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Modo: Corpus Pro

REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES. LA ACCIÓN RELATIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL ABROGADO (DE SIMILAR REDACCIÓN AL NUMERAL 95 DEL ORDENAMIENTO VIGENTE), ES IMPRESCRIPTIBLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 606/2016. · Registro digital (IUS): 27687
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-03-09
Promovente: FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Pág. 3489.

AMPARO DIRECTO 606/2016. FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL. 1 DE JUNIO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIA: ANA CATALINA ÁLVAREZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a las siguientes consideraciones:

En principio, debe señalarse que el presente asunto será analizado a la luz de la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción IV, inciso a), de la Ley de Amparo, si se toma en cuenta que el juicio de origen del que deriva la sentencia reclamada es de naturaleza agraria, en donde la parte actora (aquí quejosa), instó la acción de reversión de tierras en términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que tiene como objeto directo la restitución de las tierras expropiadas -mediante diverso decreto presidencial- al núcleo de población ejidal **********.

Por tanto, aun cuando el promovente del presente juicio constitucional sea el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, lo cierto es que, al declararse la operancia de la prescripción de la acción de reversión, se está adoptando una determinación judicial que perjudica al núcleo ejidal referido, en tanto que no se lograría la reintegración a su patrimonio de las hectáreas de terreno expropiadas y, respecto de las cuales, se ejerció la acción de reversión.

En tales condiciones, si la litis en el presente juicio constitucional se centrará en el análisis de la excepción perentoria que la responsable declaró operante, entonces, es claro que ante esta sede protectora de derechos fundamentales se actualice la hipótesis de suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción IV, inciso a), en relación con el diverso 17, fracción III, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"IV. En materia agraria:

"a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley; y

"...

"En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios."

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"...

"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados."

Es así pues, en el caso, el tribunal agrario responsable, al estimar que no se hizo valer en tiempo, declaró improcedente la acción de reversión ejercida por el fideicomiso quejoso en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto del decreto presidencial expropiatorio de nueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de ese mismo año, mediante el cual se afectó una superficie del ejido **********.

De tal manera que, si la controversia de origen tuvo como finalidad dilucidar la restitución de bienes agrarios a favor del núcleo de población ejidal afectado, entonces, es evidente que en el fondo subyace una determinación judicial que eventualmente y en definitiva, podría privar total o parcialmente y en forma definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios al referido núcleo de población.

Se concluye así, pues la parte actora, ahora quejosa, manifestó que el decreto expropiatorio emitido el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, nunca se ejecutó y, en consecuencia, el ejido ********** sigue en posesión material de la superficie expropiada; hecho que reconoció la autoridad demandada, Gobierno del Estado de Jalisco, en la contestación a la demanda, al manifestar lo siguiente: "3. Es verdad, como ya se ha venido manifestando en el cuerpo de esta contestación de demanda, que el decreto expropiatorio de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, nunca se ejecutó, por lo que no se llevó a cabo el acto posesorio en el que el núcleo agrario **********, haya hecho entrega a nuestra representada de los terrenos expropiados mediante el decreto que nos ocupa..." (folio 266 del juicio agrario)

Por tanto, si el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, por ser el ente legitimado para ello, según lo prevé el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, ejerció la acción de reversión con el objeto de reintegrar la titularidad de los bienes expropiados al ejido tercero interesado; en consecuencia, es dable concluir que en la defensa constitucional de los derechos agrarios instada por aquél, debe prevalecer la intención del legislador, en el sentido de suplir las deficiencias en que llegue a incurrir, porque su actuación ante la autoridad común y ante esta potestad federal se centra en defender los intereses de un grupo de población ejidal.

En ese sentido, con total independencia de que el promovente de la acción de reversión sea un ente que no puede considerarse un sujeto de derecho agrario, se concluye que debe operar a su favor la suplencia de la queja deficiente, al actuar en beneficio de los intereses del ejido tercero interesado.

Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis 2a. XCIII/2012 (número de registro digital: 2002412), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 1040, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO AGRARIO, CUANDO AMBAS PARTES EN EL JUICIO AGRARIO DE ORIGEN SEAN BENEFICIARIAS DE DICHA FIGURA.-Si bien la finalidad primordial del amparo agrario consiste en facilitar a los núcleos de población en general y, a los campesinos en particular, la defensa de sus derechos agrarios más allá de los principios que se aplican en todo tipo de amparo, de tal manera que dicho juicio sea un medio eficaz del derecho social previsto en el artículo 27 de la Constitución Federal, para lo cual, entre otras, se aplica en beneficio de aquéllos la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, lo cierto es que dicha aplicación no debe romper con el equilibrio procesal que rige en este tipo de contienda cuando ambas partes en el juicio de origen sean sujetos de derecho agrario."

También tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 23/2011 (10a.) (número de registro digital: 2000034), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 3198, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE ES NECESARIO QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN O PUEDAN AFECTAR DERECHOS AGRARIOS DE LOS PROMOVENTES. De la interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en el Libro Segundo de la Ley de Amparo, particularmente de sus artículos 212, 217, 218 y 227, se colige que la suplencia de la queja deficiente en los juicios de amparo en materia agraria en que sean parte como quejosos o como tercero perjudicados las entidades o individuos que menciona el artículo 212, así como en los recursos que interpongan con motivo de dichos juicios, sólo opera cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal, esto es, cuando afecten sus derechos agrarios, ya que la ratio legis del indicado Libro Segundo es tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, también agrarios, a quienes pertenezcan a la clase campesina, por lo que dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar su procedencia si los actos reclamados no afectan los derechos agrarios de los promoventes. Así, es insuficiente el hecho de que el juicio de amparo lo promueva un núcleo de población ejidal o comunal, o tenga el carácter de tercero perjudicado, para que opere la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el diverso 227, ambos de la Ley de Amparo, pues se requiere, indefectiblemente, que los actos reclamados sean de naturaleza netamente agraria y como tales afecten o puedan afectar sus derechos agrarios."

Para facilitar la comprensión del asunto que nos ocupa, resulta pertinente hacer un breve relato de las constancias que obran agregadas al expediente agrario **********, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, siendo éstas las siguientes:

Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil once ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, con sede en Guadalajara, Jalisco, **********, representante legal del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en ejercicio de la acción de reversión de tierras, demandó del Gobierno del Estado de Jalisco las siguientes prestaciones:

"I. La reversión de tierras a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, respecto de la superficie de ********** hectáreas, o las que en su caso resultaran y que no fueron utilizadas para el cumplimiento de la causa de utilidad pública, que se hayan destinado a un fin distinto para el que fueron expropiadas, o en las que se haya dejado de dar cumplimiento a la causa de utilidad pública invocada en el decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1984 (sic), mediante el cual se afectó la superficie de ********** hectáreas de terrenos que pertenecieron al ejido **********, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, quien de conformidad con lo ordenado en el resolutivo primero del citado decreto, podría disponer de esa superficie para la construcción de un camino vecinal de Coyula-Matatlán.

"II. La procedencia de la incorporación al patrimonio de mi poderdante de la superficie de ********** hectáreas, o las que, en su caso, resultaran y que no fueron utilizadas para el cumplimiento de la causa de utilidad pública, que se hayan destinado a un fin distinto para el que fueron expropiadas, o en las que se haya dejado de dar cumplimiento a la causa de utilidad pública invocada en el decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, mencionado en el punto I de este capítulo de prestaciones, para el efecto exclusivo de que sean reintegradas al núcleo agrario afectado, en términos y cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

"III. Que se ordene al demandado, Gobierno del Estado de Jalisco, a entregar a mi representado la superficie de ********** hectáreas, que corresponden a la totalidad de la superficie expropiada de terreno, o las que resulten de manera parcial, con todas las mejoras y accesiones que de hecho o por derecho le correspondan, en donde no se haya dado cumplimiento a la causa de utilidad pública señalada en el decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1994 (sic), que se hayan destinado a un fin distinto para el que fueron expropiadas, o en las que se haya dejado de dar cumplimiento a la causa de utilidad pública mencionada en dicho decreto.

"IV. La declaración de nulidad de los actos y documentos que se hayan realizado con posterioridad a la publicación del decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, que hubieran implicado la transmisión de la propiedad o posesión, uso, goce o disfrute de la superficie de ********** hectáreas, expropiadas mediante el decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, signados por la demandada o a favor de terceros.

"V. La cancelación de las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad del Estado, que se hayan realizado de conformidad a lo ordenado en el resolutivo cuarto del decreto expropiatorio que nos ocupa, así como la anulación de cualquier inscripción que se haya hecho en dichos órganos registrales, posteriores a la emisión del decreto en comento. Esto, para el efecto de que se inscriba la sentencia que conceda la reversión de tierras a mi poderdante y el mismo se encuentre en aptitud de reintegrar la titularidad de la superficie en conflicto al poblado afectado de manera inmediata, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural..." (ver folios 1 a 3 del expediente agrario)

En la aludida demanda agraria, en el capítulo denominado "hechos", el promovente narró lo siguiente:

"1. Mediante decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, expropió una superficie de ********** hectáreas de terrenos al ejido **********, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, quien de conformidad con lo ordenado en el punto primero resolutivo del aludido decreto, podría disponer de esta superficie para la construcción de un camino vecinal de Coyula-Matatlán. Documento que en copia certificada adjunto al presente escrito, por constituir el documento base de la acción de reversión, motivo de este juicio agrario, mismo que se encuentra integrado con el informe de supervisión de 22 de septiembre de 2011, que se acompaña al presente como anexo 2.

"2. En el punto segundo resolutivo del decreto expropiatorio a que se refiere el hecho número 1 del presente capítulo, se estableció:

"‘Queda a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco el pago por concepto de indemnización de $**********, para cuyo efecto, previamente a la ejecución de este decreto, se depositará a nombre del ejido afectado en el Banco de México, S.A. o en sus corresponsales, para concentrarse en la **********, a fin de que se aplique en términos del artículo 125 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en la inteligencia de que si a los terrenos expropiados se les da un fin distinto al que motivó este decreto, o no se cumple con la función asignada en el término de cinco años a partir del acto expropiatorio, dichos terrenos pasarán a incrementar el Patrimonio del Fideicomiso de Apoyo a la Industrial (sic) Rural, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes entregados por concepto de indemnización.’

"3. Es importante mencionar que el decreto expropiatorio de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, nunca se ejecutó, por lo que no se llevó a cabo el acto posesorio en el que el núcleo agrario **********, haya hecho entrega a la promovente de los terrenos expropiados mediante el decreto que nos ocupa, condicionante ésta que señala el artículo 98, fracción II, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural para la procedencia de la acción de reversión de tierras.

"4. Como consecuencia de lo referido en el punto 3 de este capítulo, el ejido **********, afectado por la expropiación que nos ocupa, sigue en posesión material de la superficie expropiada, condicionante que también se señala en el artículo 98, fracción III, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural para la procedencia de la acción de reversión de tierras.

"5. A la presente fecha, el ejido **********, no ha recibido el pago indemnizatorio establecido en el punto segundo del resolutivo del decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, condicionante que señala el artículo 98, fracción I, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural para la procedencia de la acción de reversión de tierras.

"6. En virtud de que el decreto presidencial de 9 en (sic) febrero de 1981, por el que se expropia el ejido **********, fue publicado el 26 de marzo de 1981, a la presente fecha han transcurrido en exceso los cinco años referidos en el artículo 98, fracción IV, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, que determina también la procedencia de la acción de reversión de tierras, relacionado esto con lo señalado en la parte final del punto segundo resolutivo del citado decreto expropiatorio, transcrito en el hecho 2 de este capítulo, que solicito se tenga por reproducido en obvio de repeticiones inútiles.

"7. El 22 de septiembre de 2011 mi representado, con la facultad establecida en los artículos 90 a 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, llevó a cabo una supervisión al cumplimiento del decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, por el que se expropiaron ********** hectáreas de terrenos al ejido **********, llegándose al conocimiento de que no se cumplió con la causa de utilidad pública invocada en el propio decreto expropiatorio, ya que al realizar la supervisión ocular de la superficie en cita, se observó que en las ********** hectáreas se encuentran asentamientos humanos irregulares, así como infraestructura y servicios públicos del ejido **********; asimismo, dentro del polígono II, fracción I, de la superficie en conflicto, se encuentra instalada parte del área de transmisión Jalisco S.E Atequiza, dependiente de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, observándose claramente que la hoy demandada, lejos de cumplir con la causa de utilidad pública señalada en el decreto de referencia, varió el fin de la superficie que nos ocupa. Se adjunta al presente, como anexo 2, el original del informe de supervisión que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente demanda.

"8. De lo narrado en el apartado de hechos, puntos 1 a 7 de este capítulo, se desprende claramente que en el presente caso se ha actualizado el supuesto fáctico normativo previsto en el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, y en el resolutivo segundo del propio decreto presidencial de 9 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1981, por el cual se expropiaron ********** hectáreas de terrenos al ejido **********, siendo procedente el que mi poderdante, Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, ejercite la acción de reversión de tierras sobre la superficie de terreno de ********** hectáreas, en beneficio único y exclusivo del ejido **********, debido al incumplimiento en que incurrió el demandado Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de la causa de utilidad pública prevista en el decreto expropiatorio mencionado de manera precedente..." (folios 4 a 6)

La demanda de referencia dio origen al juicio agrario **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, con sede en Guadalajara, Jalisco. Admitida que fue y celebrados los actos procesales de ley, se llevó a cabo la audiencia que prevé el artículo 185 de la Ley Agraria el veintiocho de junio de dos mil doce (fojas 206 a 209), en la cual, entre otras cosas, se exhortó a las partes para que llegaran a un arreglo conciliatorio; se tuvo a la parte actora ratificando su escrito inicial y ofreciendo pruebas; por su parte, los codemandados dieron contestación a la demanda incoada en su contra, opusieron excepciones y defensas y, en dicha audiencia, se certificó que no comparecieron los integrantes del comisario (sic) ejidal del poblado **********, no obstante que existía constancia de haber sido legal y oportunamente emplazados al juicio, y notificados de la celebración de esa audiencia, razón por la cual, con fundamento en los artículos 180 y 185, fracciones I y V, de la Ley Agraria, se decretó precluido su derecho de dar contestación a la demanda y ofrecer pruebas de su parte.

Seguido el juicio en sus etapas, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario pronunció la sentencia el diez de mayo de dos mil dieciséis, que se reclama en el expediente en que se actúa, en cuyos puntos resolutivos estableció lo siguiente:

"PRIMERO. Ha sido procedente la vía de controversia agraria promovida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, en donde se actualizó la prescripción de la acción de reversión.

"SEGUNDO. Se absuelve a la parte demandada, Gobierno del Estado de Jalisco, de las pretensiones que la revisión (sic) de ********** hectáreas y las accesorias (sic) que le reclamó el **********.

"TERCERO. Resultaron improcedentes las pretensiones deducidas en contra de los codemandados Comisión Federal de Electricidad y ejido **********, porque éstos carecen de legitimación pasiva en el asunto.

"CUARTO. Notifíquese personalmente a las partes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido..." (foja 554)

A esa determinación arribó el Magistrado responsable, pues consideró lo siguiente:

"CUARTO.-En observancia a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en materia agraria, es procedente entrar al estudio de las excepciones opuestas por el demandado, por así requerirlo el artículo 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en relación con el numeral 167 de la ley de la materia. El Gobierno del Estado de Jalisco opuso la excepción de prescripción de la acción de reversión.

"Una vez dicho lo anterior, es tiempo de conocer el planteamiento sometido al escrutinio de esta autoridad, y es dable patentizar que el FIFONAFE reclamó la declaratoria de que operó la reversión de tierras respecto de una superficie de ********** hectáreas, que fueron expropiadas al ejido **********, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, las que se destinarían para la construcción de un camino vecinal de Coyula-Matatlán. Adujo, toralmente, que la causa que sustenta su pedimento deriva de que la enjuiciada no destinó la superficie para los fines que fue sustraída del peculio ejidal, véase su escrito de demanda:

"(transcribe)

"Asimismo, demandó la incorporación al patrimonio de la institución de esa área y/o la que resultare después de desahogada la prueba pericial. Por último, solicitó se ordenaran las inscripciones a que hubiera lugar tanto en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, como en el Registro Agrario Nacional.

"Con las documentales públicas traídas al procedimiento (fojas 25-27), a las que se les atribuye pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se conoce que el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, por causa de utilidad pública, el jefe del Ejecutivo Federal decretó la expropiación de una superficie de ********** hectáreas, que pertenecían al ejido **********, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco.

"En el resolutivo segundo del decreto se dispuso que en el supuesto de que los terrenos expropiados se destinaran a un fin distinto al que motivó el decreto, o bien, en el término de cinco años, contados a partir del decreto expropiatorio, no se cumplieran las funciones para las cuales se destinó, los terrenos pasarían a ser propiedad del FIFONAFE, sin que procediera la devolución de las sumas o bienes entregados por concepto de indemnización. El decreto de que se habla se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno.

"Hasta aquí está plenamente acreditado el acto que forzosamente tiene que existir para que, en su momento, la autoridad competente pueda ejercitar la reversión de tierras; es decir, la existencia de una expropiación, por lo que enseguida debe verificarse si existen las condiciones para que prospere el pedimento de la actora.

"Aquí es menester apuntar que en nuestro sistema jurídico los diversos ordenamientos legales prevén la existencia de ciertos supuestos, cuya existencia es indispensable para que pueda entablarse una relación jurídica procesal perfecta; entre ellos, la competencia, personalidad e idoneidad en la vía para deducir los derechos, al capacidad (sic); asimismo, se han previsto o establecido mecanismos de defensa para las partes, a efecto de brindar certidumbre jurídica a los gobernados, entre ellos: la caducidad, preclusión y la prescripción de las acciones o derechos, que hacen inviable que las acciones y/o derechos alegados por las partes tengan vigencia indeterminada, y que una vez aducidos en el juicio, pueden provocar la declaratoria de que la acción y el derecho se extinguieron.

"En el caso que hoy se atiende, el Gobierno del Estado de Jalisco opuso la excepción de prescripción y, al respecto, este tribunal arriba a la conclusión de que la acción de reversión promovida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal prescribió, lo que afecta de manera fatal sus pretensiones.

"La hipótesis normativa que resuelve el problema jurídico sometido a resolución jurisdiccional de este tribunal agrario, está contenida en el artículo 97 de la Ley Agraria, y éste refiere que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal está legitimado para ejercer la acción de reversión de bienes comunales o ejidales cuando se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o transcurra el plazo de cinco años sin que se cumpla la causa de utilidad pública.

"También es preciso asentar que será marco jurídico para la resolución del asunto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2001, que resolvió la contradicción de tesis 93/2000-SS, en donde el punto medular a dilucidar por el Máximo Tribunal, fue determinar si existía o no término para la prescripción del derecho que tiene el FIFONAFE para ejercer la acción de reversión respecto de un predio ejidal o comunal previamente expropiado y, concluyó que, en efecto, prescribe.

"Esto es, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en dicha contradicción de tesis, que para determinar la vigencia de la acción de reversión resulta aplicable la Ley General de Bienes Nacionales, y concluyó que el FIFONAFE, al no ejercitar la reversión en un plazo de dos años, genera la pérdida del derecho a ejercer dicha acción.

"Para sustentar lo dicho, es de traerse a cita el criterio que se menciona, relativo a la Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, julio de 2001, tesis 2a./J. 26/2001, visible a (sic) la página 501, registro digital: 189262, del siguiente (sic) rubro y texto:

"‘REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES O COMUNALES EXPROPIADOS PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA.’ (se transcribe)

"En virtud del contenido de la tesis en cita, es menester transcribir el numeral a que se refiere la jurisprudencia precitada, es decir, el artículo 33 de la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1982, vigente en la temporalidad de los actos jurídicos de expropiación y de presentación de la demanda. El artículo 33 textualmente citaba:

"(transcribe artículo)

"Ahora bien, en párrafos precedentes se precisó que el decreto expropiatorio se dictó el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, por lo cual, atendiendo al decreto expropiatorio (conforme al segundo resolutivo), y al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 81/2012 (10a.), el plazo de cinco años para que el beneficiario de la expropiación de las tierras ejidales cumpla con el fin de utilidad pública que lo motivó, inicia a partir de la publicación del decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, véase:

"‘REVERSIÓN DE TIERRAS EJIDALES. EL PLAZO DE 5 AÑOS QUE ESTABLECEN LA LEY AGRARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL, PARA EJERCITAR DICHA ACCIÓN, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO EXPROPIATORIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe texto)

"‘Décima Época. Registro digital: 2001756. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012. Materia: administrativa. Tesis: 2a./J. 81/2012 (10a.). Página: 1080.’

"En esa tesitura, los cinco años a que alude el decreto se deben contabilizar desde el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y uno, hasta el veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y seis.

"Ahora bien, efectuados los cómputos en el párrafo anterior, se colige que el periodo de dos años contemplado en la Ley General de Bienes Nacionales para ejercitar la reversión, inició, para el FIFONAFE, el veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y seis y concluyó el veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y ocho.

"Luego, ante este tribunal agrario se presentó escrito de demanda que, en su foja primera contiene el sello de recepción impuesto por este tribunal el cuatro de noviembre de dos mil once, por lo que resulta inconcuso que el reclamo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27687-5b9931ef/reversion-de-bienes-ejidales-o-comunales-la-accion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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