REVERSIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL PLAZO DE 5 AÑOS QUE ESTABLECEN LA LEY AGRARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPROPIATORIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 155/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 20 DE JUNIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
8. No pasa inadvertido para esta Sala, que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
9. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
10. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
11. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS 2000331, tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
12. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
13. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
14. En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron el posible criterio en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
15. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
16. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el amparo directo **********, resuelto por mayoría de votos, en la parte que a este expediente interesa, es del siguiente tenor: (fojas 49 vuelta a 57 del presente toca)
"QUINTO. ... Por otra parte, se estima ajustado a derecho la determinación a la que arribó el Magistrado responsable, de que el término de cinco años a que se refieren los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, inicia a partir de que se ejecutó el decreto presidencial, con la diligencia de posesión y deslinde que llevó a cabo la Secretaría de la Reforma Agraria el día nueve de diciembre de dos mil cuatro.
"Los artículos 94 y 97 de la Ley Agraria, y 88 y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural disponen textualmente lo siguiente:
"‘Ley Agraria
"‘Artículo 94.’ (se transcribe)
"‘Artículo 97.’ (se transcribe)
"‘Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural
"‘Artículo 88.’ (se transcribe)
"‘Artículo 94.’ (se transcribe)
"Los preceptos antes referidos llevan a este Tribunal Colegiado a considerar que el plazo de cinco años previsto para ejercer la acción de reversión de los bienes expropiados que deberá realizar el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en el caso de que transcurra dicho plazo sin haberse cumplido la causa de utilidad pública, debe computarse a partir de que la Secretaría de la Reforma Agraria ejecuta el decreto expropiatorio a través de la diligencia posesoria, desde luego previo pago de indemnización y no a partir de que es publicado en el Diario Oficial de la Federación, como de manera infundada lo plantea la quejosa.
"Lo anterior, en virtud de que el artículo 94 de la Ley Agraria establece en forma expresa que los predios expropiados sólo podrán ser ocupados mediante el pago de la indemnización, en tanto que el diverso artículo 88 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural señala expresamente que una vez que se lleva a cabo el pago de la indemnización la Secretaría de la Reforma Agraria ejecutará el decreto expropiatorio, debiendo realizar la diligencia posesoria; es decir, para que el beneficiario de la expropiación pueda entrar en posesión de los predios afectados se deben reunir dos requisitos, a saber:
"1. Que se lleve a cabo la indemnización correspondiente.
"2. Que la Secretaría de la Reforma Agraria ejecute el decreto expropiatorio a través de la diligencia posesoria.
"De ahí que es infundado lo argüido por la quejosa, en el sentido de que se debió realizar el cómputo del plazo de cinco años previsto en los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a partir de que el decreto expropiatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación; pues, como ha quedado establecido con antelación, dicho cómputo debe realizarse a partir de que la Secretaría de la Reforma Agraria ejecuta el decreto expropiatorio, debiendo realizar la diligencia posesoria.
"Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XXVIII.2 A del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que se comparte y que fue citada por la autoridad responsable, publicada en la página 759, Tomo XXVI, noviembre de 2007, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del contenido siguiente:
"‘REVERSIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL PLAZO DE CINCO AÑOS QUE PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 97 DE LA LEY AGRARIA Y 94 DE SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE EJECUTE EL DECRETO EXPROPIATORIO Y SE PONGA AL BENEFICIARIO EN POSESIÓN DE AQUÉLLAS.’ (se transcribe)
"Por las razones antes expuestas, este Tribunal Colegiado no comparte la tesis a que se refiere la quejosa, número VIII.1o.65 A, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 2401, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES EXPROPIADOS. EL PLAZO DE CINCO AÑOS QUE ESTABLECE LA LEY AGRARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPROPIATORIO.’ (se transcribe)
"Máxime que el requisito previsto en los artículos 94 de la Ley Agraria y 88 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, antes transcritos, consistente en que la expropiación se realizará mediante indemnización, se encuentra contemplado en el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 27.’ (se transcribe)
"...
"En las relatadas circunstancias, al haberse desestimado los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados."
17. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en la parte que interesa para el presente asunto, sostuvo lo siguiente: (fojas 259 a 271 del presente toca)
"SÉPTIMO. Son esencialmente fundados los tres conceptos de violación de la demanda de garantías, los cuales de analizan de forma conjunta por referirse a los mismos argumentos, conforme a las siguientes consideraciones:
"...
"Como se dijo previamente, este Tribunal Colegiado considera fundados los conceptos de violación bajo análisis, toda vez que le asiste la razón al fideicomiso quejoso, cuando afirma que de la recta interpretación de los artículos 90, 94 y 95 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se desprende que el plazo de cinco años para cumplir con la causa de utilidad pública, previsto en el artículo 97 de la Ley Agraria, y cuya conclusión le permite a dicho fideicomiso demandar la reversión de los bienes expropiados, debe computarse a partir de la fecha de publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, y no a partir de la fecha en que se dice se ejecutó dicho decreto expropiatorio, consideración que para su sustento requiere del estudio del dispositivo legal y de las demás normas reglamentarias en cita, las cuales se transcriben a continuación:
"‘Ley Agraria
"‘Artículo 97.’ (se transcribe)
"‘Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural
"‘Artículo 90.’ (se transcribe)
"‘Artículo 94.’ (se transcribe)
"‘Artículo 95.’ (se transcribe)
"Como se observa de las transcripciones anteriores, tanto en el artículo 97 de la Ley Agraria, como en el diverso 94 del Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se establece que el órgano legitimado para ejercitar las acciones administrativas para reclamar la reversión total o parcial de los bienes expropiados, lo es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal; y se señalan como causas para que pueda demandarse la reversión de los bienes expropiados, dos supuestos: la primera, la de que los bienes se hayan destinado a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo; y la segunda, la de que haya transcurrido un plazo de cinco años, sin que se cumpla con la causa de utilidad pública que originó la expropiación, supuesto este último en el que se coloca el fideicomiso quejoso al plantearlo así en la demanda de reversión administrativa.
"Ahora bien, sobre el tema que interesa, debe advertirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente en varias tesis, que el bien jurídico tutelado en el artículo 27 constitucional, es la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y, por esa misma razón, en la expropiación decretada por causa de utilidad pública, la afectación inmediata y directa lo constituye el derecho de propiedad, ya que el propósito fundamental de dicha institución, es el de suprimir un derecho emanado del patrimonio privado, para constituir una nueva propiedad, ya sea a favor de una colectividad o inclusive de un particular, en los casos en que las obras que éste realice redunden en el bien común o causa de utilidad pública motivo de la expropiación. Por tanto, si la afectación que produce un decreto expropiatorio se resiente solamente en la propiedad privada de los bienes objeto de la expropiación, entonces queda claro que no puede tenerse en cuenta el concepto de posesión como indicativo para iniciar el cómputo del plazo de cinco años que concede la ley para ejercer el derecho de reversión de los bienes expropiados, con el argumento de que el decreto expropiatorio se ejecutó en una fecha distinta de aquella en que se emitió ese decreto, por ser esta cuestión ajena a la institución misma de la expropiación, ya que la entrega de la posesión no influye ni condiciona el motivo de la expropiación de los bienes respectivos, los que por su utilidad pública son sustraídos de la propiedad privada de sus dueños, a partir de la emisión del decreto expropiatorio, sin considerarse incluso prueba alguna de posesión.
"Al respecto resulta aplicable, en lo conducente y sustancial, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior integración, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIV, página 329, que a la letra dice: ‘EXPROPIACIÓN, CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA EN EL CASO DE.’ (se transcribe).
"Asimismo, también resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la diversa tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior integración, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXI, página 3017, que literalmente señala: ‘EXPROPIACIÓN, PRUEBA DE LA PROPIEDAD EN CASO DE.’ (se transcribe).
"Por ello y partiendo de las consideraciones sostenidas por la H. Superioridad respecto a este tema, es que este Tribunal Colegiado encuentra fundados los conceptos de violación esgrimidos por el fideicomiso quejoso, debido a que una vez que un decreto expropiatorio surte efecto legales, debido a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, debe considerarse que fue afectada la propiedad de bienes ejidales o comunales, pues en ese momento los bienes inmuebles salen del patrimonio del ejido afectado, para pasar a formar parte de los bienes de dominio privado de la Federación; por lo que en este sentido, para resolver la litis que aquí se discute, es de estimarse que la referencia temporal que debe considerarse para determinar la fecha exacta en que un decreto expropiatorio surtió efectos legales, es decir, que afectó la propiedad de los bienes inmuebles, es a partir de su fecha misma de publicación en el Diario Oficial de la Federación, que en el caso que nos ocupa, vino a ser la del día primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, razonamiento que es coincidente, en lo sustancial, con al argumento empleado por el fideicomiso quejoso, en el sentido de que conforme con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia agraria, debe considerarse que el decreto por el cual los bienes inmuebles expropiados al poblado **********, surtió efectos legales y resultó obligatorio para sus destinatarios, lo fue a partir del tercer día posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Por tanto, si el decreto expropiatorio que nos ocupa surtió efectos legales en los términos señalados, desde su aparición en el Diario Oficial de la Federación, surtiendo dicha publicación efectos de notificación, la consecuencia es de que a partir de esa fecha, es decir, la del día primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, los ejidatarios afectados fueron privados de la propiedad de los bienes inmuebles mediante el decreto expropiatorio en comento y, por ende, afectando desde entonces su interés jurídico, todo lo cual permite considerar que el plazo de cinco años para demandar la reversión, debe iniciar con la fecha de publicación de dicho decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, más aún, porque de operar la reversión, los bienes expropiados tendrían que pasar al dominio privado de la Federación, por discutirse bienes que fueron afectados en la propiedad, siendo éste el sentido que debe dársele al plazo previsto en los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por lo que en el caso en nada favorece el argumento de las demandadas en el juicio agrario, en el sentido de que es a partir de que se entrega la posesión de los bienes expropiados cuando debe computarse el plazo de cinco años antes referido, en atención que la afectación del derecho de propiedad se causa en el momento en que se priva de ella, sin que esto tenga relación alguna con la posesión de los bienes inmuebles expropiados, y de ahí la razón por la que en el presente caso resulta jurídicamente irrelevante que aparezca la entrega de la posesión virtual de dichos bienes el dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, y que esto se tome como fecha de ejecución del decreto expropiatorio, ya que esta circunstancia, como ha quedado comprobado en las tesis referidas previamente, en nada influye para computar el plazo en que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal pudiera demandar la reversión de los bienes expropiados, a partir del día posterior al primero de agosto de dos mil uno, que fue el día en que concluyó el plazo de cinco años para que el beneficiario de la expropiación cumpliera con la causa de utilidad pública, computado desde que se publicó el decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación que, como se dijo, lo fue el primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, por lo cual a la fecha de presentación de la demanda de reversión (15 de mayo de 2002), transcurrieron más de cinco años, por tanto, el tiempo necesario para ejercitar la acción de reversión administrativa.
"Al respecto resulta aplicable, en lo conducente y sustancial, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIX, página 1619, que a la letra establece: ‘EXPROPIACIÓN, DECRETOS DE.’ (se transcribe).
"A mayor abundamiento, cabe mencionar que si el propósito de los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, es que los bienes inmuebles expropiados sean destinados a la causa de utilidad pública que motivó su expropiación, dentro del plazo legal que en la ley se ha estimado conveniente para este fin, en consecuencia, no resulta correcto que en la sentencia reclamada el tribunal agrario responsable haya determinado que el plazo de cinco años para que se cumpla con la causa de utilidad pública deba computarse a partir de la fecha en que se ejecutó el decreto expropiatorio, es decir, a partir del dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, en que al beneficiario de la expropiación se le entregó la posesión virtual de los bienes inmuebles expropiados, ya que, conforme a lo expresado, la afectación inmediata y directa del decreto expropiatorio lo constituyó el derecho de propiedad, lo que permite concluir, como se dijo previamente, que no puede tenerse en cuenta el concepto de posesión como indicativo para iniciar el cómputo del plazo de cinco años que concede la ley para ejercer el derecho de reversión de los bienes expropiados, con el argumento de que el decreto expropiatorio se ejecutó en una fecha distinta de aquella en que se emitió ese decreto, por ser esta cuestión ajena a la institución misma de la expropiación, ya que la entrega de la posesión no influye ni condiciona el motivo de la expropiación de los bienes respectivos, los que por su utilidad pública son sustraídos de la propiedad privada de sus dueños, a partir de la emisión del decreto expropiatorio, sin considerarse incluso prueba alguna de posesión.
"Luego entonces, en las relatadas condiciones, lo procedente en este caso es conceder al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el tribunal agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, atendiendo a las razones expresadas, considere que el plazo de cinco años a que se refiere artículo 97 de la Ley Agraria, para que el beneficiario con la expropiación cumpla con la causa de utilidad pública, debe computarse a partir de la fecha en que el decreto expropiatorio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir del día primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, para concluir el día primero de agosto de dos mil uno, y de que, en consecuencia, a la fecha de presentación de la demanda de reversión, transcurrieron los cinco años que para la procedencia de dicha acción establece tal precepto, y hecho lo cual, ese tribunal agrario examine las demás cuestiones planteadas por las partes, relacionadas con el cumplimiento de la causa de utilidad pública; y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.
"Por lo anterior, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ..."
18. De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada que enseguida se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Registro: 180259
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XX, octubre de 2004
"Materia: Administrativa
"Tesis: VIII.1o.65 A
"Página: 2401
"REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES EXPROPIADOS. EL PLAZO DE CINCO AÑOS QUE ESTABLECE LA LEY AGRARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPROPIATORIO. De conformidad con lo establecido en los artículos 97 de la Ley Agraria, y 94 de su reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o transcurra un plazo de cinco años sin que se cumpla con la causa de utilidad pública que motivó la expropiación, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitará las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total de tales bienes. De consiguiente, como la afectación inmediata y directa de los bienes en un decreto expropiatorio lo constituye el derecho de propiedad, resulta que no puede tenerse en cuenta el concepto de posesión, como indicativo para iniciar el cómputo de cinco años mencionado, bajo el argumento de que el decreto expropiatorio se ejecutó en la fecha de su entrega, pues la posesión no influye ni condiciona el motivo de la expropiación de los bienes respectivos, los cuales en atención a la causa de utilidad pública son sustraídos de la propiedad de sus dueños a partir de la fecha de publicación del decreto y, por lo mismo, los cinco años que establece la ley para demandar la reversión de los bienes, se computan a partir de la fecha en que el decreto expropiatorio se publique en el Diario Oficial de la Federación."
19. CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
20. Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
21. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
22. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
23. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23824-d64a9bd9/reversion-de-tierras-ejidales-el-plazo-de-5 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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