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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2012. · Registro digital (IUS): 23898
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1719.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 22 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, en apoyo del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo administrativo **********, con número interno **********, el dos de mayo de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. Este Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente negocio, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 18/2008, 12/2011 y 31/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los oficios ********** y **********; toda vez que si bien se reclama una resolución que puso fin al juicio de origen dictada por el Tribunal Superior Agrario con residencia en México, Distrito Federal, en términos de los últimos oficios mencionados, los amparos directos en materia agraria serán resueltos por los Tribunales Colegiados Auxiliares regionales próximos al domicilio de los promoventes y no al de la autoridad responsable, siendo que el domicilio se ubica en calle **********, en esta ciudad de **********. Se dice que la resolución reclamada constituye un acto que puso fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, porque de acuerdo con lo expuesto en los resultandos de la presente ejecutoria, a través de dicha resolución se desechó el recurso de revisión interpuesto por el actor en el juicio agrario de origen, aquí quejoso, en contra de la sentencia de fondo dictada en el citado juicio, lo cual provocó que dicha sentencia adquiriera firmeza y, por ende, da por concluido el juicio agrario sin resolver la cuestión de fondo planteada en el mismo; es decir, el desechamiento en cuestión origina que concluya el juicio natural sin resolver la cuestión planteada a través de los agravios respectivos, lo cual provoca que dicho acto se ubique en la hipótesis establecida en los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto que sin resolver el juicio en lo principal, tiene como efecto darlo por concluido. En relación con lo anterior, no escapa a la atención de este Tribunal Colegiado, el criterio contenido en la tesis aislada número XXVII.1o.(VIII Región) 14 A (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región ... la cual contiene el rubro y texto siguientes: ‘AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA, INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA LEGALMENTE IRRECURRIBLE, NO ES IMPUGNABLE EN ESA VÍA.’ (se transcribe). Del análisis del contenido de dicho criterio se aprecia que el Tribunal Colegiado emisor, considera que la resolución recaída al recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia definitiva dictada por un Tribunal Unitario Agrario, no constituye una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo en su contra, en términos de lo establecido por los numerales 44 y 46 de la Ley de Amparo, sino que estima que se trata de un acto dictado después de concluido el juicio agrario respectivo, bajo el argumento de que en contra de dicha sentencia no resulta procedente el recurso de revisión establecido en el artículo 198 de la Ley Agraria; motivo por el cual, concluye, que la competencia legal para conocer del referido juicio de garantías le corresponde al Juez de Distrito respectivo. Pues bien, en relación con lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis transcrita en párrafos anteriores, pues el criterio contenido en la misma parte de un supuesto equivocado, consistente en afirmar que en todas las sentencias de fondo dictadas en los juicios agrarios de la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios no resulta procedente el recurso de revisión contemplado en el artículo 198 de la Ley Agraria y, por ende, considera que la resolución a través del (sic) cual se desecha el citado recurso de revisión no constituye un acto que pone fin al juicio agrario respectivo, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo en su contra, lo cual resulta incorrecto, pues precisamente las distintas fracciones del precepto antes invocado establece diversos supuestos en los cuales sí resulta procedente el recurso de revisión y, por ende, no es jurídicamente posible establecer que toda sentencia dictada por los Tribunales Unitarios Agrarios se trata de una sentencia que causa ejecutoria por ministerio de ley, por no proceder en su contra el recurso de revisión contemplado en el precepto antes referido de la Ley Agraria. Además, precisamente la materia del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución a través de la cual se desechó el recurso de revisión planteado en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Unitario Agrario, consistirá en determinar si fue correcto o no el citado desechamiento; es decir, si efectivamente no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia del recurso de revisión establecidos en las distintas fracciones del artículo 198 de la Ley Agraria; de ahí que se trate de un acto que puso fin al juicio respectivo, mientras no se resuelva la cuestión de fondo planteada en el juicio de amparo en cuestión. De esa manera, es incorrecto afirmar que la resolución a través de la cual se desecha el recurso de revisión contemplado en el artículo 198 de la Ley Agraria constituye un acto dictado una vez concluido el juicio respectivo y, por ende, en su contra procede el amparo en la vía indirecta ante el Juez de Distrito competente, pues arribar a dicha conclusión implica pronunciarse sobre la procedencia del recurso de mérito, lo cual es precisamente la materia de fondo planteada en el juicio de amparo respectivo; pues de ser así, se llegaría al absurdo de enviar los autos al Juez de Distrito que se considera competente, quien ya se encuentra constreñido a resolver como lo indicó el Tribunal Colegiado que declaró su incompetencia; esto es, a declarar la improcedencia del recurso de revisión planteado en el juicio de origen, pues precisamente dicha incompetencia está apoyada en la improcedencia del recurso antes mencionado, siendo que el quejoso impugna el citado desechamiento por considerar que el recurso sí resulta procedente. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima procedente denunciar la contradicción de tesis que deriva de lo expuesto en párrafos anteriores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que dicho órgano superior decida cuál tesis debe prevalecer. SEXTO. De las constancias que integran el juicio agrario ********** y su acumulado **********, así como el recurso de revisión **********, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., se advierte que: **********, por conducto de su apoderado legal, ocurrió en demanda agraria en contra del comisariado ejidal del poblado **********, así como de **********, la cual conoció el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con sede en **********, con el número de expediente **********. Señaló como prestaciones demandadas: La nulidad del acta de asamblea general de ejidatarios, celebrada con motivo de la delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales del ejido **********, verificada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, específicamente en la parte en que se aceptó como ejidatario a **********, por haber adquirido los derechos agrarios individuales, por cesión, de **********. La cancelación de inscripción del acta, de la calidad de ejidatario de **********, así como de los certificados agrarios números **********, **********, **********, ********** y **********, que corresponden a los derechos ejidales de **********. Como consecuencia, la entrega real y material de las parcelas que pertenecían a la ejidataria **********, quien las heredó a **********. Asimismo, el actor sostuvo que tenía legitimación para ejercer la acción agraria, en virtud de que el propio Tribunal Unitario Agrario por resolución de cuatro de diciembre de dos mil ocho, dictada en el juicio sucesorio testamentario **********, ordenó se le transmitiera en carácter de sucesor en segundo grado de la ejidataria **********, los derechos agrarios de ésta, así como al Registro Agrario Nacional expedir el certificado correspondiente. Por su parte, ********** mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, demandó de ********** las siguientes prestaciones: Prescripción positiva respecto de las parcelas **********, **********, ********** y **********. La cancelación de los derechos inherentes a la resolución de cuatro de diciembre de dos mil ocho, dictada por el propio Tribunal Unitario Agrario en el juicio sucesorio testamentario **********, en el cual se reconocieron derechos agrarios a **********, respecto de los que ostentaba **********. Se declare la procedencia de la acción de prescripción positiva y se ratifique a ********** como legítimo titular de las parcelas en contienda. En esta demanda, el accionante adujo que la prescripción positiva tenía como causa generadora el acta de asamblea ordinaria de seis de octubre de mil novecientos noventa y uno, en la cual, la finada ********** le cedió los derechos inherentes al certificado de derechos agrarios **********, cuya unidad parcelaria comprendía una superficie de ********** hectáreas, dividida en dos fracciones de ********** hectáreas, que ahora con el programa federal ‘procede’ son las parcelas **********, **********, ********** y **********. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario ordenó formar y admitir la demanda con el número de expediente **********, la cual acumuló al diverso juicio agrario **********. Seguido el juicio por su trámite legal, el doce de enero de dos mil once, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia, en la cual declaró improcedente la acción intentada por **********. En cambio, declaró procedente la prescripción adquisitiva demandada por **********, respecto de las parcelas amparadas por los certificados agrarios **********, **********, ********** y **********, en el ejido **********. Inconforme con la resolución anterior, **********, por medio de su apoderado jurídico, interpuso recurso de revisión, el cual fue registrado en el Tribunal Superior Agrario con sede en México Distrito Federal, con el número **********. En sesión de ********** de mayo de dos mil once, el Pleno del citado Tribunal declaró improcedente el recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia de doce de enero de dos mil once, emitida en el juicio agrario ********** y su acumulado **********. Para resolverlo de este modo, el Tribunal Superior Agrario procedió al estudio del artículo 198 de la Ley Agraria, que

efine los requisitos de procedencia del recurso de revisión, y consideró que éstos se actualizan cuando los Tribunales Agrarios resuelven en primera instancia sobre: I. Cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitadas entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones. II. La tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales; o III. La nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. De manera que, determinó el tribunal, la acción de nulidad de acta de asamblea relativa al juicio agrario **********, así como la acción de prescripción positiva demandada en el juicio agrario **********, no se ubican en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 198 de la Ley Agraria. Ahora bien, en parte del único agravio el quejoso argumenta que la autoridad responsable, al resolver el recurso de revisión, vulneró los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, toda vez que omitió abordar las defensas y excepciones entabladas en contra del documento generador de la prescripción positiva, esto es el acta de asamblea general ordinaria de seis de octubre de mil novecientos noventa y uno, celebrada por el ejido del poblado **********, con visto bueno del promotor agrario de **********. Así es, afirma el inconforme, al pasar por alto que el documento es violatorio de los artículos 51, 52, 53 y 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria derogada, por ende, la cesión de derechos de **********, en favor de **********, resulta inexistente y carece de validez; a su vez, que fue objetado en tiempo conforme al artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria. Motivo de disenso inoperante. Se dice lo anterior, porque si a través de la sentencia reclamada se declaró improcedente el recurso de revisión planteado por el aquí quejoso en el juicio de origen, la consecuencia legal de dicha declaratoria es que no procede abordar el estudio de la cuestión de fondo planteada a través del citado medio de impugnación; esto es, no resulta aplicable el análisis de los agravios respectivos, menos de las excepciones y defensas hechas valer en la primera instancia. Motivo por el cual, los Magistrados integrantes del tribunal responsable actuaron de manera correcta en la resolución reclamada, al no abordar el fondo de la controversia planteada, en razón de que se actualizaba una causa de improcedencia frente al recurso planteado. Ciertamente, al haber decretado la improcedencia del recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de origen, la consecuencia legal y necesaria de dicha declaratoria es la improcedencia en el estudio de los agravios planteados a través del medio de impugnación aludido, lo que se traduce en lo inoperante de lo alegado sobre el particular. Por otro lado, en el mismo concepto de violación se expone que el acto reclamado deviene ilegal, ya que la contienda resuelta por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, con sede en **********, involucra el estudio de nulidad de una resolución emitida por autoridad agraria, por ende, procede el recurso de revisión en términos del artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria. Lo anterior, asevera el quejoso, porque en el juicio agrario alegó que el acta de asamblea general ordinaria de seis de octubre de mil novecientos noventa y uno, celebrada por el ejido del poblado **********, con visto bueno del promotor agrario de **********, resulta ilegal por contravenir los artículos 51, 52, 53 y 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por tanto, la cesión de derechos que contiene resulta inexistente y carece de validez. Es infundado el concepto de violación. En el juicio agrario **********, acumulado al **********, se advierte que **********, al contestar la demanda, señaló: (se transcribe). Como se ve, el demandado controvirtió la validez del acta de asamblea general ordinaria de seis de octubre de mil novecientos noventa y uno, celebrada por el ejido del poblado **********; de manera que, lo que pretende es la declaración de invalidez y nulidad de ese acto, por contravenir los artículos 51, 52, 53 y 75 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Sin embargo, contrario a lo que explica la parte quejosa, el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada el doce de enero de dos mil once por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, es improcedente, por las razones siguientes: El artículo 198, fracciones I, II y III, de la Ley Agraria, dispone: ‘Artículo 198.’ (se transcribe). Asimismo, el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios dispone: ‘Artículo 18.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se desprende que es competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de los juicios de nulidad que se intenten en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, a través de las cuales se altere, modifique o extinga un derecho, o bien, determine la existencia de una obligación en materia agraria. Por tanto, cuando se inicie un juicio de nulidad ante los Tribunales Unitarios Agrarios bajo la aplicación de esta hipótesis normativa (artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica), la sentencia que a la postre sea dictada será recurrible a través del recurso de revisión de la competencia del Tribunal Superior Agrario, conclusión a la que se llega de la interpretación sistemática de los numerales reproducidos, pues el hecho de que el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria condicione la procedencia de este medio de defensa a la existencia de una sentencia consecutiva a una demanda de nulidad respecto de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, pone en evidencia la intención del legislador de establecer una relación entre la referida hipótesis de procedencia del juicio de nulidad y el supuesto de procedencia de la revisión en análisis. Las anteriores ideas se fortalecen si se toma en consideración que es clara la intención del legislador de que el recurso de revisión de la competencia del Tribunal Superior Agrario no sea procedente en todos los casos, sino únicamente en las hipótesis específicas que se detallan en el texto legal, lo que implica considerar a este recurso ordinario como restrictivo, y a partir de esta característica debe interpretarse también la ley aplicada a cada caso en particular. Empero, desde diverso aspecto, cuando ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entran en controversia con uno de los órganos del núcleo de población (uno de ellos es precisamente la asamblea general de ejidatarios, además del comisariado y del consejo de vigilancia), la hipótesis de procedencia del juicio agrario se rige por la fracción VI del citado numeral 18, cuyo texto es: ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Del precepto en cuestión, en lo que interesa, se colige que las controversias entre una asamblea general, como órgano interno del núcleo de población, y sus miembros, en lo individual, serán competencia del Tribunal Unitario Agrario en aplicación de esta última fracción y, además, el juicio agrario será seguido bajo una variante distinta a la prevista en la fracción IV del citado numeral. Por las razones expuestas, no debe confundirse una controversia en materia agraria entre órganos y miembros del núcleo de población con una acción de nulidad de resoluciones de autoridades en materia agraria, pues evidentemente se trata de supuestos distintos, regidos por hipótesis normativas diversas de procedencia del juicio agrario ante Tribunales Unitarios del ramo. La nulidad de un acta de la asamblea general es en realidad una controversia entre ésta como órgano interno del ejido y uno o varios miembros del núcleo de población correspondiente, en ejercicio de sus derechos agrarios individuales, donde la expresión ‘controversia’ ha de entenderse como el ‘género’ de toda contienda posible entre las dos partes antes mencionadas, y en el caso particular, la ‘pretensión de nulidad’ de dicha acta de asamblea por uno o varios miembros afectados es una especie de dicho género. Evidentemente, si la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios exige como supuesto para su aplicación la existencia de una controversia de cualquier índole entre los miembros del núcleo de población y sus órganos internos, entonces es indiscutible que la nulidad de un acta de asamblea se identifica con este supuesto, por ser precisamente una controversia entre ejidatarios y la asamblea. Por lo hasta aquí expuesto, y toda vez que la hipótesis de procedencia del recurso de revisión a que se refieren los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria y 9, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios está condicionada a la circunstancia de que el juicio agrario se haya tramitado bajo el supuesto a que se contrae la fracción IV del artículo 18 de la citada ley orgánica, según lo antes asentado, se llega a la conclusión de que en el presente caso, en el que, el ahora quejoso controvierte la validez del acta de asamblea general ordinaria de seis de octubre de mil novecientos noventa y uno, celebrada por el ejido del poblado **********, con visto bueno del promotor agrario de **********, no es procedente el recurso de revisión, pues su trámite se regula bajo un supuesto de procedencia diverso de aquel a que se refiere la fracción IV del artículo 18 de la Ley Agraria. Inclusive, así se advierte del auto que admitió a trámite la demanda de prescripción positiva, según la siguiente transcripción: (se transcribe). En esta tesitura, como correctamente lo consideró el Tribunal Superior Agrario, el recurso de revisión es improcedente, pues contrario a lo que alega la parte quejosa, no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, ya que el acta de asamblea de ejidatarios, cuya nulidad pretende, no se trata de un acto emitido por autoridad agraria. Al respecto, existe pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal en las jurisprudencias que dicen: ‘TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS DONDE SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA NULIDAD DE UN ACTA O RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE UN NÚCLEO DE POBLACIÓN.’ (se transcribe). ‘TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL JUICIO SE TRAMITÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.’ (se transcribe). En (sic) relatadas condiciones, al resultar infundado el concepto de violación expuesto por el impetrante de garantías y sin que este Tribunal Colegiado advierta algún motivo que dé lugar a suplir la deficiencia de la queja a favor del quejoso, en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, entonces lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicitan."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún Quintana Roo, al resolver el once de agosto de dos mil once, al amparo directo administrativo **********, expediente auxiliar **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"ÚNICO. Incompetencia legal. Este Tribunal Auxiliar carece de competencia legal para conocer y resolver en esta vía el presente juicio de amparo directo en materia administrativa, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46, 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, este órgano colegiado auxiliar no hará pronunciamiento alguno con respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en función de los conceptos de violación propuestos, al carecer de competencia legal para conocer en la vía directa, del juicio de amparo promovido por el quejoso, por las razones que a continuación se analizan. En principio, debe decirse que todas las cuestiones de competencia son de orden público, por lo que para su determinación debe estarse a las disposiciones específicas que la regulan, por ende, se considera pertinente analizar los preceptos tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo, que señalan los supuestos en que procede el juicio de amparo directo o indirecto. ‘Artículo 103.’ (se transcribe). ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Por su parte, la Ley de Amparo, reglamentando los principios contenidos en la fracción III del artículo 107 constitucional, en sus artículos 44, 46 y 158, establecen: ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). ‘Artículo 158.’ (se transcribe). En la especie, se trata de un amparo directo administrativo del que originalmente conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, quien por acuerdo de quince de junio de dos mil once, determinó remitir por conducto de la Oficialía de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Octava Región con residencia en Cancún, Quintana Roo, al Tribunal Auxiliar en turno y ésta lo remitió a este órgano auxiliar el expediente de amparo directo **********, el expediente administrativo ********** y el recurso de revisión ********** para el dictado de la sentencia de amparo correspondiente, en atención al oficio ********** de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial y la nota informativa **********, relativa al apoyo en el dictado de las sentencias de los juicios de amparo directo en materia agraria a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito de los Centros Auxiliares del Poder Judicial de la Federación. Pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo en la vía directa cuando se reclamen sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. De manera que para la procedencia del juicio de amparo directo, los dos únicos casos que la Ley de Amparo reconoce como formas de conclusión del proceso es cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, o bien, una resolución que pone fin al juicio, debiéndose entender por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin a un juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido; esto significa que un juicio puede terminar mediante una resolución que decida la litis en lo principal -en cuyo caso se trata de sentencias definitivas-, o sin decidir en lo principal, supuesto en el que se estará en presencia de resoluciones que ponen fin a un juicio; en ambos casos, para que se surta la competencia del Tribunal Colegiado se requiere que las leyes no concedan respecto de ellas algún medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificadas o revocadas. En ese tenor habrá sentencia definitiva cuando en la misma se resuelva el juicio en lo principal y ocurra alguno de los siguientes supuestos: a) Que las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por medio del cual pueda ser modificada o revocada; b) Esté previsto el recurso y éste se haya agotado; o, c) Las partes hayan renunciado expresamente a él cuando la ley lo permita. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, por contradicción de tesis ... del rubro y contenido siguientes: ‘AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.’ (se transcribe). En congruencia con lo anterior, cabe reiterar que en el juicio de origen el actor **********, por propio derecho demandó al ahora quejoso **********, las prestaciones que hizo consistir en las siguientes: ‘a) Principal: 1. Que por sentencia que emita este honorable Unitario, condene al demandado, siendo este **********, a la desocupación, devolución y entrega física de una superficie ap

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23898-4ac82a98/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-198 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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