DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. LOS POSESIONARIOS DE TIERRAS EJIDALES CUENTAN CON UN PLAZO DE SIETE AÑOS PARA PRESENTAR SU DEMANDA DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 383/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de enero dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 174/2023 y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar el amparo directo 672/2017.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido por conducto del SEPJF y registrado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, Horacio Pérez Medel, parte recurrente en el recurso de queja 174/2023 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre la ejecutoria emitida por ese Tribunal Colegiado y lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 672/2017.
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 383/2023; instruyó a las Presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes, para que remitieran únicamente por conducto del MINTERSCJN, la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de sus ejecutorias, así como del proveído en el que informaran si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes o señalaran las razones que sustenten que sus posturas fueron superadas o abandonadas.
3. En el mismo acuerdo se ordenó turnar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su resolución.
4. Avocamiento. Finalmente, por acuerdo de diez de enero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de Justicia ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y determinó su competencia legal.
I. Competencia
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, y los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(5) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; toda vez que la contradicción de criterios se plantea entre Tribunales Colegiados de Circuito que pertenecen a las Regiones Centro-Sur y Centro-Norte, respectivamente.
II. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II,(6) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por el recurrente en el recurso de queja 174/2023 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual corresponde a uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.
III. Criterios denunciados
7. Para determinar si existe contradicción de criterios es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 672/2017 en sesión de treinta de mayo de dos mil diecinueve.
8. Demanda de amparo directo. Una persona (posesionario ejidal) demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acuerdo emitido por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 19, con residencia en Tepic, Nayarit; a través del cual, de conformidad con el artículo 190 de la Ley Agraria, decretó la caducidad en el juicio agrario instado contra un Ejido, ante la falta de impulso procesal por parte del actor y del propio tribunal en un plazo de cuatro meses.
9. Al respecto, el quejoso alegó que tal determinación vulneraba sus derechos fundamentales pues el Tribunal Agrario no tomó en consideración su condición de salud y tampoco su estado de adulto mayor.
10. En lo que interesa para esta contradicción de criterios, en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, particularmente en el considerando relativo a la oportunidad, argumentó lo siguiente:
• Conforme al artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días con distintas hipótesis de excepción, entre ellas, la permisión a los núcleos de población ejidal o comunal de promover juicio de amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios en un plazo extendido de hasta siete años.
• Al respecto, determinó que posesionario es la persona que ejerce un poder de hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera su propietario; es decir, el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la asamblea del núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente, definiendo que el poseedor puede acudir ante el Tribunal Agrario en la vía de jurisdicción voluntaria o controversia en juicio, para que el referido tribunal emita resolución respecto de la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate.
• En ese sentido consideró que la permisión establecida en el referido artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, debe ser entendida como legalmente aplicable no solo a los núcleos de población ejidal o comunal, sino también a los posesionarios de tierras ejidales (como la parte quejosa). Lo cual se traduce en que dichos posesionarios tengan derecho de promover juicio de amparo en un plazo máximo de siete años, cuando se reclamen actos que tengan, o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios.
• Lo anterior, porque los posesionarios pueden acceder a ser ejidatarios y, si durante un juicio está en litigio la decisión de la asamblea de su calidad como posesionarios o la de ejidatarios, resulta natural que deban ser incluidos en el beneficio del plazo extendido, toda vez que también se trataría de actos que pudieran tener por efecto privar de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a estos últimos.
• Apoyó su pronunciamiento en las consideraciones de esta Segunda Sala al resolver los amparos directos en revisión 1752/2018 y 1888/2018 (fallados en sesión de treinta de enero de dos mil diecinueve).
• Concluyó señalando que resultaría discriminatorio afirmar que únicamente los grupos vulnerables o quienes ya son ejidatarios o comuneros, tienen derecho a promover el juicio de amparo en el plazo extendido de siete años, toda vez que el tipo de acto reclamado es el mismo (juicio sobre su calidad de sujetos de derechos agrarios) y, por ende, la razón que priva para proteger a los grupos vulnerables también debe aplicar para los posesionarios en lo individual.
• Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 174/2023, en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintitrés.
11. Demanda de amparo. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, una persona promovió juicio de amparo indirecto contra del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, por la negativa de expedición de licencia de construcción solicitada sobre un solar ejidal ubicado en el referido municipio.
12. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el cual mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve, registró la demanda y la admitió a trámite.
13. En auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, la Jueza tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado en el que manifestó como cierto el acto reclamado, aduciendo que se había negado la licencia de construcción porque el terreno estaba en conflicto entre dos partes (quejoso y tercero interesado).
14. Tercero interesado. Después de diversos requerimientos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder emplazar al tercero interesado, el uno de septiembre de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito tuvo al tercero interesado formulando alegatos, señalando que en el juicio agrario 103/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 se resolvió el conflicto posesorio entre él y el quejoso (sentencia emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós), donde se determinó que el tercero interesado tenía mejor derecho a poseer y usufructuar el solar urbano en cuestión, por lo que la negativa de la licencia de construcción reclamada no afectaba la esfera jurídica del quejoso.
15. Ampliación de demanda de amparo. El diez de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso presentó ampliación de demanda (por considerar una estrecha relación con el acto que reclamó en el escrito inicial de demanda), en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en el juicio agrario 103/2020, de quien reclamó particularmente, el resolutivo tercero que condenó al quejoso a "restituir la posesión del predio descrito con todos sus usos y accesiones, para lo cual, se le concede el plazo de quince días naturales a que se refiere el artículo 191 de la Ley Agraria para su cumplimiento voluntario, apercibido que de no acatar lo anterior, este tribunal ordenará el cumplimiento forzoso, aplicando medidas de apremio".
16. Requerimiento para aclaración de ampliación. En acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza requirió al quejoso para que en el plazo de cinco días aclarara su ampliación de demanda en el sentido de señalar la fecha en que tuvo conocimiento de los nuevos actos que combatía.
17. En cumplimiento a lo anterior, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso señaló que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el veintitrés de junio de dos mil veintidós.
18. Asimismo, indicó que en contra de la sentencia del Tribunal Agrario interpuso recurso de revisión, así como demanda de amparo directo que recayó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (que hasta ese momento se encontraba pendiente de resolución).
19. Desechamiento de ampliación. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza de Distrito determinó desechar la ampliación de demanda de amparo por extemporánea, bajo el razonamiento que el quejoso manifestó haber tenido conocimiento del acto reclamado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, mientras que su ampliación de demanda la promovió hasta el diez de febrero de dos mil veintitrés.
20. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (criterio contendiente).
21. En su único agravio, el recurrente planteó que la jueza de amparo equivocadamente desechó su ampliación de demanda, ya que el acto reclamado en esa ampliación pudo tener como consecuencia la privación total y definitiva de la posesión, uso y goce de su solar ejidal, objeto de los actos reclamados, por lo que se encontraba dentro del plazo de siete años a que se refiere el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, por ser un sujeto agrario posesionario de un solar.
22. Resolución. Al resolver, el Tribunal Colegiado determinó que fue correcta la determinación de la jueza de amparo de desechar la ampliación de demanda por extemporánea, dado que el quejoso debió promoverla en el plazo genérico de quince días, pues no se encuentra en el supuesto de excepción de la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la norma es muy clara que esa hipótesis se actualiza únicamente cuando el amparo haya sido promovido por núcleos de población ejidal o comunal, mientras que el quejoso solo se ostentaba como posesionario de un solar urbano.
23. En ese sentido, concluyó que transcurrió en exceso el plazo de quince días para que el quejoso promoviera la ampliación de la demanda de amparo, como lo determinó la jueza de amparo, precisando que ese es el plazo que le corresponde partiendo del hecho de que el quejoso no es un núcleo de población ejidal o comunal, sino que comparece al juicio en defensa de sus derechos individuales como posesionario de un solar urbano del que pretendían privarlo de su posesión.
24. Finalmente, sostuvo que de haber sido la intención del legislador incluir a los sujetos individuales agrarios en el supuesto de excepción al plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo o de su ampliación, así lo habría establecido en la propia ley.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
25. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una contradicción de criterios será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse la siguiente jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)
26. También, debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(8)
27. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos jurisdiccionales involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
28. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
29. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
30. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(9)
31. Atento a lo anterior, esta Segunda Sala determina que sí existe la contradicción de criterios entre las ejecutorias denunciadas.
32. Esto es así porque ambos Tribunales Colegiados analizaron la excepción establecida en el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, excepto cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años.
33. Acorde a ello, por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consideró que la permisión establecida en el referido artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, debe ser entendida como legalmente aplicable no solo a los núcleos de población ejidal o comunal, sino también a los posesionarios de tierras ejidales, es decir las personas que ejercen un poder de hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera su propietario.
34. Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver un recurso de queja determinó correcto el desechamiento de la ampliación de demanda por extemporánea, dado que el quejoso debió promoverla en el plazo genérico de quince días, pues no se encuentra en el supuesto de excepción de la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la norma es muy clara en establecer que esa hipótesis se actualiza únicamente cuando el amparo haya sido promovido por núcleos de población ejidal o comunal, mientras que el quejoso solo se ostentaba como posesionario de un solar urbano.
35. Es decir, consideró que al recurrente quejoso le correspondía el plazo de quince días partiendo del hecho de que éste no es un núcleo de población ejidal o comunal, sino que comparece al juicio en defensa de sus derechos individuales como posesionario.
36. Atendiendo a las particularidades relatadas, es claro que ambos Tribunales Colegiados arribaron a posturas distintas sobre un mismo punto de Derecho, lo cual permite establecer como planteamiento a dilucidar, ¿si el supuesto de excepción establecido en el artículo 17, fracción III, de la Ley de Amparo, que permite presentar la demanda de amparo en el plazo de siete años cuando ésta se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, puede ser extensivo y aplicado para los posesionarios de tierras ejidales o comunales? V. Estudio de fondo
37. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresa a continuación, de conformidad con los razonamientos siguientes:
38. Para dar solución a la problemática planteada, en primer término, se transcriben los artículos que comprenden el marco normativo relacionado con el tema a dilucidar.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 27.
"...
"La capacidad para adquirir el dominio de las tierra y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:
"...
"VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
"...
"La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. ..."
Ley Agraria
"Artículo 9. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título."
"Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales."
"Artículo 13. Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere."
"Artículo 14. Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan."
"Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:
"I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y
"II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno."
"Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita:
"I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;
"II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o
"III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario."
"Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:
"...
"VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; ..."
"Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un período de cinco años, si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela.
"El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente."
"Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:
"...
"III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. ..."
"Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:
"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; ..."
"Artículo 101. La comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre la misma en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero.
"Cuando no exista litigio, se presume como legítima la asignación de parcelas existentes de hecho en la comunidad."
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
"Artículo 30. Cuando la Asamblea reconozca el parcelamiento económico o de hecho, procederá a regularizar la tenencia de los ejidatarios. Asimismo, podrá reconocer a los posesionarios y regularizar su tenencia en los términos del Capítulo Tercero del presente Título. ..."
"Artículo 34. En la asignación de parcelas a personas distintas del ejidatario, se entenderá que solamente se confieren los derechos de uso y disfrute sobre la parcela de que se trate, a menos que la Asamblea decida otorgar derechos adicionales respecto de otras tierras o bienes del ejido. En todo caso, en el acta correspondiente se harán constar los derechos concedidos en los términos de este artículo.
"Los individuos que hayan sido aceptados expresamente por la Asamblea como ejidatarios de ese núcleo de población ejidal, tendrán además el derecho de voz y voto en las asambleas que atiendan asuntos relacionados con sus tierras, los que ejercerán a partir de que fueren aceptados como tales."
"Artículo 36. La Asamblea podrá regularizar la tenencia de los posesionarios, debiendo delimitar las parcelas de que se trate y solicitar al Registro la expedición de los certificados correspondientes, una vez que se haya observado, en lo conducente, el procedimiento establecido en el artículo 31 de este reglamento."
"Artículo 37. Los posesionarios reconocidos por la Asamblea tendrán los derechos de uso y disfrute sobre las parcelas de que se trate, a menos que la Asamblea decida otorgar derechos adicionales sobre las demás tierras o bienes del ejido."
"Artículo 38. Los posesionarios que hayan sido aceptados por la Asamblea como ejidatarios de ese núcleo de población ejidal, tendrán además de los derechos referidos en el artículo anterior, el derecho de voz y voto en las Asambleas que traten asuntos relacionados con sus tierras, los que ejercerán a partir de que fueren reconocidos como tales."
"Artículo 40. Si la Asamblea, al regularizar la tenencia de posesionarios, no establece expresamente en el acta respectiva, los derechos que les corresponden, se entenderá que solamente se otorgan derechos de uso y disfrute sobre la parcela, en los términos del artículo 34 de este reglamento."
39. Esta Segunda Sala, al resolver la entonces contradicción de tesis 133/98,(10) analizó las disposiciones normativas transcritas, cuya vigencia subsiste, y determinó que para la legislación agraria, los ejidatarios, comuneros y posesionarios son sujetos de derechos agrarios, en tanto que de tales artículos se aprecian ciertas particularidades.
40. Los ejidatarios, son los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, con todos los derechos inherentes a esa calidad establecidos en la ley que cuentan con voz y voto para decidir el destino del ejido y con facultades para defenderlos ante las autoridades correspondientes.
41. Por su parte, los comuneros son los individuos que radican en una comunidad agraria cuya residencia en la misma les otorga en su caso el derecho al uso y disfrute de la parcela que les corresponde y cuentan con facultades para defender esos derechos ante las autoridades agrarias correspondientes.
42. Mientras que los posesionarios, son los individuos que usan y disfrutan una parcela ejidal o bien un solar urbano, c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32277-44c07473/demanda-de-amparo-en-materia-agraria-los-posesionarios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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