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Modo: Corpus Pro

PEMEX. LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUEDE REALIZARSE PREVIAMENTE A LA TOMA DE DECISIÓN DE APLICAR UNA SANCIÓN O DE RESCINDIR EL CONTRATO DE TRABAJO, O POSTERIORMENTE A DICHA DETERMINACIÓN, PERO ANTES DE SU APLICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19727
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 892.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con residencia en Villahermosa, Tabasco, órgano jurisdiccional que pronunció alguna de las ejecutorias que participan en este asunto.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presente las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados que intervienen en el presente asunto.

a) Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Amparo directo número 294/2005, promovido por Pemex Gas y Petroquímica Básica, resuelto en sesión del veintitrés de junio de dos mil cinco.

"VI. Son infundados unos y fundados otros de los conceptos de violación expresados por la empresa quejosa.

"De antemano, cabe precisar que el acto reclamado lo constituye el laudo de veintitrés de febrero de dos mil cinco, dictado por la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, en los autos del juicio laboral 269/2003, promovido por Alfonso Guerra Castellanos, en contra de la empresa quejosa y de la sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dictado en acatamiento a la ejecutoria federal emitida por este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de treinta y uno de enero de dos mil cinco, el amparo directo 1013/2004, promovido por Pemex Gas y Petroquímica Básica, de acuerdo a los términos siguientes: ‘Por otra parte, procede analizar los conceptos de violación dirigidos a combatir el laudo reclamado. En efecto aduce la quejosa en síntesis, que en el laudo reclamado la Junta responsable analizó indebidamente las pruebas aportadas por la empresa demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, en las que se encuentra el acta de investigación administrativa sindical número 2.1/AT/25/2003, que obra a fojas 211 a 215, que al analizar dicha acta argumentó indebidamente, que si bien la misma fue perfeccionada mediante ratificación de contenido y firma llevada a efecto por Ubaldo Arriaga Arroyo, así como por el actor, la misma carecía de valor probatorio alguno, dado que no se desprendía que el actor hubiese aceptado y reconocido en la referida investigación haber incurrido en causal rescisoria alguna lo cual se estima incorrecto, pues de la misma investigación se llega a la conclusión que el tercero perjudicado exhibió a través de la sección sindical la factura número 1010 expedida por la óptica «Sto. Tomás» con la cual cobró dicha factura que, por ende, debió darle valor probatorio al citado documento, que además en dicha investigación se le hizo saber el oficio sin número del centro oftalmológico «Sto. Tomás» de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, en el que se señala que la factura que exhibió el tercero perjudicado no fue expedida por la referida negociación, que resulta desacertado que la Junta hubiera considerado que en relación con la documental que ofreció bajo el apartado II inciso o) relativa al mencionado oficio de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, signado por la Lic. C. Carmen de la Cruz Villamil en su carácter de administradora de la óptica «Sto. Tomás», la misma resultaba prueba común, ya que fue ofrecida también por el actor, al margen de que carecía de valor probatorio al no haber sido emitida por autoridad alguna, que era obvio que no tenía el carácter de oficio, aunado a que la licenciada C. Carmen de la Cruz Villamil, quien firmó dicho documento no acreditaba ser administradora del centro oftalmológico «Sto. Tomás»; lo cual estima incorrecto, en virtud de que quien puede expedir una constancia sobre determinada compra es precisamente el negocio o el comercio, en donde se efectuó la operación de compraventa, que en el presente caso, como el tercero perjudicado, exhibió una factura supuestamente expedida por óptica «Sto. Tomás», fue a ella a quien se dirigió su representada solicitándole información para saber si dicha negociación había expedido la referida factura, misma que le informó que la factura que exhibió el actor no fue realizada por la citada óptica, de ahí que debió darle valor probatorio. Lo anterior es sustancialmente fundado, en virtud de que indebidamente la Junta responsable le negó valor probatorio al oficio de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, signado por Carmen de la Cruz Villamil, administradora de la negociación denominada óptica «Sto. Tomás», con base en que dicha documental no había sido emitida por una autoridad y que, por ende, no tenía el carácter de oficio, aunado a que Carmen de la Cruz Villamil no acreditó ser la administradora del centro oftalmológico «Sto. Tomás». Lo anterior es así, si se tiene en cuenta que la parte actora lejos de objetar la documental en comento la ofreció como prueba común y, por ende, la misma no fue cuestionada, por lo que al no objetarla aceptó su contenido, surtiendo todos sus efectos, de ahí que la Junta responsable para negarle valor probatorio se basó en un falso supuesto legal, pues debió tomar en cuenta para comprobar que la factura aportada por el actor a la empresa demandada (para hacer efectivo el pago de reembolso por concepto de prótesis oculares) era apócrifa, lo manifestado, en el oficio de referencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil tres signado por Carmen de la Cruz Villamil como administradora de la óptica «Sto. Tomás», en el que informó: «Agradeciendo su atención al informe que solicitaron en relación con las fotocopias de las facturas, cabe mencionar que las facturas Nos. 387, 388, 1093, 1105, 1120 y 1160, fueron expedidas en tiempo y forma por esta negociación, en referente a las facturas Nos. 1010, 1044, 1055, 1060, 1084, 1088, 1090, 1093, 1096 y 1273, dichas facturas no fueron expedidas por esta óptica, por lo consiguiente anexo copias de estos mismos números de facturas. Pero con autenticidad de las mismas.»

"‘Luego es incuestionable que si la parte actora no objetó la personalidad con la que se ostentó Carmen de la Cruz Villamil sino por el contrario ofreció la misma documental, conlleva a un consentimiento implícito de la veracidad del contenido; por lo que el laudo como correctamente lo hace valer la parte demandada quejosa infringe lo dispuesto por los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. En tales condiciones procede conceder a la parte quejosa la protección constitucional que solicita para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, prescindiendo de su consideración en el sentido de negarle valor probatorio al oficio de veintiséis de febrero de dos mil tres, signado por Carmen de la Cruz Villamil por no acreditar ser ésta administradora del centro oftalmológico «Sto. Tomás», y no haber sido emitido dicho oficio sin número por autoridad alguna resuelva el conflicto laboral con plenitud de jurisdicción, como en derecho corresponda, tomando en cuenta lo alegado por las partes y las pruebas ofrecidas en autos, fundando y motivado su determinación.’

"Por cuestión de método se analiza en primer término el motivo de inconformidad de carácter formal relativo a que el laudo reclamado adolece de la debida fundamentación y motivación y, por tanto, es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales.

"Lo anterior es infundado, habida cuenta que la revisión de las constancias procesales pone de relieve que después de admitir la demanda al actor se emplazó a la paraestatal demandada y al sindicato petrolero, se señaló fecha y hora para la audiencia trifásica, se desahogaron pruebas que legalmente se ofrecieron hasta finalmente dictar el laudo; de donde se colige que se dio oportunidad a las partes de ejercitar su acción o hacer valer sus defensas y excepciones y demostrarlas a través de sus pruebas, lo que sin duda se traduce en que se cumplieron las formalidades del procedimiento, máxime que la quejosa no señala la existencia de alguna infracción a las leyes procesales, por lo que en este aspecto, se concluye que sí se cumplió con el debido proceso y, por ende, con el artículo 14 constitucional.

"Por otro lado, basta la simple lectura del laudo combatido para advertir con claridad que la Junta laboral para resolver como lo hizo se apoyó en el artículo 80 de la Ley de Amparo, cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo, además de los diversos artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, e inclusive en apoyo a sus consideraciones citó las tesis de rubros: ‘SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE REINSTALACIÓN. DEBEN PAGARSE CON EL SALARIO QUE CORRESPONDA A LA CUOTA DIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO MÁS TODAS LAS PRESTACIONES QUE EL TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO DE MANERA ORDINARIA DE SU PATRÓN.’, ‘SALARIOS CAÍDOS. PARA SU FIJACIÓN DEBE DE ESTARSE AL CONCEPTO DE SALARIO INTEGRADO.’, ‘AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO CUANDO SE ORDENA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR.’, ‘PRIMA VACACIONAL, NO QUEDA INMERSA EN EL PAGO DE LOS SALARIOS VENCIDOS.’ y ‘VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO.’

"Y aún más, la Junta responsable dio las razones por las que estimó que la empresa petrolera no cumplió a cabalidad con el contenido de la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo y que la llevaron a concluir que la rescisión del trabajador accionante fue violatoria de garantías y que de consecuencia fueron la base para establecer la condena a la reinstalación del actor en la categoría reclamada, y al pago de salarios caídos entre otras prestaciones. Sin que en este momento se determine si tales consideraciones son o no correctas, pero que al constituir las razones ponderadas por la responsable, son susceptibles de controvertirse jurídicamente por las partes.

"Y de esta manera, contrario a lo manifestado por la quejosa, la autoridad de trabajo sí fundamentó y motivó la resolución, cumpliendo de esta manera con el contenido del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo y, por consiguiente, con el artículo 16 constitucional.

"Al caso tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número doscientos sesenta, de la página ciento setenta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe).

"Por otro lado, aun cuando es cierto que en el laudo que se analiza, la Junta de trabajo al valorar las documentales ofrecidas por la empresa petrolera, contenidas en el apartado II, incisos i), m) y o), repitió el argumento de la resolución laboral anterior, que inclusive fue motivo de la concesión de amparo, pues dicha autoridad dijo: ‘... por lo que respecta a la documental ofrecida bajo el apartado II inciso i) ésta fue perfeccionada mediante ratificación de contenido y firma llevada a efecto por conducto del C. Ubaldo Arriaga Arroyo como consta a fojas 255 y 256 de autos, así como por el actor como consta a fojas 258 y 259 de autos, al margen de lo anterior dicha documental, la que obra de las fojas 211 a la 215 de autos, a juicio de esta autoridad carece de valor probatorio alguno, pues de la misma no se desprende que el actor hubiese aceptado y reconocido en dicha investigación haber incurrido en causal rescisoria alguna, como lo afirmó la demandada en su contestación. ...’

"Luego, si en la ejecutoria federal se sostuvo que el oficio de veintiséis de febrero de dos mil tres, signado por Carmen de la Cruz Villamil, administradora de la negociación ‘Sto. Tomás’ (inciso o), lejos de ser objetado por la parte actora, ésta aceptó su contenido, surtiendo todos sus efectos y por eso la Junta para comprobar que la factura aportada por el actor a la empresa demandada era apócrifa, debió tomar en cuenta lo manifestado en aquel oficio de veintiséis de febrero de dos mil tres, es evidente que aquel razonamiento de la Junta en negarle valor al original del acta de investigación administrativa sindical número 2.1/AT/025/2003 de catorce de marzo de dos mil tres, con el razonamiento sostenido en el laudo primigenio de que el actor no aceptó ni reconoció haber incurrido en causal rescisoria y, por otra parte, atento a la sentencia federal concederle valor probatorio al referido oficio de veintiséis de febrero de dos mil tres, signado por Carmen de la Cruz Villamil, revela la existencia de un laudo incongruente, pues precisamente con el contenido de este último documento no objetado se demostraba la aceptación del trabajador de las anomalías en que incurrió por haber presentado una factura apócrifa.

"Sin embargo, esta circunstancia es insuficiente para crear el ánimo de conceder la protección constitucional atento a que el sentido de la resolución laboral no descansa precisamente en la eficacia jurídica que aporta la investigación administrativa sindical número 2.1/AT/25/2003 que obra a fojas 211 a 215. Antes bien, la Junta no obstante que este documento le mereció valor probatorio lo marginó a grado tal que la razón toral para estimar que la rescisión laboral violentaba garantías del accionante se basó en el incumplimiento de la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo.

"Ahora bien, en donde asiste razón a la impetrante de garantías es en el sentido de que la autoridad responsable hizo una incorrecta apreciación de la prueba contenida en el oficio 2.1/AT/0339/2003, signado por el licenciado Alfredo Calderón de los Santos y dirigido al señor José Jesús Zamudio Aguilera, secretario general de la H. Sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el que comunica la determinación de rescindir la relación individual de trabajo al trabajador Alfredo Guerra Castellanos, con efectos a partir del treinta y uno de marzo de dos mil tres, habiéndose recibido dicha comunicación por el sindicato el diecinueve de marzo de ese mismo año, lo que demuestra que la sección sindical fue notificada con más de tres días de anticipación como prevé la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo.

"En efecto, entre las pruebas aportadas por la empresa Pemex Gas y Petroquímica Básica, aparece: ‘r) Copia fotostática del oficio número 2.1/AT/0339/2003 de fecha 19 de marzo de 2003, signado por el jefe del departamento de personal de mi mandante y dirigido a la sección sindical codemandada ... independientemente de que sea o no objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma ofrezco su cotejo o compulsa con su original que obra en el archivo de correspondencia recibida el día 19 de marzo de 2003 ...’. ‘s) Copia autógrafa del oficio número 2.1/AT/0339/2003 de fecha 19 de marzo de 2003, signado por el jefe del departamento de personal de mi mandante y dirigido a la sección sindical codemandada ... independientemente de que sea o no objetada en cuanto a su autenticidad de contenido y firma ofrezco su cotejo o compulsa con su original que obra en el archivo de correspondencia recibida el día 19 de marzo de 2003 ... Y por cuanto hace a la ratificación de contenido y firma a cargo del C. Lic. Alfredo Calderón de los Santos, quien signó el mismo en carácter de jefe de personal de mi mandante. ...’

"En la etapa correspondiente el apoderado legal de la parte actora manifestó: ‘... que solicito a esta Junta deseche las objeciones formuladas por Pemex Gas y Petroquímica Básica a las pruebas ofrecidas por la parte actora, toda vez que carecen de fundamento legal, en relación con las pruebas ofrecidas por dicha empresa petrolera las objeto en cuanto a su alcance, valor probatorio y efectos jurídicos que pretende darles dicha oferente, así también objeto en cuanto a la autenticidad, contenido y firma las documentales que ofrece dicha empresa en su escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha 3 de noviembre de 2003, a excepción de las pruebas documentales ofrecidas por dicha demandada que hagan prueba común a las pruebas ofrecidas por la parte actora en la presente audiencia, así también hago mías y ofrezco en este acto las pruebas ofrecidas por la sección 44 del stprm (sic) en su escrito de fecha 4 de julio de 2003.’

"Por su lado, el apoderado legal de la sección 44 del sindicato petrolero aunque ofreció pruebas de su parte no hizo argumentos de objeción en contra de las diversas exhibidas por su contraria.

"Luego, el cotejo de los documentos ofrecidos por la empresa petrolera en los incisos r) y s) aparece realizado el veintiséis de noviembre de dos mil tres (foja 250), en la que la actuaria constituida en los archivos de la sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dio fe que tales documentales coinciden fiel y exactamente con sus originales que tuvo frente a sí.

"Además, se encuentra la diligencia de ratificación (foja 275) a cargo del licenciado Alfredo Calderón de los Santos, quien reconoció el contenido de las documentales que se le pusieron a la vista.

"Al analizar la prueba en comento, la Junta de trabajo consideró ‘... de autos no se desprende que la demandada hubiese acreditado haber comunicado al sindicato, con 3 días hábiles de anticipación, su decisión de rescindir el contrato del actor, toda vez que de las documentales que ofreció la demandada bajo el apartado II incisos r) y s), las que obran a fojas 231 y 232 de autos, que fueron perfeccionadas mediante cotejo como consta a foja 250 de autos se puede advertir que el oficio No. 2.1/AT/0339/2003, de fecha 19 de marzo de 2003, signado por el C. Lic. Alfredo Calderón de los Santos jefe de Recursos Humanos, dirigido al C. Lic. José Jesús Zamudio Aguilera, secretario general de la sección 44 del STPRM, con la que comunica a la referida sección sindical, su decisión de rescindir el contrato del actor, tiene un sello de recepción de la citada sección sindical, de fecha 19 de marzo de 2003, por lo que al no haber acreditado la demandada de manera fehaciente, haber cumplido estrictamente con lo señalado en la cláusula 24 contractual es obvio que la rescisión de que fue objeto el actor es violatoria de garantías. ...’

"Ahora bien, de la lectura de la cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos, transcrita dentro del laudo, se colige incorrecta la consideración que hiciera la Junta de trabajo respecto al oficio 2.1/AT/0339/2003 de diecinueve de marzo de dos mil tres (fojas 231-232), pues partiendo de la base de que dicha documental fue exhibida por la demandada tanto en copia fotostática como en copia autógrafa, y que fue debidamente cotejada y además ratificada por quien la expidió, resulta incuestionable que la documental de mérito tiene pleno valor probatorio, pues precisamente el cotejo de la documental en el propio domicilio de la sección sindical demandada, permitió a la actuaria constatar que el original obraba en los archivos de ese organismo, lo que es prueba fehaciente de que el oficio de cuenta sí se recibió por el organismo sindical. Y por ello, debe dársele el valor para justificar que el sindicato tuvo conocimiento de la sanción impuesta al trabajador.

"Luego del análisis detenido del oficio en cuestión, se advierte que éste se expidió el diecinueve de marzo de dos mil tres, fecha en que según el sello impreso se recibió por la sección 44 del sindicato petrolero, comunicándole que la rescisión individual del trabajador Alfonso Guerra Castellanos, surtiría efectos a partir del treinta y uno de marzo siguiente, por tanto, es indudable que dicho oficio se ajustó al espíritu contenido en la citada cláusula 24 contractual. Esto es, que se comunicara al sindicato con tres días hábiles de anticipación la decisión de la empresa de aplicar al trabajador la sanción o rescisión del contrato de trabajador, informándole sobre las razones de su determinación y fundamentos legales, puesto que en dicho documento precisó la razón por la que siguió la investigación administrativa y el apoyo legal y contractual en que se respaldó aquella determinación.

"Es así porque si el oficio se recibió precisamente el diecinueve de marzo de dos mil tres y la rescisión operaría a partir del treinta y uno de esos mismos mes y año es claro que de la fecha de la notificación a aquella en que surtiría efectos la notificación existía excesivamente más de tres días, ya que teniendo a la vista un calendario de aquella anualidad, hábiles fueron los días jueves veinte, lunes veinticuatro, martes veinticinco, miércoles veintiséis, jueves veintisiete, viernes veintiocho, por lo que es obvio que la sección sindical conoció de esa sanción cuando menos con seis días hábiles de anticipación. De ahí que la Junta equivocadamente sostiene que la paraestatal no le dio aviso al sindicato en el término de tres días que establece el séptimo párrafo de la cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos.

"No obsta a la anterior, la circunstancia de que este propio Tribunal Colegiado, en el diverso juicio de garantías 032/2005, promovido por Pemex Gas y Petroquímica Básica, en relación con el mismo precepto contractual considerara, que aun cuando la patronal notificó al sindicato petrolero debió hacerlo antes de rescindir la relación laboral con sus trabajadores sindicalizados; pues una nueva reflexión de la cláusula 24 del pacto social celebrado entre Petróleos Mexicanos y el sindicato petrolero pone de relieve que en la parte que dice: ‘Invariablemente, el patrón comunicará al sindicato con tres (3) días hábiles de anticipación su decisión de aplicar una sanción o rescindir el contrato del trabajador informándole sobre las razones de su determinación y los fundamentos legales en que la apoya’, no se exige que ese término de tres días hábiles de anticipación, deban darse antes de que la empresa haya tomado la decisión de imponer la sanción o rescindir el contrato de trabajo, sino que ese término anticipado debe entenderse en el sentido de que una vez tomada la determinación correspondiente, se debe informar al sindicato de la misma, tres días antes de la fecha en que la sanción o rescisión deba tener efecto, pero esto no quiere decir que esos tres días deban ser previos a la decisión definitiva, sino con el único fin de poner en conocimiento al sindicato con antelación, puesto que si bien el cumplimiento de la cláusula no es arbitrio de las partes, sino de observancia obligatoria para quienes la suscribieron como para los trabajadores representados a través del sindicato, en realidad en la cláusula 24 del pacto social ni siquiera se establece que debido a esa notificación el sindicato deba manifestar algo en relación con la misma, ya que no pasa desapercibido que la decisión tomada por la empresa está precedida de una investigación a la que es citado previamente el representante sindical, lo cual desde luego le permite intervenir en la indagatoria y en todo caso aportar elementos que sirvan para aclarar los hechos que se analizan. Con tanta mayor razón que aun concluida la investigación y sin perjuicio de la facultad del patrón para aplicar la sanción o rescindir el contrato de trabajo, el sindicato con la oportunidad debida podrá presentar otros elementos que servirán para esclarecer los hechos de la investigación.

"Por lo que se insiste, el enunciado de la cláusula en el sentido de que el patrón comunicará al sindicato con tres días de anticipación su decisión de aplicar una sanción o rescindir el contrato, debe interpretarse en el entendido de que tal término es en relación con el día en que ha de surtir efectos o cobrar vigencia la decisión de la empresa.

"De esta manera, si la autoridad de trabajo para arribar a la conclusión de que la rescisión de la relación de trabajo del actor fue violatoria de garantías se apoyó esencialmente en que la empresa no acreditó que comunicó al sindicato con tres días hábiles de anticipación, pues las documentales que ofreció en los incisos r) y s), tienen el sello de recibido en la sección sindical el diecinueve de marzo de dos mil tres, su determinación deviene incorrecta, lo que se traduce en un laudo incongruente que transgrede el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo que obliga a la Junta a dictar su laudo a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando en conciencia los hechos sujetos a su potestad y de consecuencia, sin abordar el análisis de los restantes conceptos de violación expresados por la empresa petrolera, lleva a conceder a Pemex Gas y Petroquímica Básica, la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Junta de trabajo deje insubsistente el laudo combatido y en su lugar dicte otro en el que, por una parte, sin desatender las consideraciones de la anterior ejecutoria dictada en el amparo directo 1013/2004, por otra, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, analice de nueva cuenta la acción planteada por el actor frente a las defensas y excepciones planteadas por las demandadas y con plenitud de jurisdicción resuelva como en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva hacia los actos de ejecución reclamados del presidente de la Junta laboral, señalado como autoridad ejecutora por ser los suyos por vía de consecuencia.

"Al efecto, se cita la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número trescientos diez, de la página doscientos cuarenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, que dice: ‘JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. APRECIACIÓN DE LOS HECHOS POR LAS.’ (se transcribe)."

El referido Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito reiteró el criterio jurídico destacado, al resolver los asuntos cuyos datos a continuación se detallan, lo que motiva que sea innecesario insertar las consideraciones relativas:

Ver datos 1

b) Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Amparo directo número 413/2005, promovido por Pemex Gas y Petroquímica Básica, resuelto en sesión del diecinueve de octubre de dos mil cinco.

"QUINTO. De las constancias que integran el expediente laboral 183/2003 del índice de la Junta Especial Número 36 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de donde emana el acto reclamado, se desprende que dicho asunto fue promovido por Alfredo Vázquez López, quien demandó de Pemex Gas y Petroquímica Básica diversas prestaciones, entre las que se encuentran su reinstalación en la categoría de ayudante especial de operación (destilación), clasificación 11.57.25, jornada 1, con adscripción al Departamento de Planta Criogénica II del Complejo Petroquímico de Gas Nuevo Pemex, el pago de salarios caídos a partir del once de abril de dos mil tres, hasta su reinstalación, entre otras.

"Dicho asunto laboral fue resuelto mediante laudo dictado el veinticinco de febrero de dos mil cinco, el cual constituye el acto reclamado en el presente asunto, en el que la Junta responsable determinó esencialmente que el actor Alfredo Vázquez López acreditó parcialmente sus acciones, mientras que la demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica justificó parcialmente sus defensas y excepciones, condenando a dicha demandada, ahora quejosa, a la reinstalación del actor en la categoría de ayudante especial de operación plantas (destilación), clasificación 11.57.25, jornada (1) turno continuo, con adscripción al Departamento de Planta Criogénica II Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, al pago de los salarios caídos a partir del once de abril de dos mil tres, hasta que fuera reinstalado el actor en el puesto antes descrito a razón de trescientos setenta y seis pesos con treinta y cinco centavos ($376.35), más los aumentos y mejoras que se generaran en dicho salario, así como al reconocimiento de la antigüedad que se generó durante la tramitación del juicio.

"La paraestatal quejosa expone como conceptos de violación, los siguientes:

"a) Que el laudo reclamado viola en su perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, al considerarlo infundado e inmotivado.

"b) Que el laudo es incongruente, al haberse apartado de la litis planteada, la cual quedó establecida con la demanda, ampliación y contestación de la misma, con motivo de la rescisión del contrato de trabajo al tercero perjudicado, en el que Pemex Gas y Petroquímica Básica, le rescindió su contrato de trabajo por haber exhibido una factura apócrifa por la compra de lentes y mediante la cual obtuvo la cantidad de cinco mil novecientos cincuenta pesos ($5,950.00), situación que quedó plenamente acreditada en autos del juicio obrero.

"c) Que la Junta no consideró que de la declaración del trabajador al contestar el interrogatorio ofrecido por la ahora quejosa se desprende la falta de probidad y honradez conforme al artículo 47, fracciones II y XV y fracciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19727-ff8f4995/pemex-la-comunicacion-prevista-en-el-septimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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