ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINA SU PROCEDENCIA, PERO SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.
Lo anterior, con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Tribunal Superior Agrario, a través de su director general de Asuntos Jurídicos, que tuvo el carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo de los que derivan las ejecutorias cuya contradicción denuncia.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es oportuno tener presente que el Pleno ha emitido jurisprudencia en el sentido, que debe considerarse la existencia de una contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
De la misma manera, ha señalado que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."2
Entonces, para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
1. Los datos que se obtuvieron del amparo directo número **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, son los siguientes:
• El asunto tiene su origen en la demanda promovida por **********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del poblado **********, Municipio de **********, Michoacán, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, quienes demandaron de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, así como de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, diversas prestaciones relacionadas con la nulidad del convenio conciliatorio de diecisiete de marzo de dos mil siete, celebrado entre el mencionado ejido y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, por no haber sido aprobado en todos sus términos por la asamblea general de ejidatarios, ya que únicamente se autorizó la construcción de servidumbre de paso sobre tierras de uso común, mas no el embalse de la presa y bancos de arcilla, lo que ocasiona una afectación de ********** hectáreas, aproximadamente, de terrenos de uso común; la consecuente restitución y entrega de las tierras ejidales correspondientes a terrenos que ocupa la presa denominada **********, así como el pago de daños y perjuicios, entre otras prestaciones; dicho expediente quedó registrado bajo el número ********** en el índice del mencionado tribunal, que ordenó llamar a juicio a la empresa constructora **********, Sociedad Anónima.
• Por otra parte, ********** y otros ejidatarios del núcleo de población mencionado, demandaron de la constructora **********, Sociedad Anónima, o quien resultara responsable, así como de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la restitución de ********** hectáreas, además su devolución y entrega; quedando registrado tal expediente con el número **********, que se ordenó acumular a los autos del juicio agrario **********, por existir conexidad entre ambos.
• Previos los trámites correspondientes, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecisiete, dictó sentencia el veintiocho de agosto de dos mil trece, en la cual declaró parcialmente procedente la acción ejercitada por ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal del poblado de **********, Municipio de **********, Michoacán, en contra de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, así como del Gobierno del Estado de esa entidad, y de la constructora "**********", Sociedad Anónima; en tanto que resultó improcedente la reconvención interpuesta por la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, en contra del ejido citado.
En consecuencia, declaró nulo el convenio conciliatorio impugnado, y condenó al Gobierno del Estado de Michoacán a pagar al ejido "**********", Municipio de **********, Michoacán, la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional); por concepto de daños y perjuicios, así como por la ocupación de las tierras propiedad del ejido citado; y absolvió a los demandados y al ejido del resto de las prestaciones reclamadas, al igual que a los demandados en el expediente ********** acumulado al **********, por haber sido declarada improcedente la acción que dio origen a dicho juicio.
• Inconformes con la sentencia anterior, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de sus apoderados, interpuso el recurso de revisión ********** del índice del Tribunal Superior Agrario, el cual, el trece de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia, en la cual advirtió que el ejido "**********", Municipio de **********, Michoacán, a través de sus representantes, celebró convenio con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de esa entidad, autorizando la construcción de caminos para el acceso de la presa "**********", y que si bien, igualmente se acordó la construcción del embalse de dicha presa y la utilización de bancos de arcilla, tales puntos no fueron autorizados por la asamblea general de ejidatarios; entonces, al haber quedado demostrada la afectación de una superficie de ********** (**********), donde se construyó la referida presa, y con ello se realizó el cambio del uso de suelo, resultó imposible la ejecución material de la sentencia, en virtud de que esa construcción es un beneficio social que debe prevalecer sobre el interés particular del ejido; por lo que, al haber un daño al impacto ambiental y el valor de la tierra afectada, por el mencionado embalse, que repercutió en la explotación ganadera del ejido, determinó procedente el pago indemnizatorio por la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), y modificó la sentencia reclamada en sus considerandos VIII y IX, y los resolutivos primero y tercero.
• Tal resolución fue reclamada por el Gobierno del Estado de Michoacán, a través del juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el cual en sesión de nueve de julio de dos mil quince, dictó sentencia en la que concedió el amparo, por las razones siguientes:
"SÉPTIMO. Estudio de argumentos. (Segunda parte) En cambio, resulta fundado el último concepto de violación formulado por el quejoso, mediante el cual expresa que, no obstante de existir condena al pago de indemnización por el valor de la superficie afectada, se omitió decidir que una vez acreditado el pago, se procediera a desincorporar dicha superficie del régimen ejidal e incorporarla al régimen de dominio público del Gobierno del Estado, así como su inscripción en los registros correspondientes.
"De donde se sigue, que tal punto discutible en esta jurisdicción extraordinaria se centra, en decidir si fue legal o no que el tribunal superior agrario omitiera pronunciarse sobre la incorporación de la superficie afectada al dominio público y si su consecuente titulación deriva necesariamente de la obligación de pagar que se impuso a la parte quejosa, o no.
"Con el fin de sostener lo fundado del punto de disenso, precisa indicar que la justicia agraria no sólo debe ser pronta y expedita en cuanto a la substanciación del juicio agrario, sino que además, los tribunales agrarios, conforme a los artículos 27, fracción XIX y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando el principio de legalidad, deben contemplar los mecanismos idóneos y expeditos para la ejecución de las sentencias, facilitando en la medida de lo posible la ejecución de la misma.
"Así, en el caso que nos ocupa, resulta inconcuso que el Tribunal Superior Agrario no debió acotar la sentencia únicamente al pago indemnizatorio aludido, sino que, en aras de dictar una sentencia completa en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, y haciendo uso de su autonomía y plena jurisdicción prevista en el artículo 27, fracción XIX, ibídem, estaba obligado en vía de consecuencia, a desincorporar del núcleo ejidal las hectáreas de las que fue privado, ya que, tal desincorporación, constituía el resultado directo e inmediato de la obligación al pago de la indemnización que se impuso en la sentencia reclamada a la parte aquí quejosa, motivada esa condena a la declaración de procedencia de la acción de restitución y la cual, ante una inejecución material por la construcción de una presa, se varió la indemnización por el valor de la superficie afectada por la obra pública; esto es, el Gobierno del Estado de Michoacán resultó condenado a pagar al ejido actor las tierras ejidales afectadas al resultar imposible su restitución en atención al cambio de uso de suelo derivado del embalse de la presa ‘GRAL. FRANCISCO J. MÚGICA’.
"Estimar lo contrario, conduciría a que aun con el pago al que se limitó la condena, las hectáreas afectadas por el embalse de la presa de mérito, continuarían en propiedad del ejido actor y sujeta a las modalidades que implica el régimen de propiedad ejidal, es decir, que el núcleo agrario en uso de su derecho de propiedad reconocido en el artículo (sic) 27, fracción VII, párrafo primero, constitucional y 9o. de la Ley Agraria, en cualquier tiempo podrá seguir interponiendo acciones legales a efecto de que le sea pagado nuevamente el valor de la tierra ejidal objeto de la presente controversia, poniendo en riesgo el servicio público de interés social por el cual se justificó, se repite, el pago del valor de la superficie afectada al mencionado ejido.
"Todo lo cual, por sentido común, lleva a considerar que si la parte quejosa debe pagar por la superficie afectada, entonces tiene derecho a su apropiación en vía de consecuencia y en aplicación del principio general de derecho de que en todas las cosas y muy particularmente en el derecho, debe atenderse a la equidad.
"Aunado a lo anterior, precisa indicar que la desincorporación de la tierra ejidal afectada del núcleo agrario, necesariamente trae aparejada su incorporación, en este caso, al régimen del dominio del Gobierno del Estado de Michoacán, quien a través de la codemandada Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente del Estado de Michoacán, construyó la presa de almacenamiento de agua ‘Francisco J. Múgica’, en tierras del ejido afectado, entre otros, así su inscripción en los registros catastrales que devengan procedentes, puesto que con ello se daría certeza jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, es decir, se estaría otorgando a cada parte lo que le corresponde con motivo del cambio de uso de la tierra ejidal afectada con la construcción de la presa ‘Francisco J. Múgica’, esto es, por un lado se entrega el valor que encierran las hectáreas afectadas, y por otro, la titularidad respecto de la cual se está cubriendo el valor de la misma.
"...
"De tal suerte que al no comprender la sentencia reclamada pronunciamiento en torno a la desincorporación de la tierra ejidal afectada al núcleo agrario tercero interesado y su consecuente incorporación al dominio de quien llevó a cabo dicha afectación, esto último previo pago de la indemnización fijada en beneficio del Ejido **********, Municipio de **********, Michoacán, es inconcuso que en la resolución que constituye el acto reclamado, el Tribunal ad quem inobservó los principios de prontitud y completitud previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"No es inadvertido que la obra de utilidad pública construida en tierras del ejido ‘**********’ y otros ejidos, corresponde a una presa hidroagrícola que aprovecha los recursos hidráulicos de las cuencas de los ríos Cupatitzio y Tepalcatepec, con el objeto de propiciar el almacenamiento de agua para poner en producción la mayor cantidad de suelo de alto potencial agrícola, tal como puede desprenderse del Decreto que crea dicha comisión estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el cuatro de diciembre de dos mil siete.
"En ese sentido, deviene inconcuso que las aguas de la presa ‘**********’, son propiedad originaria de la nación, como se prevé en el artículo 27, quinto y sexto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, compete al gobierno federal regular su explotación, uso o aprovechamiento, de acuerdo con las normas y condiciones que establezcan las leyes, en el particular, su ley reglamentaria que resulta ser la Ley de Aguas Nacionales, que en su artículo 4o., establece que ‘la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de «la Comisión»’; refiriéndose a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
"Sin embargo, el problema jurídico derivado de la litis integrada en el juicio agrario, como puede apreciarse de autos, no guarda relación directamente con el uso y aprovechamiento del agua almacenada en la presa, sino que tiene que ver con la afectación de la tierra ejidal considerada por el núcleo agrario como de uso común; por tanto, es que la desincorporación que se viene hablando de dichas hectáreas, sólo comprende esta cuestión y es sobre dichas tierras, precisamente, que se considera procedente incorporar a la entidad federativa demandada, las tierras afectadas al mencionado ejido, previo pago de la indemnización ya indicada, esto al margen de que, se repite, el uso y control de sus aguas competa originalmente a la nación a través del ejecutivo federal.
"OCTAVO. Efectos del juicio de amparo. Al resultar violatorio de derechos humanos la sentencia reclamada, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del quejoso Gobierno del Estado de Michoacán, y de conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los efectos en que se traduce la concesión de amparo, para que la autoridad responsable:
"1. Deje sin efectos el laudo reclamado;
"2. Dicte otro en el que:
"2.1. Reitere las cuestiones que no fueron motivo de estudio de la ejecutoria y las que se declararon legales o constitucionales.
"2.2. Al dictar la sentencia, determine que previa acreditación del pago indemnizatorio aludido por la tierra afectada al núcleo agrario, en vía de consecuencia, proceda desincorporar las hectáreas materia de la litis del régimen ejidal y su incorporación al dominio público de la entidad federativa quejosa, así como su respectiva inscripción en los registros catastrales correspondientes, en atención a las razones expuestas en esta ejecutoria; lo anterior sin perder de vista que en términos del artículo 27 constitucional, las aguas son propiedad originaria de la nación...".
De la ejecutoria en comento, derivó la tesis XI.1o.A.T.72 A (10a.), que es del tenor siguiente:
"INDEMNIZACIÓN A UN NÚCLEO DE POBLACIÓN EJIDAL POR LA AFECTACIÓN DE UNA PARTE DE SU SUPERFICIE PARA UNA OBRA DE UTILIDAD PÚBLICA. TIENE COMO CONSECUENCIA QUE, UNA VEZ ACREDITADO EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE DESINCORPOREN LAS TIERRAS DEL RÉGIMEN AGRARIO Y SE INCORPOREN AL DE DOMINIO PÚBLICO DEL GOBIERNO QUE LA CUBRIÓ. Cuando con motivo de la declaración de procedencia de la acción de restitución en materia agraria y, ante su inejecución material, se condena a la indemnización a un núcleo de población ejidal por la afectación de una parte de su superficie para una obra pública, el Tribunal Superior Agrario, en aras de dictar una sentencia completa y en uso tanto de su autonomía, como de su plena jurisdicción, no debe acotar la sentencia únicamente al pago indemnizatorio, sino que, una vez acreditado éste, en vía de consecuencia, debe ordenar que se desincorporen del régimen agrario las tierras de las que fue privado el ejido y se incorporen al de dominio público del gobierno que lo cubrió, ya que ése es el resultado directo e inmediato de la obligación de pago impuesta. Estimar lo contrario conduciría a que, aun con el pago al que se limitó la condena, las hectáreas afectadas continuaran en propiedad del ejido y sujetas a las modalidades del régimen ejidal, es decir, que el núcleo agrario, en uso de su derecho de propiedad reconocido en los artículos 27, fracción VII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. de la Ley Agraria, en cualquier tiempo podría interponer acciones legales para que le sea pagado nuevamente el valor de la tierra, lo cual pondría en riesgo el servicio público de interés social que justificó el pago del valor de la superficie afectada, pues quien debe pagar por ésta, tiene derecho a su apropiación, en vía de consecuencia y en aplicación del principio general de derecho de que en todas las cosas debe atenderse a la equidad."(3)
2. Por otra parte, del amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelto el uno de diciembre de dos mil quince, se desprenden los antecedentes siguientes:
• El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince, dictó sentencia el veintidós de abril de dos mil trece, en el expediente número ********** (antes **********), en la cual declaró infundada la acción de restitución de tierras ejidales intentada por el Ejido **********, Municipio de **********, Jalisco, respecto de una superficie de ********** (**********), donde el Gobierno del Estado de Jalisco construyó la carretera estatal denominada **********, al considerar que quedó evidenciado que la posesión ejercida por las autoridades demandadas sobre el tramo carretero resultaba legal.
• Inconformes con tal resolución, **********, ********** y **********, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado Ejidal del poblado **********, Municipio de **********, Jalisco, promovieron recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Superior Agrario, con el número **********, y, en sesión de diez de diciembre de dos mil trece, dictó sentencia, en la cual determinó revocar la resolución recurrida, y determinó que el ejido actor demostró los elementos de la acción restitutoria; sin embargo, por tratarse de un bien en el que se encuentra construida una vía de comunicación que presta un servicio de interés público superior al interés social del ejido, declaró la imposibilidad física y jurídica para ordenar su devolución; en consecuencia, condenó al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Desarrollo Urbano de esa entidad federativa, a realizar el pago indemnizatorio, en cumplimiento sustituto, a partir del avalúo que sobre el particular emitiera el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Asimismo, ordenó que, previo el pago, el Registro Agrario Nacional debía inscribir esa resolución y su ejecución, a fin de desincorporar del régimen ejidal la superficie que ocupa el tramo carretero mencionado; ordenando, además, al Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, la inscripción de esa sentencia y su ejecución, así como la incorporación de la mencionada superficie como bien del dominio público del Gobierno del Estado de Jalisco.
• La sentencia acabada de relacionar, fue reclamada a través del juicio de amparo, por **********, apoderada general judicial del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad federativa, registrado con el número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelto por ejecutoria de uno de diciembre de dos mil quince, donde se concedió la protección de la Justicia de la Unión al Gobierno del Estado de Jalisco, por las razones siguientes:
"SÉPTIMO.-Los conceptos de violación son parcialmente fundados.
"...
"Finalmente, es fundado lo alegado por la quejosa, en el sentido de que la responsable, si bien ordenó la indemnización al ejido **********, Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, en la cantidad que determine el INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales con avalúo comercial, porque el ejido ya no tiene el goce y disfrute de esas tierras, sin fundamento legal alguno ordenó que los terrenos afectados deberán ser desincorporados del ejido para formar parte del dominio público del Gobierno del Estado de Jalisco, siendo que lo que debió ordenar era la expropiación de esas tierras por causa de utilidad pública.
"En efecto, para evidenciar lo fundado del argumento en estudio, al efecto se transcribe el contenido del artículo 93 de la Ley Agraria, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe).
"Del precepto transcrito, claramente se puede apreciar, que los bienes ejidales o comunales, sólo podrán ser expropiados, en lo que interesa, en términos de la fracción VII, para la construcción de carreteras, de ahí que, si en la especie, la responsable determinó que con lo que se afectó al ejido quejoso fue con la construcción de la carretera ‘**********’, es que, en el caso debió ordenar a las demandadas lleven a cabo el procedimiento de expropiación para que esos bienes pasen a ser parte de la propiedad pública del Gobierno del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ahora Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de ese Estado y no, simplemente, ordenar al Registro Agrario Nacional la desincorporación del régimen ejidal de la superficie afectada que ocupa el tramo carretero citado e incorporar como bien de dominio público del Gobierno del Estado de Jalisco esas tierras, de ahí lo fundado del concepto de estudio.
"Consecuentemente, ante lo fundado de este concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva, en la que reitere lo aquí determinado correcto y ordene a las demandadas realicen la expropiación de las tierras afectadas con la construcción de la carretera materia de la litis agraria."
CUARTO.-Existencia de la contradicción tesis. Esta Segunda Sala considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que de la lectura a las ejecutorias relacionadas en párrafos precedentes, se obtiene que los Tribunales Colegiados de Circuito conocieron de asuntos que versaron sobre el mismo punto jurídico, consistente en la restitución de tierras ejidales, en los que si bien se acreditaron los elementos de la acción restitutoria demandada, también quedó evidenciada la actualización de imposibilidad material para llevarla a cabo, por existir una obra de utilidad pública:
• En el primer caso, la construcción de la presa denominada Francisco J. Múgica, que resultó en la condena al Gobierno del Estado de Michoacán, para que pagara en favor del ejido quejoso $********** (********** millones ********** pesos **********/100 m.n.), por concepto de daños y perjuicios, así como por la ocupación de las tierras propiedad del ejido.
• En el segundo asunto, la construcción de la carretera estatal denominada Catarina Atemajac de Brizuela, que tuvo como consecuencia, la condena al Gobierno del Estado de Jalisco para que realizara el pago indemnizatorio, en cumplimiento sustituto, a partir del avalúo que sobre el particular emitiera el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Sin embargo, mientras que para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en aras de dictar una sentencia completa y haciendo uso de su autonomía y plena jurisdicción, acorde a lo dispuesto por los artículos 17 y 27, fracción XIX, de la Constitución Federal, el Tribunal Agrario estaba obligado a determinar, previa acreditación del pago indemnizatorio, en vía de consecuencia, la desincorporación de las hectáreas materia de la litis del régimen ejidal y su incorporación al dominio público de la entidad federativa quejosa, así como su respectiva inscripción en los registros catastrales correspondientes.
Para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resultaba insuficiente que se ordenara que los terrenos afectados fueran desincorporados del régimen ejidal para incorporarlos como parte del dominio público, previa la acreditación del pago respectivo, porque consideró necesario se ordenara la expropiación de esas tierras por causa de utilidad pública, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 93 de la Ley Agraria, que claramente señala que los bienes ejidales o comunales sólo podrán ser expropiados para la construcción de carreteras.
Es decir, los tribunales contendientes se manifestaron sobre el procedimiento a seguir para la desincorporación del régimen ejidal y la subsecuente incorporación al dominio público, de una extensión de tierra que resultó afectada por una causa de utilidad pública, ante la imposibilidad de ejecutar la acción restitutoria en materia agraria; llegando a conclusiones distintas, pues mientras que uno sostuvo que resultaba suficiente, previa acreditación del pago indemnizatorio, en vía de consecuencia, desincorporar las hectáreas materia de la litis del régimen ejidal y su incorporación al dominio público de la Entidad Federativa de que se trata, así como su respectiva inscripción en los registros catastrales correspondientes; para el otro órgano jurisdiccional, es necesario ordenar la expropiación de esas tierras por causa de utilidad pública, a partir de lo previsto en la fracción VII del artículo 93 de la Ley Agraria.
Así, el punto a resolver consiste en determinar, si en aquellos casos donde ha resultado procedente la restitución de tierras ejidales solicitada, pero es física y materialmente imposible su ejecución, porque fueron afectadas por una obra de utilidad pública, procede ordenar, previa acreditación del pago indemnizatorio, que la superficie afectada sea desincorporada del régimen ejidal y se incorpore al dominio público de la entidad federativa que cubrió el monto de la indemnización, con la consecuente inscripción en los registros catastrales correspondientes; o bien, si es necesario ordenar que se lleve a cabo el procedimiento de expropiación en términos de la Ley Agraria.
QUINTO.-Estudio. Acotada así la existencia de la contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Segunda Sala con apoyo en las consideraciones que enseguida se exponen.
La base constitucional para el estudio del presente asunto, es el artículo 27 que, en lo conducente, prevé:
"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
"Las expropiaciones sólo podrán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27336-58f2cb3e/accion-de-restitucion-de-tierras-en-materia-agraria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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