LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA TIENEN LAS PERSONAS MORALES OFICIALES PARA PROMOVERLO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL AGRARIO EN LAS QUE SE LES CONDENE AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN DE UN CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA DE TIERRAS EJIDALES O COMUNALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 426/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 15 DE ENERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON SALVEDAD LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
II. Competencia
4. Esta Segunda Sala es competente para resolver la contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que la contradicción se suscitó entre un Tribunal Colegiado y un Pleno Especializado pertenecientes a diferentes Circuitos, y la materia sobre la que versa –agraria–, corresponde a la especialidad de esta Sala, por lo que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Legitimación
5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito está legitimado para denunciar la contradicción de tesis que nos ocupa, ya que dicho órgano jurisdiccional sustentó uno de los criterios contendientes.
IV. Existencia de la contradicción
6. Esta Segunda Sala estima que existe contradicción de criterios, ya que los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica y adoptaron criterios discrepantes.(1)
7. Para corroborar lo anterior es necesario precisar las posturas de los órganos jurisdiccionales involucrados en esta contradicción de tesis.
8. Juicio de amparo directo 301/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
8.1. El juicio de amparo directo se promovió por la persona moral oficial denominada Carreteras de Cuota-Puebla, que de conformidad con el artículo 1o. del decreto que la creó, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, es un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Puebla. Entonces, al tratarse de una persona moral oficial o pública, es necesario dilucidar si se satisfacen las condiciones para que este tipo de entidades promuevan válidamente el juicio constitucional, previstas en el artículo 7o. de la Ley de Amparo.
8.2. El primer párrafo del artículo 7o. citado dispone que cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
8.3. En el juicio agrario de origen se dilucidó, en esencia, la legalidad de la ocupación de una porción de la parcela de un ejidatario, por parte de la quejosa a través del establecimiento de un tramo carretero. Para ello resultó relevante analizar la validez y cumplimiento de dos contratos celebrados entre la persona moral oficial y el ejidatario.
8.4. De ahí que se adviertan puntos de contacto con el criterio sentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse respecto de la contradicción de tesis 164/2014, resolución en la cual la materia de la contradicción quedó definida en los términos siguientes: "... la materia de la contradicción de tesis denunciada consiste en determinar si la Federación por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene o no legitimación para promover juicio de amparo en contra de las resoluciones del Tribunal Agrario que le condenaron al pago de una indemnización derivada de la ocupación ilegal de tierras ejidales a través del establecimiento de tramos carreteros ..."
8.5. En lo conducente, estableció:
8.5.1. Las personas morales oficiales están legitimadas para promover juicio de amparo en contra de las sentencias que resuelvan una acción agraria en la que se les haya reclamado el pago de una indemnización derivada de una conducta que no ha sido autoritaria, como lo es la ocupación ilegal de tierras ejidales, en tanto que en esos casos el pago de la indemnización que se reclama se trata de una prestación de carácter patrimonial que si bien tiene incidencia en el erario público, dichas personas morales públicas fueron juzgadas en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad.
8.5.2. En esos casos, el ente público es juzgado por el tribunal agrario despojado de su imperio.
8.5.3. Si la persona moral oficial acude al juicio de agrario con motivo de una demanda promovida en su contra por un sujeto agrario actor, el cual le demandó el pago de una indemnización derivada de una conducta que no obedeció a un acto autoritario sino con motivo de una ocupación ilegal de las tierras ejidales, el ente público acudió al juicio despojado de su calidad de ente soberano y fue juzgado por el tribunal agrario en un nivel de coordinación con los sujetos ejidales, sin atributos de autoridad, lo cual le permite encontrarse legitimado para promover el juicio de amparo en contra de la decisión del tribunal que afecta sus derechos patrimoniales.
8.6. La contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.): "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO."
8.7. Como se puede observar, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo relevante es que el ente público es juzgado en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad, no así que se haya construido un tramo carretero o condenado al pago de una indemnización derivada de la conducta irregular.
8.8. La única diferencia que se observa con este juicio de amparo directo radica en que no se trata de la Federación, sino de un organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Puebla y que éste pretendió llevar a cabo la ocupación a partir de dos contratos; elementos que no inciden ni desvirtúan la situación de analogía que, en lo restante, se advierte.
8.9. El que uno de los contratos consista en un convenio de ocupación previa a un procedimiento expropiatorio, no desvirtúa la aplicabilidad, por identidad de razón jurídica, de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistente en que el ente público es juzgado por el tribunal agrario despojado de su imperio.
8.10. Por ello, no se comparte la jurisprudencia PC.XVI.A. J/15 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de rubro: "CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA A UN PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE CONDENA A UN ENTE PÚBLICO AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR SU RESCISIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.", puesto que se contrapone, al menos parcialmente, al criterio de este Colegiado.
8.11. De ahí que se estima que la jurisprudencia de la Segunda Sala es aplicable por identidad de razón jurídica y que, en consecuencia, el juicio de amparo directo promovido por la persona moral oficial es procedente.
9. Contradicción de tesis 1/2016 del índice del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito
9.1. En relación con la procedencia del juicio de amparo instado por personas morales de derecho público en contra de una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso de naturaleza agraria, es pertinente atender a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 164/2014, cuya materia consistió en dilucidar si la Federación por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene o no legitimación para promover juicio de amparo en contra de las resoluciones del tribunal agrario que le condenaron al pago de una indemnización derivada de la ocupación ilegal de tierras ejidales a través del establecimiento de tramos carreteros.
9.2. En esa resolución la Segunda Sala puntualizó que:
9.2.1. La Suprema Corte ha sostenido de manera reiterada que, por regla general, las personas morales públicas no se encuentran legitimadas para promover juicio de amparo, salvo que la ley o el acto que reclamen afecten sus intereses patrimoniales.
9.2.2. Tratándose tanto de la Ley de Amparo abrogada como de la vigente, acotó, se ha distinguido entre los actos que revistan los órganos del Estado como entidad soberana, es decir, en un nivel de supra a subordinación por medio de dictados imperativos cuya observancia es obligatoria, de los actos que realizan en un nivel de coordinación con los particulares, sin atributos de autoridad.
9.2.3. La anterior distinción obedece a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control del poder público en favor de los gobernados, por lo que los entes públicos no pueden acudir al amparo para defender la legalidad de los actos de autoridad.
9.2.4. En cambio, las personas morales públicas sí se encuentran legitimadas para promover el juicio de amparo en contra de la sentencia definitiva que resuelva una acción civil ejercida por alguna de ellas para reclamar prestaciones de carácter patrimonial que corresponden al erario público, puesto que en esta hipótesis se colman los requisitos de legitimación.
9.2.5. De ahí que por igualdad de razón las personas morales oficiales están legitimadas para promover juicio de amparo contra las sentencias que resuelvan una acción agraria en al que se les haya reclamado el pago de una indemnización derivada de una conducta que no ha sido autoritaria, como lo es la ocupación ilegal de tierras ejidales, en tanto que en esos casos el pago de la indemnización que se reclama se trata de una prestación de carácter patrimonial que si bien tiene incidencia en el erario público, esas personas morales públicas fueron juzgadas en un nivel de coordinación con los particulares sin atributos de autoridad.
9.2.6. En el caso la Federación por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue demandada por sujetos ejidales ante el tribunal agrario, a quienes se les reclamó la restitución de las tierras ejidales originada por su indebida ocupación, así como el consecuente pago de una indemnización derivada de tal conducta irregular, la cual no obedeció a acto autoritario alguno, sino que el ente público fue juzgado por el tribunal agrario despojado de su imperio y se le condenó al pago de una indemnización.
9.3. De las consideraciones expuestas informa la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.), de rubro: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO."
9.4. Lo anterior evidencia que el Alto Tribunal consideró que, a fin de que las personas morales de derecho público puedan acudir al juicio de amparo con motivo de la condena decretada en su contra en el contexto de un juicio agrario, es necesario que la actuación que precedió ese proceso no haya obedecido a un acto autoritario.
9.5. Sin embargo, el criterio citado no resuelve la contradicción de tesis que se examina, en tanto que la materia de la contradicción resuelta por la Segunda Sala consistió en resolver si la Federación tiene o no legitimación para promover juicio de amparo en contra de las resoluciones del tribunal agrario que le condenaron al pago de una indemnización derivada de la ocupación ilegal de tierras ejidales a través del establecimiento de tramos carreteros; de lo que deriva que no se analizaron actos relacionados con una expropiación o que forman parte del procedimiento correspondiente.
9.6. Entonces, se trata de un supuesto diferente al particular, en el que se demandó la rescisión de un convenio de ocupación previa que legalmente forma parte de un procedimiento de expropiación de tierras ejidales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 de la Ley Agraria, 60, fracción VII, y 66 a 69 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
9.7. Precisado lo anterior, ha de dilucidarse la naturaleza jurídica del convenio de ocupación previa, cuya rescisión fue materia de los juicios agrarios que constituyen los antecedentes de la contradicción de tesis, para establecer si se trata de un acto jurídico llevado a cabo en un plano de igualdad –como sería un contrato civil– o si sus características son las de un contrato administrativo, en el que las personas morales oficiales participan con atributos de derecho público y, por ende, con carácter autoritario.
9.8. Con esa finalidad, debe atenderse a las pautas instituidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el juicio ordinario civil federal 1/2000, cuya ejecutoria dio origen a la tesis P. IX/2001, de rubro: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SE DISTINGUEN POR SU FINALIDAD DE ORDEN PÚBLICO Y POR EL RÉGIMEN EXORBITANTE DEL DERECHO CIVIL A QUE ESTÁN SUJETOS."
9.9. En la ejecutoria aludida el Alto Tribunal consideró:
9.9.1. Los criterios diferenciadores que sirven de apoyo para establecer la naturaleza de un contrato en el que participen un órgano público del Estado y un particular son esencialmente dos:
a) En razón de la finalidad que persiguen, que es una finalidad pública, o según otras expresiones de utilidad pública o de utilidad social.
b) En atención al régimen exorbitante del derecho civil a que están sujetos los contratos administrativos.
9.9.2. Así, con base en el primer criterio diferenciador, se puede concluir que en la celebración de los contratos, el derecho privado se aplicará al Estado cuando los actos que éste verifique no se vinculen estrecha y necesariamente con el cumplimiento de sus atribuciones y cuando, por lo mismo, la satisfacción de las necesidades colectivas no se perjudique porque en aquellos actos el Estado no haga uso de los medios que le autoriza su régimen especial.
9.9.3. Por el contrario, cuando el objeto o la finalidad del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales, de tal manera que la satisfacción de las necesidades colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones contractuales, entonces se estará en presencia de un contrato administrativo.
9.9.4. Sobre este aspecto que distingue los contratos administrativos de los de derecho privado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio: "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON EL GOBIERNO, NATURALEZA DE LOS."
9.9.5. En relación con el segundo criterio diferenciador es necesario tomar en consideración que hay principios de justicia y equidad que dominan los contratos. Estos principios derivan de algunas ideas fundamentales: la palabra dada debe ser respetada; el que incumple las obligaciones contraídas debe soportar las consecuencias; las cláusulas de un contrato deben interpretarse según la intención de las partes y acorde con la naturaleza del contrato celebrado.
9.9.6. Sin embargo, las fórmulas por las cuales los códigos de derecho privado han traducido estos principios, adquieren características singulares que son propias de los contratos administrativos, puesto que la idea general de justicia y equidad puede, en las relaciones del contratante con la administración, implicar consecuencias diferentes de las que el derecho privado ha formulado para las relaciones de particular con particular. Esta diferencia es explicable porque hay un elemento esencial que el derecho privado no tiene en cuenta: las necesidades del funcionamiento regular y continuo del servicio público.
9.9.7. Este criterio diferenciador relativo al régimen exorbitante del derecho civil a que están sujetos los contratos administrativos se refiere a que en éstos, es válido estipular cláusulas que, vistas desde la óptica del derecho privado, pudieran resultar nulas, pero que en el campo administrativo no lo son, en atención a la necesidad de asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público.
9.10. Del régimen legal de la expropiación de tierras ejidales, contenido en el capítulo IV de la Ley Agraria, que comprende los artículos 93 a 97, se observa que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por causas de utilidad pública, las cuales se encuentran vinculadas con el establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; la realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo; la realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros; explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones; regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad; la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas, además de las previstas en la Ley de Expropiación y otros ordenamientos.
9.11. La ocupación de los predios afectados con los fines enunciados, por regla general, sólo podrá realizarse mediante pago o depósito del importe de la indemnización y la ocupación de tales superficies se encuentra proscrita, a menos que la asamblea del poblado o los ejidatarios afectados, aprueben su realización.
9.12. En concordancia con lo anterior, el artículo 9 Bis, fracción III, de la Ley de Expropiación prevé que la Secretaría de Estado competente podrá convenir la ocupación previa de los bienes y derechos afectados por una declaratoria de utilidad pública con sus titulares, en tanto se tramita el decreto de expropiación.
9.13. De los artículos 56 al 59 y 66 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que regulan el procedimiento a seguir para la ocupación previa de terrenos ejidales, como acto preparatorio en un procedimiento de expropiación, se observa que la dependencia o entidad que promueva el procedimiento de expropiación podrá celebrar un convenio de ocupación previa con un núcleo agrario, o con los ejidatarios o comuneros titulares de derechos parcelarios, según se trate.
9.14. Ese acto jurídico deberá precisar, al menos, (I) la superficie a ocupar y su ubicación geográfica; (II) si la ocupación será a título gratuito u oneroso; (III) las causas por las que puede rescindirse el convenio y el procedimiento para el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación previa de la superficie; (IV) las constancias en donde se otorga el consentimiento de la ocupación previa por parte de los ejidatarios afectados o de la asamblea, si se trata de tierras de uso común; (V) en su caso, el señalamiento del tiempo en que la dependencia o entidad, se compromete a iniciar el procedimiento expropiatorio ante la secretaría; y, (VI) el señalamiento de la vigencia de la ocupación previa será por el tiempo que dure la tramitación del procedimiento expropiatorio.
9.15. En caso de que la ocupación previa sea a título oneroso, el convenio también deberá prever la contraprestación en especie, en dinero o ambas que se cubrirá por el consentimiento de la ocupación, así como las modalidades de pago y la garantía de su cumplimiento. También las partes podrán determinar, si así lo convienen, un pago inmediato como anticipo y a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación.
9.16. En la suscripción del convenio de ocupación previa deberá intervenir la Procuraduría Agraria, quien solicitará su inscripción al registro.
9.17. Dado el supuesto de que el procedimiento expropiatorio se cancele, se dará por terminado el convenio de ocupación previa, estando obligadas las partes al cumplimiento de las contraprestaciones establecidas en éste, por lo que la dependencia o entidad deberá desocupar la superficie de que se trate, en un plazo de treinta días hábiles, contado a partir del día siguiente al que se le notifique el acuerdo de cancelación del procedimiento expropiatorio, salvo que durante dicho plazo se celebre nuevo convenio de ocupación de la superficie en cuestión.
9.18. Si además, la cancelación obedeció a la expresión de desinterés de la entidad o dependencia, la Secretaría de la Reforma Agraria –actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano– requerirá que a aquella que acredite haber rescindido el convenio de ocupación previa a satisfacción del afectado, así como haber cubierto la garantía para reparar los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.
9.19. Lo anterior evidencia que, al pactar convenios de ocupación previa en términos de la legislación agraria, las entidades públicas solicitantes del procedimiento de expropiación realizaran un acuerdo de voluntades cuya finalidad se encuentra íntimamente vinculada al cumplimiento de las atribuciones estatales, puesto que las causas de utilidad pública referidas tienen como orientación la satisfacción de las necesidades colectivas, lo que permite concluir, de conformidad con el primero de los criterios diferenciadores instituidos por el Alto Tribunal en la tesis referida con antelación, que se está en presencia de un contrato administrativo.
9.20. Asimismo, se está en presencia de un régimen jurídico exorbitante, habida cuenta que en términos del artículo 66, fracción I, del reglamento citado, la cancelación del procedimiento expropiatorio puede originarse por la sola voluntad del ente público que la solicitó, lo que implicaría dar por terminado el convenio de ocupación previa; prerrogativa que evidencia la relación de supra a subordinación que caracteriza al convenio en análisis.
9.21. En esas condiciones, es patente que, al dilucidar sobre la procedencia de la rescisión de un convenio de ocupación previa, el tribunal agrario se pronuncia sobre una relación jurídica generada con motivo de la actuación autoritaria del ente público solicitante del procedimiento de expropiación.
9.22. Por eso, la persona moral oficial demandada en el proceso agrario no se encuentra legitimada, en ese supuesto, para acudir al juicio de amparo en defensa de su patrimonio, ya que la relación jurídica de la que derivó no se dio en un plano de igualdad con los particulares cuyas tierras proyectó afectar.
9.23. No es obstáculo la circunstancia de que el ente público haya sido condenado al pago de daños y perjuicios, en la medida que la afectación patrimonial que legitima a las personas morales oficiales para acudir al juicio constitucional, tiene que derivar, necesariamente, de un vínculo jurídico en el que actuó en un plano de igualdad con el gobernado.
9.24. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 159/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD (sic) IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y GUANAJUATO)."
10. Las consideraciones descritas dieron origen a la jurisprudencia siguiente:
"CONVENIO DE OCUPACIÓN PREVIA A UN PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE CONDENA A UN ENTE PÚBLICO AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR SU RESCISIÓN, NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 7o. de la Ley de Amparo prevé que, por regla general, las personas morales oficiales no están legitimadas para promover juicio de amparo, salvo cuando actúen en defensa de su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Esa hipótesis jurídica no se actualiza cuando un órgano jurisdiccional condena al pago de daños y perjuicios a un ente público, como consecuencia de la rescisión de un convenio de ocupación previa a un procedimiento expropiatorio, suscrito en términos de los artículos 95 de la Ley Agraria, así como 56 a 59 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, pues en dichos preceptos se instituye un régimen jurídico propio de los contratos administrativos, en la medida en que su suscripción se encuentra vinculada al cumplimiento de funciones propias del Estado y se rige por cláusulas exorbitantes, lo que evidencia que el ente de derecho público actúa en un plano de supra a subordinación con los ejidatarios o el poblado cuyas tierras pretende afectar con fines de expropiación."
11. De lo expuesto se observa que los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica consistente en definir si las personas morales oficiales tienen o no legitimación para promover juicio de amparo contra resoluciones del tribunal agrario que les condenen al pago de una indemnización con motivo de la rescisión de un convenio de ocupación previa.
12. Asimismo, que los órganos colegiados resolvieron la cuestión jurídica descrita de modo diferente, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estimó que el organismo descentralizado quejoso sí tenía legitimación para promover juicio de amparo contra la resolución del tribunal agrario que le condenó al pago de una indemnización con motivo de la rescisión de un convenio de ocupación previa de tierras ejidales, toda vez que en el juicio agrario fue juzgado en un nivel de coordinación con los particulares, aunado a que al instar el amparo lo hace en defensa de su patrimonio, de manera que en términos del artículo 7o. de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.), por identidad de razón, el juicio constitucional era procedente.
13. Y en cambio, el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito consideró que los entes de derecho público no tienen legitimación para promover el juicio de amparo contra resoluciones del tribunal agrario en las que se les condene al pago de daños y perjuicios por la rescisión de un convenio de ocupación previa a un procedimiento expropiatorio, ya que éste instituye un régimen jurídico propio de los contratos administrativos, en la medida en que su suscripción se encuentra vinculada al cumplimiento de funciones propias del Estado y se rige por cláusulas exorbitantes, lo que evidencia que el ente de derecho público actúa en un plano de supra a subordinación con los ejidatarios o el poblado cuyas tierras pretende afectar con fines de expropiación.
14. Aunado a ello, precisó que la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.) no resolvía la cuestión debatida, porque en la contradicción de tesis que le dio origen no se analizaron actos relacionados con una expropiación o que forman parte del procedimiento expropiatorio, sino que se examinó el acto relativo a la ocupación ilegal de tierras ejidales mediante la construcción de tramos carreteros.
15. Consecuentemente, si los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y lo solucionaron de forma distinta, es evidente que existe contradicción de tesis, cuyo tema radica en establecer si las persona morales oficiales tienen o no legitimación para promover juicio de amparo contra las resoluciones del tribunal agrario que les condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios derivado de la rescisión de un convenio de ocupación previa a un procedimiento expropiatorio.
16. Por último, es importante señalar que no es el caso de considerar que la jurisprudencia 2a./J. 105/2014 (10a.) de esta Segunda Sala cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO.", resuelve el tema de esta contradicción de tesis, toda vez que en los asuntos que le dieron origen, la condena al pago de una indemnización derivó de que la Federación ocupó de manera ilegal tierras ejidales, esto es, sin el consentimiento de los titulares de esas tierras ni mediante convenio alguno como lo es el de ocupación previa.
17. En cambio, en los casos que fueron sometidos a consideración de los órganos contendientes en esta contradicción, la condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios fue con motivo de la recisión de convenios de ocupación previa que suscribieron los titulares de las tierras afectadas y los entes públicos, lo que permite apreciar que no se está en el supuesto a que refiere la jurisprudencia citada.
18. Tan es así, que el Tribunal Colegiado contendiente estimó que su aplicación al caso que resolvía era de forma analógica o por identidad de razón, mientras que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29323-52ffe9d1/legitimacion-en-el-juicio-de-amparo-directo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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