la recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente: 1. La sentencia recurrida es ilegal, porque el Juez de amparo no analizó el contenido del artículo 214 del Código Financiero del Distrito Federal, en relación con el diverso 7o. de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que establecen los fines extrafiscales del derecho en cuestión (cuya naturaleza explica), respecto de las características de los anuncios, así como los diversos 9o., 10, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 y 49 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, de los cuales se aprecia que el legislador estableció, que las cuotas del derecho impugnado debían atender a la dimensión de los anuncios, con el objeto de salvaguardar que no se proyecten sobre propiedades colindantes, que no interfieran la visibilidad o funcionamiento de señales oficiales, y que no contaminen visualmente; por lo que el órgano competente para verificar la instalación de los anuncios, debe realizar un despliegue técnico para constatar que satisfacen las condiciones ordenadas en el citado reglamento, lo que justifica las cuotas establecidas y, por ende, no debe considerarse que las características de los anuncios, resultan ajenas al derecho cobrado. En apoyo de su agravio, cita las tesis de rubros: ‘ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.’; ‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.’; ‘DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’; ‘DERECHOS FISCALES PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS.’ y ‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’. 2. En tal sentido, sostiene que el servicio para autorizar la expedición de una licencia de instalación de anuncios, no se limita únicamente a la recepción de documentos, sino que el servicio se traduce en un conjunto de actos materiales, técnicos y jurídicos, que se desarrollan en beneficio del contribuyente, para comprobar que se han satisfecho los requisitos legales para la autorización del anuncio, además, afirma, debe remitirse la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para su dictamen, lo que infiere directamente en el costo del derecho; y finalmente, aduce, las distinciones en el cobro están justificadas, porque existen diferencias en la revisión (de documentos), que justifican elevar o disminuir la cuantía de los derechos correspondientes, ya que un anuncio pequeño implica trámites y esfuerzos menores de la autoridad, así como menos material en la corroboración de la información, para expedir el permiso, que un anuncio mayor. Estos agravios son fundados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión, porque tal como lo aduce la inconforme en el agravio del punto 1, el Juez Federal omitió examinar el precepto reclamado, en relación con los diversos artículos que cita la recurrente, de los cuales se advierte, en principio, cuáles son las características que deben reunir los anuncios, a fin de salvaguardar que no se proyecten sobre propiedades colindantes, que no interfieran la visibilidad o funcionamiento de señales oficiales, y que no contaminen visualmente; además, de la lectura integral de los cuerpos normativos que menciona la inconforme, se aprecia que la autoridad debe realizar un despliegue técnico para constatar, que los anuncios satisfacen las condiciones especificadas en los citados artículos; por lo que en la especie, a diferencia de lo que sostuvo el Juez Federal (punto V de las consideraciones de la sentencia recurrida), se justifica que la cuota establecida en el artículo reclamado, se calcule con base en la dimensión de los anuncios, de manera que no es exacto que tales características resulten ajenas al derecho cobrado. Luego, asiste razón a la recurrente, en cuanto afirma que adversamente a lo que razonó el Juez de Distrito (consideración del punto V, que rige el sentido de la sentencia impugnada), el servicio para autorizar la expedición de una licencia de instalación de anuncios, no se limita únicamente a la recepción de documentos, sino que se traduce en un conjunto de actos materiales, técnicos y jurídicos, que se desarrollan en beneficio del contribuyente, para comprobar que se han satisfecho los requisitos legales para la autorización del anuncio (agravio sintetizado en el punto 2). En efecto, del examen realizado a la normatividad que regula el otorgamiento de las licencias de anuncios publicitarios en el Distrito Federal, se desprende que a cambio del pago del derecho establecido en la ley reclamada, el contribuyente recibe una prestación que se traduce tanto en la expedición de una licencia a su favor, como en la actividad permanente del Estado, de control y verificación de que el titular de dicha licencia, cumpla durante la vigencia de ésta con las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos aplicables, tal como se corrobora con el contenido de los artículos 4o., 7o., fracciones V, VI, VII y XIV, 8o. a 10, 25, 26, 34, 47 y 49 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, los cuales disponen: (se transcriben). Lo anterior muestra claramente, que a cambio del pago del derecho establecido en la ley reclamada, el contribuyente recibe una prestación que se traduce tanto en la expedición de una licencia a su favor, como en la actividad permanente del Estado, de control y verificación de que el titular de dicha licencia, cumpla durante la vigencia de ésta con las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos aplicables; de manera que, como ya se precisó, no es exacto que el servicio que presta la administración pública, se reduzca a un mero trámite burocrático de revisión de papeles. En efecto, el servicio que presta el gobierno del Distrito Federal, no se agota con el otorgamiento de la licencia, sino que dicho ente público debe destinar una serie de recursos económicos y humanos, a fin de que las autoridades competentes controlen y verifiquen en todo momento, que el titular de la referida licencia cumpla con las especificaciones contenidas en la leyes y reglamentos aplicables, y además, para que en caso de que ello no ocurra así, se impongan las sanciones y medidas de seguridad correspondientes, con la finalidad de salvaguardar la seguridad pública. ... Luego, si el monto del derecho que se examina, se calcula atendiendo al número de metros cuadrados que mide el anuncio, debe considerarse que ese factor no resulta ajeno al costo del aludido servicio, sino más bien, reviste el carácter de un indicador objetivo del mismo, porque lógicamente, la actividad técnica de verificación previa y posterior a la licencia, deberá ser mayor en cuanto mayor sea el tamaño del anuncio, pues este extremo incide directamente en el grado de complejidad de dicha actividad, y en el riesgo que la instalación y la permanencia del anuncio representa para la seguridad de las personas próximas a él, para la integridad del inmueble en donde se coloque, y para la preservación del medio ambiente por razones de contaminación visual; aspectos todos que deben ser examinados por la autoridad en términos de las ordenanzas de policía transcritas, así como de las disposiciones aplicables a cada materia. En ese sentido, adversamente a lo que consideró el juzgador federal, el derecho reclamado no es contrario a las garantías de proporcionalidad y equidad consagradas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, porque su monto se fija atendiendo de manera razonable y proporcional, al indicador objetivo del costo del servicio, antes explicado, tal como se desprende de la jurisprudencia que cita la inconforme, de rubro: ‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.’; pues la misma corrobora lo expuesto en esta ejecutoria, en el sentido de que en la especie, se justifica que el costo del derecho se calcule con base en el tamaño del anuncio, porque el servicio relativo implica que el Estado tenga que llevar a cabo diversas actividades técnicas y jurídicas, que requieren del destino de recursos económicos y humanos para su eficaz cumplimiento, cuyo costo se eleva en tanto mayor sea la dimensión del anuncio, según se apuntó con anterioridad ..."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, resolvió lo siguiente:
"Este Tribunal Colegiado considera que son inoperantes los argumentos en los cuales la autoridad recurrente se duele en síntesis de lo siguiente: ... Por otra parte, se considera que deben desestimarse por resultar ser ineficaces los argumentos en que la recurrente se duele en forma toral de lo siguiente: Que los derechos establecidos en el artículo 214, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal tienen íntima relación con los diversos 9o., fracciones I, II, III; V, VI, y VIII, 10,18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 49 y 62 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, de las (sic) que se advierte que el despliegue técnico que debe realizar el órgano competente de la administración pública del Distrito Federal para verificar la instalación de anuncios satisface las condiciones de seguridad, buen aspecto, ubicación, despliegue que difiere en función de la dimensión del tipo de anuncio de que se trate. Que el servicio de estudio para la autorización de expedición de licencia para instalar anuncios, que presta la administración pública no únicamente se circunscribe a la recepción de la documentación y requisitos que se deben adjuntar a la solicitud, puesto que de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 9o. del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, se deberá remitir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, la solicitud para dictamen. Que ‘la licencia para instalar un anuncio que deba ser ejecutado bajo la responsiva y supervisión de un director responsable de la delegación’, se tiene que remitir a la secretaría para su dictamen. Por lo que, la secretaría emite un dictamen previo respecto de las solicitudes para licencias y autorizaciones temporales para construir, instalar, fijar, modificar toda clase de publicidad exterior, de conformidad con la fracción III del artículo 7o. del reglamento invocado, que le hayan sido remitidas por la delegación correspondiente, por lo que el servicio que presta la administración no es únicamente relacionado con la recepción de la solicitud, sino que se atiende además a la actividad que debe llevar a cabo la administración, situación que obviamente trasciende al costo del derecho, por lo que los derechos cuestionados, son acordes a lo dispuesto por los principios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, al tomarse en consideración para la expedición de la licencia respectiva las especificaciones, de seguridad, estabilidad, al igual que las especificaciones técnicas de los diferentes tipos de anuncios que prevé el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, estableciendo una tarifa progresiva que toma en consideración además de los elementos constitutivos del anuncio, el tipo y dimensiones de éstos, factores que obligan a considerar las características individuales de la infraestructura proyectada en cada uno de los anuncios y determinar si las obras de su instalación satisfacen las necesidades y requerimientos de la legislación correspondiente. Que el derecho en cuestión se genera con motivo de la actividad o despliegue que tiene que realizar la autoridad para llevar a cabo la expedición de la licencia para instalar anuncios, por lo que el solicitante, deberá cubrir el costo que requiera para la prestación de ese servicio, lo cual justifica cuotas razonables, diferentes para ese servicio. Que son las dimensiones, la altura de los anuncios, la ubicación del inmueble y las demás especificaciones técnicas, los datos que exigen mayor actividad por parte de la autoridad y son tales parámetros los que se consideran para fijar las cuotas respectivas, por lo que contrario a lo aseverado por la juzgadora éstos no son elementos ajenos a la obligación tributaria. Que el tipo de anuncio, su dimensiones, la ubicación, son elementos que sí inciden de manera directa en el costo que representa para el Estado la prestación del servicio en cuestión, pues representa un mayor desgaste para la autoridad llevar a cabo un despliegue de un anuncio que por su consistencia ocupe mayor tiempo, espacio, o especificación técnica, que otro de menores características, lo que representa un mayor desgaste para ella, el que invariablemente se debe ver reflejado en la determinación de los derechos correspondientes. Ello con apoyo en los criterios cuyos rubros son: ‘DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS.’; ‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).’. Que la serie de actividades técnicas, administrativas y legales practicadas por la autoridad elevan la complejidad de la revisión de la documentación cuando se trata de construcciones de anuncios que por su magnitud y características especiales exigen un mayor esfuerzo por dicha autoridad, circunstancia que justifica plenamente que para todos aquellos trámites para la expedición de la licencia con menores dimensiones o especificaciones técnicas la autoridad no destine más tiempo, y esfuerzo material y humano en la corroboración de la información presentada. Que en atención a lo laborioso y meticuloso de la comprobación de la documentación y verificación inclusive física del lugar en que se pretende instalar el anuncio no es la misma que se requiere efectuar de un metro de construcción, que cuando tiene una superficie de mil metros cuadrados y se destina a un uso industrial o comercial y, por ende, debe estimarse que es equitativo el que el solicitante de este último pague una cuota mayor, ya que, se insiste el esfuerzo exigidos son evidentemente diferentes. En primer término se estima que son inoperantes los argumentos sintetizados en párrafos precedentes toda vez que la autoridad recurrente aduce que de los artículos 9o., fracciones I, II, III; V, VI, y VIII, 10,18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 49 y 62 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, se desprende en forma alguna (sic) que el despliegue técnico que debe realizar la autoridad para verificar la instalación de anuncios satisface las condiciones de seguridad, buen aspecto, ubicación, despliegue que difiere en función de la dimensión del tipo de anuncio de que se trate. Sin embargo, en la especie lo que se debe acreditar es que la cuota establecida por derecho por la obtención de licencia para anuncios en azotea o autotransportados (sic) a los que se refiere el precepto legal reclamado (la que resulte de multiplicar el número de metros cuadrados de cartelera por $2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.), guarda relación con el despliegue técnico realizado por la autoridad para lograr el objeto real del servicio prestado, consistente en la recepción, revisión y remisión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, de la solicitud, así como de la documentación correspondiente; de ahí lo inoperante de los planteamientos de referencia pues aun cuando de la lectura de los artículos que cita la autoridad recurrente se desprenda que el despliegue técnico que debe realizar la autoridad para verificar la instalación de anuncios difiere en función de la dimensión del tipo de anuncio de que se trate, ello no demuestra en forma alguna que el despliegue técnico que se requiere para lograr el objeto real del derecho de que se trata, varíe en función de los metros cuadrados de la cartelera de los anuncios a que hace referencia el numeral reclamado. Son igualmente inoperantes los argumentos en los cuales aduce la recurrente lo siguiente: Que el servicio de estudio que presta la administración pública no únicamente se circunscribe a la recepción de la documentación y requisitos que se deben adjuntar a la solicitud, puesto que de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 9o. del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, se deberá remitir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, la solicitud para dictamen. Que, la secretaría emite un dictamen previo respecto de las solicitudes para licencias y autorizaciones temporales para construir, instalar, fijar, modificar toda clase de publicidad exterior, de conformidad con la fracción III del artículo 7o. del reglamento invocado, que le hayan sido remitidas por la delegación correspondiente, por lo que el servicio que presta la administración no es únicamente relacionado con la recepción de la solicitud, sino que se atiende además a la actividad que debe llevar a cabo la administración, situación que obviamente trasciende al costo del derecho, por lo que los derechos cuestionados, son acordes a lo dispuesto por los principios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, al tomarse en consideración para la expedición de la licencia respectiva las especificaciones, de seguridad, estabilidad, al igual que las especificaciones técnicas de los diferentes tipos de anuncios que prevé el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, estableciendo una tarifa progresiva que toma en consideración además de los elementos constitutivos del anuncio, el tipo y dimensiones de éstos, factores que obligan a considerar las características individuales de la infraestructura proyectada en cada uno de los anuncios y determinar si las obras de su instalación satisfacen las necesidades y requerimientos de la legislación correspondiente. Lo anterior es así habida cuenta que si bien como lo aduce la recurrente de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 9o. del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, para la expedición de la licencia de anuncios previstos en la fracción I, inciso a) del artículo 214 del Código Financiero del Distrito Federal, se debe remitir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, la solicitud correspondiente junto con toda la documentación correspondiente a efecto de que emita un dictamen al respecto; del análisis efectuado al ordenamiento jurídico de referencia, y en específico a los artículos a que hace referencia la autoridad recurrente, no se desprende en forma alguna, que por el hecho de que se remita a la aludida secretaría la solicitud de que se trata, así como la documentación correspondiente, la autoridad administrativa realice un mayor despliegue técnico en función de los metros cuadrados de que consten los anuncios en azotea o adosados con cartelera, puesto que la aludida legislación únicamente refiere que la solicitud se remitirá a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal, sin embargo no se señala (sic) específicamente las actividades que dicha secretaría realizará en el ejercicio de dicha función, por lo que no puede válidamente inferirse que por el solo hecho de que se remita a la citada secretaría la solicitud, ésta efectuará un mayor o menor despliegue técnico para elaborar el dictamen correspondiente dependiendo del número de metros cuadrados de la cartelera de los anuncios en azotea o adosados, a que se refiere el precepto reclamado. Atento a lo anterior, se estima que los argumentos en comento devienen inoperantes, en razón de que mediante los mismos la autoridad recurrente, básicamente pretende demostrar que la autoridad administrativa efectúa un mayor despliegue técnico dependiendo de las dimensiones y características específicas del anuncio de que se trata, dado que la solicitud se debe remitir a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda del Distrito Federal, para su dictamen, sin embargo el que se mande la solicitud a la secretaría en mención para su dictamen no depende del número de metros cuadrados de que conste la cartelera del anuncio, sino que serán remitidos a la secretaría de que se trata, para su dictamen, aquellas solicitudes relativas a anuncios respecto de los cuales se requiera contar con la responsiva de un director responsable de obra y/o corresponsables, con lo que se confirma la consideración toral expuesta por la Juez del conocimiento en el sentido de que el precepto reclamado incorpora para el cálculo de la cuota del derecho de que se trata, un elemento ajeno que no guarda relación con el servicio efectivamente prestado por la administración, como es el número de metros cuadrados de que conste la cartelera de los anuncios en azotea o adosados a que se refiere el artículo cuya constitucionalidad se analiza. A efecto de corroborar lo anterior, se citan los artículos 7o., fracciones I, II, y III, 9o., fracciones I, II, III; V, VI, y VIII, 10,18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 35 49 y 62 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, a que hace alusión la autoridad recurrente en el único agravio que se analiza: (se transcribe). Finalmente, se estima que son inoperantes los argumentos consistentes en que tampoco existe violación al principio de equidad previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 214 fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, en razón de que existen distinciones justificadas en los contribuyentes y las cuotas del servicio prestado, en razón de que aun y cuando se contempla la práctica de una revisión para el trámite que requiere la autorización para expedir las licencias para la instalación de anuncios existen diferencias entre dichas revisiones que justifican elevar o disminuir la cuantía de los derechos correspondientes; y que los derechos en comento son equitativos porque gravan en forma igual a los iguales y desigual a los desiguales, en tanto que todos los particulares que soliciten la expedición de licencias de anuncios de conformidad con las características, tipo y dimensiones del anuncio de que se trate, pagarán la misma cuota. Lo anterior es así, pues se reitera que de los artículos transcritos con antelación, se desprende, que el que se mande la solicitud a la secretaría en mención para su dictamen no depende del número de metros cuadrados de que conste la cartelera del anuncio, sino que serán remitidos a la secretaría de que se trata, para su dictamen, aquellas solicitudes relativas a anuncios respecto de los cuales se requiera contar con la responsiva de un director responsable de obra y/o corresponsables, sin que se desprenda en forma alguna de los preceptos legales de referencia que el despliegue técnico relativo a la elaboración del dictamen se vea influido por el número de metros cuadrados de que conste la cartelera del anuncio correspondiente, ya que los aludidos dispositivos normativos no especifican las actividades que implica dicho dictamen por lo que se infiere que serán las mismas en todos los casos en que se trate de anuncios respecto de los cuales se requiera contar con la responsiva de un director responsable de obra y/o corresponsables; por lo que efectivamente como lo expuso la Juez del conocimiento el precepto reclamado incorpora para el cálculo de la cuota del derecho de que se trata, un elemento ajeno que no guarda relación con el servicio efectivamente prestado por la administración, como es el número de metros cuadrados de que conste la cartelera de los anuncios en azotea o adosados a que se refiere el artículo cuya constitucionalidad se analiza; de ahí lo inoperante de los argumentos de referencia, dado que mediante los mismos no se combate en forma alguna dicha consideración toral. En mérito de lo hasta aquí expuesto, se estima procedente confirmar la sentencia recurrida y conceder la Protección Federal solicitada en los términos expuestos en la sentencia que se revisa."
De igual manera, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del veintinueve de septiembre de dos mil cuatro el amparo en revisión **********, sostuvo esencialmente lo siguiente:
"SEXTO. La autoridad recurrente en su único agravio aduce sustancialmente lo siguiente: ... 2) Que el artículo 214 de Código Financiero del Distrito Federal sí
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22056-e6cabc10/derechos-por-la-expedicion-de-licencias-para-construir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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