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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO LA PARTE QUEJOSA ES UNA PERSONA INDIVIDUAL DE DERECHO AGRARIO QUE PROMUEVE POR SU PROPIO DERECHO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 166/2023. · Registro digital (IUS): 31719
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-09-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, (EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, Pág.4426.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 166/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA (EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO), Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, TODOS DEL QUINTO CIRCUITO. 22 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ÁLVAREZ ESCORZA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, porque así lo determinó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 10 y 14, fracción I, y 15, párrafo segundo (aplicado por analogía), del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; toda vez que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por territorio sobre el tribunal auxiliado y los restantes tribunales contendientes, pertenecientes a los Circuitos Segundo y Quinto, ambos comprendidos en la Región Centro-Norte; y por materia, en razón de que en el acuerdo de presidencia del Alto Tribunal se aplicó por analogía la regla del numeral 15 antes invocado, según la cual, tratándose de tribunales de distinta región, debe atenderse al que haya emitido el primero de los criterios en contienda; en el caso, el criterio más antiguo se emitió por el Tribunal Colegiado que actuó en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en el momento de la denuncia, pues la formuló ********** ********** **********, autorizado de ********** ********** ********** **********, parte quejosa en el recurso de queja 458/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito,(4) del cual derivó uno de los criterios contendientes.

3. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(5) que a continuación se transcribe, en la cual el Alto Tribunal interpretó los artículos 27 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, similares a los diversos 12 y 227, de la ley de la materia vigente.(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

III. Criterios denunciados

4. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al resolver el amparo en revisión 845/2012, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil doce (en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuaderno principal 205/2012).

5. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 73/2023, en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés.

6. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 458/2022, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

7. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito al resolver el recurso de queja 24/2023, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

8. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los Tribunales Colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

9. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al resolver el amparo en revisión 845/2012 (en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuaderno principal 205/2012) y el sustentado por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, todos del Quinto Circuito, al fallar los recursos de queja 73/2023, 458/2022 y 24/2023, respectivamente.

10. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

11. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver cuadro

14. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se cumple porque los tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre el otorgamiento de la suspensión de oficio y de plano en materia agraria, cuando quien acude como quejoso al juicio de amparo es un sujeto individual de derecho agrario que promueve por propio derecho.

15. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes porque todos examinaron la cuestión planteada a partir de las reglas que prevén la suspensión de oficio y de plano en materia agraria.

16. Importa aclarar que no se inadvierte que los hechos analizados por los Tribunales Colegiados no guardan una semejanza sustancial como se muestra en la tabla siguiente:

Ver tabla

17. Pero de las sentencias examinadas se desprende que los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, para sostener su criterio, no consideraron las particularidades de cada caso, ni los derechos en juego o los derechos afectados por los actos reclamados; su razonamiento se orientó por considerar quién era la parte quejosa (una persona individual) y la calidad con la cual compareció al juicio de amparo (por propio derecho).

18. Ahora bien, es cierto que el Tribunal Colegiado auxiliar sí se refirió, en una parte del fallo, a las particularidades del acto reclamado, al decir:

"Lo que es indicativo de que, aun cuando el Alto Tribunal no lo dijo en dicha ejecutoria, tal precepto en su interpretación más amplia, acorde con los artículos 212, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 9, 44 y 81 de la Ley Agraria, debe aplicarse a la clase campesina en general cuando defienda derechos individuales y los actos reclamados tengan como finalidad la privación total o parcial, temporal o definitiva de la dotación de tierra otorgada por la asamblea general o su sustracción del régimen jurídico ejidal, pues tal circunstancia de una u otra manera también causa un perjuicio a los derechos colectivos del ejido, por afectar directamente su patrimonio.

"...

"Consecuentemente, aun cuando el impetrante (...), promueva por derecho propio y como titular de la parcela ejidal afectada, no significa que no deba aplicarse el diverso 233 de la Ley de Amparo, como pretende hacerlo ver la recurrente.

"Además, al no justificarse que se haya adquirido el dominio pleno de la citada dotación de tierra, debe aplicarse el supuesto contemplado en el artículo 9 de la citada Ley Agraria, es decir, debe partirse de la premisa de que el núcleo ejidal quejoso, es el propietario de todas y cada una de las tierras que se le dotaron, destinadas para el asentamiento humano, tierras de uso común, o tierras parceladas, en los términos establecidos por el artículo 44 del mismo ordenamiento legal."

19. Sin embargo, en otras partes de ese fallo realizó un pronunciamiento frontal en el sentido de que la suspensión de oficio y de plano debía decretarse siempre que el quejoso fuera un titular de derechos agrarios, individuales o colectivos, cuando dijo:

"En esas condiciones, este tribunal colegiado estima correcto determinar que el artículo 233, en relación con los diversos 212, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo; y, 9, 44 y 81 de la Ley Agraria, debe aplicarse a la clase campesina en general, incluso cuando defienda derechos individuales, pues considerar lo contrario incluiría la posibilidad de vulnerar algún derecho esencial del ahora quejoso, lo cual es contrario al principio citado porque por una parte se dice que en la suspensión en materia agraria no es aplicable el diverso 124 de dicha ley y, por otro, se le excluiría del numeral 233, bajo el argumento que solo protege derechos colectivos de los núcleos ejidales o comunales.

"...

"Por tanto, es evidente que cualquier acto que tenga que ver con la privación de derechos total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción del régimen jurídico ejidal, colectivos o individuales, es procedente conceder la suspensión de plano al tenor del diverso 233 de la Ley de Amparo.

"...

"En ese orden, es evidente que cuando los actos reclamados tengan por efecto privar total o parcialmente, temporal o definitivamente de sus tierras y derechos a los núcleos ejidales o a la clase campesina en lo individual, debe decretarse la suspensión de plano, sin condicionar la procedencia de la medida suspensional al análisis de los requisitos que prevé el artículo 124 de la Ley de Amparo."

20. Además, en la tesis aislada VI.3o.(II Región) 8 A (10a.)(8) que derivó de este asunto se cristalizó tal criterio, según se advierte de su contenido, que es del tenor literal siguiente:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE DE PLANO CONFORME AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA LOS ACTOS TENDENTES A LA PRIVACIÓN TOTAL O PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVA, DE DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS O INDIVIDUALES O SU SUSTRACCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EJIDAL. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 90/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 376, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.’, y de la interpretación más amplia del artículo 233, en relación con los diversos preceptos 212, 225, 226 y 227, todos de la Ley de Amparo; 9o., 44 y 81 de la Ley Agraria, la suspensión de plano debe decretarse en favor de la clase campesina, en general, cuando a través del amparo reclame cualquier acto tendente a la privación total o parcial, temporal o definitiva, de sus derechos agrarios colectivos o individuales o su sustracción del régimen jurídico ejidal, pues considerar lo contrario podría llevar a vulnerar algún derecho esencial, ya que conforme al citado criterio del Alto Tribunal, en la suspensión en materia agraria es inaplicable el artículo 124 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; de ahí que mientras un ejidatario o comunero no haya adquirido el dominio pleno de las tierras que se le dotaron, no puede excluírsele del referido numeral 233, bajo el argumento de que éste sólo protege derechos colectivos de los núcleos ejidales o comunales, pues debe partirse de la premisa de que el núcleo ejidal es el propietario de todas y cada una de las tierras destinadas al asentamiento humano, las de uso común o las parceladas."

21. Por estas razones se estima que aun existiendo diferencias entre los supuestos fácticos, todos los tribunales se ocuparon del mismo problema jurídico.

22. No es obstáculo a lo anterior que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región haya analizado el artículo 233 de la Ley de Amparo abrogada, mientras que los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito estudiaron el diverso 126 de la ley vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues el texto de aquél quedó esencialmente recogido en el tercer párrafo de éste, como se corrobora de la comparación que a continuación se realiza de las partes conducentes de tales preceptos:

Ver preceptos

23. Tampoco pasa inadvertido que el texto del artículo 126 de la Ley de Amparo vigente no hace referencia a la sustracción del régimen ejidal como sí lo hacía el diverso 233 de la ley abrogada, pero se entiende implícita en dicha porción cuando alude a actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios.

24. Por tanto, aunque uno de los Tribunales Colegiados se pronunció sobre un texto de la ley abrogada y los restantes respecto de un texto de la ley vigente, dada la similitud sustancial entre ambos, se entiende que todos los tribunales decidieron sobre una misma cuestión, conforme al criterio sentado por el Máximo Tribunal en la tesis jurisprudencial 2a./J. 87/2000,(9) del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."

25. En esas condiciones, derivado del examen a un mismo punto de derecho, se produjo entre los Tribunales Colegiados un diferendo en los criterios interpretativos adoptados, pues el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región estimó que procede concederla a la clase campesina en general, incluso cuando el quejoso acudiera al juicio de amparo como sujeto individual de derecho agrario que promueve por propio derecho; mientras que los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, todos del Quinto Circuito, estimaron que únicamente procede cuando el quejoso sea un núcleo de población ejidal o comunal y los actos reclamados tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a tales núcleos.

26. Entonces, existe la contradicción. Apoyan esta determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010(10) y la tesis aislada P. V/2011(11) de rubros y textos siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que

conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007–PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."

27. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la interrogante siguiente: ¿Es procedente conceder la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa es un sujeto individual de derecho agrario que promueve por su propio derecho?

28. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región al resolver el amparo en revisión 845/2012 (en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuaderno principal 205/2012); y el sustentado por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, todos del Quinto Circuito, al fallar los recursos de queja 73/2023, 458/2022 y 24/2023, respectivamente.

29. Debe decirse que tampoco es obstáculo para alcanzar esta conclusión que, como se informó en la primera parte del fallo, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región concluyó sus funciones a partir del quince de enero del año que trascurre,(12) y derivado de ello, a la fecha se encuentre extinto.

30. Aunque resulta exacto decir que con motivo de esos acontecimientos el órgano auxiliar en mención no volverá a emitir una resolución en la cual sostenga el criterio plasmado en el fallo del amparo en revisión 845/2012 aquí contendiente; lo cierto es que como ya se dijo, de éste derivó la tesis aislada VI.3o.(II Región) 8 A (10a.) de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE DE PLANO CONFORME AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA LOS ACTOS TENDENTES A LA PRIVACIÓN TOTAL O PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVA, DE DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS O INDIVIDUALES O SU SUSTRACCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EJIDAL." citada en otra parte de esta resolución.

31. Entonces, es posible que el criterio ahí sostenido sea aplicado por otros Tribunales Colegiados que lo compartan, máxime que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al que el extinto órgano auxiliar apoyó con el dictado del fallo contendiente en este asunto, informó que el criterio ahí sostenido continúa vigente,(13) a partir de una certificación en la cual se indicó:

"De la revisión de los asuntos sesionados, en términos de la fracción VIII, del artículo 8 del Acuerdo General número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos de circuito (sustituidos por los plenos regionales a partir del año que transcurre) y los tribunales colegiados de circuito, no se advierte que el criterio sustentado en el amparo en revisión 205/2012, haya sido superado."

32. A la luz de esta certificación, no se tiene certeza de que la extinción del tribunal auxiliar implique que su criterio no se siga aplicando.

33. Tampoco obsta para estimar existente la contradicción, la circunstancia de que los tribunales contendientes hayan invocado las tesis de jurisprudencia 2a./J. 90/2002(14) y 2a./J. 31/2022 (11a.)(15) que a continuación se transcriben:

"SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el juez federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad."

"SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE CONTRA ACTOS QUE TIENEN O PUEDEN TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR TOTAL O PARCIALMENTE, EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, DE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O DISFRUTE DE DERECHOS AGRARIOS A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL, SIN QUE PARA ELLO RESULTE APLICABLE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.

"Hechos: Dos sujetos de derecho agrario solicitaron la suspensión de actos que tenían o podían tener por efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos y, derivado de la resolución que emitieron los Juzgados de Distrito, en ambos casos se interpusieron recursos de queja. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos respectivos sostuvieron un criterio distinto sobre la misma cuestión jurídica, consistente en determinar si para otorgar la suspensión de oficio y de plano en materia agraria debía atenderse o no al requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, con motivo de la reforma al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011.

"Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se promueve juicio de amparo contra actos que tienen o pueden tener como consecuencia privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, procede la suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que resulte aplicable para su procedencia el requisito del artículo 128, fracción II, del pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31719-57d2656a/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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