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Modo: Corpus Pro

CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA A UN PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE CONDENA A UN ENTE PÚBLICO AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR SU RESCISIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26366
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-06-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, Pág. 1747.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIA: ESTHELA GUADALUPE ARREDONDO GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por versar sobre una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Décimo Sexto Circuito.

SEGUNDO.-La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; pues fue presentada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, uno de los órganos contendientes.

TERCERO.-Con el propósito de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de este Circuito contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en sesión de ocho de enero de dos mil dieciséis, al resolver el amparo directo administrativo **********, determinó sobreseer en el juicio promovido por el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en razón de que ese ente público carece de legitimación para promoverlo, ya que celebró el convenio de ocupación previa materia del juicio agrario, en su carácter de autoridad y no como particular en un plano de igualdad con el ejidatario, por las razones siguientes:

"Es innecesario el análisis de la temporalidad en la presentación de la demanda de amparo y de los conceptos de violación, porque este órgano colegiado, advierte que se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 7o. de la propia legislación y 107, fracción I, de la Constitución Federal.

"Lo anterior, en la inteligencia de que las causas de improcedencia son de análisis preferente y, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben ser estudiadas de oficio por el órgano que conozca del amparo. Por tanto, este tribunal válidamente se avoca al análisis oficioso de la hipótesis de improcedencia invocada, con independencia de que la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, que propuso su actualización, carece de legitimación para ello, porque en el auto admisorio de demanda no se le reconoció el carácter de tercero interesada.

"Aunado, se hace notar que para decretar de oficio la actualización de improcedencia del juicio, este órgano jurisdiccional dio cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dado que en auto cuatro de diciembre de dos mil quince, el presidente de este tribunal, dio vista al Municipio quejoso con la causal advertida, para que estuviera en aptitud de realizar las manifestaciones que a su interés conviniera, sin que hiciera valer ese derecho.

"Sentado lo anterior, de las constancias del expediente de origen, se advierte que el presente juicio es improcedente, al carecer el Municipio quejoso de legitimación para promover el juicio de amparo, sin que en el caso se reúnan los supuestos establecidos en el artículo 7o. de la Ley de Amparo en vigor, pues en el procedimiento de origen, se resolvió una controversia derivada de un acto celebrado entre un particular y el citado ente público en su carácter de autoridad; esto es, no se encontraban en un plano de igualdad.

"En ese tenor, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia que deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 7o., primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, del siguiente contenido: (se transcriben)

"De los transcritos preceptos, deriva la procedencia del juicio de amparo a instancia del titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública, pueden acudir al amparo siempre y cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio y esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

"Al interpretar la disposición similar, contenida en el artículo 9o. de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno y en Salas, ha sustentado en diversas jurisprudencias y criterios aislados que las ‘garantías individuales’, en esencia, constituyen restricciones al ejercicio del poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de amparo, siendo la única excepción cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales.

"En igualdad de condiciones, de conformidad con el primer párrafo del artículo 7o. de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acción de amparo intentada por la Federación, los Estados, el Distrito Federal o cualquier persona moral pública es procedente, por excepción, siempre y cuando la ley o el acto reclamado (positivo o negativo) los afecten en su patrimonio y sólo -limita aún más la procedencia del juicio- respecto de relaciones jurídicas en las que aquellas personas morales oficiales ‘se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.’

"Ello se debe a que el objetivo del juicio de amparo es dirimir cualquier controversia suscitada por leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas.

"De esa manera, debe estimarse que el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, carece de legitimación para promover el presente juicio, porque de las características particulares del juicio de origen no es posible encuadrar la acción de amparo intentada en la hipótesis de excepción contemplada en el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley de Amparo.

"De los autos del juicio agrario cuya sentencia se señaló como acto reclamado, se advierte que la controversia versó sobre la rescisión del convenio de ocupación previa que el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato, ahí demandado, celebró con un ejidatario, respecto de su parcela.

"Del análisis del convenio de que se trata, que obra a fojas 35 a 40 del expediente agrario, se advierte que en ese acto jurídico, el Municipio compareció ostentándose como ‘... una institución de orden público autónomo en su gobierno interior y la administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.’

"Aunado, se estableció que el convenio se celebraba como base para la posterior expropiación por causa de utilidad pública de la superficie ahí descrita, y que el acto se verificaba por conducto del secretario del Ayuntamiento que, con ese carácter, contaba con facultades para hacerlo, en términos del artículo 112, fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en vigor en esa época.

"En la sentencia reclamada se declaró procedente la rescisión y se condenó al citado Municipio a restituir la parcela objeto del convenio, así como al pago de daños y perjuicios ocasionados con la ocupación.

"En ese orden de ideas, se advierte claramente que se actualiza la hipótesis de improcedencia en análisis, pues el Municipio quejoso compareció al juicio agrario a hacer valer su derecho de defensa, respecto un acto en el cual participó no como particular sino en su carácter de autoridad que, con esa investidura, decidió con un ejidatario la previa ocupación de tierras ejidales como base para el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública.

"Además, se puntualizó que esa previa ocupación se sustentaba precisamente en la necesidad de que el Municipio pudiera realizar ‘El proyecto’, consistente en la construcción de una vialidad de utilidad pública ‘... necesaria para evitar el tráfico pesado siga circulando por la zona urbana del Municipio, dañando la infraestructura vial y generando problemas de tráfico cotidiano e inseguridad para la ciudadanía del Municipio de Dolores Hidalgo, Gto., además de facilitar el tránsito rápido de largo itinerario que sólo va de paso obligando (sic) por jurisdicción municipal de Dolores Hidalgo, Gto., y por otra parte, proporcionar a las comunidades que con la construcción de dicho libramiento se beneficien, vías seguras de tránsito y rápido acceso a la zona urbana del Municipio.’

"Como se ve, no existe duda de que el Municipio quejoso acudió a la controversia agraria en defensa de la acción, derivada de un contrato que celebró con un particular en su carácter de autoridad, como un acto preparatorio para la posterior expropiación y teniendo como sustento la construcción de una obra de utilidad pública, en una relación de supra a subordinación y no de igualdad con el ejidatario titular de los terrenos afectados.

"La materia del juicio agrario no tiene origen en una relación jurídica entre partes colocadas en una posición de igualdad, sino en una de supra a subordinación, en la que la persona moral oficial, intervino como ente dotado de poder público en ejercicio de las facultades que le corresponden y acorde a sus funciones, en el caso, la consistente en realizar obras de utilidad pública, demostrándose así que carece de legitimación para promover el amparo en contra de la sentencia emitida en el juicio incoado en su contra.

"Se insiste, aunque se trate de un convenio celebrado entre partes, lo cierto es que el Municipio ahora quejoso lo celebró como autoridad, y el acto trascendió a derechos de un particular, frente al cual no se encontraba en una posición de igualdad, pues intervino como ente dotado de poder público en ejercicio de las facultades de que se encuentra investido.

"No obsta a la anterior determinación que la sentencia reclamada en este juicio de amparo, tenga su origen en un procedimiento agrario en el que las partes se encuentran en un plano de igualdad procesal, pues ambas están sometidas a un tribunal con plena autonomía y jurisdicción, y el hecho de que una autoridad acuda a un procedimiento en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad al celebrar el convenio que fue materia de estudio en esa contienda.

"Esto, porque en tal caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la que se requiere para que una autoridad pueda promover el juicio de amparo es aquella en la que en el acto materia de esa controversia, no haya relación de supra a subordinación.

"Lo que define la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y si esta pretensión deriva de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas a la autoridad, evidentemente que carecerá de legitimación para acudir al amparo.

"Al respecto, es ilustrativa la tesis 1a. CXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 965, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto:

"‘PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular.’

"Por otra parte, tampoco puede sostenerse que en el caso, se actualiza el supuesto previsto en el referido artículo 7o. de la Ley de Amparo, relativo a la afectación al patrimonio del demandado y condenado en el juicio agrario, porque al margen de que el Municipio pudiera o no contar con una partida presupuestal destinada de manera exclusiva para cubrir este tipo de erogaciones, lo cierto es que, según se tiene expuesto, la procedencia del amparo por parte de entes públicos exige la concurrencia de dos extremos: que se afecte su patrimonio (1) y que esa afectación derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares (2), de suerte que si no se da cualquiera de ellos, el amparo se torna improcedente.

"En ese tenor, como en el caso se demostró que en la relación jurídica de la que pudiera resultar la posible afectación patrimonial alegada, el Municipio quejoso no se ubicó en un plano de igualdad con el particular, ello basta para sostener la actualización de la causa de improcedencia en estudio.

"En conclusión, la falta de legitimación del Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para ejercer la acción constitucional contra la sentencia que resolvió un procedimiento al que acudió en defensa de un acto que celebró como autoridad, produce como efecto que se actualice la causa de improcedencia, derivada de los artículos 7o. y 61, fracción XXIII, de la vigente Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, constitucional; lo que a su vez, impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil quince, al resolver el amparo directo administrativo **********, declaró infundada la causa de improcedencia, hecha valer por la Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato, relativa a que el Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, carece de legitimación para instar el juicio constitucional, debido a que el artículo 7o. de la Ley de Amparo prevé que las personas morales oficiales sólo pueden promover juicio de amparo cuando el acto reclamado afecte su patrimonio y derive de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

Tal determinación se sustentó en las consideraciones siguientes:

"Por otra parte, la Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de su representante, afirma que el juicio de amparo es improcedente, porque de conformidad con lo dispuesto en el precepto 7o. de la Ley de Amparo, los Municipios sólo pueden promover juicio de amparo cuando el acto reclamado les afecte su patrimonio.

"Insiste en que tal afectación no se da en el caso, en virtud de que la parcela que el Municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, debe restituir, no forma parte de su patrimonio, pues ni siquiera se ha desincorporado del régimen agrario, además de que la litis en el juicio de origen no versó sobre la titularidad del derecho de propiedad; además de que el citado Municipio, al celebrar el convenio de ocupación previa, cuya rescisión se demandó en el juicio agrario, lo hizo en su carácter de autoridad.

"Los argumentos de mérito son infundados.

"Para justificar ese aserto, es menester reproducir primero el contenido del artículo 7o. de la Ley de Amparo:

"‘Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

"‘Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.’

"De conformidad con el primer párrafo del precepto acabado de reproducir, las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de amparo, cuando el acto reclamado afecte su patrimonio, y tenga su origen en una relación jurídica en la que se ubiquen en un plano de igualdad con los particulares.

"En el caso, la parte actora en el juicio agrario de origen, demandó la rescisión del contrato de ocupación previa, celebrado con el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato, respecto de una fracción de la parcela cuya titularidad ostenta, así como el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación y la restitución de la fracción ocupada.

"En la sentencia reclamada, la responsable declaró la procedencia de la acción y, en consecuencia, decretó la rescisión del convenio de ocupación previa y condenó al Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a desocupar la fracción ocupada, así como a entregarla en favor del actor; además, también la condenó al pago de daños y perjuicios ocasionados con la ocupación previa, en los términos que ahí se precisaron.

"Lo expuesto pone de manifiesto que la sentencia de que se trata, evidentemente afecta los intereses patrimoniales de la quejosa, por el solo hecho de resultar condenada al pago de daños y perjuicios, pues es claro que dicho pago constituye una prestación de carácter patrimonial que si bien tiene incidencia en el erario público, lo cierto es que la persona moral oficial de que se trata, fue juzgada en un nivel de coordinación con el particular, despojada de sus atributos de autoridad, como parte en la celebración de un acuerdo de voluntades, que no constituyó acto autoritario alguno.

"Sobre el particular es ilustrativa la tesis que enseguida se reproduce:

"‘Décima Época

"‘Registro: 2007934

"‘Instancia: Segunda Sala

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014

"‘Materia: común

"‘Tesis: 2a./J. 105/2014 (10a.)

"‘Página: 1106

«Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas»

"‘LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se hallan investidas mientras que, en el segundo, actúan en condiciones similares a la de los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y forma que éstos y, por regla general, las personas morales oficiales no tienen legitimación para promover juicio de amparo, salvo que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, acorde con el artículo 7o. de la Ley de Amparo, que coincide con el numeral 9o. de la ley abrogada. En consecuencia, cuando la Federación por conducto del Procurador General de la República y/o de las demás dependencias de la Administración Pública Federal, conjunta o separadamente, comparece ante el Tribunal Agrario porque se le reclama el pago de una indemnización generada por una actuación carente de carácter autoritario, como es la ocupación ilegal de tierras ejidales, se concluye que se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo contra la condena que le fuera decretada, toda vez que puede acudir al procedimiento en defensa de sus intereses patrimoniales despojada de imperio, ubicándose en un plano de coordinación con el actor.’

"Al no actualizarse las causales de improcedencia, propuestas ni advertirse de oficio la configuración de alguna otra, procede emprender el análisis de los conceptos de violación planteados."

CUARTO.-En razón de que los criterios contendientes no generaron tesis -aislada o jurisprudencia-, debe señalarse que ello no es impedimento para que este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, a fin de que se pronuncie sobre su existencia, toda vez que la normativa establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige ese requisito, pues basta que los Tribunales Colegiados del propio circuito adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Así es, la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que son competentes los Plenos de Circuito para: "Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer".

La interpretación literal de esa porción normativa, podría llevar a pensar que los Plenos de Circuito sólo son competentes para resolver las contradicciones de tesis sometidas a su potestad cuando los criterios divergentes conformen jurisprudencia en términos de los diversos numerales 222, 223 y 224 de la Ley de Amparo.

Sin embargo, este órgano colegiado considera que no debe hacerse tal interpretación y aplicación literal de la norma, pues el legislador utilizó el término "tesis de jurisprudencia" no en su sentido textual, sino de manera indistinta para referirse a tesis, jurisprudencias o simplemente criterios sustentados en los diversos fallos que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito.

Ello, porque el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, en su párrafo primero dispone que: "Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Como se observa, dicho precepto hace referencia al concepto "tesis contradictorias", que también se emplea en la fracción III del artículo 126 de la Ley de Amparo; mientras que el numeral 225 de la propia ley emplea los vocablos "criterios discrepantes".

Es decir, tanto la Norma Suprema como la secundaria, prevén que la contradicción de tesis, entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito se origina ante la existencia de criterios discrepantes, sostenidos entre Tribunales Colegiados de Circuito, sin exigir que las ejecutorias contendientes conformen jurisprudencia, lo cual evidencia que en el enunciado "tesis de jurisprudencia" el legislador no tuvo como voluntad limitar a esos casos el estudio de las contradicciones de tesis, sino el de emplear una locución que pudiera cubrir todos los rubros posibles.

Así lo ponderó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.129/2004, localizable en la página 93, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.-Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."

Por consiguiente, el sistema de denuncia de contradicción de tesis, entre las establecidas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, tiene por objeto que el Pleno correspondiente, a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por consiguiente, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de "criterios divergentes" sobre un mismo problema o punto de derecho, sobre todo cuando respecto del problema o punto de derecho, dichos tribunales actúen como órganos terminales.

Así, de estimarse que la denuncia resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción no tienen la categoría de jurisprudencia, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis, como un sistema de integración de jurisprudencia, tendente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.

En consecuencia, al resolver los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos sometidos a su potestad, como órganos terminales, lógicamente pueden sustentar criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho, por lo que de estimarse improcedente la denuncia de contradicción de tesis derivada de lo establecido por éstos al resolver los asuntos de su competencia, so pretexto de que alguno de los criterios divergentes no constituyen jurisprudencia, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la intención del Constituyente al establecer a los Plenos de Circuito, como aquellos órganos encargados de homogeneizar los criterios sustentados por los tribunales de su circuito, permitiendo con ello que subsista la inseguridad jurídica provocada por la aplicación de criterios divergentes al interior del circuito.

Es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica entre lo previsto en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, y los artículos 225 y 226 de la actual legislación, la jurisprudencia siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en as

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26366-b09d14fd/convenio-de-ocupacion-previa-a-un-procedimiento-expropiatorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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