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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA DERIVADA DE UNA ACCIÓN RESTITUTORIA. LA PROCEDENCIA DEL RECURSO NO ESTÁ LIMITADA A LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SÓLO ALGUNA SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9o., FRACCIONES I A III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 518/2012. · Registro digital (IUS): 24551
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CH
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Pág. 1079.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 518/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 27 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS: 2000331. Décima Época. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito entre los que se suscita la posible contradicción.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el treinta de marzo de dos mil doce, el amparo directo 181/2012, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"SÉPTIMO. En principio, a efecto de establecer la problemática a dilucidar en la presente ejecutoria, se tiene que el Tribunal Superior Agrario en la resolución reclamada de cinco de abril de dos mil once, expuso en lo que interesa, medularmente lo siguiente: Que de los artículos 198, 199 y 200 de la Ley Agraria se desprende que los requisitos de procedencia para el recurso de revisión son: a) que sea interpuesto por parte legítima; b) que sea presentado en tiempo; y, c) que se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 198 de la ley en comento. Luego, por lo que hace al requisito de procedencia del recurso previsto por el artículo 198 de la Ley Agraria, determinó que no se actualiza alguno de los supuestos establecidos en dicho numeral, en virtud que del expediente del juicio agrario 150/2008, se advierte que la acción interpuesta por la parte actora se admitió a trámite con fundamento en el artículo 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y consistió en la nulidad de un contrato privado de compraventa referente a seis fracciones de terreno y, como consecuencia, la cancelación de la inscripción de dicho contrato, así como la restitución de la superficie reclamada. Asimismo, consideró que si bien, el comisariado ejidal del Barrio del Progreso, Municipio y Distrito de Ejutla de Crespo, Oaxaca, demandó la restitución de seis fracciones de terreno, cierto es que no la ejerció como acción principal, sino como accesoria de la nulidad del contrato de compraventa. Por tanto, declaró improcedente el recurso de revisión, citando en apoyo de sus consideraciones, las tesis aisladas XVII.2o.8 A(1) y XVIII.2o.9 A,(2) de rubros: ‘REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO QUE SE DENOMINÓ COMO ACCIÓN RESTITUTORIA, SE RECLAMÓ COMO CONSECUENCIA DIRECTA, INMEDIATA, NECESARIA Y MATERIAL DE UNA ACCIÓN PRINCIPAL DE OTRA NATURALEZA.’ y ‘REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. ES IMPROCEDENTE SI LA ACCIÓN PRINCIPAL EJERCITADA POR EL NÚCLEO AGRARIO NO SE REFIERE A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y AGUAS DE LAS QUE HAYA SIDO PRIVADO ILEGALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.’. Por su parte, en el único concepto de violación la parte quejosa aduce ... . De lo expuesto por la autoridad responsable y la parte quejosa, se desprende que la litis en el presente asunto consiste en determinar si procede el recurso de revisión previsto en los artículos 198, 199 y 200 de la Ley Agraria, cuando en el juicio de origen se reclame de forma accesoria la restitución de tierras. Ahora bien, para dilucidar la problemática planteada, conviene traer a colación las razones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis aislada 2a. LXXXV/2010. En efecto, la Segunda Sala sostuvo que basta con que en la sentencia dictada por un Tribunal Agrario se resuelva alguna cuestión de las previstas en los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para que proceda el recurso de revisión, independientemente de que se hubiese involucrado alguna otra acción respecto de la cual dicho recurso sea improcedente. Asimismo, sostuvo que considerar lo contrario implicaría privar a los núcleos de población ejidal o comunal de un medio de defensa instituido para salvaguardar sus derechos colectivos, reconocidos constitucionalmente y, por ende, traducidos en una garantía de derecho social. Finalmente, concluyó la Sala, que en atención al principio básico de derecho procesal de no dividir la continencia de la causa, el Tribunal Superior Agrario se encuentra obligado a resolver íntegramente la litis planteada, razón por la cual debe tomar en cuenta tanto las acciones respecto de las que proceda el recurso de mérito, como aquellas en las que no proceda. En este orden de ideas, no asiste razón al Tribunal Superior responsable, en cuanto aduce que deviene improcedente el recurso de revisión agrario, habida cuenta que la acción de restitución de tierras fue promovida de forma accesoria por el comisariado ejidal ‘Barrio del Progreso’, pues contrario a lo resuelto y como bien lo aduce el quejoso, basta con que en la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, se resuelva alguna cuestión de las previstas en el artículo 198 de la Ley Agraria, para hacer procedente el recurso de que se trata. Así, se tiene que el artículo 198, fracción II, de la referida ley, en su literalidad dispone: ‘Artículo 198.’ (se transcribe). Luego, en el juicio agrario de origen el comisariado ejidal ‘Barrio del Progreso’ demandó como consecuencia de la nulidad del contrato privado de compraventa y de su cancelación de inscripción en el registro correspondiente, la restitución de tierras a su ejido. Prestación que formó parte de la litis, respecto de la cual el Tribunal Unitario Agrario, en sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, determinó -en su tercer punto resolutivo- declarar improcedente la acción restitutoria en comento. En tal virtud, conforme a lo expuesto por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en el caso que nos ocupa, sí es procedente el recurso de revisión previsto en los artículos 198, 199 y 200 de la Ley Agraria, pues como ha quedado de relieve, en la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil diez, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, se resolvió respecto a la restitución de tierras que hizo valer el comisariado, ahora quejoso, sin que sea óbice que dicha acción se haya promovido como prestación accesoria. Lo expuesto es de considerarse, pues como bien lo adujo el quejoso, de decretarse improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia que resuelva sobre alguna acción de restitución de tierras -aun cuando se demande como prestación accesoria-, privaría al ejido de un medio de defensa creado para proteger sus derechos colectivos, reconocidos constitucionalmente y traducidos como una garantía de derecho social. Por lo anterior, resultan inaplicables las tesis aisladas XVII.2.8 A(3) y XVIII.2.9 A,(4) citadas por el Tribunal Superior Agrario, como sustento de su resolución, en razón de que las consideraciones jurídicas que las sustentan han quedado superadas con los argumentos que conforman la tesis aislada 2a. LXXXV/2010 de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, expuestos en la presente ejecutoria. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada 2a. LXXXV/2010 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN AGRARIA. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SÓLO ALGUNA SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9o., FRACCIONES I, II y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS (INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 55/2008, 2a./J. 57/2008 y 2a./J. 200/2008).’ (se transcriben). Además la tesis XVIII.2o.9 A del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, ... XXVI, de rubro: ‘REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, ES IMPROCEDENTE SI LA ACCIÓN PRINCIPAL EJERCITADA POR EL NÚCLEO AGRARIO NO SE REFIERE A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y AGUAS DE LAS QUE HAYA SIDO PRIVADO ILEGALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.’, citada por el Tribunal Superior Agrario, no se comparte por este Tribunal Colegiado, en tanto restringe la procedencia del recurso de revisión respecto a la acción de restitución, sólo a los casos de privación ilegal por cualquiera de los actos previstos por el artículo 27 constitucional. Es así, pues en términos de los artículos 198 de la Ley Agraria y 9o, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el recurso de revisión agrario es procedente en contra de la sentencia que resolvió un juicio seguido ante un Tribunal Unitario, en los casos expresamente establecidos en el numeral 18, fracciones I, II y IV, de la mencionada ley orgánica. Ahora bien, es pertinente transcribir el contenido de los citados numerales. Ley Agraria. ‘Artículo 198.’ (se transcribe). Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). ‘Artículo 18.’ (se transcribe). De las anteriores transcripciones se evidencia que el recurso de revisión es procedente, en los casos en que se resuelva sobre la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares, sin limitar su procedencia a los casos establecidos en el artículo 27 de la Carta Magna, consistentes en las enajenaciones de tierras, aguas y montes, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados, o cualquier otra autoridad local; todas las concesiones, composición o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase, así como las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados por compañías, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos de población. En las relatadas condiciones, este órgano colegiado procede a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistentes la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. ..."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el veinticinco de mayo de dos mil siete, el amparo directo 859/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito es competente para conocer del presente asunto, lo que se precisa a este momento, no obstante que la comunidad tercero perjudicada haya invocado como causa de improcedencia del juicio de amparo, la procedencia el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, pues de ser así daría lugar a la incompetencia legal de este tribunal, a la luz de lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Ahora bien, se estima la competencia de este tribunal y la falta de necesidad de agotar el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción V, inciso b), constitucional, en relación con el artículo 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto tercero, fracción XVIII, del Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el caso, la acción principal ejercitada fue la de nulidad del contrato de compraventa, así como la correspondiente a un conflicto relacionado con la declaratoria del mejor derecho a poseer un bien sujeto al régimen agrario, no la acción restitutoria propiamente dicha, siendo que la restitución demandada en lo principal se reclamó como consecuencia directa, inmediata, necesaria y material de la procedencia de las acciones principales, de ahí que no se actualice el supuesto a que se refieren los artículos 49 y 198, fracción II y 18, fracción II, de la Ley Agraria; 9o., fracción II y 18, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; y, 27, fracciones VII y VIII, constitucionales, ya que el término ‘restitución’ en materia agraria tiene una connotación específica pues desde la expedición del Código Agrario de doce de abril de mil novecientos treinta y cuatro, hasta la emisión de la Ley Federal de Reforma Agraria de dieciséis de abril de mil novecientos, la acción de restitución fue conferida a favor de los núcleos de población que hubieran sido privados ilegalmente de sus tierras, bosques y aguas, por cualesquiera de los actos previstos en el artículo 27 constitucional, consistentes en las enajenaciones de tierras, aguas y montes hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquier otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de veinticinco de junio de mil ochocientos cincuenta y seis y demás leyes y disposiciones relativas; todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de mil ochocientos setenta y seis, hasta la fecha, con los cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase, así como las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo antes mencionado, por compañías, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos de población y si bien, en la nueva Ley Agraria cuyo artículo segundo transitorio derogó a la Ley Federal de Reforma Agraria ya no hace alusión al artículo 27 constitucional, pues establece en su artículo 49 que los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes, debe entenderse que también encuentra relación con los actos establecidos en el mencionado precepto constitucional al reglamentar lo relativo a la restitución, así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 212/2005 entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito."

El anterior criterio dio origen a la tesis que enseguida se transcribe:

"REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO. ES IMPROCEDENTE SI LA ACCIÓN PRINCIPAL EJERCITADA POR EL NÚCLEO AGRARIO NO SE REFIERE A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y AGUAS DE LAS QUE HAYA SIDO PRIVADO ILEGALMENTE POR CUALQUIERA DE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL. De los artículos 27, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 198, fracción II, de la Ley Agraria, así como 9o., fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte el derecho constitucional de propiedad de los núcleos agrarios respecto de tierras y aguas, así como su protección, los cuales podrán acudir ante los tribunales agrarios para reclamar su restitución, en caso de que se les hubiera privado ilegalmente de las mismas por cualquiera de los actos previstos en el artículo 27 de la Constitución Federal, consistentes en las enajenaciones de tierras, aguas y montes, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados, o cualquier otra autoridad local; todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, así como las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados por compañías, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase pertenecientes a núcleos de población. De esa forma, si el núcleo agrario reclama como acción principal la nulidad de una cesión o cualquier acto de transmisión de derechos celebrado entre particulares respecto de una parcela y como consecuencia la restitución del mencionado bien, el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario se torna improcedente, porque en este caso no se colman los requisitos mencionados para la procedencia del aludido medio de defensa." (Novena Época. Registro IUS: 170603. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, materia administrativa, tesis XVIII.2o.9 A, página 1813)

SEXTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Al caso resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe:(5)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24551-57d40b29/revision-en-materia-agraria-derivada-de-una-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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