SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Se realiza esta afirmación en atención a que fue formulada por Julio Ramos Salas, Magistrado integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.
TERCERO. Con el fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
1. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (revisión fiscal **********)
Los antecedentes de este caso consisten en que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara impuso una multa a la persona moral **********. Ésta impugnó la multa a través de un recurso de revocación tramitado en sede administrativa. Dado que la resolución no fue favorable al particular, éste promovió un juicio de nulidad para combatirla.
La Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conoció del asunto y, seguidos los trámites legales, declaró la nulidad de la resolución recurrida. En este sentido, sostuvo esencialmente que la autoridad administrativa omitió "la cita precisa, detallada y exhaustiva de la parte del artículo 2o. y del apartado A del artículo 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria ... que le confiere existencia jurídica a la autoridad que emite la resolución impugnada, exigencia al grado de transcripción en el acto administrativo de la parte conducente de tal disposición, por tratarse de una norma compleja; constituyendo tal omisión una transgresión a lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación". Por tanto, se declaró la nulidad de la resolución impugnada.
Inconforme con esa resolución, el administrador local Jurídico de Guadalajara interpuso recurso de revisión fiscal, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Este órgano colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida, entre otras, por las razones que a continuación se reseñan:
Contrariamente a lo sostenido por la autoridad recurrente, los artículos 2o. y 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria son normas complejas, pues de su contenido se desprende la existencia jurídica de las entidades que servirán para el despacho de los asuntos del Servicio de Administración Tributaria. No se advierte que esos preceptos estén divididos en fracciones, incisos o subincisos, donde se precise cada una de las unidades administrativas. Por tanto, dada su complejidad, se debe precisar y transcribir la parte conducente donde se ubique el ente que emitió el acto administrativo, porque es necesario fundamentar su existencia jurídica.
Considerando que se trata de normas complejas, es necesario que la autoridad administrativa transcriba la parte correspondiente de esos artículos que establece la existencia jurídica del órgano de gobierno, pues de lo contrario la fundamentación del acto será insuficiente. Esto es así, en atención a que es aplicable la jurisprudencia 115/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."
Para justificar que la jurisprudencia invocada es aplicable, el tribunal señaló que, aunque ésta se refiere a la competencia territorial de la autoridad administrativa, lo cierto es que lo que ahí se asentó que aplica a todo precepto legal cuya composición sea de difícil comprensión, independientemente de su contenido.
Asimismo, desestimó que fuera aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/59, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 49, APARTADO A, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL UNO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE LA FIJE (INAPLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 115/2005)."
Ya que la autoridad omitió la cita de los preceptos mencionados, se puede decir que fundó de manera insuficiente el acto. De esta manera, se impidió al gobernado conocer los preceptos legales que fundaron la actuación de la autoridad y su existencia jurídica, dejándolo en estado de indefensión.
Por otro lado, se desestimó el argumento de la autoridad recurrente, donde alegaba que aunque no se hubieran transcrito los artículos 2o. y 39 del mencionado reglamento, no era necesario hacerlo, porque éstos no fijan la competencia de la autoridad. Con este fin, el Tribunal Colegiado señaló:
"El anterior argumento es ineficaz, pues con independencia de que la actora hubiese controvertido o no la insuficiente fundamentación del acto de autoridad, en lo relativo a la existencia jurídica de la autoridad, su proceder fue correcto, para lo cual debe tenerse presente que primero un ente debe existir legalmente y luego precisarse su ámbito competencial; por eso, si se ha determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la competencia de la autoridad debe ser analizada de forma oficiosa, en cuyos supuestos se incluye todo lo relativo a la indebida, insuficiente y falta de fundamentos, entonces, por mayoría de razón, las Salas estarán facultadas para analizar, de oficio, si los fundamentos del acto son o no suficientes para evidenciar la existencia legal de la autoridad competente."
Además, consideró que por identidad de razón era aplicable la jurisprudencia 2a./J. 218/2007, de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
En este mismo sentido, en la ejecutoria se afirmó:
"De igual forma, son infundados los argumentos de la autoridad, en el sentido de que la Sala debió pronunciarse en relación a si la autoridad demandada es o no competente para emitir el acto de molestia y sólo en caso de que concluyera en la incompetencia, podría declarar la nulidad del mismo; toda vez que, al ignorarse el fundamento en que la autoridad demandada apoya su existencia jurídica, la Sala se encuentra en imposibilidad legal para pronunciarse al respecto, habida cuenta que el análisis correspondiente lo realiza la juzgadora a la luz de los preceptos legales citados en el propio acto, sin que le sea legalmente posible mejorar la fundamentación del mismo, por lo cual es incorrecto que la Sala sólo pueda declarar la nulidad del acto al acreditarse la incompetencia del la autoridad, puesto que también puede hacerlo cuando se acredite que el mismo se encuentra insuficientemente fundado en cuanto a la referida existencia legal de la autoridad emisora."
Más adelante, se abundó sobre el tema de la siguiente forma:
"Por consecuencia, si la Sala no contaba con los elementos necesarios para realizar el estudio de la existencia jurídica de la autoridad emisora del acto en controversia, por no haberse citado en el texto de éste la parte correspondiente del precepto legal en el que se precisa la misma, luego, no se encontraba en aptitud de reconocer dicha existencia y por vía de consecuencia tampoco la competencia ejercida y por tanto, la legalidad del mencionado acto.
A mayor abundamiento, baste establecer que es irrelevante que la Sala haya iniciado el estudio expresando que estudiaría la competencia de la autoridad y concluyó en una nulidad por insuficiente fundamentación de la existencia jurídica del ente; lo anterior, porque si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el estudio de la competencia abarca la ausente, indebida o insuficiente fundamentación, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 218/2007, transcrita con antelación, también es verdad que ese supuesto es posterior a la existencia jurídica del ente, pues primero existe la autoridad y luego se prevé su competencia, de ahí que ese criterio sea aplicable, por identidad de razón, al caso a estudio ..."
2. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (revisión fiscal **********)
Por otro lado, en este caso, el administrador local de Auditoría Fiscal de Mazatlán determinó un crédito fiscal a cargo de **********. Esta persona moral demandó la nulidad de esa resolución, ante la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El tribunal de lo contencioso administrativo, en su momento procesal oportuno, declaró la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal, ya que estimó:
"En tal contexto, a criterio de esta juzgadora, en el oficio mediante el cual se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la hoy actora ... no se encuentra fundada y motivada la competencia por razón de grado de la autoridad demandada, puesto que en éste no se precisó de forma específica la parte que prevé su existencia, ya que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en que se apoyó el administrador local de Auditoría Fiscal de Mazatlán para emitir dicho acto, si bien no se encuentra estructurado por fracciones e incisos, sin embargo, tal precepto legal se integra por distintos apartados y párrafos en los cuales se indican las diversas unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, por lo tanto, es de concluirse que el mencionado acto de autoridad incumple con la garantía de fundamentación que exigen los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, toda vez que sólo identificando con toda exactitud la parte específica de la norma legal que regula la competencia por razón de grado a favor de la autoridad que emite el acto de molestia respectivo, se permite al gobernado conocer si la autoridad actuó dentro de su ámbito competencial que la ley previó para tal efecto por cuestión de grado.
"Ahora bien, al ser el referido oficio el antecedente que dio origen a la obligación tributaria determinada en la resolución impugnada, y por ser ilegal el mismo de acuerdo a los razonamientos efectuados en el presente fallo, ello trae como resultado que la determinación efectuada por la autoridad en la resolución impugnada sea ilegal por ser fruto de un acto viciado ..."
En atención a este fallo, el administrador local Jurídico de Culiacán interpuso recurso de revisión fiscal, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.
La sentencia que se emitió con motivo de la revisión fiscal ********** declaró fundado uno de los agravios de la autoridad exactora, por lo que se revocó el fallo de la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los razonamientos que informan esta resolución son:
En primer lugar, se debe atender a lo dispuesto en la jurisprudencia 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."
Conforme a ese criterio, para estimar satisfecha la garantía de debida fundamentación consagrada en el artículo 16 constitucional, no basta con que la autoridad cite de manera genérica un precepto que le otorga competencia, pues si éste es una norma compleja y carece de apartados, fracciones, incisos o subincisos, debe transcribir la parte específica del precepto que le otorgue competencia.
No obstante, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no establece la competencia por grado o territorio de la autoridad administrativa. Por el contrario, sólo señala la estructura o denominación de las unidades administrativas que integran el Servicio de Administración Tributaria. Además, se estimó que "al no fijarse la competencia por territorio o por grado, no era necesario exigir que se precisara o citara la parte que establecía la existencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, y por ende, no era aplicable la jurisprudencia por contradicción 115/2005-SS, citada por la Sala Fiscal en su resolución".
En cambio, se consideró aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 92/2007, de rubro: "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DE SU REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001, PREVÉ EL NOMBRE Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE ESE ORGANISMO, PERO NO FIJA SU COMPETENCIA POR TERRITORIO."
3. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (revisión fiscal **********)
Ahora bien, en el asunto que dio lugar a esta ejecutoria, el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalajara impuso una multa a la persona moral **********. Para combatir esa resolución, el particular promovió juicio de nulidad, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ese órgano jurisdiccional declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada, por los siguientes motivos:
"En esas circunstancias y ante la ilegalidad apuntada, consistente en omitir la cita precisa, detallada y exhaustiva de la parte del artículo 2o. y del apartado A del artículo 37 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria precitado, que le confiriera existencia jurídica a la autoridad que emite la resolución impugnada, exigencia al grado de transcripción en el acto administrativo de la parte conducente de tales disposiciones, por tratarse de normas complejas; constituyendo tal omisión una transgresión a lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; ello actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que hace procedente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción II, del ordenamiento legal precitado, se declare la nulidad de la resolución determinante del crédito fiscal ..."
Al no estar conforme con ese fallo, el administrador local Jurídico de Guadalajara interpuso el recurso de revisión fiscal **********, de donde deriva la ejecutoria que ahora se estudia. En ella, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que uno de los agravios de la autoridad recurrente era fundado, por lo que ordenó revocar la sentencia recurrida. Los motivos que informan esa decisión son:
Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 115/2005, para cumplir con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la autoridad debe precisar de manera exhaustiva su competencia por razón de materia, grado o territorio en los actos administrativos. Para ello, debe citar el precepto que le otorgue la atribución ejercida, incluyendo, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso específico. En el caso de que éste sea una norma compleja, se deberá transcribir la parte correspondiente.
Sin embargo, en el caso concreto la autoridad administrativa, en el acto de autoridad, se refirió a los artículos 2o. y 37, párrafo primero, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Esas normas únicamente contemplan la denominación y sede de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, la jurisprudencia 115/2005-SS no es aplicable y, en cambio, sí lo es por analogía la jurisprudencia 92/2007-SS, de rubro: "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DE SU REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001, PREVÉ EL NOMBRE Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE ESE ORGANISMO, PERO NO FIJA SU COMPETENCIA POR TERRITORIO."
Además, se estimó lo siguiente:
"Así las cosas, con apoyo en la ejecutoria y jurisprudencia transcrita, que resulta obligatoria para este órgano colegiado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se estima que la Sala Fiscal actuó incorrectamente en la sentencia que se revisa, al concluir que en la resolución impugnada no existe precisión en los ordenamientos legales que sustentan la existencia jurídica de la autoridad demandada, por considerar que la autoridad fiscal omitió la cita precisa, detallada y exhaustiva de los artículos 2o. y 37, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, al grado de transcripción de la parte conducente. Ello, en razón de que la precisión exigida en la sentencia recurrida no resulta aplicable a las disposiciones que únicamente contemplan la denominación y sede de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria."
CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe la contradicción denunciada, para lo cual se debe atender a los requisitos delimitados en la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1). Esos requisitos son:
1. Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En la especie, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que se sintetizaron en párrafos antecedentes se advierte que existe contradicción de tesis.
Por un lado, porque los órganos contendientes se ocuparon de cuestiones jurídicas esencialmente iguales. Es decir, analizaron cuál es la naturaleza del artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Esto es, si se trata de una disposición que prevé la existencia de las autoridades que ahí se mencionan o si es una norma que prevé la competencia por grado de éstas. Una vez resuelta esa cuestión, determinaron si existía obligación a cargo de la autoridad administrativa de observar el criterio fijado en la jurisprudencia 115/2005-SS, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE."; o si, por el contrario, aplica lo establecido en la diversa jurisprudencia 92/2007-SS, de rubro: "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DE SU REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001, PREVÉ EL NOMBRE Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE ESE ORGANISMO, PERO NO FIJA SU COMPETENCIA POR TERRITORIO."
En esta tesitura, se advierte que los tribunales contendientes llegaron a conclusiones jurídicas discrepantes sobre los problemas jurídicos antes precisados, pues los tribunales resolvieron:
Ver conclusiones jurídicas
Lo descrito demuestra que los Tribunales Colegiados analizaron la misma problemática y formularon conclusiones contradictorias sobre las mismas cuestiones.
Además, los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues en los tres casos se analizó la fundamentación de la competencia de actos de autoridad emitidos por diversas Administraciones Locales de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (a saber, las de Guadalajara y Mazatlán), se estudió el artículo 2o. del Reglamento Interior de ese ente y se interpretó y aplicó la jurisprudencia de esta Segunda Sala.
Por tanto, se encuentran acreditados los elementos para estimar que hay contradicción de tesis.
Ahora bien, debe hacerse notar que a partir de la lectura de la ejecutoria correspondiente al recurso de revisión fiscal ********** se desprende que la autoridad administrativa fundó su acto en el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, reformado por decreto publicado en el mismo órgano de difusión el diecisiete de junio de dos mil tres.
Mientras tanto, en los otros dos criterios contendientes la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria basó su competencia, entre otros preceptos, en el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco. La expedición de este último reglamento abrogó aquél que se emitió el veintidós de marzo de dos mil uno. Por otro lado, el veintidós de octubre de dos mil siete se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento de la misma entidad, por lo que se abrogó el publicado el seis de junio de dos mil cinco.
A pesar de los hechos anteriores, subsiste la contradicción de tesis, no obstante que los casos materia de la presente interpretación versen sobre preceptos que ya están derogados. Se afirma lo anterior, debido a que la esencia de la norma interpretada por los Tribunales Colegiados no sufrió con su modificación. Para demostrar este aserto, a continuación se transcribe el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, tanto la versión vigente en dos mil tres, como aquella aplicable en dos mil cinco:
Ver cuadro
De este cuadro se advierte que si bien es cierto que los preceptos en estudio no son idénticos, también lo es que su esencia no fue modificada. Es decir, en ambas hipótesis el artículo 2o. del reglamento en cita prevé cuáles son las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, independientemente del número o nombre de los entes específicos que en cada oportunidad se establecieron. Entonces, la cuestión relevante para esta contradicción no es la denominación u organización de cada unidad administrativa, sino el hecho de que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria las prevea.
Además, en las ejecutorias contendientes se hizo un pronunciamiento sobre si una porción de ese precepto debía o no transcribirse en la fundamentación del acto administrativo. Por este motivo, no es relevante, para efectos de la contradicción de tesis, el que las unidades administrativas descritas en cada caso fueran distintas.
Sustenta esta determinación el criterio contenido en la tesis VIII/2001, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, que es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".(2)
Por otro lado, tampoco es obstáculo para la subsistencia de la contradicción de tesis el que las normas estudiadas no estén vigentes, con motivo de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación del seis de junio de dos mil cinco (por lo que ve al artículo 2o. reglamentario que se interpretó en el recurso de revisión fiscal **********) y del veintidós de octubre de dos mil siete (en relación con el artículo 2o. reglamentario interpretado en los recursos de revisión fiscal ********** y **********), por dos motivos. El primero, es que el artículo 2o. reglamentario vigente tiene la misma esencia, esto es, también establece las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. El segundo, es que con independencia de lo anterior, es importante fijar un criterio jurisprudencial que resuelva los asuntos pendientes donde se hayan aplicado las mismas normas. En este sentido, se comparte la opinión emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte en la jurisprudencia 64/2003, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS."(3)
En estas condiciones, los puntos de derecho sobre los cuales versa la presente contradicción consisten en:
• Determinar si el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria prevé la competencia por grado de las unidades administrativas de ese órgano o simplemente su existencia.
• Precisar si se debe aplicar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 115/2005 cuando la autoridad cite en sus actos esa disposición.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que a continuación se desarrollará.
Este Alto Tribunal ha determinado, en reiteradas ocasiones, que la fundamentación de la competencia es requisito esencial del acto de autoridad, como se aprecia de la jurisprudencia 10/94 emitida por el Pleno, que dice:
"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria."(4)
Con el paso del tiempo, se ha profundizado en la interpretación y alcance de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como en la obligación a cargo de la autoridad de incluir en los actos administrativos la cita o transcripción de los preceptos que le confieren competencia. A guisa de ejemplo, se puede citar el criterio sostenido por esta Segunda Sala en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2008 sobre el tema:
"En materia administrativa, para poder considerar un acto de autoridad como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al caso concreto, que contengan los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos y preceptos aplicables, y b) Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado. ...
"La competencia del órgano administrativo es el conjunto de atribuc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21305-daf65207/servicio-de-administracion-tributaria-el-articulo-2o-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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