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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUE NO REFLEJEN EL VERDADERO SENTIDO JURÍDICO PLASMADO EN LAS EJECUTORIAS QUE LES DIERON ORIGEN. FACULTAD DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CORREGIR SU REDACCIÓN, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN QUE AQUÉLLOS HAYAN PARTICIPADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19510
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 593.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: AÍDA GARCÍA FRANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, aprobado el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia de trabajo de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien está facultado para hacerlo en términos de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

Por otra parte, cabe señalar que aun cuando en el caso no ha vencido el plazo para que el procurador general de la República exponga su parecer respecto de la presente contradicción -periodo que concluirá el veinticuatro de abril del año en curso-, en razón de que del análisis de los antecedentes y de las consideraciones que sustentan los criterios supuestamente opositores se advierte que es inexistente la contradicción denunciada, resulta innecesario esperar a que venza dicho plazo, pues cualquiera que fuera el contenido de la opinión de la representación social, no tendría el alcance de modificar el sentido de esta resolución, siendo aplicable al respecto la tesis cuyos datos de identificación se precisan a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI ES EVIDENTE SU INEXISTENCIA PUEDE EMITIRSE SIN ESPERAR A QUE SE VENZA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA OPINE AL RESPECTO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo concede al procurador general de la República el plazo de treinta días para que exponga su parecer respecto de una denuncia de contradicción de tesis, pero en aquellos casos en que se advierta, de modo indudable, que no existe la contradicción de tesis denunciada, resulta ocioso e impráctico esperar, como mero formalismo, a que concluya ese plazo para emitir la resolución correspondiente, en tanto que cualquiera que fuera la opinión de la representación social, no tendría el alcance de cambiar el sentido en que debe resolverse el asunto, si bajo cualquier óptica debe declararse la inexistencia de la contradicción denunciada." (Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, mayo de 1998. Tesis 2a. LXVI/98, página 586).

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados que participan en esta posible contradicción de tesis.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en la sentencia que pronunció en sesión de veintisiete de enero del dos mil seis, al resolver el juicio de amparo directo 602/2005, promovido por Baltazar Araiza Saldaña, en lo conducente, determinó:

"QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación.

"...

"En principio cabe destacar, que la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en la página 43, Volúmenes 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación sostuvo el criterio en el sentido de que quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal debe acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacer la prestación que reclama, cuyo criterio ha sido recogido por los Tribunales Colegiados de Circuito.

"La citada tesis aislada es del tenor siguiente:

"‘PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.’ (se transcribe su texto).

"Sin embargo, el trabajador puede válidamente acreditar la procedencia de las prestaciones extralegales reclamadas con cualquiera de los elementos probatorios autorizados por la ley laboral, como puede ser la confesión ficta del demandado, la cual es idónea para demostrar que la patronal está obligada a satisfacer la prestación reclamada.

"En efecto, la actual Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la tesis de jurisprudencia 93, emitida al resolver la contradicción de tesis 27/94, publicada en las páginas 79 y 80, Tomo V, Materia de Trabajo, Volumen 1 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 estableció que de los artículos 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo se deduce que las partes en el juicio laboral pueden válidamente ofrecer toda clase de pruebas, con tal de que se refieran a la litis y no sean contrarias a la moral o al derecho, para demostrar los hechos cuya carga les corresponde y que, inclusive, la autoridad tiene facultades para allegarse, de oficio, las que estime pertinentes para acceder a la verdad. Asimismo, estableció que sólo los hechos controvertidos son materia de prueba.

"Concluyó que cuando el trabajador demanda la efectividad de prestaciones extralegales que se apoyan en un contrato colectivo, puede probar los términos de éste, no solamente exhibiendo dicho contrato o las cláusulas correspondientes, sino también con cualquier otro elemento probatorio, inclusive con la confesión ficta derivada de la incomparecencia del patrón demandado, si se rinde y aprecia conforme a las disposiciones legales.

"La tesis de jurisprudencia de mérito es de rubro y texto siguientes:

"‘CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE VÁLIDAMENTE ACREDITAR SUS TÉRMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESIÓN FICTA, Y NO SÓLO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE.’ (se transcribe su texto).

"Del contenido de la ejecutoria que dio origen a la tesis transcrita, se desprende que la contradicción de los criterios que contendieron, sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consistió esencialmente en que, mientras el primero de dichos órganos sostuvo que cuando el trabajador reclama una prestación extralegal contenida en el contrato colectivo de trabajo, necesariamente debe exhibir este documento o la cláusula en que se contenga el derecho reclamado, el segundo consideró la posibilidad de que tal extremo se pruebe con elementos distintos de la exhibición del contrato colectivo, como cuando ante la incomparecencia de la demandada a juicio, se le tienen por contestados en sentido afirmativo los hechos de la demanda, cuyo criterio prevaleció en lo esencial, según se aprecia de las consideraciones que, en lo conducente, se transcriben a continuación (se transcribe en su parte conducente).

"En las relatadas condiciones, como se tiene visto, si en el caso la parte demandada no compareció a la audiencia de derecho y por ese motivo la Junta del conocimiento tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, en consecuencia, dada la contumacia de la patronal, se le debe tener tácitamente reconociendo como veraz lo aseverado por el trabajador en el sentido de que la demandada ‘Transportes Julián de Obregón’, Sociedad Anónima de Capital Variable, convino con su sindicato en la creación de un seguro de operador para el caso de que cualquier trabajador que desempeñara ese puesto fuera pensionado, entre otras causas, por cesantía en edad avanzada; la empresa se comprometió a entregar al trabajador que se ubicara en ese supuesto ciento veinte pesos por cada operador en servicio por concepto de seguro; de acuerdo con el padrón de la empresa, el número de operadores asciende a quinientos setenta y siete; esto es, la rebeldía en que incurrió la demandada al incomparecer al juicio laboral, constituye una confesión ficta en cuanto que son ciertos los hechos expuestos en la demanda respecto del convenio celebrado entre empresa y sindicato en mil novecientos noventa, relativo al seguro interno para los operadores que prestan sus servicios a la demandada y obtengan una pensión y el número de trabajadores que deben tenerse en cuenta para cuantificar el monto a que tiene derecho, sin que sean hechos controvertidos que el nueve de febrero de dos mil cinco, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó al actor dicho beneficio y, por ende, reúne los requisitos que se establecieron para el otorgamiento de la prestación reclamada.

"Lo mismo sucede con la reclamación relativa a la devolución de cuarenta y tres mil pesos por concepto de descuentos que realizó la empresa al salario del accionante con motivo de los daños que causó a un vehículo propiedad de la empresa en un accidente de tránsito que sufrió durante el desempeño de su trabajo, pues dada la contumacia de la patronal, igualmente se tuvo por cierto que el actor sufrió dicho accidente, por cuyo motivo se le efectuaron los descuentos que refiere y que el monto a que ascendieron la empresa los recuperó posteriormente.

"En tales condiciones y contrariamente a lo considerado por la Junta del conocimiento, la confesión ficta de mérito es suficiente para demostrar los extremos pretendidos sin necesidad de que se exhibieran los documentos que acreditaran los hechos en que el actor fundó la reclamación de las prestaciones en examen, puesto que, de conformidad con el criterio sustentado por el más Alto Tribunal del país, citado en segundo término, la prueba en cuestión resulta ser uno de los elementos probatorios autorizados por la ley laboral y, consecuentemente, resulta apta y suficiente para demostrar los hechos contenidos en la demanda; asimismo, que sólo son objeto de prueba los hechos controvertidos en el juicio laboral y no aquellos aceptados por las partes.

"La presunción derivada de la confesión ficta resulta ser juris tantum, esto es, que admite prueba en contrario, lo que significa que si ésta no es destruida por diverso medio de prueba, tal presunción libera al actor de la obligación de probar los extremos de su acción, al encontrarse vinculada con los hechos que la generaron, máxime si la acción ejercida no se encuentra en contradicción con otra pretensión o si los hechos en que se funda no van contra la lógica o lo razonable que pudieran originar su improcedencia; de ahí que basta la subsistencia jurídica de la contestación en sentido afirmativo para que se tengan por demostrados los hechos en que se fundaron las pretensiones ejercidas, como sucedió en la especie, en que no existe medio de prueba alguno que esté en contradicción con la referida confesión ficta.

"Por el contrario, la confesión ficta de mérito se encuentra corroborada con los documentos que el quejoso aportó al juicio laboral, consistentes en cuatro recibos que amparan descuentos por la cantidad de ciento veinte pesos (sobre por separado), elaborados en las fechas siguientes: cinco de agosto de dos mil dos, uno de febrero de dos mil tres, cinco de agosto y diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, toda vez que en el primero se contiene la leyenda: ‘defunción operador Luna José de Jesús’; en el segundo: ‘pensión del Sr. Zavala Martínez Francisco’; y en los dos últimos: ‘aportación para seguro de vida interno por pensión del operador Moreno García Pablo’; asimismo, en todos ellos aparece el sello de la empresa y la anotación que ese descuento se cargó en la cuenta del actor Baltazar Araiza Saldaña, número 1107-0175-000.

"El impetrante también aportó la notificación que le hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que comunicó el otorgamiento de pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada el nueve de febrero de dos mil cinco, con cuya documental se corrobora que el accionante efectivamente obtuvo el beneficio de mérito por parte de dicha institución.

"Tienen aplicación al caso los criterios contenidos en las tesis de jurisprudencia y aislada, sustentadas por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de ellas publicada en las páginas 69 y 70, del medio de difusión aludido en último término y, la segunda, en la página 20, Tomo CXIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de rubros y textos, respectivamente:

"‘CONFESIÓN FICTA, JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCIÓN QUE LA ABROGADA.’ (se transcribe su texto).

"‘CONFESIÓN FICTA EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe su texto).

"De lo antes expuesto resulta concluyente que la presunción derivada de la confesión ficta del patrón, dada su incomparecencia al juicio laboral, en el sentido de que son ciertos los hechos expuestos en la demanda, es suficiente para demostrar la existencia del derecho alegado por el actor respecto del seguro interno para los operadores al servicio de ‘Transportes Julián de Obregón’, Sociedad Anónima de Capital Variable, pactado entre esa empresa y su sindicato en mil novecientos noventa, así como los requisitos establecidos para la procedencia de esa prestación y que tiene derecho a que le regresen los descuentos que se efectuaron en su sueldo con motivo del accidente que adujo ocurrió durante el desempeño de su trabajo, en virtud de que la empresa recuperó el monto de lo deducido; además, debió tenerse en cuenta que no existió controversia respecto a que el trabajador obtuvo pensión por cesantía en edad avanzada y que, por ende, reunió los requisitos estipulados para la obtención de dicho beneficio, aunado a que con las documentales de mérito se corroboró lo relativo a los descuentos efectuados al trabajador por concepto del seguro de mérito y que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó la referida pensión; empero, al no considerarlo así la autoridad responsable, su actuar deviene violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso."

CUARTO. Por su parte, los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvieron su respectivo criterio en los términos que a continuación se exponen.

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintiuno de abril de dos mil cinco, resolvió el juicio de amparo directo 5873/2005, promovido por Rito Octavio Bolaños Hernández, en el que, en lo conducente, consideró:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a este Tribunal Colegiado a determinar lo siguiente:

"Aduce el quejoso en el primer concepto de violación, que la Junta dejó de obedecer lo establecido en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo ya que no condenó al pago de ayuda de pasajes que reclamó por la cantidad de $250.00 (sic) semanales, considerando incorrecta dicha actuación, pues fue claro en precisar el concepto y temporalidad en la que se generaba, aunado a que ante la incomparecencia a juicio de los demandados, se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, agregando que para el pago de salarios caídos, la responsable debió tomar en cuenta no solamente el salario cuota diaria sino también la ayuda de pasajes, y que por ser los salarios vencidos un concepto indemnizatorio debía pagarse conforme al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo.

"Es infundado el concepto de violación.

"Primeramente debe acotarse que la cantidad de $250.00 ... a que hace referencia el quejoso en el motivo de inconformidad que se le pagaba por concepto de ayuda de pasajes semanales, es inexacta, dado que en el hecho uno de la demanda laboral, el actor, aquí quejoso, precisó que por dicha prestación se le pagaba la cantidad de $200.00 ... semanales.

"Sentado lo anterior, cabe decir que no asiste razón al quejoso al aducir que en el caso el concepto de salarios vencidos deberían pagarse como concepto indemnizatorio en términos del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo ya que el accionante ejercitó la acción de reinstalación y, en consecuencia, el pago de salarios caídos, y no así el pago de indemnización constitucional, en cuyo caso se toma como base de la cuantificación de los salarios caídos, el salario diario integrado, es decir, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 del mismo ordenamiento legal, empero, se insiste, el accionante reclamó reinstalación, lo que conduce a cuantificar el pago de los salarios vencidos en términos del salario ordinario, pues en este caso, no tiene efectos indemnizatorios.

"En ese tenor, es menester señalar que nuestro Máximo Tribunal ha establecido que cuando la acción reclamada es la de reinstalación y ésta resulta procedente, los salarios vencidos deben cuantificarse tomando como base el salario que ordinariamente percibía el trabajador antes de haber sido despedido, donde se deben incluir, además de la cuota diaria en efectivo, las partes proporcionales de las prestaciones pactadas en la ley, en el contrato individual o en el colectivo respectivo, siempre que éstas no impliquen un pago que deba hacerse con motivo de la terminación del contrato individual correspondiente, porque el derecho a la reinstalación de un trabajador, cuando es despedido de su empleo, no sólo debe ser física, sino jurídica, lo que implica el restablecimiento o restauración del trabajador en los derechos que ordinariamente le correspondían en la empresa, dicha restauración comprende no únicamente los derechos de que ya disfrutaba antes del despido, sino los que debió adquirir por la prestación de su trabajo mientras estuvo separado de él.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, tesis 2a./J. 37/2000, página 201 que dice: ‘SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE REINSTALACIÓN. DEBEN PAGARSE CON EL SALARIO QUE CORRESPONDE A LA CUOTA DIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO MÁS TODAS LAS PRESTACIONES QUE EL TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO DE MANERA ORDINARIA DE SU PATRÓN.’ (se transcribe su texto).

"Sin embargo, el argumento del quejoso referente a que la prestación que percibía semanalmente, consistente en pago de ayuda de pasajes y que afirma debe integrar el pago de salarios caídos, ya que sí fue clara su pretensión, y porque la demanda laboral se tuvo por contestada en sentido afirmativo, es incorrecto, pues se reitera, para que la misma se incluya en el salario base del pago de salarios vencidos debe quedar acreditado que le era pagada de forma ordinaria, lo cual no aconteció en el presente caso.

"Lo anterior es así, pues si bien el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo determina que si el demandado no comparece a la etapa de demanda y excepciones se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, esto no significa que se tengan por admitidas en su integridad las prestaciones reclamadas, y mucho menos que el actor se libere de la carga probatoria de acreditar la procedencia de la prestación de carácter extralegal que reclamó, pues la sanción que establece dicho precepto legal genera una presunción insuficiente en el caso de las prestaciones extralegales, y por lo mismo debe estar robustecida con otros medios probatorios para justificar con toda eficacia la procedencia del reclamo extralegal y, en la especie, el actor no ofreció medio de convicción a efecto de demostrar que los demandados le pagaban el concepto de ayuda de pasajes, de tal suerte que la Junta estuvo en lo correcto al desestimar dicha prestación, pues con independencia de su consideración, no tenía apoyo legal o contractual para condenar a su pago.

"...

"Referente al salario que percibía el trabajador quincenalmente, la Junta sí tomó en cuenta la cantidad de $2,000.00 que adujo en el escrito inicial de demanda, pues dijo: ‘... tomándose en cuenta como base para la cuantificación, el salario de $2,000.00 quincenales ...’ (f. 21 exp. lab.); pero, como ya lo sostuvo este tribunal, no agregó a dicha cifra la citada cantidad por ayuda de pasajes, por las razones que ya quedaron apuntadas, y por lo que hace al pago por concepto de salarios devengados, la Junta dijo: ‘De salarios devengados por el lapso de 4 días, la cantidad de $533.32 pesos ...’ (f. 21 exp. lab.); sin embargo, esa cifra es incorrecta, pues sólo tomó en cuenta el salario quincenal sin agregar lo referente al pago de ayuda de pasajes, por lo que la integración del salario es errónea y con ello hace fundado el concepto de violación, pues se insiste, si la integración está mal hecha, los cálculos y operaciones aritméticas por consecuencia también lo están."

De la anterior ejecutoria se originó la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de localización, los que a continuación se precisan:

"PRESTACIONES EXTRALEGALES. AUN EN EL SUPUESTO DE QUE SE TENGA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO, EL ACTOR TIENE QUE DEMOSTRAR EL DERECHO A PERCIBIRLAS. La circunstancia de que el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo disponga que cuando el demandado no comparezca a la etapa de demanda y excepciones se le tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda, no significa que se tengan por admitidas en su integridad las prestaciones reclamadas, y mucho menos que el actor se libere de la carga probatoria para acreditar la procedencia de una prestación de carácter extralegal, pues la sanción que establece dicho precepto legal genera una presunción insuficiente, en el caso de prestaciones extralegales, y por lo mismo debe estar robustecida con otros medios probatorios para justificar con toda eficacia la procedencia del reclamo extralegal; de tal suerte que el reclamante debe ofrecer medio de convicción a efecto de demostrar su derecho a obtener esa prestación." (Novena Época, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, tesis I.13o.T.126 L, página 832).

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de doce de agosto de dos mil cuatro, dictó sentencia, respectivamente, en los juicios de amparo directo 6016/2004, promovido por Armando Martínez Lozada, y 6526/2004, promovido por Teresa Bolaños Gamboa y, en la primera de dichas sentencias, sostuvo, en lo conducente:

"CUARTO. Por cuestión de orden y método se estudian los conceptos de violación propuestos en los siguientes términos:

"...

"Continúa argumentando en su cuarto motivo de inconformidad, que si bien se condenó al pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad y salarios caídos, para lo cual se tomó en consideración un salario diario de $116.66 ... dicha determinación es incorrecta, toda vez que para el pago de las condenas se debieron cuantificar con el salario integrado, que para su caso se componía de $1,749.90 ... más una compensación de $83.38 ... que da un salario quincenal de $1,833.28 ... y un salario diario de $122.21 ... por lo que al no haberse hecho así resulta violatorio de garantías.

"La autoridad laboral al establecer el salario que debía servir de base para emitir las condenas, estableció:

"‘Por tanto, la demandada Escuela Internacional de Turismo, S.C. con ninguna de sus pruebas acredita los extremos precisados por el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, luego entonces, lo procedente es condenar a la demandada a pagar a la parte actora $10,499.40 ... por concepto de indemnización constitucional y al pago de los salarios caídos que resulten a favor de la parte actora desde la fecha de su separación injustificada, esto es 18 de enero de 2001 y hasta que se dé cumplimiento total a la presente resolución a razón de $116.66, lo anterior es así toda vez que sólo se considera el salario base diario y no el integrado, pues la parte actora integra el salario con una prestación extralegal, luego entonces, corresponde a ésta acreditar la existencia de la misma y el derecho a su pago y es el caso que no ofreció pruebas para el efecto, quedando a cargo del C. Presidente ejecutor la oportuna cuantificación de los salarios caídos.’

"En efecto, el actor en el hecho uno de su demanda señaló que su sueldo estaba integrado por la cantidad de $1,749.90 ... más una compensación de $83.38 ... que da un pago quincenal de $1,833.28 ...

"Ahora, la prestación que pretende integre el sueldo y que llama ‘compensación’ no tiene su fundamento en la Constitución General de la República, ni en ninguna de las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de dicha Constitución, así como tampoco en otros ordenamientos legales, sino en el acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores, por lo que la misma se trata de una prestación de tipo extralegal.

"Tratándose de una prestación extralegal, quien la invoque a su favor tiene no sólo el deber de probar la existencia de la misma, sino los términos en que fue pactada, debido a que se trata de una prestación que rebasa los mínimos contenidos en la ley y que deriva lógicamente de un acuerdo de voluntades entre las partes contratantes.

"Precisado lo anterior, del sumario laboral se advierte que en diligencia de uno de junio de dos mil uno, en la etapa de ofrecimiento de pruebas, la parte actora ofreció los medios probatorios que consideró pertinentes para acreditar su acción, consistentes en confesionales a cargo de la Escuela Internacional de Turismo, Sociedad Civil (desahogada el veintinueve de abril de dos mil) y Universidad Internacional de Profesiones, Sociedad Civil (de la que se desistió el actor como se aprecia de la diligencia practicada el veintinueve de abril de dos mil); confesional como demandado y para hechos propios a cargo de Álvaro Jorge Becker Cuéllar (al que se le declaró confeso); testimonial a cargo Irma González Rico, Luis Díaz Jaramillo y Carolina González Esquivel de las que se desistió según se aprecia del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil tres (foja 111); inspección ocular de la que se desistió como se advierte del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil tres (foja 111); presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones; ahora, de los medios probatorios antes citados y los cuales han sido analizados, se concluye que con ninguno de ellos el actor acreditó que de manera quincenal su salario ordinario era incrementado por el pago de una compensación, por lo que el actor no acreditó la procedencia de su acción; ello independientemente que los demandados no hayan dado contestación a la demanda, pues se insiste, al ser la compensación una prestación extralegal a él le correspondía acreditar que la percibía.

"Entonces, si el actor no acreditó que su sueldo estaba integrado además del salario ordinario por la prestación denominada compensación, es correcta la determinación de la Junta; ello es así ya que si bien se tuvo a los codemandados por contestada en sentido afirmativo en términos del numeral 879 de la Ley Federal del Trabajo, esto no significa que se tengan por consentidas en su integridad las prestaciones reclamadas, pues como el mismo precepto lo establece, en su caso se pueden ofrecer pruebas para demostrar que no hubo despido o que no son ciertos los hechos de la demanda, sin que por ello deba liberarse al actor de la carga probatoria a su cargo para acreditar la procedencia de las prestaciones de carácter extralegal, y de no hacerlo así, es obligación de la autoridad responsable de examinar la procedencia de las acciones intentadas por el actor, por lo que es infundado el concepto de violación en estudio."

Juicio de amparo directo 6526/2004.

"TERCERO. El estudio de los argumentos expuestos en el único concepto de violación, conduce a determinar lo siguiente:

"Alega en esencia que la Junta violó los artículos 14 y 16 constitucionales, porque al dictar el laudo reclamado condenó a la parte demandada a reinstalar a la actora con un salario base de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y siete centavos; sin embargo, dejó de considerar que en la demanda inicial la parte actora señaló que la demandada le cubría un salario promedio de mil ciento setenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos, mismo que se lo integraban con sueldo, incentivo, tiempo extra y prima dominical, pero de ninguna forma dijo la actora que dichos conceptos integraran el salario porque tuviera derecho a ellos, sino que así la parte demandada integraba el salario; razón por la cual, la autoridad laboral debió condenar con el salario manifestado en el escrito inicial.

"Los anteriores argumentos son infundados, por las siguientes razones:

"...

"Por lo que hace al concepto de incentivo del que igualmente señaló que integraba su salario, la responsable determinó no considerarlo en el salario de la actora, apoyándose en que ésta no demostró que tuviera derecho al pago de esa prestación extralegal, conclusión que este Tribunal Colegiado estima igualmente correcta.

"En efecto, la prestación que pretende integre el sueldo y que llama ‘incentivo’, no tiene su fundamento en la Constitución General de la República, ni en ninguna de las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de dicha Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19510-e79733a7/jurisprudencia-y-tesis-aisladas-de-los-tribunales-colegiados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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