SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PROCEDE CONTRA ACTOS QUE TIENEN O PUEDEN TENER COMO CONSECUENCIA PRIVAR TOTAL O PARCIALMENTE, EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA, DE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O DISFRUTE DE DERECHOS AGRARIOS A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDAL O COMUNAL, SIN QUE PARA ELLO RESULTE APLICABLE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 1 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN MANIFESTÓ FORMULARÍA VOTO PARTICULAR. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al uno de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados respecto a si ¿con motivo de los cambios introducidos a la institución jurídica de la suspensión en la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, procede o no tomar en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 128, fracción II, de ese ordenamiento, para otorgar la suspensión de oficio y de plano en materia agraria?
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio número 3/2022, recibido el doce de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, suscrito por el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, por el que denunció una posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 14/2019 y el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al fallar el recurso de queja 184/2014.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio cuenta con el oficio de denuncia de contradicción de tesis, admitió a trámite la contradicción de tesis; asimismo, ordenó turnar el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf adscrita a la Segunda Sala para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
3. Avocamiento por la Segunda Sala. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
II. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) debido a que fue formulada por un Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco.(3)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
6. Los criterios adoptados en las ejecutorias que participan en la presente contradicción de tesis son, en esencia, los siguientes:
7. Antecedentes procesales del pronunciamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
8. El cuatro de agosto de dos mil catorce, Gregorio Melchor Mogollan, Leopoldo Flores Fuentes y Enrique Muñoz Calixto, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de Santa Rita Tlahuapan, del Municipio de Tlahuapan, Estado de Puebla, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el emplazamiento al procedimiento seguido en el juicio agrario con expediente 55/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 33, así como todos los actos posteriores efectuados en ejecución a la sentencia, dentro de los que se encuentra la medición y delimitación del predio San Gabriel, en el que fue incluida la superficie perteneciente al ejido de Santa Rita Tlahuapan, Municipio de Tlahuapan, Estado de Puebla.
9. En los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se señaló lo siguiente:
"Primero. Por resolución presidencial de fecha 29 de noviembre de 1923, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1923, se concedió por concepto de dotación de tierras para constituir el ejido denominado Santa Rita Tlahuapan, Municipio de Santa Rita Tlahuapan, Estado de Puebla, una superficie de 1,755-00-00 hectáreas, para beneficiar a 299 campesinos capacitados en materia agraria, ejecutándose dicha resolución el 10 de abril de 1924.—Segundo. Por resolución presidencial de fecha 13 de diciembre de 1935, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1935, se concedió por concepto de ampliación al ejido de denominado (sic) Santa Rita Tlahuapan, Municipio de Santa Rita Tlahuapan, Estado de Puebla, una superficie de 745-06-00 hectáreas.—Tercero. Mediante resolución presidencial de fecha 13 de diciembre de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1940, se concedió por concepto de ampliación al ejido al que representamos, una superficie de 800-00-00 hectáreas para los usos colectivos de 134 campesinos capacitados en materia agraria, ejecutándose dicha resolución mediante acta de posesión definitiva parcial y de deslinde el 24 de octubre de 1941, entregándose una superficie parcial de 210-00-00 hectáreas.—Cuarto. Por resolución presidencial de fecha 6 de junio de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1980, se concedió por concepto de ampliación al ejido denominado Santa Rita Tlahuapan, Municipio del mismo nombre, estado de puebla (sic) una superficie de 264-00-00 hectáreas, para usos colectivos de 40 campesinos capacitados en materia agraria. Mediante acta de posesión y deslinde Parcial el 24 de agosto de 1980 se entregó al ejido una superficie de 137-37-80 hectáreas. Lo anterior lo acreditamos con copia certificada de la carpeta básica del ejido compuesta de seis legajos.—Quinto. Con fecha 7 de julio del año 2000, se celebró en el núcleo agrario al que representamos, asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales, conforme a lo previsto por el artículo 56 de la Ley Agraria, mediante la cual se delimitaron, destinaron y asignaron las tierras del núcleo agrario al que representamos.—Sexto. Resulta ser que con fecha siete de mayo del 2013 se nos notificó por parte de los CC. José A. Garduño Bárcenas, José Luis García Guzmán y Alberto Fuentes López, comisionados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que el día 14 de mayo del 2014, se efectuaría la medición y deslinde del predio denominado ‘San Gabriel’, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 con sede en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio agrario 55/2006, sin que nos proporcionara copia de la sentencia dictada en dicho juicio y por tanto desconociendo lo ordenado en la misma, así mismo (sic) desconocemos el procedimiento que hubiera seguido el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 en el juicio agrario en cita, puesto que jamás fuimos legal y debidamente emplazados al mismo.—Séptimo. Es el caso que el día 14 de mayo del 2014, se llevó a cabo una reunión por parte de los comisionados de la Secretaria (sic) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el poblado de San Rafael Ixtapalucan, Municipio de Santa Rita Tlahuapan, Estado de Puebla, para determinar la logística a efecto de llevar a cabo la medición y delimitación del predio denominado San Gabriel en la que se llegó al acuerdo que el inicio de la diligencia sería en la mojonera denominada Tres Cruces con la colindancia de la ‘Estación Experimental de Enseñanza e Investigación Zoquiapan’, y que a efecto de que no se entorpecieran los actividades (sic) de cada uno de los colindantes de dicho predio, los comisionados de la Secretaria (sic) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano nos notificarían el día y hora en que se realizaría el caminamiento sobre nuestros linderos a fin de que estuviéramos presentes, circunstancia que jamás ocurrió.—Octavo. Sin embargo, nuestro núcleo agrario nunca fue legal y debidamente notificado por parte de los comisionados de la Secretaria (sic) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de que el día 15 de mayo de 2013 se realizaría la medición y delimitación del predio denominado San Gabriel en la colindancia con nuestro ejido, motivo por el cual estuvimos imposibilitados para acudir a dicha diligencia y hacer valer lo que a nuestro interés conviniera quedando en completo estado de indefensión.—Ello en virtud de que los comisionados de la Secretaria (sic) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fecha 15 de mayo de 2013, de forma ilegal y dolosa procedieron a realizar la medición y delimitación del predio denominado San Gabriel en la colindancia con nuestro ejido, sin habernos notificado de forma legal del día y hora en que se llevaría a cabo dicha diligencia, por lo que al ignorar tal situación no pudimos acudir a la misma y, por lo tanto, procedieron a realizar la medición y delimitación de dicho predio tomando en cuenta únicamente los linderos que les marcaron los representantes del predio San Gabriel, quienes de forma ilegal previamente habían colocado una malla para supuestamente delimitar su predio y respecto de la cual los comisionados la tomaron como el límite absoluto de su predio, sin embargo, dicha malla se encuentra dentro de los terrenos que pertenecen a nuestro ejido y por tanto la medición y delimitación que efectuaron dichos comisionados del predio San Gabriel en la colindancia con nuestro ejido, en supuesto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio agrario número 55/2006, incluyo (sic) e invadió las tierras del ejido de Santa Rita Tlahuapan, Municipio de Tlahuapan, Estado de Puebla, legalmente representado por los suscritos, privándose por tanto a nuestro ejido de las tierras que legalmente les fueron dotadas mediante las resoluciones presidenciales que han quedado señaladas en los párrafos que anteceden, y sin que para ello mediara juicio en el que hubiéramos sido legalmente oídos y vencidos, puesto que jamás fuimos legal y debidamente emplazados al juicio agrario número 55/2005 (sic), ni mucho menos fuimos notificados que el acto de ejecución de la misma seria (sic) llevado a cabo el día 15 de mayo del 2013 en la colindancia con nuestro ejido."
10. Después de diversos trámites, por acuerdo de nueve de octubre de dos mil catorce, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Puebla, dentro del expediente número 1192/2014-II, dio cuenta de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el recurso de queja 156/2014, en la que se resolvió declarar fundada la queja y dejar insubsistente la suspensión de plano decretada en el acuerdo de seis de agosto de dos mil catorce. Por lo cual, en acatamiento a esa determinación, dejó sin efectos la suspensión de plano decretada, porque no se había admitido a trámite la demanda de amparo, por lo que se incumplió con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Amparo.
11. Además, indicó que por resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitida dentro del incidente de suspensión deducido en el juicio de amparo 1192/2014, se resolvió lo relativo a los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio agrario y todo lo actuado en el juicio antes mencionado, sin considerar lo referente a las consecuencias jurídicas derivadas de los actos reclamados; por lo cual, determinó procedente decretar la suspensión de oficio y de plano para que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y no se ejecutara la sentencia emitida dentro del juicio agrario 55/2006, del índice del Tribunal Agrario responsable, es decir, para que no se adjudicara a la parte tercero interesada la propiedad de la superficie que fue materia de la medición y deslinde del predio denominado San Gabriel, por parte de las autoridades responsables, en virtud de que aparentemente comprendía superficies que son propiedad del ejido quejoso, lo anterior, con fundamento en los artículos 126, párrafo tercero, y 127 de la Ley de Amparo.
12. Señaló aplicable la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE DE PLANO CONFORME AL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA LOS ACTOS TENDENTES A LA PRIVACIÓN TOTAL O PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVA, DE DERECHOS AGRARIOS COLECTIVOS O INDIVIDUALES O SU SUSTRACCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EJIDAL."; además aclaró que conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley abrogada continuaría en vigor en lo que no se opusiera a la nueva ley, y aclaró que el texto de la Ley de Amparo vigente no se oponía a la tesis referida.
13. Inconforme con esa determinación, el director de Amparos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del director general de la Propiedad Rural y de los Comisionados todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, interpuso recurso de queja. Del asunto conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual quedó registrado con el número 184/2014 y resuelto el once de noviembre de dos mil catorce.
14. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 184/2014. El órgano colegiado expuso las siguientes consideraciones:
a. Indicó que la autoridad recurrente manifestó que el juzgado determinó otorgar la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y no se ejecutara la sentencia emitida dentro del juicio agrario 55/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 33, con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, esto es, para que no se adjudicara a la parte tercero interesada la propiedad de la superficie que fue materia de la medición y deslinde del predio denominado "San Gabriel", por parte de las autoridades responsables, en virtud de que aparentemente se contemplan superficies que son propiedad del ejido que representan; la cual era contraria a lo dispuesto en el artículo 126, tercer párrafo, de la nueva Ley de Amparo.
b. Además que también adujo que conceder la medida cautelar a la parte quejosa, era ilegal ya que no consideró que el acto reclamado a las autoridades recurrentes, consistente en los trabajos de medición y delimitación del predio, llevado a cabo en cumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio agrario 55/2006, no constituía un acto que pudiera tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a la parte quejosa, porque dicho acto formaba parte de un procedimiento que a la fecha no había concluido con el acuerdo que en su caso determine la procedencia o no de la enajenación del inmueble a favor de los ahora tercero interesados; el cual carece de definitividad.
c. Al respecto, determinó infundados esos planteamientos, para ello explicó que del contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, se desprendía que para el estudio de la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en el juicio de amparo, debía tomarse en consideración:
I. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, así como cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
II. Debe decretarse en el mismo auto en el que el Juez de Distrito admita la demanda, sin necesidad de que medie solicitud del interesado.
III. Con excepción de los casos de extradición y cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, se decide en los autos del juicio principal, sin sustanciar incidente.
IV. Es suficiente con que existan pruebas indiciarias de que se actualizan los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo vigente, pues en caso contrario no puede decretarse la medida cautelar, sin perjuicio de que si con posterioridad se allegan las referidas pruebas (incluso oficiosamente), se otorgue la suspensión.
V. No se exige requisito alguno para que surta efectos.
VI. Surtirá efectos hasta que se dicte sentencia ejecutoria.
d. Por otra parte, señaló que el supuesto previsto de suspensión de oficio y de plano en materia agraria cuando se refiera a actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos colectivos a los núcleos de población ejidal o comunal, encuentra su justificación en la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social, como son las que regulan los derechos de las comunidades agrarias; en consecuencia, estableció que para determinar su procedencia no se pueden aplicar los requisitos que prevé el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que se trata de instituciones cautelares diversas y, por tanto, no deben sujetarse a las mismas reglas de procedibilidad.
e. Al respecto, para llegar a esa conclusión refirió a la contradicción de tesis 45/2002, resuelta por esta Segunda Sala en donde se analizó el artículo 233 de la Ley de Amparo abrogada y se dijo que con la reforma de mil novecientos setenta y seis, el legislador señaló la procedencia de la suspensión de oficio en los juicios de amparo en materia agraria con el propósito de salvaguardar, en favor de los sujetos colectivos de derecho agrario, las garantías sociales tuteladas en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si bien no atiende a derechos personalísimos que atenten contra la integridad de los individuos, obedeció a un interés público nacional consistente en no hacer nugatoria la garantía que le otorga a los núcleos de población ejidal, la resolución de restitución, dotación o ampliación de tierras bosques o aguas; o bien, si se trataba de comunidades agrarias de hecho carentes de título, de las prerrogativas que deriven de esa posesión de predios agrarios, considerando además que los daños que pudieran ocasionarse serían, incluso de obtener sentencia concesoria del amparo, de difícil reparación.
f. El Tribunal Colegiado, en apoyo al criterio sustentado, siguió señalando que la Corte indicó que la suspensión de oficio y de plano debía decretarse inexcusablemente por el juzgador cuando se esté en el supuesto legal, cuando el juicio de amparo haya sido promovido por un núcleo de población ejidal y cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios o su sustracción al régimen ejidal, y por ello, consideró que uno de los Tribunales Colegiados que formó parte de la contradicción de tesis resuelta por el Alto Tribunal, carecía de razón al referir que para decretar la suspensión de oficio en materia agraria, es menester que la parte quejosa acredite contar con resolución presidencial dotatoria, dado que tal medida cautelar constituye un mandato que debe ejecutarse cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación de los bienes del núcleo de población ejidal, de tal manera que bastaba que del escrito de demanda se desprendiera el indicio de que el sujeto colectivo del derecho agrario se encontraba en tal situación para que el juzgado de amparo actuara en consecuencia. g. Que no podía condicionarse la procedencia de la suspensión de oficio y de plano a los requisitos de la suspensión provisional o definitiva, debido a que se trata de dos instituciones cuyos fines son diferentes. Al respecto, señaló que esta Corte indicó que la procedencia de la suspensión de oficio responde a la manifiesta irreparabilidad y la urgencia de que se decrete la medida. Por lo cual, para decretar la suspensión de oficio, bastaba con pruebas indiciarias atinentes a demostrar que el núcleo de población estaba en el supuesto del artículo 233 de la Ley de Amparo abrogada, y en el caso de que no, no procedía decretarla.
h. Así el Tribunal Colegiado refirió que esas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 90/2002, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA."
i. Además, aclaró que, si bien ese criterio jurídico derivó de la interpretación del artículo 233 de la Ley de Amparo abrogada, también era evidente que su contenido era sustancialmente similar al del tercer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo vigente.
j. Por otra parte, indicó que en el caso, de las consecuencias del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de amparo agrario 55/2006 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Distrito, sí se ubicaba en el supuesto del artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, porque de la demanda se desprendía que la parte quejosa manifestó que la medición y delimitación efectuada en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio agrario, incluyó a las tierras que legalmente le fueron dotadas mediante diversas resoluciones presidenciales, por lo cual, las tierras que son propiedad del núcleo de población ejidal podrían afectarse; en consecuencia, consideró que la suspensión de oficio otorgada estaba apegada a derecho, pues bastaba que en el escrito inicial de demanda y de las constancias existentes en los autos, se desprendía un indicio de que el sujeto de derecho colectivo agrario se encontraba en la hipótesis normativa.
k. Así, concluyó que no era válido condicionar la procedencia de la suspensión de oficio y de plano a los requisitos de la suspensión a petición de parte.
15. Del asunto derivó la tesis VI.1o.A.81 A (10a.), con registro digital: 2008362 y rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN MATERIA AGRARIA. NO ES VÁLIDO CONDICIONAR SU PROCEDENCIA AL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 128 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO."
16. Antecedentes procesales del pronunciamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
17. Juan Carlos Horta Farías, Pedro Rojas Pérez y Marcelino Antonio González Muñiz, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del ejido Jaral de Berrios II, del Municipio San Felipe, Guanajuato, solicitaron el amparo contra el acuerdo dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, dentro del juicio agrario 338/2003, y su ejecución.
18. Dentro de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, se estableció lo siguiente:
"A) Por resolución presidencial de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho del mismo mes y año, se afectó una superficie de 5-672-92-54 hectáreas, provenientes del predio denominado ‘Fracción Oriental de la Ex hacienda (sic) Jaral de Berrios’ (sic), ubicada en el Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato.—B) En la misma resolución se concedió, de las hectáreas afectadas que se indicaron en el inciso inmediato anterior, por concepto de primera ampliación definitiva de nuestro ejido, una superficie total de 1,491-38-04 hectáreas a favor de nuestro poblado denominado ‘Jaral de Berrios’ (sic), Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato.—C) De esas 1,491-38-04 hectáreas, 253-65-09 hectáreas se toman de las fracciones A, B y C propiedad del señor Eduardo Villalobos Gutiérrez.—D) En fecha veintisiete de julio de mil novecientos noventa se lleva a cabo la ejecución de la resolución presidencial, con la presencia del comisionado por la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Guanajuato, los integrantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo Agrario del expediente de la ampliación del ejido, el delegado municipal de la localidad, levantándose para el efecto del acta respectiva en la que se integró el Casco de la Hacienda, objeto del juicio agrario número 338/2003 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11.—E) En consecuencia, la Secretaría de la Reforma Agraria, expidió el plano definitivo del ejido, integrando el Casco de la Hacienda. Con lo cual se dio posesión definitiva conforme a dicho plano a los campesinos del poblado ‘Jaral de Berrios’ (sic) que representamos, de acuerdo al decreto presidencial de fecha catorce de junio de mil novecientos noventa.—F) En asamblea de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, los ejidatarios del poblado ‘Jaral de Berrios’ celebramos asamblea en que se reconoció como avecindado al compañero Jorge Guajardo Hesles, asignándole la propiedad de tres solares urbanos: (i) número 1, manzana 7, zona 1, con superficie de 3,152.55 metros cuadrados; (ii) solar urbano 1, manzana 6, zona 1 con superficie de 2,213.70 metros cuadrados; y (iii) solar urbano 1, manzana 3, zona 1 con superficie de 339,992.28 metros cuadrados.—G) Sin embargo, tal y como se desprende de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, el día veintiocho de abril de dos mil tres, la sociedad ahora tercero interesada, presentó demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, con sede en Guanajuato, Estado de Guanajuato, expediente número 338/2003, demandando la nulidad, entre otros, de los actos narrados en los incisos D), E), F) y H), únicamente por lo que respecta al Casco de la Hacienda; la entrega de la superficie que el ejido que representamos tiene en su posesión.—H) Como se desprende también de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, la ahora tercero interesada persona moral acreditó la procedencia de sus prestaciones, toda vez que, a criterio del Tribunal Colegiado, por mayoría de votos, contra un voto en particular, es que resolvió en definitiva el recurso de revisión, el Casco de la Hacienda de Jaral de Berrios no fue objeto de la afectación del decreto indicado en el inciso A). En cumplimiento de la ejecutoria del amparo en revisión, el Tribunal Supremo Agrario, resolvió ‘procedentes las prestaciones consistentes en la nulidad de la orden de ejecución de la mencionada resolución presidencial, así como del acta de posesión, deslinde y amojonamiento de veintisiete de julio de mil novecientos noventa y su caminamiento y la correspondiente a la nulidad del plano definitivo elaborado conforme al acta de ejecución referida, únicamente por lo que respecta a la superficie identificada como Casco de la Hacienda de Jaral de Berrios, con superficie de 775,550 metros cuadrados’, así como la ‘condena a los demandados Asamblea General de Ejidatarios del Poblado’ ‘Jaral de Berrios’ Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, y Jorge Guajardo Hesles, a la restitución del Casco de la Hacienda Jaral de Berrios a la Sociedad Mercantil ‘San Diego del Jaral, S.A. de C.V.’.—I) La sentencia en cuestión está fechada el cuatro de octubre del año Dos mil once (sic), sin que a la fecha se haya promovido por la hoy autoridad responsable lo que mandata el artículo 191, fracción I, de la Ley Agraria, que textualmente dice: (se transcribe).—J) Manifestamos a su señoría que los suscritos ignoramos la causa, motivo o lineamientos bajo los cuales se pretende privar de nuestras propiedades y posesiones ejidales, resultando necesario manifestarle a su señoría que aproximadamente a las 15:00 horas nos enteramos por dicho fundado de nuestros vecinos y compañeros del poblado que nos ocupa que por la mañana del día antes descrito se apersonaron al poblado en dos camionetas una de color blanco y otra de color rojo un grupo aproximadamente cinco o seis personas, preguntando unas de esas personas que de donde a donde era el Casco de la Hacienda porque estaban preparando unas mediciones del o para el Tribunal Agrario de Guanajuato, presentándose a diversos domicilios del poblado en mención, razón por la que tememos de que (sic) en cualquier momento sin ser previamente notificados se ejecute la privación de nuestras propiedades y posesiones con la ejecución mencionada."
19. Por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, registró el asunto con el expediente 1033/2018-C; declaró la incompetencia legal para conocer del asunto, toda vez que el acto reclamado tenía ejecución en San Felipe, Guanajuato, por ahí encontrarse localizado el ejido denominado "Ejido Jaral de Berrios" de San Felipe, Guanajuato, al que se ordenó la afectación de las tierras, Municipio que corresponde a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; y decretó la suspensión de oficio y de plano por la desposesión del Casco de la Hacienda de Jaral de Berrio, Municipio de San Felipe, Guanajuato. Además, señaló que era aplicable la jurisprudencia 2a.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30892-0e566f9c/suspension-de-oficio-y-de-plano-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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