SUSPENSIÓN EN EL AMPARO AGRARIO. EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, POR EL QUE SE EXENTA A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, ES APLICABLE TAMBIÉN A LOS EJIDATARIOS QUE ACUDEN EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS AGRARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo,(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo(3) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, ya que fue formulada por los Magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 337/2018, el cual constituye uno de los criterios contendientes en esta denuncia de contradicción, razón por la que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(6)
TERCERO.—Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 258/2017.
I.1. Juicio agrario de origen. Fernando Roque Sánchez, Eladio Roque Cruz y Jesús García Mercado, en su carácter de ejidatarios del núcleo agrario denominado "Agua de Correa", del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, promovieron interdicto para retener la posesión de diversos predios (pertenecientes a una misma parcela identificada con el número 677 del ejido en cuestión), respecto de los cuales dijeron no contar con certificado parcelario. Hicieron depender su derecho del hecho consistente en que, según su dicho, han usufructuado esos terrenos por más de diez años.(7)
El juicio fue radicado bajo el expediente 459/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, el que, previa sustanciación y admisión, otorgó una medida cautelar para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, precisando que los litigantes en ese asunto debían abstenerse de modificar la naturaleza o destino de las tierras de que se trata.
Asimismo, se requirió a los promoventes para que exhibieran los planos individuales relativos a las superficies reclamadas, a fin de que el tribunal agrario decretara la medida precautoria para el efecto de que se requiriera al comisariado ejidal y al Registro Agrario Nacional se abstuvieran de llevar a cabo la enajenación o inscripción de documento alguno relacionado con las superficies reclamadas por los accionantes, precisando que tal medida precautoria se decretaba hasta en tanto se resolviera en definitiva la controversia agraria planteada.
Al contestar la demanda, los representantes del ejido demandado hicieron saber al tribunal agrario que la parcela controvertida (número 677) ya había sido delimitada y asignada a diversos ejidatarios del núcleo agrario, con base en las sentencias que obraban en el archivo del tribunal dentro de los expedientes agrarios 568/2015 al 662/2015 y del 99/2016 al 196/2016.
I.2. Juicio de amparo indirecto. Al enterarse de la existencia de las controversias agrarias señaladas en la audiencia, los actores promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron todo lo actuado en los juicios agrarios antes referidos, así como la falta de notificación de la asamblea general de ejidatarios de fecha trece de diciembre de dos mil quince, y las consecuencias jurídicas producidas por estos actos.
En su demanda, los quejosos solicitaron la suspensión para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y no se expidiera certificado parcelario alguno a quienes promovieron las controversias agrarias de donde derivan los actos reclamados.(8)
El amparo indirecto se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, órgano en el que se registró con el número 319/2017.
La Juez del conocimiento negó la suspensión provisional y la definitiva, al considerar que los quejosos no habían acreditado su interés jurídico –ni siquiera de forma indiciaria–, en virtud de que no exhibieron documento idóneo para demostrar la titularidad de las parcelas en litigio; por el contrario, de los documentos que adjuntaron al sumario –en especial de las constancias de "no posesión"–, se desprendía que el comisariado ejidal no les había reconocido la posesión de las tierras en cuestión y, por ende, que la parcela 677 seguía perteneciendo al núcleo ejidal.
I.3. Recurso de revisión incidental. Inconformes con la negativa de la suspensión, los quejosos presentaron recurso de revisión en el que sostuvieron que con esa determinación la Juez de Distrito había resuelto el fondo del juicio de amparo.
El recurso quedó radicado con el número 258/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien previo el trámite respectivo, dictó sentencia en la que declaró fundado el único agravio formulado y revocó la resolución recurrida, al considerar, en esencia, lo siguiente:
• Del análisis de las actuaciones que integran el juicio agrario 459/2016 (relativo al interdicto para retener la posesión), ofrecido como prueba por los promoventes, se advierte, al menos de forma presuntiva o indiciaria, el interés jurídico que tienen los quejosos para solicitar la medida cautelar respecto de las consecuencias jurídicas de los actos reclamados.(9)
• De la interpretación sistemática de los artículos 128(10) y 138(11) de la Ley de Amparo se advierte que la concesión de la suspensión procede, en principio, cuando la solicite el quejoso y con su otorgamiento no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y reunidos esos requisitos, debe efectuarse un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho.
• En el caso se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la suspensión, pues los quejosos solicitaron expresamente la suspensión de las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, sin que se advierta que con su concesión se pueda causar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
• Además, al constituir los actos reclamados todo lo actuado en los juicios agrarios reclamados, incluyendo la falta de emplazamiento, la sentencia dictada y su ejecución, la falta de notificación de la asamblea general de ejidatarios de trece de diciembre de dos mil quince, y de manera destacada las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, lo cual se traduce en la inminente ejecución de tales sentencias definitivas, determinación cuya ejecución necesariamente implica la desocupación y entrega de las parcelas que defienden los quejosos; es inminente que la orden de lanzamiento que se llegue a emitir en la ejecución estará dirigida a los quejosos y traerá como consecuencia su desposeimiento de las tierras en conflicto, lo cual evidencia que se satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo.
• Al encontrarse satisfechos los requisitos para la concesión de la suspensión solicitada, deben establecerse los efectos de la medida cautelar, con base en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo,(12) los cuales se constriñen a que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento en que se resolvió sobre la suspensión definitiva (once de mayo de dos mil diecisiete), lo que implica que las sentencias ejecutoriadas dictadas en los juicios agrarios impugnados no podrán ejecutarse hasta en tanto se resuelva respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo.(13)
• Finalmente, el Tribunal Colegiado señaló que, en el caso, no era procedente exigir garantía alguna a los recurrentes para que surtiera efectos la medida cautelar solicitada, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo,(14) la suspensión concedida a los "núcleos de población" no requerirá de garantía para que surta sus efectos.
Cabe destacar que el Tribunal Colegiado (haciendo una interpretación pro persona), consideró que el artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, en la parte relativa a que los "núcleos de población" no requerirán de garantía para que surta sus efectos la suspensión, debe entenderse referida a la connotación que de "materia agraria" da el artículo 107, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución General, es decir, a los casos en que se reclaman por ejidos, núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o ejidatarios o comuneros en lo individual, actos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes.
Asimismo, se señaló que si el legislador previó exentar a los "núcleos de población" de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión, cuando los mismos se integran por un conglomerado, sea de ejidatarios o comuneros, según sea el régimen ejidal o comunal, por mayoría de razón debe exentarse de exhibir tal garantía a los ejidatarios o comuneros en lo individual cuando acuden al amparo en defensa de sus bienes agrarios, lo cual se concluye atendiendo a una interpretación más amplia, a favor de la persona, del mencionado artículo 132 de la Ley de Amparo.
El criterio adoptado en esta resolución en torno a la interpretación del último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo dio lugar a la tesis XXI.2o.P.A.27 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en mayo de dos mil dieciocho, Libro 54, Tomo III, página dos mil quinientos cincuenta y uno, con el título, subtítulo y texto siguientes:
"EJIDATARIOS O COMUNEROS. CUANDO ACUDEN AL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS BIENES AGRARIOS, ESTÁN EXENTOS DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO).—El precepto mencionado establece que la suspensión concedida a los ‘núcleos de población’ no requerirá de garantía para que surta sus efectos. De tal suerte que, lo dispuesto en dicho numeral, debe entenderse referido a la connotación que de materia agraria da el artículo 107, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a los actos que se reclaman, por ejidos, núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o ejidatarios o comuneros, en lo individual, aquellos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. Interpretación de la norma citada, que se hace en atención al principio pro persona, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ello, porque si el legislador previó exentar a los ‘núcleos de población’ de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión, cuando éstos se integran por un conglomerado, sea de ejidatarios o comuneros, según sea el régimen ejidal o comunal, más aún debe exentarse de exhibir esa garantía a los ejidatarios o comuneros, en lo individual, cuando acuden al amparo en defensa de sus bienes agrarios, lo cual se concluye atento a una interpretación más amplia a favor de la persona, del artículo 132 mencionado."
II. Criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 337/2018.
II.1. Juicio agrario de origen. Ma. Esperanza Murguía Montes, ejidataria del núcleo de población El Jazmín, Municipio de San Gabriel, Jalisco, y titular de la parcela 364 de ese ejido, presentó demanda agraria a efecto de que se reconociera una servidumbre legal de paso que atraviesa la parcela 365, cuyo titular es Pedro Ávalos Chávez.
Esa demanda dio origen al juicio agrario 324/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Tres, con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco.
En este juicio agrario, mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario decretó una medida cautelar a favor de Ma. Esperanza Murguía Montes, en los siguientes términos:
"... se decreta medida cautelar para el único efecto de que se le permita a Ma. Esperanza Murguía Montes acceder, de manera provisional, a su parcela por la superficie materia de la litis; en tales condiciones, se ordena a Pedro Ávalos Chávez, que permita acceder a la accionante a la parcela número 364, por la parcela 365, hasta en tanto se resuelva en definitiva este asunto, apercibiéndolo que de no acatar esta medida, se le aplicarán los medios de apremio que se establecen en el artículo 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo de resaltarse que dicha medida precautoria no prejuzga sobre la procedencia de las pretensiones de la actora y surtirá efectos una vez que la parte actora exhiba a este Unitario, mediante billete de depósito, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que este órgano jurisdiccional le fija como garantía por la medida precautoria supraindicada. ..."
II.2. Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo con la medida cautelar concedida por el Tribunal Unitario Agrario, el ejidatario Pedro Ávalos Chávez –titular de la parcela 365– demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal y solicitó la suspensión de tal acto.
Dicha impugnación dio origen al juicio de amparo 744/2018, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
El ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Juez federal aperturó el incidente y concedió la suspensión provisional del acto reclamado.
El trece de julio de dos mil dieciocho, la Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva respecto de la servidumbre de paso que, como medida cautelar, se estableció en el juicio agrario 324/2017, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Tres. Asimismo, la Juez de Distrito fijó discrecionalmente la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo.
II.3. Recurso de revisión incidental. Inconforme con la resolución dictada con motivo de la suspensión definitiva, el ejidatario quejoso interpuso un recurso de revisión, en el que adujo, como único agravio, que la interlocutoria resultaba ilegal en la parte en que se estableció una garantía por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), pues la Juez de Distrito perdió de vista que dicha cantidad resultaba excesiva, toda vez que el agraviado es una persona de setenta y ocho años, sin ingresos propios y, por ende, con una capacidad económica precaria.
El recurso fue turnado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo admitió y radicó con el número 337/2018.
En la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, se resolvió modificar la sentencia incidental recurrida, en razón de los siguientes argumentos:
• En suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo, resultan fundados los agravios del recurrente, en tanto que la garantía fijada en $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) resulta excesiva. Ello, toda vez que si bien el artículo 132, segundo párrafo, de la referida ley, establece que cuando la suspensión pueda afectar derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional deberá fijar discrecionalmente el importe de la garantía, también lo es que tal dispositivo confiere al juzgador la atribución de ponderar las situaciones de hecho que constituyen el entorno de quien solicita la suspensión del acto reclamado, a fin de evitar que el monto a garantizar resulte excesivo, lo que en el presente caso se traduce en otorgarle a la parte agraviada la mayor protección posible en atención a su clara desventaja social, que deriva de que: a) Pedro Ávalos Chávez es ejidatario del núcleo de población El Jazmín, Municipio de San Gabriel, Jalisco; b) el quejoso es un adulto mayor con setenta y ocho años de edad; y, c) en su demanda de amparo, el agraviado manifestó no contar con ingresos propios, y tener una capacidad económica precaria.
• Por tales razones, se consideró que debían llevarse a cabo las medidas materiales y jurídicas necesarias que atendieran a la mayor protección del quejoso, en apego a su especial condición de vulnerabilidad, conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. En atención a lo anterior, se determinó que lo que procedía era modificar la resolución recurrida únicamente en la parte en que se estableció el monto de la garantía que debía otorgar el quejoso como requisito de efectividad de la suspensión en el juicio de amparo, para fijarla discrecionalmente en $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual debía exhibirse en los términos establecidos en la propia resolución sujeta a revisión.
• Posteriormente, se señaló que no pasaba inadvertido que, en relación con el problema jurídico planteado por el quejoso –en su carácter de ente tutelado– existía un criterio más benéfico sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito –en la tesis XXI.2o.P.A.27 A (10a.)–, en el que se estableció que la exención prevista en el último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo en favor de los núcleos de población comunal o ejidal –que los releva de la obligación de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión, por identidad de razón debe extenderse a los ejidatarios o comuneros en lo individual, cuando éstos acuden al amparo en defensa de sus bienes agrarios.(15)
• Sin embargo, el Tribunal Colegiado del conocimiento advirtió expresamente que no compartía dicho criterio, ya que, a su consideración, no existía base legal para hacer extensivo el beneficio citado, pues en los casos en que el legislador federal estimó que los ejidatarios y comuneros debían recibir el mismo trato que los núcleos de población, así lo estableció expresamente en el texto legal.(16)
• En consecuencia, consideró que:
"... la exención establecida en el último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, únicamente opera en favor de los núcleos de población, lo cual encuentra justificación en la defensa que éstos hacen de la propiedad o los derechos colectivos del conglomerado ejidal o comunal; mientras que tratándose de ejidatarios o comuneros en particular, éstos defienden un interés propio, por lo que en estos casos, corresponde al Juez de Distrito hacer uso de otras herramientas para advertir si existen condiciones de pobreza, marginación o desventaja social –tal como se realizó en el presente asunto– para que de ser procedente otorgar la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito fije el monto de la garantía sobre una base objetiva cuando esto sea posible, de manera que esta atribución, aun siendo discrecional, no resulte arbitraria o excesiva."
· En atención a estos argumentos, el Tribunal Colegiado insistió en que no se compartía la tesis XXI.2o.P.A.27 A (10a.) y, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, procedió a denunciar esta diferencia de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resolviera la posible contradicción existente.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
En efecto, tal como se advierte de la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010,(17) el Pleno de este Alto Tribunal ha sostenido que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse si esa variación o diferencia incidió o fue determinante para resolver el problema jurídico en cuestión, esto es, si los aspectos que varían son meramente secundarios o accidentales; de tal forma que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen, entonces, debe considerarse que no son relevantes para la existencia de la contradicción.
En tal virtud, si las cuestiones fácticas diferentes influyeron o fueron trascendentales para que cada órgano jurisdiccional asumiera una posición jurídica distinta, ya sea porque los criterios jurídicos se construyeron a partir de dichos elementos particulares o porque la legislación aplicable en cada caso en particular da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no podrá configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Lo anterior, pues si bien las particularidades podrían dilucidarse al resolverse la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello sería viable solamente cuando el criterio que prevaleciera fuera único y aplicable a los razonamientos contradictorios de todos los órganos participantes.
Sin embargo, si las cuestiones fácticas diferentes no trascendieron a la solución jurídica de la problemática, sino que fueron accesorias, sí se podrá configurar la contradicción de tesis.
Hechas las precisiones anteriores, conviene determinar los elementos fácticos y jurídicos que los tribunales contendientes consideraron en sus resoluciones respectivas.
Así, tenemos que:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito –al resolver el incidente de suspensión (revisión) 258/2017– sostuvo, en lo que aquí interesa, que cuando los ejidatarios acuden en lo individual al juicio constitucional, en defensa de sus bienes o derechos agrarios, están exentos de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con el artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Para arribar a ese criterio, señaló que el referido precepto, cuando dispone que los "núcleos de población" no requerirán de garantía para que surta sus efectos la suspensión, debe entenderse referido no sólo a los núcleos de población, sino a todos los sujetos protegidos por la "materia agraria", entendida dentro del contexto que da el artículo 107, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución General, es decir, para todos los casos en que se reclaman por ejidos, núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o ejidatarios o comuneros en lo individual, actos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes.
En este sentido, el mencionado órgano jurisdiccional consideró que si el legislador previó exentar a los "núcleos de población" de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión, y aquéllos se integran por un conglomerado, sea de ejidatarios o comuneros, según sea el régimen ejidal o comunal, por mayoría de razón debe exentarse de exhibir tal garantía a los ejidatarios o comuneros en lo individual cuando acuden al amparo en defensa de sus bienes agrarios, lo cual se concluye atendiendo a una interpretación más amplia, a favor de la persona, del mencionado artículo 132 de la Ley de Amparo.
Del criterio anterior derivó la tesis XXI.2o.P.A.27 A (10a.), titulada: "EJIDATARIOS O COMUNEROS. CUANDO ACUDEN AL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS BIENES AGRARIOS, ESTÁN EXENTOS DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)."
b) Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –al resolver el incidente de suspensión (revisión) 337/2018– sostuvo expresamente que no compartía el criterio contenido en la tesis XXI.2o.P.A.27 A (10a.), ya que la exención establecida en el artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, opera únicamente en favor de los núcleos de población, en atención a que la defensa que hacen este tipo de entes cuando acuden al amparo es de la propiedad o derechos colectivos de todo el conglomerado ejidal o comunal, mientras que los ejidatarios o comuneros en particular, al acudir al amparo, defienden un interés propio y, por tanto, en estos casos, corresponde al Juez de Distrito hacer uso de otras herramientas para advertir si existen condiciones de pobreza, marginación o desventaja social para que, de ser procedente la suspensión, fije el monto de la garantía sobre una base objetiva, cuando esto sea posible, de manera que esta atribución, aun siendo discrecional, no resulte arbitraria o excesiva.
De la lectura que se realiza a las ejecutorias en contradicción, y en específico a los apartados antes referidos, se advierte que los criterios sostenidos por los tribunales referidos derivaron de juicios de amparo promovidos por ejidatarios en lo individual, quienes, a su vez, solicitaron se les concediera la suspensión de los actos reclamados, cuyos efectos tendrían consecuencias respecto de otros ejidatarios y demás sujetos de derecho agrario.
Y en este contexto, los dos Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron sobre la misma cuestión jurídica:
• Determinar si en los casos en que un ejidatario promueve amparo y solicita la suspensión para que no se afecten sus derechos agrarios, puede exigírsele garantía para que surta efectos la suspensión o si debe exentársele de tal requisito aplicándole extensivamente el último párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, que dispone que "la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos".
Por lo tanto, debe concluirse que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Sin que obste a lo anterior que la litis en los juicios agrarios de los que derivaron los criterios contendientes haya sido diversa, ya que ello no trascendió al momento en que los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre la aplicabilidad del artículo 132, último párrafo, de la Ley de Amparo, en favor de los ejidatarios (quejosos) en lo individual.
Tampoco es óbice que el criterio emitido al respecto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito –al resolver el incidente de suspensión (revisión) 337/2018– se haya efectuado en suplencia de la deficiencia de los agravios, ni que el estudio respectivo se haya realizado después de haberse pronunciado sobre los agravios relacionados con el monto de la garantía, ya que con independencia de que el orden de estudio seguido por el referido tribunal haya sido correcto o no, lo cierto es que el análisis de la cuestión relativa a la posibilidad de exigir a un ejidatario el otorgamiento de una garantía para que surtiera efectos la suspensión, constituía un presupuesto procesal que debía analizarse necesariamente en ese caso y, por ende, tal pronunciamiento constituyó una consideración toral del fallo en contradicción.
QUINTO.—Estudio de fondo. A efecto de resolver el punto de contradicción precisado anteriormente, esta Sala considera conveniente hacer un análisis histórico-evolutivo de las reformas constitucionales y legales relacionadas con el amparo en materia agraria, con la figura de la suspensión de los actos reclamados, el otorgamiento de garantía y con el grado de tutela que se ha dado a los diversos sujetos colectivos (núcleos ejidales y comunales) e individuales (ejidatarios, comuneros, etcétera) al respecto.
I. Evolución constitucional y legal del "amparo agrario" y de la figura de la suspensión aplicada en esa materia. En este contexto, cabe precisar en inicio que el texto primigenio(18) del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –en donde se regula de manera general el juicio de amparo– no preveía disposición alguna que hiciera alguna referencia específica o estableciera alguna protección especial para los sujetos de derecho agrario que fueran parte en los juicios de amparo.
Por su parte, la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis (actualmente abrogada), tampoco preveía en su texto alguna referencia específica a la materia agraria o a los sujetos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28760-c2b055c4/suspension-en-el-amparo-agrario-el-beneficio-establecido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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