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Modo: Corpus Pro

REVERSIÓN. LAS ACCIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY AGRARIA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL SON DISTINTAS, AUNQUE LLEVAN EL MISMO NOMBRE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19584
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRC
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 717.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado Carlos Gabriel Olvera Corral, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, órgano que pronunció una de las ejecutorias que participan en este asunto.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados que participan en la presente contradicción de tesis.

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al fallar el amparo directo número 754/2000, interpuesto por Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, determinó:

"SEXTO. Resultan en esencia fundados los conceptos de violación aducidos por la quejosa, en razón de las siguientes circunstancias.

"Antes de proceder al estudio de la cuestión planteada conviene precisar como antecedentes del caso los siguientes.

"a) Con fecha dos de febrero de mil novecientos setenta y tres el Gobierno Federal a través del Ejecutivo, decretó la expropiación por causa de utilidad pública de 215-00-00 hectáreas pertenecientes al poblado ‘Puerto Madero’, Chiapas, a favor de la Secretaría de Marina, a efecto de que se destinaran a la construcción de un puerto de altura, estableciéndose entre otras cosas en el citado decreto, que en el caso de que no se le diera el uso para el cual fue expropiado en un término de cinco años, éste podría ser revertido a favor del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

"b) Ejecutado que fue el decreto expropiatorio, se procedió al pago de la indemnización correspondiente en términos de ley, a favor de los afectados.

"c) El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal realizó investigaciones para verificar si el predio expropiado había sido destinado a la causa de utilidad pública para la cual fue afectado, puesto que ya había transcurrido el término concedido para ello en el propio decreto.

"d) Del resultado de la anterior investigación, el fideicomiso citado determinó que era procedente solicitar la reversión total o parcial de las tierras expropiadas para que ingresaran a su patrimonio y a su vez destinarla a los programas de desarrollo rural de su competencia.

"e) Con motivo de ello interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, la demanda respectiva, en contra de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual, seguidos por sus trámites de ley, se resolvió declarando la improcedencia de la acción intentada. Inconforme con tal determinación, la accionante interpuso la demanda de garantías que ahora nos ocupa.

"En efecto, la sentencia combatida concluyó que en la especie la acción de reversión resultaba improcedente porque no se habían cumplido con los requisitos previstos por el artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, pues al respecto éste contemplaba el cumplimiento total de cuatro condiciones para la procedencia de la acción de reversión de los terrenos expropiados en favor del actor Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, sin que se hubiera cumplido el tercero de ellos, consistente en que los afectados conservaran la posesión del predio expropiado, y por tal razón resultaba improcedente la acción deducida.

"Por su parte, la quejosa expresó, en síntesis, como conceptos de violación los siguientes.

"a) Que la resolución combatida resultaba violatoria de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 27, al dejar de aplicarse por la responsable los artículos 13 del Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, 126 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, 97 y 189 de la Ley Agraria, 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como diversas disposiciones del Código Procesal Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, y el decreto expropiatorio de dos de febrero de mil novecientos setenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se expropió por causa de utilidad pública una superficie de 215-00-00 hectáreas a favor de la Secretaría de Marina, ya que a su juicio, la responsable no advirtió que en la especie se actualizaban por la ley y el reglamento, dos supuestos fácticos, consistentes en:

"I) Que en términos del artículo 98 de la Ley Agraria relacionado con el 94 del reglamento antes citado, la acción de reversión así solicitada tendría por objeto que los bienes expropiados pasaran a formar parte del patrimonio del fideicomiso, y éste a su vez destinarlos a los fines de desarrollo y programas de fomento ejidal de su competencia; y,

"II) El determinado por el diverso numeral 98 del reglamento invocado, que establece la reversión con la finalidad de que los predios expropiados se reintegraran a los afectados, bajo la circunstancia del cumplimiento de cuatro condiciones para su procedencia.

"Ahora bien, resultan fundados los anteriores argumentos, ya que en efecto, el artículo 97 de la Ley Agraria establece en forma textual lo siguiente:

"‘Artículo 97.’ (se transcribe).

"Por otro lado, el decreto expropiatorio de fecha dos de febrero de mil novecientos setenta y tres publicado en el Diario Oficial de la Federación establece en su considerando tercero, entre otras cosas, en forma textual, lo siguiente: ‘Considerando ... Tercero. Que en atención a que los terrenos ejidales y comunales únicamente pueden ser expropiados por causa de utilidad pública y que el presente caso se comprende en lo dispuesto por las fracciones I, II y IV del artículo 112 de la Ley Federal de Reforma Agraria, procede decretar la expropiación de una superficie de 215-00-00 hectáreas de terrenos pertenecientes al poblado Puerto Madero, del Municipio de Tapachula, del Estado de Chiapas, a favor de la Secretaría de Marina que se destinarán a la construcción de un puerto de altura. En la inteligencia de que si a los terrenos ejidales se les da un fin distinto al que motivó este decreto o no se hace su aplicación en el término de cinco años contados a partir del acto expropiatorio, quedará sin efecto la expropiación y dichos terrenos pasarán de inmediato a ser propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes entregados por concepto de indemnización.’

"De la lectura de lo antes transcrito se desprende que el artículo 97 de la Ley Agraria, señala en forma precisa que cuando los bienes se destinen a un fin distinto al señalado en el decreto respectivo o si han transcurrido más de cinco años sin que se haya cumplido la causa de utilidad pública para la que fueron destinados, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercerá las acciones necesarias para reclamar la reversión total o parcial de los bienes expropiados, y la incorporación de éstos a su patrimonio, situación que es congruente con lo dispuesto en el decreto antes indicado.

"Por otro lado, tomando en cuenta que la finalidad de las disposiciones reglamentarias consisten en regular y detallar las hipótesis y supuestos normativos para la observancia de las disposiciones generales y abstractas contempladas en la ley, es evidente que en el caso que nos ocupa el Reglamento de la Ley Agraria en Materia del Ordenamiento de la Propiedad Rural contempla los medios para llevar a cabo el cumplimiento de la ley en tratándose de la reversión, y así las cosas, éste prevé en su título III, capítulo II, el procedimiento a seguir y al respecto establece lo siguiente. ‘Artículo 90.’ (se transcribe).

"‘Artículo 91.’ (se transcribe).

"‘Artículo 92.’ (se transcribe).

"‘Artículo 93.’ (se transcribe).

"‘Artículo 94.’ (se transcribe).

"‘Artículo 95.’ (se transcribe).

"‘Artículo 96.’ (se transcribe).

"‘Artículo 97.’ (se transcribe).

"‘Artículo 98.’ (se transcribe).

"De la lectura integral de los preceptos antes citados, se advierte la existencia de dos hipótesis que autorizan la procedencia de la acción de reversión. En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 91, 92 y 93 transcritos, la ahora quejosa se encuentra facultada para llevar a cabo la investigación del uso que se les haya destinado a los bienes expropiados, a fin de verificar que éstos se hubieren aplicado a la causa de utilidad pública para la cual fueron dispuestos, realizando las investigaciones necesarias en relación con el uso y aprovechamiento de la superficie afectada.

"Además de lo dispuesto por el artículo 94, en relación con el numeral 95 citados, se desprende que si de la investigación resultare que la totalidad de los bienes se destinaron a un fin distinto al señalado en el decreto respectivo, o bien, que transcurrido el plazo de cinco años no se satisfizo la causa de utilidad pública, el fondo ejercerá la acción judicial respectiva para revertir los bienes expropiados a su patrimonio, resaltando que tal acción será independiente de la indemnización que debió haberse cubierto por este concepto, facultándose al Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal para que en su caso requiera del pago correspondiente, cerciorándose de que éste se lleve a cabo.

"Resulta evidente hacer notar que para el caso previsto en los artículos 94 y 95 antes transcritos, la reversión procede por dos supuestos, a saber.

"a) Cuando no se destinen los bienes al fin señalado en el decreto respectivo.

"b) Cuando no se satisfaga la causa de utilidad pública en un plazo de cinco años, transcurridos a partir de la expropiación.

"En ambos casos, resulta evidente que el decreto expropiatorio fue ejecutado, esto es, que se puso al beneficiario de ésta en posesión de los bienes afectados, e incluso es posible que se haya cubierto la indemnización, pero que por las causas antes reseñadas no se haya cumplido con la causa de utilidad pública para la que fueron asignados en un término de cinco años, o bien, que no se hubieren destinado al fin para el que fueron expropiados, razones por las cuales se haría procedente la acción de reversión prevista en la Ley Agraria, con independencia de que se hubieren cubierto la indemnización correspondiente, pues este derecho estará circunscrito en favor del núcleo de población afectado.

"Por otro lado, el diverso dispositivo legal 98 del invocado Reglamento de la Ley Agraria contempla una hipótesis distinta para la procedencia de la acción de reversión, pues éste prevé en forma textual lo siguiente: ‘Artículo 98.’ (se transcribe).

"Del precepto legal transcrito se advierte que cuando la reversión de los bienes expropiados tenga como fin que se reintegren a los afectados, la acción de reversión deberá de satisfacer las siguientes condiciones.

"a) Que no se haya pagado la indemnización.

"b) Que no se haya ejecutado el decreto.

"c) Que los afectados estén en posesión del predio expropiado.

"d) Que hayan transcurrido cinco años a partir de la publicación del decreto.

"De lo anterior resulta evidente que los requisitos apuntados se encuentran íntimamente ligados entre sí, pues unos son consecuencia de otros, esto es, si el decreto no se ejecuta, es obvio que los beneficiarios no han entrado en posesión del predio expropiado y, por ello, los afectados se encuentran ocupando éste, en consecuencia, si no se ha ejecutado el decreto y los afectados se encuentran en posesión de él, resulta claro que tampoco se habrá pagado la indemnización correspondiente, pues esta última es consecuencia lógica de lo primero, de ahí que en el precepto en estudio se prevea que una vez transcurrido el plazo de cinco años sin que se cumplan estas condiciones, el Fondo de Fomento Ejidal ejercerá la acción de reversión, para el único efecto de que las tierras se reintegren a los propios afectados, quienes desde luego se encuentran en posesión del predio; no pasa inadvertido que en este supuesto, el fideicomiso accionante no podría requerir el pago de la indemnización, pues es condición que no se haya pagado la misma para la procedencia de la acción.

"Establecido lo anterior, este tribunal advierte que entre una hipótesis y otra, resaltan las siguientes características:

"I) Una tiene por efecto la reversión de los predios a favor del fideicomiso, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio de éste; mientras tanto la segunda tiene por efecto que la reversión reintegre el predio expropiado a los directamente afectados.

"II) En la primera hipótesis, el decreto sí fue ejecutado, pero no se cumplió con el fin para el cual fue destinado, o no se cumplió con la causa de utilidad pública en un término de cinco años, aunque bien pudo haberse cubierto la indemnización; en tanto que en la segunda hipótesis, el decreto no fue ejecutado y los afectados siguen conservando la posesión del predio afectado, sin que se les hubiera cubierto la indemnización.

"III) En la primera hipótesis, la acción de reversión procederá con independencia de que se haya pagado la indemnización correspondiente, e incluso el fideicomiso estará facultado para requerir el pago de ésta a favor de los afectados en los términos de ley, mientras que en la segunda, uno de los requisitos de procedencia de la acción es que no se haya cubierto cantidad alguna por ese concepto.

"Establecidas así las condiciones para la procedencia de la acción de reversión, es claro que le asiste la razón a la quejosa, cuando afirma que la responsable realizó una indebida aplicación e interpretación del artículo 98 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, pues como se advierte por este órgano colegiado, en la especie la accionante del juicio natural demandó ante el tribunal agrario, la declaración de reversión de los bienes expropiados en favor de la Secretaría de la Marina, fundando para ello su acción en los artículos 97 de la Ley Agraria, 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, 13 del Reglamento de Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, y lo previsto en el propio decreto expropiatorio, manifestando, entre otras cosas, que se había cubierto a los afectados la indemnización correspondiente (circunstancia ésta que según la propia responsable sí fue demostrada por el fideicomiso), y que a su criterio los bienes expropiados no se habían destinado a la causa de utilidad pública para la que fueron destinados en un plazo de cinco años a partir de la vigencia del decreto expropiatorio, de donde se pone de relieve que su acción se ubicaba en la primera de las hipótesis antes reseñadas, esto es, en lo previsto por los artículos 94 y 95 del citado Reglamento de la Ley Agraria, y no como erróneamente lo consideró la responsable, pues al respecto, ésta fundamentó su determinación en lo dispuesto por el diverso numeral 98 del multicitado reglamento, ya que al caso expuso que la acción había resultado improcedente porque la ahora quejosa no acreditaba que los afectados estuvieren en posesión del predio expropiado, de ahí que resulta equivocada la apreciación de la responsable y que por ello, ante la inexacta aplicación de la ley, su resolución carezca de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, resultando, en consecuencia, violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica en contra del impetrante de amparo.

"En las relacionadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución combatida, y en su lugar emita otra, en la que atendiendo a los razonamientos de esta ejecutoria, en la que resuelva con libertad de jurisdicción respecto de la cuestión efectivamente planteada."

De las consideraciones anteriores, el Tribunal Colegiado sustentó la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES EXPROPIADOS. LA LEY AGRARIA EN RELACIÓN CON SU REGLAMENTO PREVÉ DOS HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN QUE INTENTE EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL. De la interpretación sistemática del artículo 97 de la Ley Agraria, en relación con los numerales 94 y 95 de su reglamento, se advierte que la reversión de bienes ejidales expropiados procede en los casos en que no se destinen los mismos al fin señalado en el decreto respectivo, o bien, cuando no se satisfaga la causa de utilidad pública en un plazo de cinco años transcurridos a partir de la expropiación. En esta hipótesis, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, tiene la facultad de ejercer las acciones necesarias para reclamar el total o una parte de esos bienes, para el efecto de que éstos se reincorporen a su patrimonio. Por otro lado, el numeral 98 del citado reglamento prevé diverso supuesto para la procedencia de esta medida, en la que se establecen como condiciones, que no se cubra la indemnización y que tampoco se haya ejecutado el decreto expropiatorio, que transcurran más de cinco años a partir de su publicación y que los afectados estén en posesión del predio. Del contenido de este precepto se conoce que los requisitos precisados se encuentran íntimamente ligados entre sí, pues unos son consecuencia de otros, en razón de que si el decreto no se ejecuta, esto significa que los beneficiarios no han entrado en posesión del predio expropiado y por ello los perjudicados lo están ocupando, sin haberles pagado la indemnización; de ahí que transcurrido el plazo indicado sin que se cumplan esas condiciones, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal puede ejercer su acción, con la finalidad de que las tierras se reintegren a los propios afectados. Establecido lo anterior, se puede concluir que de los preceptos enunciados en primer término se desprende la siguiente hipótesis: la reversión de los predios expropiados se decreta a favor del fideicomiso, los cuales pasan a formar parte de su patrimonio; en este caso, el decreto sí fue ejecutado pero no se cumplió con el fin para el cual fue destinado, o no se llevó a cabo la causa de utilidad pública en un término de cinco años; en consecuencia, la acción procederá con independencia de que se haya pagado o no la indemnización, e incluso el fideicomiso está facultado para requerir el pago de ésta a favor de los interesados en los términos de ley. Por otra parte, del contenido del numeral precisado en segundo término se advierte que la reversión reintegra los predios expropiados a los directamente afectados, cuando el decreto no ha sido ejecutado y, por ello, éstos siguen conservando la posesión del bien y uno de los requisitos de procedencia de la acción es que no se haya entregado cantidad alguna por ese concepto. Consecuentemente, si el accionante del juicio natural demanda ante el tribunal agrario, la declaración de reversión de los bienes expropiados, demostrando que el decreto fue ejecutado y que aun cuando ya se indemnizó a los perjudicados, los bienes no fueron destinados a la causa de utilidad pública en un plazo de cinco años a partir de la vigencia del decreto expropiatorio, por ende, resulta incuestionable que su acción se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 97 de la Ley Agraria, en relación con los diversos numerales 94 y 95 de su reglamento y no en el precepto 98 del ordenamiento legal citado en segundo lugar; por esa razón, resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica en contra del quejoso, la resolución en la cual la responsable considera improcedente la acción de reversión, apoyada en el hecho de que los afectados no acreditaron que estuvieran en posesión del predio expropiado." (Novena Época. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, mayo de 2001, tesis XX.2o.6 A, página 1224).

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila, al resolver el amparo directo número 376/2003, promovido por Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, fallo en el cual se apoyó en el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito ya inserto, sostuvo:

"SÉPTIMO. Son inoperantes por una parte y por la otra esencialmente fundados los conceptos de violación primero, segundo y tercero de la demanda de garantías, los cuales se analizan en forma conjunta por referirse a los mismos argumentos, atento a las siguientes consideraciones de derecho:

"Afirma el quejoso que la sentencia reclamada viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de aplicación de los artículos 13 del Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, 126 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 97, 163, 164, primer párrafo y 189 de la Ley Agraria en vigor, 81, 197, 200, 202, 211, 212, 222, 349 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como el decreto expropiatorio (sic) publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y seis; pues considera que el tribunal agrario hace una equivocada apreciación de la acción de reversión, la cual dice el quejoso que en el caso de su demanda, se encuentra regulada por lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como en el decreto expropiatorio de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, siendo, por tanto, inaplicable el diverso artículo 98 del reglamento en cita, pues éste prevé una acción de reversión diferente a la ejercida en dicha demanda y, por tanto, incompatible con los dispositivos legales referidos previamente.

"El quejoso sostiene lo anterior, con el argumento de que los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, prevén que en caso de que hayan transcurrido más de cinco años después del acto expropiatorio, o que no se haya dado cumplimiento a la causa de utilidad pública, procede la acción de reversión con el objeto de que los bienes expropiados se incorporen al patrimonio del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, mientras que, por su parte, el artículo 98 del mismo Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, establece que cuando el efecto de la reversión sea reintegrar la superficie expropiada a los afectados, se deben cumplir las cuatro condiciones previstas en dicho dispositivo, esto es, que hayan transcurrido 5 años de la publicación del decreto expropiatorio, que el mismo no se haya ejecutado, que no se haya cubierto el monto indemnizatorio y que el núcleo agrario conserve la posesión de las tierras.

"Por tanto, el quejoso considera que si la reversión de tierras en materia agraria puede ser para dos efectos, en consecuencia, para la procedencia de la acción prevista en los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, solamente es necesario que se actualice cualquiera de los dos supuestos fácticos previstos en dichos dispositivos legales, mientras que para la procedencia de la acción prevista en el artículo 98 del mismo reglamento, deben cumplirse todas las condiciones referidas en el párrafo precedente, siendo que por estas razones el quejoso considera que si la acción ejercida ante el tribunal agrario, tenía por objeto que los bienes revertidos fueran incorporados a su patrimonio, por ende, no tenía por qué acreditar el cumplimiento de las cuatro condiciones exigidas por el artículo 98 del reglamento en comento, lo cual considera incorrecto, toda vez que si esto fuera cierto, bastaría que los promoventes o beneficiarios de las expropiaciones a núcleos ejidales o comunales, cumpliendo una sola de las condiciones que señala el precitado artículo 98, asegurarían la improcedencia de la reversión y podrían, sin preocupación legal alguna, destinar la superficie expropiada a los fines que dichos promoventes o beneficiarios decidieran, puesto que nada los obligaría a dar cumplimiento a la causa de utilidad pública señalada en los decretos expropiatorios, situación que a juicio del quejoso violaría el artículo 27 constitucional, en la parte que señala ‘las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de «utilidad pública y mediante indemnización».’

"El quejoso considera también que si con los elementos de prueba aportados en el juicio de origen, especialmente la inspección ocular y las periciales, se acreditó fehacientemente que la superficie expropiada no se destinó para el cumplimiento de la causa de utilidad pública señalada en el decreto expropiatorio, y que su utilización en dicho cumplimiento, en caso de darse, se estaría dando fuera del plazo de los 5 años a que se refiere dicho decreto y la Ley Agraria, en consecuencia, el quejoso considera que en el presente caso se actualizan no solamente uno sino los dos supuestos previstos en los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, toda vez que se acreditó el incumplimiento de la causa de utilidad pública, consistente en que la superficie expropiada se haya destinado a constituir reservas territoriales y, en su oportunidad, promover el desarrollo urbano, además de que independientemente de lo anterior, han transcurrido más de 5 años después de verificarse el acto expropiatorio, sin que se haya dado cumplimiento a dicha causa de utilidad pública, siendo ambas razones por las que el quejoso considera debió haberse declarado fundada la acción de reversión ejercida en la demanda primigenia, pues ésta, y no otra, fue la litis sometida al tribunal a quo.

"Este Tribunal Colegiado considera esencialmente fundados los conceptos de violación bajo análisis.

"En efecto, el quejoso afirma que los artículos 97 de la Ley Agraria y 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, prevén dos supuestos de procedencia de la acción de reversión de bienes expropiados, que son distintos al diverso supuesto previsto en el artículo 98 de ese mismo reglamento, dispositivos legales que para su análisis es conveniente transcribir a continuación:

"Ley Agraria.

"‘Artículo 97.’ (se transcribe).

"Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

"‘Artículo 94.’ (se transcribe).

"‘Artículo 98.’ (se transcribe).

"Como se observa de las transcripciones anteriores, el artículo 97 de la Ley Agraria establece con precisión dos supuestos en que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal puede reclamar la reversión de los bienes expropiados, siendo el primero de ellos, cuando los bienes expropiados se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto de expropiación respectivo, mientras que el segundo, consiste en que no se haya satisfecho la causa de utilidad pública en un plazo de cinco años a partir de la expropiación. En concordancia con lo anterior, el artículo 94 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, señala que si de la investigación administrativa se desprende la actualización de cualquiera de dichos supuestos, entonces el mencionado fideicomiso podrá ejercer la acción de reversión de los bienes expropiados, para el efecto de que se incorporen a su patrimonio.

"Ahora bien, en términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública, por lo mismo, para que el Estado pueda irrumpir en la propiedad de los particulares, debe supeditar su actuación a la causa de utilidad pública, el cual se antepone al interés de los particulares e, incluso, al del fin social que pueda constituir un ejido o comunidad. Por tanto, una vez decretada una expropiación, la ley secundaria prevé los mecanismos legales para efecto de asegurar que en todo momento los bienes expropiados, por la única causa que justifica dicha actuación por parte del Estado como lo es la utilidad pública, se destinen al fin señalado en el decreto respectivo, o cumplan su función en el plazo que la ley estima razonable para tal efecto.

"Así lo ha sostenido en lo conducente y sustancial este Primer Tribunal Colegiado en la tesis número VIII.1o.51 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 1450, que si bien se refiere al artículo 126 de la Ley Federal de Reforma Agraria abrogada, su texto corresponde al actual artículo 97 de la Ley Agraria en vigor, tesis que a la letra dice: ‘REVERSIÓN DE BIENES EJIDALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN D

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19584-bd2a5f73/reversion-las-acciones-previstas-en-los-articulos-94 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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