COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESPECTO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES. PARA FUNDARLA SÓLO REQUIERE CITAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN III DE LA OCTAVA, DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 372/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló el presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el cual resolvió un asunto en el que se plasmó uno de los criterios que participan en esta contradicción.
TERCERO. Posturas contendientes. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver en sesión de tres de septiembre de dos mil nueve la revisión fiscal **********, en la parte que interesa, estableció:
"QUINTO. Son fundados los agravios que hace valer la inconforme en mérito de las siguientes consideraciones:
"La recurrente sostiene que la Sala Fiscal se limitó a estudiar únicamente el contenido de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo que omitió analizar la fracción III de la cláusula octava del citado convenio de colaboración, en la que se establece, en forma específica, la naturaleza del acto de fiscalización, las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, así como la competencia material con la que cuenta la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado para comprobar el pago de diversos impuestos: al valor agregado, sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios.
"Argumenta el recurrente que la Sala Fiscal no efectuó un análisis completo de las disposiciones fiscales en que se fundó la competencia material de la autoridad fiscalizadora, como lo fue la fracción III de la cláusula octava del convenio de colaboración que nos ocupa, pues ahí se establece, de manera concreta, la competencia material con la que cuenta la autoridad administrativa para llevar a cabo los actos de fiscalización.
"En efecto, como se adelantó se califican de fundadas las anteriores manifestaciones, atento a las razones que enseguida se verterán.
"...
"Ahora, en la especie en el oficio número ********** de veintidós de marzo de dos mil seis, por el que la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado gira solicitud de documentación fiscal en materia de impuestos federales coordinados, en el domicilio de la actora **********, se citaron los siguientes fundamentos:
"‘... Esta Dirección de Auditoría Fiscal del Estado de Baja California, en ejercicio de las facultades fiscales de carácter público, previstas en lo dispuesto en las cláusulas segunda, fracción II, tercera, cuarta y octava, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California con fecha 25 de octubre de 1996, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de noviembre de 1996, y en el Periódico Oficial del Estado el 13 de diciembre del mismo año; cláusula séptima reformada a través del acuerdo que modifica el convenio antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de diciembre de 1999, y en el Periódico Oficial del Estado el 17 de diciembre del mismo año; cláusulas primera, tercera, fracciones II y IV, cuarta, sexta, fracción I y decimoquinta del anexo número 3 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de abril de 2003; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; 17, fracción III, 24, fracciones V, VII, XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California; 25, fracciones I, IV, V, VI, IX, X, XI, XII y XVI, del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, 27, 28, 30, 30-A, 31, 42, fracción II, 48, fracciones I, II y III y 53, inciso c), en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación; 13, 14, primer párrafo, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Baja California; expide el presente oficio con el propósito de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo y responsable solidario en materia de la siguiente contribución federal: impuesto sobre la renta y como sujeto directo en materia de la siguiente contribución federal, impuesto al valor agregado, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 ...’
"Sobre el tema que nos ocupa, resulta conveniente apuntar que siempre que en el acto de autoridad impugnado sean citadas las cláusulas séptima y octava, fracción III, del convenio de colaboración antes mencionado, éstas resultan suficientes para considerar que se invocó el fundamento de la competencia por materia de la autoridad emisora, en este caso, director de Auditoría Fiscal del Estado. Dicho criterio ha sido aplicado al resolver las revisiones fiscales **********, **********, ********** y **********.
"Lo anterior es así, toda vez que la cláusula séptima de dicho acuerdo precisa lo siguiente: (se transcribe)
"De la cláusula transcrita, concretamente de su parte inicial, se infiere que respecto del impuesto al valor agregado en el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos; así como en las oficinas de la autoridad competente; que esas mismas facultades las podrá ejercer el Estado respecto del impuesto sobre la renta.
"Ahora, los tributos destacados, esto es, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, se encuentran íntimamente relacionados con el resto de las facultades que se particularizan a lo largo de la repetida cláusula, dado que no se advierte la cita de una diversa contribución.
"Y como acertadamente lo precisa la autoridad inconforme, los incisos y fracciones contenidos en la cláusula séptima no determinan la competencia material relativa a los actos de fiscalización, como en la especie, el requerimiento de documentación para verificar el correcto cumplimiento de los impuestos sobre la renta y al valor agregado por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro.
"• Los primeros tres incisos se refieren a los supuestos de exclusión del ejercicio de las facultades previstas en esa cláusula, en materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios.
"• Por su parte las cinco fracciones siguientes precisan las facultades del Estado en materia de:
"- Determinación de impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas;
"- Recaudación;
"- Autorizaciones;
"- Recursos administrativos; y,
"- Juicios.
"De lo anterior se concluye que, en el caso, la autoridad administrativa no estaba constreñida a precisar alguno de los anteriores incisos o fracciones, pues no regulan la competencia material en actos de fiscalización (requerimiento de documentos), pues en su caso, únicamente al inicio de la cláusula que nos ocupa se precisa que en lo atinente al impuesto al valor agregado en el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos; así como en las oficinas de la autoridad competente; y, que estas mismas facultades las podrá ejercer el Estado respecto del impuesto sobre la renta, impuesto al activo e impuesto especial sobre producción y servicios.
"Máxime, que en el caso, como también lo afirma la autoridad inconforme, en la solicitud de documentación fiscal de veintidós de marzo de dos mil seis, de igual manera se citó la cláusula octava, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se precisa: (se transcribe)
"Previo al estudio del contenido de la cláusula anterior, resulta pertinente precisar que a fin de analizar el contenido de un apartado, fracción, inciso o subinciso, es imprescindible atender la parte inicial o introductoria de la norma, a fin de dar sentido a las hipótesis o supuestos que en ella se destacan, considerar lo contrario implicaría interpretar en forma aislada y autónoma el apartado, fracción, inciso o subinciso, soslayando el origen de la división o separación que existe; de ahí que al citar una norma, por regla general únicamente se precisa el número que la identifica en el ordenamiento legal, así como el apartado, fracción, inciso o subinciso que contiene la suposición de interés, pero difícilmente la parte introductoria de la regla o norma, que infaliblemente es el párrafo primero.
"Sentado lo anterior, con la sola cita de la cláusula octava, fracción III, del convenio que nos ocupa, se concluye que la autoridad demandada fundó debidamente su competencia por materia, pues de la cláusula antes transcrita se advierte que en materia del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y del impuesto especial sobre producción y servicios, el Estado tiene, entre otras facultades, la de llevar a cabo los actos de fiscalización en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.
"En efecto, se debe considerar debidamente fundada la competencia material de la autoridad demandada, pues fue suficiente la referencia de las cláusulas séptima y octava, fracción III, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California con fecha veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, para tenerse colmada dicha exigencia, pues la cita realizada por la autoridad demandada permite identificar la competencia material de la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, en la especie, las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, en materia del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del impuesto al activo y del impuesto especial sobre producción y servicios, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005 -invocada en la sentencia recurrida-, publicada en la página 310 del Tomo XXII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a septiembre de 2005, cuyo rubro y texto son:
"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)
"Por tanto, son fundados los argumentos que al respecto esgrime la autoridad recurrente; y, consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida para que la Sala Fiscal emita otra en la que se abstenga de reiterar las consideraciones que resultaron ilegales; hecho lo anterior, de considerar fundada la competencia de la autoridad administrativa, examine los conceptos de nulidad sometidos a su potestad ..."
Por otra parte, en términos opuestos, resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en sesión de veinticinco de junio de dos mil nueve la revisión fiscal **********, en la que determinó, en esencia, lo siguiente:
"QUINTO. Los argumentos expuestos en el único agravio de la autoridad recurrente son en un aspecto infundados y en otro inoperantes, por las siguientes consideraciones:
"En uno de sus argumentos, la autoridad inconforme aduce que se transgredió el contenido de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, con base en un supuesto vicio formal, como lo es que en la orden de visita domiciliaria no se transcribió la parte específica de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, en que se desprenda la competencia material de la autoridad para emitir dicho acto; siendo que -afirma- la Sala Fiscal omitió realizar un análisis completo de todas las disposiciones fiscales en que se fundó la competencia material de la autoridad fiscalizadora, en específico la fracción III de la cláusula octava del convenio de colaboración antes aludido, que establece de manera concreta la competencia material con la que cuenta la autoridad demandada para llevar a cabo los actos de fiscalización de los impuestos al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto al activo y del impuesto especial sobre producción y servicios.
"Dicho motivo de queja resulta infundado, ya que aun cuando la autoridad demandada en el juicio natural hubiera invocado la fracción III de la diversa cláusula octava, ello no lo eximía de precisar respecto a la cláusula séptima, el párrafo, fracción, inciso o subinciso que le otorgara las facultades que estaba ejerciendo, o bien, a falta de lo anterior, debió de haber transcrito la parte correspondiente; máxime si el oficio controvertido se expidió ‘... con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales ...’, lo cual se encuentra expresamente regulado por la multicitada cláusula séptima, misma en cuyas fracciones e incisos se especifican las diversas facultades y atribuciones conferidas a la autoridad en las materias que ahí se señalan, lo cual no fundamentó suficiente y correctamente la autoridad emisora; y por otra parte, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no estaba obligado a considerar todos y cada uno de los numerales en que la autoridad fundamentó su competencia, si del análisis de sólo uno de ellos se pudo advertir la insuficiente fundamentación por materia de la resolución impugnada.
"...
"Por otra parte, la autoridad inconforme aduce que se transgredió el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por la falta de estudio de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, lo que -dice- se traduce en una violación cometida en la sentencia definitiva por falta de congruencia del fallo impugnado; agrega que la Sala responsable, previo a aplicar el criterio contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 114/2005, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, debió motivar en su fallo jurisdiccional, la estructura normativa de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por lo -señala- que al no exponer en primer orden la forma en que se integraba la referida cláusula, aplicó en forma incongruente en su fallo los supuestos contenidos en el criterio de mérito.
"Es infundado el anterior argumento, pues contrario a la afirmación de la autoridad inconforme, del contenido de la sentencia recurrida, se advierte que la Sala Fiscal de manera clara y precisa realizó un estudio de la estructura de la cláusula séptima del convenio de colaboración fiscal invocado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, de la siguiente manera: (se transcribe)
"Se advierte como fundamento legal, la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California, sin embargo, cabe resaltar que dicho ordenamiento se encuentra formado por cinco fracciones las cuales se encuentran compuestas por diversos incisos, sin que en la orden de verificación se especificara cuál de dichas fracciones resultaban aplicables al caso específico.
"En efecto, la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, reformada del acuerdo que modifica al convenio antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de diciembre de 1999, establece lo siguiente (sic).
"En ese orden de ideas, se infiere que el C. **********, que constituye el origen de la resolución determinante de créditos fiscales no fundó correctamente su competencia por materia al omitir establecer el punto que prevé la facultad a desarrollar, omisión que implica indebida fundamentación legal, actualizándose así contravención a los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que obligan a las autoridades a fundar y motivar sus actos, señalando no sólo el dispositivo legal aplicable, la fracción, inciso o párrafo correspondiente, en que se basan para emitir dichos actos, cuando exista, sino también a transcribir la parte específica en la que se contemple debidamente su competencia material.
"Respecto al fundamento de la competencia material de la autoridad para emitir un acto de molestia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 2 de septiembre de 2005 la contradicción de tesis número 114/2005-SS, sustentó como criterio a seguir, que cuando se trate de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden. Es así, que en el rubro y texto de esa contradicción de tesis que es de observancia obligatoria para este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa acorde a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, expresa nuestro Más Alto Tribunal, lo siguiente: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACClÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)
"Como se aprecia, no le asiste razón a la autoridad recurrente, ya que la Sala responsable sí estudió de manera clara y precisa la cláusula séptima del convenio de colaboración fiscal invocado por la autoridad demandada en la resolución impugnada, determinando que dicho ordenamiento se encontraba conformado de cinco fracciones, sin que en la orden de visita se hubiera especificado en base a cuál de esas fracciones se ejercería la competencia por materia, lo que -dijo la Sala- trastocaba el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que cuando se tratara de una norma integrada por diversas fracciones, párrafos, incisos o subincisos, como dicha cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, tenía que precisarse el apartado atinente a la facultad ejercida con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le correspondían; en tales condiciones, este Tribunal Colegiado considera que fue acorde a derecho que la Sala Fiscal fundamentara el sentido de sus razonamientos en la jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis 114/2005-SS, ya que dicha aplicación la hizo una vez que realizó el análisis de la cláusula en comento; de ahí lo infundado de los argumentos de la inconforme.
"...
"Por último, la autoridad inconforme manifiesta que del análisis de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, se desprendía que ésta se encontraba efectivamente conformada por seis párrafos (uno suprimido por derogación), cinco fracciones, y once incisos distribuidos entre los párrafos y las fracciones respectivas, sin embargo -señala la autoridad recurrente- no debía pasar inadvertido que el párrafo con el que iniciaba la redacción de dicha norma, determina las atribuciones que el Estado de Baja California podrá accionar en el ejercicio de las facultades de comprobación, con relación a los impuestos ahí contenidos, dado que enuncia un listado mediante el cual otorga ciertas facultades a las autoridades fiscales, siendo por demás el hecho de haberla establecido como fundamento en la orden de visita domiciliaria, dado que en dicha orden se precisó con claridad y certeza el objeto de la misma, esto es, comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto el contribuyente visitado.
"Son infundados los anteriores argumentos.
"Ello es así, ya que es incorrecto que afirme que la competencia del acto de molestia había quedado plenamente fundada con el párrafo con el que iniciaba la redacción de dicha norma, ya que la aludida cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, dice: (se transcribe).
"Asimismo, dicho precepto fue reformado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, de 2 de diciembre de 2006, en los siguientes términos: (se transcribe)
"Como se advierte, la referida cláusula establece a favor de la autoridad, diversas facultades contenidas no únicamente en su párrafo primero, sino además, en sus fracciones I a la V, advirtiéndose que tanto la fracción I, II y III (reformada) de dicha cláusula, contienen múltiples incisos, en los cuales se especifican otras tantas atribuciones con las que cuenta la autoridad en tratándose de cada una de las materias que se enumeran en sus cinco fracciones, a saber: en materia de determinación de impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas; en materia de recaudación; en materia de autorizaciones, en materia de recursos administrativos, y en materia de juicios.
"En efecto, la fracción I de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, establece que en materia de determinación de impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas, la autoridad cuenta con las siguientes facultades:
"a) Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.
"b) Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este convenio corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.
"c) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.
"d) Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.
"Por su parte, la fracción II de la referida cláusula séptima, establece que en materia de recaudación, la autoridad tiene las siguientes facultades:
"a) Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.
"b) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.
"Y, conforme a la reforma que sufrió dicha cláusula el 2 de diciembre de 1999, en la fracción III de dicha cláusula, se contemplaron las siguientes facultades en materia de autorizaciones:
"a) Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes.
"b) Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.
"Y por otro lado, en sus fracciones IV y V, la referida cláusula señala que la autoridad tiene como facultades en materia de recursos administrativos, tramitar y resolver los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este convenio, y que en materia de juicios, intervenir como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas, asumiendo la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la secretaría.
"De lo anteriormente narrado se desprende que, tal como lo resolvió la Sala responsable y contrario a lo sostenido por la autoridad impugnante, sí existía la obligación de que se precisara qué fracción, e incluso inciso, de la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California, era en la que se fundaba la o las facultades ejercidas en la orden de visita domiciliaria que constituyó la génesis del acto impugnado en el juicio de nulidad, ya que al no haberlo hecho así, ello produjo incertidumbre jurídica en el particular ..."
Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en sesión de veintinueve de enero de dos mil nueve, y con similares razonamientos, la revisión fiscal **********, como se advierte de la siguiente transcripción:
"SÉPTIMO. Son inoperantes e infundados, los agravios antes transcritos. En efecto, alega la recurrente en esencia, que en la resolución que recurre se aplicaron indebidamente los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 192 de la Ley de Amparo, por indebida aplicación de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que la ilegalidad del fallo recurrido se origina por falta de estudio exhaustivo de la causal de nulidad establecida por la Sala Fiscal; que dicha Sala consideró que la solicitud de documentación fiscal era ilegal, por una indebida fundamentación de la competencia por materia de la autoridad fiscal que la emitió, es decir, la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado, circunscribiéndose a analizar en forma aislada la cláusula séptima del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, no obstante que en la fundamentación competencial de la solicitud de documentación fiscal, se desprenden diversas cláusulas que no fueron analizadas, tal como la cláusula octava, fracción III, del referido convenio, la cual, vinculada con la cláusula séptima, definen en forma clara y completa el fundamento de la competencia material de la Dirección de Auditoría Fiscal del Estado para emitir la solicitud de documentación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22000-1364f65b/competencia-de-la-autoridad-fiscal-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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