COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, TAL CUESTIÓN PUEDE PLANTEARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: LUCIANO VALADEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versan las ejecutorias de las que deriva dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quienes están facultados para hacerlo en términos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el numeral 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados involucrados en esta posible contradicción de tesis.
1) Amparo directo número 521/2005, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
"El motivo de disenso es infundado. Lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto que del penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación se desprende que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentran constreñidas a analizar oficiosamente la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, por tratarse de una cuestión de orden público, como se establece en el penúltimo párrafo del referido precepto; no menos lo es que en el caso, la Sala responsable no infringió lo dispuesto en dicho dispositivo, puesto que, para que ello acontezca, se requiere la actualización de la condición jurídica establecida por la norma, es decir, que la autoridad administrativa sea incompetente. Dicho en otras palabras, en términos del citado numeral, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe examinar oficiosamente la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada en el juicio, o bien, de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla cuando ello se actualice, lo que no debe entenderse en el sentido de que tal análisis deba plasmarse en todos los casos, aun en aquellos en que la autoridad administrativa sea competente, como en la especie acontece, puesto que, contrario a lo aducido en el concepto de violación en estudio, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Tabasco, sí era jurídicamente competente, como se verá a continuación. En efecto, el citado dispositivo, en la parte que aquí interesa, dispone: (se transcribe). Así, de la interpretación integral del dispositivo preinserto, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias, podrá hacer valer de oficio la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, por ser una cuestión de orden público, que constituye un requisito esencial para la validez del acto impugnado. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 201/2004, que lleva por rubro: ‘NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.’. Ahora, cabe aclarar que en relación con el tema relativo al análisis de la incompetencia de la autoridad administrativa, que de actualizarse deben efectuar las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al emitir sus sentencias, este tribunal no comparte el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Octavo, Noveno y Décimo, en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en las tesis I.8o.A.46 A, I.9o.A.88 A, I.10o.A.9 A, III.2o.A.117 A y XV.3o.9 A, respectivamente, en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo puede analizar de oficio lo relativo a la incompetencia de la autoridad administrativa, cuando ésta sea notoria o ‘evidente’, es decir, que salte a la vista de manera indudable sin necesidad de realizar mayor estudio, que sea clara y no deje lugar a dudas, sin necesidad de un análisis acucioso o de estudios comparativos, teóricos o valorativos. Tales criterios disponen: ‘INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SU ESTUDIO POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ES OFICIOSO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA SEA EVIDENTE (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA. SU EXAMEN OFICIOSO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO AQUÉLLA SEA NOTORIA Y EVIDENTE.’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA, FACULTAD DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA ANALIZAR LO RELATIVO A LA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES OBLIGATORIO PARA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARARLA, DE OFICIO, CONFORME AL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 238 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTA SEA EVIDENTE.’ (se transcribe). ‘INCOMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO ESE VICIO DE LEGALIDAD ES NOTORIO.’ (se transcribe). Lo anterior es así, pues este órgano jurisdiccional estima que contrario a lo que ahí se sostiene, el referido estudio debe efectuarse en todos los casos en que se actualice la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, porque la incompetencia de la autoridad administrativa es un vicio evidente de ilegalidad; lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público, como se establece en el penúltimo párrafo del artículo en cita. Esto es, aun cuando no sea notoria, manifiesta, ni ‘evidente’, y se requiera un estudio más detallado, pues precisamente al contemplarse como un aspecto de orden público, el órgano jurisdiccional debe realizar ese estudio, siempre y cuando éste conlleve a la incompetencia de la autoridad demandada. Dicho de otra forma, el estudio de la incompetencia de la autoridad administrativa debe efectuarse cuando se actualice esa cualidad (incompetencia), aun cuando no sea notorio, manifiesto, ni ‘evidente’, dado que, como se dijo, el aspecto relativo a la incompetencia es un vicio evidente de ilegalidad. En efecto, este tribunal ha sostenido en relación con el tema ‘de orden público’, que entre las múltiples acepciones del vocablo orden, se encuentra la que hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido, que en el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse entonces como un deber de no alterar la organización del cuerpo social; por tanto, si se tiene que en el caso, la incompetencia de la autoridad administrativa es una cuestión de orden público, es inconcuso que ante ello su estudio no puede quedar supeditado a que sea evidente, manifiesta e indudable; pues estimar lo contrario, nos llevaría a un criterio desproporcional de supeditar el orden público a un término que muchas veces se torna subjetivo (evidente, manifiesto e indudable). Ahora, si bien es cierto que en términos de los numerales 208 y 237 del Código Fiscal de la Federación (vigentes al momento de la emisión de la sentencia reclamada), los promoventes del juicio de nulidad deben expresar en su demanda los conceptos de anulación tendentes a combatir la resolución impugnada, inclusive aquellos que se refieran a la incompetencia de la autoridad emisora, y la sentencia debe ocuparse de las cuestiones planteadas; no menos lo es que ello no obsta para que el tribunal deba analizar necesariamente, en caso de actualizarse, la incompetencia de la autoridad administrativa, puesto que dicha cuestión constituye un presupuesto indispensable para la subsistencia y producción de efectos jurídicos del acto de que se trate, cuyo análisis es de orden público. Ciertamente, en un sentido jurídico general, la competencia es la aptitud o potestad asignada legalmente a un órgano de autoridad para actuar con plena validez en determinado sentido, es decir, el conjunto de facultades otorgadas por la ley a las autoridades para que su actuación se vea comprendida dentro de esa esfera de atribuciones, aspecto que encuentra su fundamento en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues este numeral se refiere a la competencia y límites fijados para la actuación de los órganos del Estado frente a los particulares, como una garantía constitucional consagrada a favor de éstos. Concretamente, en el derecho administrativo la competencia de la autoridad se encuentra íntimamente vinculada con el cúmulo de facultades o potestades con las cuales se encuentran investidos los órganos del Estado, pues todo acto de la administración pública corresponde al ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley, determinado y acotado por ella misma. Ese poder atribuido no es otra cosa que el conjunto de facultades con que cuentan los órganos del Estado para el cumplimiento de la función pública en general, facultades que proceden del orden jurídico y cuyo ejercicio implica la capacidad de constituir, modificar o extinguir válidamente situaciones jurídicas. En virtud de que esa capacidad para emitir actos jurídicos válidos genera, por lo regular, obligaciones o derechos para los gobernados, resulta válido considerar que la falta o ausencia de facultades para la creación o emisión de un determinado acto jurídico, supone necesariamente su nulidad, esto por ser ilegal al provenir de un ente que no está facultado por una norma para crear o modificar situaciones jurídicas. En ese sentido, resulta que la falta de competencia de la autoridad que interviene en el procedimiento generador de un acto o resolución administrativa materia del juicio de nulidad, o en su emisión, incide directamente en la validez del acto mismo porque las facultades asignadas a las autoridades administrativas para ordenar o, en su caso, instruir el procedimiento relativo, o para la emisión de actos que afecten la esfera jurídica de los particulares, constituye un elemento esencial e imprescindible para la eficacia y legalidad del acto administrativo cuyo fundamento radica en el artículo 16 constitucional. Acorde con ello, un acto o resolución dictados por autoridad incompetente no podrá producir efecto alguno en la esfera jurídica de los gobernados, al estar afectado de ilegalidad, debiendo por ello anularse en su integridad. De ahí que la incompetencia de la autoridad constituya un elemento que afecta la eficacia y validez de los actos administrativos en general, que de actualizarse, debe estudiarse de manera oficiosa por el tribunal por ser una cuestión de orden público, según se desprende del penúltimo párrafo del artículo 238 del código tributario federal. Por lo que si bien con base en los citados numerales (208 y 237), el particular debe consignar los argumentos con los que pretenda demostrar la ilegalidad del acto impugnado y la sentencia debe ocuparse de tales cuestiones, lo cierto es que al tratarse la incompetencia de la autoridad administrativa de una cuestión de orden público que incide directamente en la eficacia y validez del acto impugnado, de actualizarse, debe ser analizada por el tribunal en todos los casos, y no únicamente en aquellos en que sea notoria y ‘evidente’ por sí misma, como se sostiene en las tesis a que se hizo referencia. Pues estimar lo contrario, conllevaría a establecer un requisito no exigido por la ley para realizar el estudio de la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada o que intervino en el procedimiento que le dio origen, no obstante la obligación que nace del dispositivo en comento, de analizarla de oficio y de que la cuestión relativa a la incompetencia es una cuestión de orden público que, por ende, debe ser analizada en todos los casos en que se actualice. Por lo que la cuestión relativa a que sea clara y evidente, no puede constituir un parámetro para determinar el análisis de la citada incompetencia de la autoridad administrativa, dado el carácter de orden público que califica la exigencia de realizar ese estudio. Lo anterior, es acorde con lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa de ley para adicionar con un último párrafo el texto del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, aprobada por decreto que se publicó el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación (párrafo que pasó a ser el penúltimo, a partir de la nueva adición del citado precepto legal, según decreto publicado en el referido órgano de difusión oficial el treinta de diciembre del año siguiente), pues en dicha exposición, en la parte que interesa, se asentó: ‘Se establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad que dictó la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. De esta manera, el tribunal podrá anular la resolución con vicios evidentes de ilegalidad siempre que el particular presente la demanda aun cuando no haga valer los conceptos de impugnación correspondientes.’. Lo que pone de manifiesto que el legislador estimó que la incompetencia de la autoridad que dictó la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación, constituían vicios evidentes de ilegalidad que, por ende, debían hacerse valer de manera oficiosa por el tribunal fiscal. Esto es, de la citada norma jurídica lo que este tribunal interpreta, es que el legislador consideró que la incompetencia de la autoridad era un vicio evidente de ilegalidad que, por ende, debía ser analizado de oficio por el tribunal, pero no así que dicha incompetencia tuviera que ser ‘evidente’ y notoria para que, únicamente de esa forma, pudiera ser analizada por el tribunal de que se trata. De ahí que el estudio de la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada en el juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, deba efectuarse por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en todos los casos en que se actualice, por tratarse de una cuestión de orden público, como se establece en el penúltimo párrafo del artículo en cita. Esto es, aun cuando no sea ‘evidente’, notoria ni manifiesta, y se requiera un estudio más detallado, pues precisamente al contemplarse como un aspecto de orden público, el órgano jurisdiccional debe realizar ese estudio siempre y cuando éste conlleve a la incompetencia de la autoridad demandada. Ahora, sólo a guisa de mayor abundamiento, no está por demás indicar que aun en el supuesto de considerar que de la interpretación de la citada exposición de motivos se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo puede analizar de oficio lo relativo a la incompetencia de la autoridad administrativa cuando ésta sea ‘evidente’, de cualquier manera se arribaría a la misma conclusión. Lo anterior es así, puesto que la mención de esa eventualidad (que sea ‘evidente’), en forma alguna llevaría a considerar que el estudio de la incompetencia de la autoridad administrativa por parte del tribunal de que se trata, sólo puede efectuarse de oficio cuando sea notoria y ‘evidente’ por sí misma, es decir, que salte a la vista de manera indudable sin necesidad de realizar mayor estudio. Ello, dado que para el análisis oficioso de la incompetencia de la autoridad administrativa, se advierte del texto del propio numeral, el cual establece: ‘... El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada ...’, es decir, se advierte la obligación de estudiar de oficio la incompetencia de la autoridad administrativa, por ser un motivo evidente de ilegalidad, en primer lugar, porque de haber pretendido lo contrario así, el legislador hubiera hecho alusión de manera expresa a dicho aspecto, como acontece, por ejemplo, en la redacción del artículo 145 de la Ley de Amparo, en donde de manera expresa el creador de la ley señala que el Juez desechará de plano la demanda de garantías si encontrare un motivo ‘manifiesto e indudable’ de improcedencia; en segundo lugar, porque con tal reforma se tratan de impedir trámites innecesarios que retrasen injustificadamente la resolución definitiva de los juicios contencioso-administrativos; y finalmente, porque si se atendiera a conceptos vagos como ‘evidente’ ilegalidad, como parámetro para determinar el análisis de la incompetencia de la autoridad administrativa, se dejaría al arbitrio del tribunal el estudio de tal aspecto, no obstante de ser una cuestión de orden público, cayéndose precisamente en el vicio de establecer una distinción de naturaleza subjetiva, que finalmente pretendió evitar el legislador en el texto del dispositivo legal de referencia, pues solamente así se cumpliría con el noble propósito de la reforma, en el sentido de que con ella se trató de agilizar la impartición de justicia, acorde a lo establecido por el artículo 17 constitucional. En esa tesitura y tomando en cuenta que el propósito de la reforma es congruente con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, en cuanto a que con ello se alcanzarían los objetivos de la impartición expedita de la justicia, haciéndose del juicio contencioso administrativo un medio más eficaz, conforme a lo cual se brindaría al gobernado una mejor administración de justicia, debe entenderse que el estudio de la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió la resolución impugnada en juicio, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, debe efectuarse por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en todos los casos en que se actualice, por tratarse, como se dijo, de una cuestión de orden público. Por lo que al ser discrepante el criterio sustentado por este tribunal con el sostenido por los Tribunales Colegiados a que se hizo alusión en líneas anteriores, debe denunciarse la contradicción de tesis respectiva."
2) Amparo directo número 218/2002, resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"SEXTO. Por ser la competencia una cuestión de estudio preferente, este cuerpo colegiado procede a estudiar el planteamiento que sobre el particular vertieron las impetrantes de amparo, en la parte conducente, del primer concepto de violación, que en lo que interesa dice que la Sala responsable se abstuvo de aplicar y analizar de oficio la competencia de la autoridad. El concepto de violación en la parte que quedó reseñada anteriormente, a juicio de los suscritos Magistrados, es infundado, de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 238 del código tributario federal establece en lo conducente: ‘Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. ...’. Ahora bien, para esclarecer el tema del estudio oficioso de la incompetencia que puede llevar a cabo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es conveniente citar además del precepto anterior, los diversos 208 y 213 del Código Fiscal de la Federación, que disponen: ‘Artículo 208. La demanda deberá indicar: I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en la sede de la Sala Regional competente. II. La resolución que se impugna. III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. IV. Los hechos que den motivo a la demanda. V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. VI. Los conceptos de impugnación. VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. En el supuesto de que no se señale domicilio para recibir notificaciones del demandante, en la jurisdicción de la Sala Regional que corresponda o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada, que se fijará en el sitio visible de la propia Sala.’. ‘Artículo 213. El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda, expresará: I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar. II. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda. III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso. IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación. V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.’. Por otra parte, es conveniente citar también la exposición de motivos del decreto de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince del propio mes y año, por medio del cual se adicionó al artículo 238 del mismo ordenamiento, que dice: ‘Cámara de Origen: Diputados. Exposición de motivos. México D.F., a 14 de noviembre de 1995. Iniciativa del Ejecutivo. Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. «Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección general de gobierno. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. Con base en lo que determina la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito enviar a ustedes: Iniciativa de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio efectivo. No reelección. México, D.F., 14 de noviembre de 1995. Por acuerdo del secretario, el director general de gobierno, licenciado Juan Burgos Pinto.». Escudo Nacional. Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. En ejercicio de la facultad que concede al Ejecutivo Federal el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto someto a la consideración de esa Cámara de Diputados, la Iniciativa de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. La política de ingresos de un gobierno es de primordial importancia ... Por otra parte, se proponen cambios en el procedimiento contencioso administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación. Una reforma importante en el terreno de la simplificación, será permitir que en el juicio puedan hacerse valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso que previamente se haya interpuesto ante la propia autoridad fiscal. Con frecuencia los recursos administrativos están provistos de formalidades que dificultan el acceso a ellos y cuando el contribuyente no tiene el debido asesoramiento legal, hace valer agravios insuficientes. Esta reforma se complementa con la previsión de que el tribunal fiscal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. Asimismo, se establece que el tribunal, al dictar sentencia, deberá abocarse a las cuestiones formales que puedan dar lugar a la nulidad lisa y llana, pero también a las cuestiones de fondo. Ello procurará que los juicios no se limiten a revisar cuestiones formales, alargando innecesariamente los conflictos e imponiendo costos a las partes al reponerse procedimientos y formas viciadas en resoluciones que son ilegales en cuanto al fondo. Se establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio la incompetencia de la autoridad que dictó la resolución impugnada y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. De esta manera, el tribunal podrá anular la resolución con vicios evidentes de ilegalidad siempre que el particular presente la demanda aun cuando no haga valer los conceptos de impugnación correspondientes. El proyecto señala como nueva causal de procedencia de la queja ...’. En este orden de ideas, de la lectura armónica de los artículos 208, 213 y 237 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la exposición de motivos del decreto de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince del propio mes y año, por medio del cual se adicionó al artículo 238 del mismo ordenamiento el párrafo que en su parte conducente estableció: ‘El Tribunal Fiscal de la Federación podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada ...’ (actualmente el texto refiere al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), permite concluir que la facultad que en dicho párrafo se otorga a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para analizar de oficio lo relativo a la incompetencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada, constituye una facultad reglada (obligatoria) pero condicionada a que sea tan notoria o evidente la falta de competencia de la autoridad, que salte a la vista por sí sola sin necesidad de realizar mayor estudio, facultad cuyo ejercicio no puede ser exigido por los particulares como un derecho. Efectivamente, de acuerdo con los preceptos citados, constituye, en principio, una obligación de los promoventes del juicio de nulidad expresar en su demanda los conceptos de anulación tendientes a combatir la resolución impugnada, inclusive, aquellos que se refieran a la incompetencia de la autoridad para dictarla; sin embargo, tal como se advierte de la exposición de motivos referente a la adición del penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, el legislador previó la posibilidad de que no habiéndose formulado agravios sobre la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, las Salas del tribunal se pronunciarán de oficio sobre el tema cuando fuere evidente ese vicio de ilegalidad, es decir, que el creador de la ley, de algún modo obligó a las resolutoras fiscales a pronunciarse sobre la incompetencia de la autoridad, pero se deduce que vinculó la obligación al hecho de que fuera de tal notoriedad esa incompetencia, que fuera perceptible a simple vista, de ahí que la falta de ejercicio de esta atribución no pueda ser reclamada por las partes en el juicio. Lo que equivale a decir que la facultad prevista en el mencionado penúltimo párrafo del artículo 238 del código tributario federal, es una facultad reglada (obligatoria) pero condicionada a que la falta de competencia de la autoridad emisora del acto impugnado sea evidente por sí misma, no debiendo por ello las Salas, a falta de esa condición,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19773-dc9e48d9/competencia-de-la-autoridad-demandada-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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