SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE JALISCO. AL TENER EL CARÁCTER DE PERSONA MORAL OFICIAL ESTÁ EXENTO DE PRESTAR LAS GARANTÍAS QUE LA LEY DE AMPARO EXIGE A LAS PARTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
MINISTRO SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, deben tenerse presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se precisan.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental número 54/2005, promovida por el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), sostuvo:
"TERCERO. El estudio de los anteriores agravios, permite hacer las consideraciones jurídicas siguientes:
"Son sustancialmente fundados los argumentos expresados por la parte recurrente, en el sentido de que fue incorrecta la decisión del Juez de Distrito, al exigirle por la exhibición de una garantía, a fin de que la suspensión definitiva que decretó a su favor, siguiera surtiendo sus efectos legales; dado que como dice la parte quejosa, eximida está de tal obligación al ser una persona moral oficial.
"En efecto, el artículo 9o. de la Ley de Amparo, establece que tratándose de personas morales oficiales, éstas están exentas de otorgar las garantías que la misma ley exige a las partes; tal como se advierte de su texto que es el siguiente:
"‘Artículo 9o.’ (se transcribe).
"Ahora bien, la parte recurrente aduce que en su calidad de organismo público descentralizado, al ser parte de la administración pública del Estado, tiene derecho a la prerrogativa resaltada.
"Para determinar lo anterior, es imperioso desentrañar lo que para efectos de la Ley de Amparo debe entenderse como una persona moral oficial, por lo que es necesario recurrir a los motivos que incentivaron al legislador federal, para concebir esa exención de otorgar garantías dentro de la Ley de Amparo; dichos motivos se encuentran en la exposición relativa de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, que en lo conducente dice lo siguiente:
"‘Entre estas importantes aportaciones son especialmente relevantes.
"‘La adición del segundo párrafo del artículo 9o., para que las personas morales oficiales estén exentas de otorgar las garantías que la Ley de Amparo exige, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles; ...’
"Del fragmento de la exposición de motivos anteriormente reproducido, se advierte de manera clara que el legislador, con la adición del segundo párrafo del numeral 9o. de la Ley de Amparo, buscó la congruencia legislativa con el diverso 4o. del Código Federal de Procedimiento Civiles, lo que implícitamente nos remite a su contenido que es el siguiente:
"‘Artículo 4o:
"‘Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes.
"‘Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.
"‘La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el procurador general de la República o uno de sus agentes, con cualquier carácter o representación.’
"La redacción de este arábigo, se forjó conforme a la exposición de motivos correspondiente, la cual sobre el tema manifiesta lo siguiente:
"‘La única excepción a la regla de la igualdad es la contenida en el artículo 4o., que dispone que nunca podrá dictarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embargo, así como que esas entidades de derecho público están exentas de prestar las garantías que en el código se exigen de las partes. Esta excepción se justifica porque no es posible que los órganos del poder se coaccionen a sí propios, y es posible, dentro del Estado, que haya un poder superior al mismo poder estatal; y, respecto de las garantías, se juzga que el Estado siempre es solvente, pues es un principio general del derecho público, y en especial, del derecho fiscal, que el Estado debe obtener, de los habitantes del país, los ingresos indispensables para cumplir sus fines, de manera que está siempre en posibilidad de contar con un patrimonio que le permita responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial.’
"De la interpretación armónica de los preceptos legales invocados y apoyados en sus correspondientes exposiciones de motivos, se llega a la conclusión que como personas morales oficiales debe entenderse a las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas y que la razón toral por la que decidió que este tipo de entes públicos no estuvieran sujetos a la obligación de exhibir en el juicio de amparo, las garantías que la ley de la materia exige a las partes, es en virtud de que la fuente de los recursos económicos con los que operan, son las aportaciones que los habitantes del país dan al Estado, de manera que siempre están en posibilidad de contar con un patrimonio que les permita responder, en general, de sus obligaciones, lo que hace innecesaria una garantía especial.
"Ahora bien, como en el caso particular se trata de un organismo público descentralizado del Estado de Jalisco, es de tomar en consideración, lo que el Código Civil del Estado de Jalisco establece en su título tercero ‘De las personas jurídicas’, capítulo I ‘Disposiciones generales’, artículos 161, 167 y 168, que dicen lo siguiente:
"‘Artículo 161. Son personas jurídicas.
"‘I. El Gobierno Federal, las partes integrantes de la Federación y los Municipios.
"‘II. Las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.
"‘III. Los organismos descentralizados.
"‘IV. Los partidos políticos reconocidos conforme a la legislación electoral.
"‘V. Los sindicatos laborales y patronales.
"‘VI. Las sociedades cooperativas y mutualistas.
"‘VII. Los ejidos, las comunidades indígenas, las uniones de ejidos y demás entidades reguladas por las leyes agrarias.
"‘VIII. Las sociedades civiles o mercantiles.
"‘IX. Las asociaciones civiles.
"‘X. Las fundaciones.
"‘XI. Las asociaciones y órdenes religiosas.
"‘XII. Los condominios.
"‘XIII. Las personas jurídicas extranjeras, con autorización expresa para operar dentro del territorio del Estado.
"‘XIV. Las demás instituciones u organismos constituidos y reconocidos como personas jurídicas conforme a las leyes.’
"‘Artículo 167. Las personas jurídicas por su origen y formación, se clasifican en públicas y privadas.’
"‘Artículo 168. Son personas jurídicas públicas, aquellas que son creadas por una disposición legislativa o por un acto administrativo de gobierno.’
"Por lo anterior, en especial lo que se menciona en los artículos 161, fracción III y 168 del Código Civil del Estado de Jalisco, se obtiene que por disposición legal, al Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana le reviste el carácter de persona jurídica pública, al ser un organismo público descentralizado creado por un acto legislativo, tal como se desprende de su ley orgánica, emitida por el Congreso del Estado, en los términos siguientes:
"‘Artículo 1o. Se crea un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios que se denomina «Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana», cuyos fines son administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana concordantemente con los planes estatal y regionales de desarrollo urbano, en las modalidades que convengan al interés colectivo.’
"Lo anterior, aunado a que si bien la parte quejosa no forma parte del Ejecutivo Estatal, sí es componente de la administración pública estatal, tal como se contempla en los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que establecen lo siguiente:
"‘Artículo 50. Los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y las entidades y empresas de participación estatal mayoritaria, serán considerados como organismos paraestatales del Poder Ejecutivo, y forman parte de la administración pública del Estado.’
"‘Artículo 52. Los organismos descentralizados gozarán de personalidad jurídica y patrimonio propio, y podrán ser creados para ayudar operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.’
"Además de que dicho ente descentralizado, siendo parte de la administración pública estatal, ayuda operativamente al Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, específicamente en la contemplada en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, fracción XIV, que dice lo siguiente:
"‘Artículo 22. Son atribuciones específicas del Poder Ejecutivo, las siguientes: ... XIV. La regulación del tránsito, la vialidad y del transporte, en el Estado.’
"Esto es así, ya que el invocado artículo 1o. de la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, señala que los fines para los que fue creado éste, son los de administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana concordantemente con los Planes Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano, en las modalidades que convengan al interés colectivo, lo que evidentemente tiene que ver con una de las atribuciones específicas del Poder Ejecutivo, la de regular el transporte en el Estado; de ahí que evidentemente le recaiga el carácter de persona moral oficial a dicho organismo.
"Es aplicable sobre el particular, por analogía y en lo conducente, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verificable en la página 72, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:
"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. NO DEBEN CONFUNDIRSE CON LAS PERSONAS ESTATALES. Si se toma en consideración que las finalidades de los organismos públicos descentralizados previstas en el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al estar referidas a la realización de una actividad prioritaria o estratégica, a la prestación de un servicio público o social y/o a la obtención o aplicación de recursos públicos para fines de asistencia o seguridad sociales, convierten a dichos organismos en ejecutores de objetivos que deben reputarse como fines propios del Estado o como fines públicos, resulta válido calificarlos como «personas jurídicas públicas», concepción que no debe confundirse con el de «personas estatales» que es el carácter con el cual se puede identificar a otras entidades integrantes de la administración pública federal paraestatal, tales como empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas, y fideicomisos públicos, pues mientras estas empresas simplemente guardan un vínculo con el Estado, aquellos organismos, además, comparten las facultades y las funciones de éste y, especialmente, los fines de interés general. Además, esta diferencia finalista del órgano, de suyo, es razón suficiente para justificar por qué unas pueden ser dotadas de atribuciones de autoridad, y las otras no.’
"De lo expuesto, se tiene que asiste la razón a la parte recurrente, dado que contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana sí tiene el carácter de persona moral oficial, en virtud de ser un ente que ayuda a los propios fines del Poder Ejecutivo del Estado, siendo parte de la administración pública local, además de que los recursos con los que opera devienen del erario público, lo que representa una garantía de su solvencia; razones por las que sí se acoge a la exención a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo, de no tener que ofertar la garantía a que se refiere el artículo 125 del mismo cuerpo normativo; máxime que la normatividad civil del Estado, la visualiza en el campo de las personas jurídicas públicas.
"Por tanto, lo dispuesto por la ley orgánica del ente público en su artículo 16, de la manera siguiente:
"‘Artículo 16. Serán inembargables e imprescriptibles los bienes de «Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana» que estén afectados a la prestación del servicio público, que por esta ley se encomiende.
"‘En las controversias en que sea parte el organismo la misma quedará exceptuada (sic) de otorgar las garantías que la ley exija de las partes, tratándose de dichas controversias e igualmente será eximida de otorgar garantías para asegurar en su caso el interés fiscal.’
"No se sobrepone a lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, sino que es congruente con él.
"Tiene especial aplicación, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, consultable en la página 12, Número 86-2, febrero de 1995, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PARA QUE ÉSTA SURTA EFECTOS. PETRÓLEOS MEXICANOS EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL OFICIAL, NO ESTÁ OBLIGADA A DEPOSITAR LA CANTIDAD REFERIDA EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. En el juicio de garantías la ley especial es la Ley de Amparo y, por ello, está colocada en un ámbito de aplicación distinto, respecto de cualquier otra ley, entre ellas, las que rigen a las personas morales oficiales, observables en lo que no se contrapongan con aquélla; por tanto, sus disposiciones deben prevalecer sobre lo que establezcan éstas; de tal suerte que si el párrafo segundo de su artículo 9o. exceptúa a ese tipo de personas morales, como lo es Petróleos Mexicanos, de la obligación de otorgar garantía para que surta efectos, en su beneficio, la suspensión del acto reclamado, entre las que se encuentra la obligación de depositar la cantidad prevista en el artículo 135 del propio ordenamiento legal, debe acatarse dicha excepción, con independencia de lo que las referidas leyes determinen al respecto.’
"Es importante resaltar que la jurisprudencia anterior, superó a la diversa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 2/85, visible a folio 85, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente:
"‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. DEBEN OTORGAR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. Para efectos del juicio de garantías, la Ley de Amparo, por ser reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, está colocada en un plano superior de jerarquía, respecto de otras leyes de carácter local o federal; por tanto, sus disposiciones deben prevalecer sobre lo que establezcan éstas, y si el artículo 135 de la Ley de Amparo dispone que para que surta efectos la suspensión decretada en un juicio de garantías, contra el cobro de contribuciones, es necesario constituir depósito, sin consignar excepción alguna, entonces, los organismos públicos descentralizados, para el efecto señalado, deben acatar dicho precepto, aunque las leyes que los rigen determinen lo contrario.’
"Por otro lado, este órgano colegiado advierte que el Juez de Distrito, sobre este tema fundamentó su resolución en el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, al resolver la revisión incidental número 69/2002, de su índice, mismo que es contrario al aquí expuesto; cabe decir que en concepto de este Tribunal Colegiado no asiste la razón al diverso órgano colegiado de circuito, en virtud de que como se expuso con antelación, los fines del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, sí van encaminados a materializar actividades propias del Poder Ejecutivo del Estado, específicamente una de las contempladas en el transcrito artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, fracción XIV, que se refiere a la regulación del transporte en el Estado; esto es así, ya que el invocado artículo 1o. de la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, señala que los fines de éste son los de administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana concordantemente con los Planes Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano, en las modalidades que convengan al interés colectivo, lo que evidentemente tiene relación intrínseca con una de las atribuciones específicas del Poder Ejecutivo; si bien es cierto que no forma parte de éste directamente, sí lo es de la administración pública estatal, además que la legislación estatal le da el carácter de persona jurídica pública; de ahí que contrariamente a lo estimado por el aludido Primer Tribunal Colegiado, el organismo recurrente no está obligado a exhibir la garantía que el artículo 125 de la Ley de Amparo exige a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo del numeral 9o. del mismo ordenamiento.
"Sobre el mismo tema, por los razonamientos expuestos en esta resolución, se considera que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, no pugna con la Ley de Amparo, sino que es acorde con la misma, especialmente con su artículo 9o.
"En esas condiciones, lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis que se advierte para que tenga a bien decidir cuál criterio debe prevalecer.
"En efecto, la contradicción de criterios estriba en que, mientras el Primer Tribunal Colegiado aludido, sostiene que la parte quejosa no tiene como finalidad el materializar actividades que se consideran como fines propios del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito considera lo contrario, según se establece con anterioridad.
"Sobre el mismo tema, cabe agregar que la Ley de Amparo establece que las personas morales oficiales están exentas de prestar las garantías que en esa ley se exige a las partes. Como se ve, el único requisito que prevé para la exención, es que se trate de personas morales oficiales, sin que incluya la particularidad de que deban realizar actividades vinculadas con fines del Poder Ejecutivo Estatal; tampoco establece que algunas personas morales oficiales sí gozarán de ese beneficio y otras no, como pudiera ser que sólo las personas morales que formen parte del Poder Ejecutivo, según se infiere del razonamiento sustentado por el Primer Tribunal Colegiado cuando afirma: ‘el quejoso es un organismo descentralizado y como tal no forma parte del Poder Ejecutivo ...’; así pues, como la Ley de Amparo no hace esas distinciones, el juzgador tampoco puede válidamente realizarlas.
"Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 69, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.’ (se transcribe).
"En conclusión, como el artículo 9o. de la Ley de Amparo, exceptúa a las personas morales oficiales que pueden acudir al juicio de garantías, de la obligación de otorgar las garantías que se exigen a las partes, como lo puede ser la relativa a los daños y perjuicios para que surta efectos en su beneficio la suspensión del acto reclamado; por tanto, debe entenderse como sujeto de esta prerrogativa, al organismo público descentralizado del Estado de Jalisco Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, en virtud de que al tener éste su nacimiento en un acto legislativo, le reviste el carácter de persona jurídica pública, en términos de los numerales 161, 167 y 168 del Código Civil aplicable en la entidad federativa a la que pertenece, lo que evidentemente implica que se trata de una persona moral pública; máxime porque conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, este tipo de organismos son integrantes de la administración pública estatal y sus fines, de acuerdo a la ley orgánica especial que rige a este ente público, que son la de administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana concordantemente con los planes estatal y regionales de desarrollo urbano, en las modalidades que convengan al interés colectivo, contribuyen a la realización de una actividad propia del Estado, consistente en la de regulación del transporte en el Estado; independientemente de esto, como el único requisito que se prevé en el invocado precepto legal para la procedencia de la exención, es que se trate de personas morales oficiales; sin que se incluyan las particularidades, de que este tipo de sujetos deban formar parte del Poder Ejecutivo; o bien, que sus actividades tengan que estar vinculadas con los fines de éste. Consecuentemente, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, al ser una persona moral oficial, por ese solo hecho, sí está exento de otorgar la garantía destacada en un principio.
"Por tanto, en el particular, al resultar sustancialmente fundados los agravios expresados por la parte recurrente, en la materia de la revisión, lo procedente es modificar la interlocutoria recurrida, únicamente en lo que se refiere a la disposición del Juez de Distrito en fincar a la parte quejosa para que siguiera surtiendo efectos la medida suspensional, la obligación de exhibir garantía suficiente para asegurar el pago de los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión definitiva, quedando en su lugar, conforme a lo dicho en esta sentencia, la consideración de que la parte quejosa, por ser una persona moral oficial, está exenta de exhibir la garantía a que alude el artículo 125 de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar la revisión incidental número 69/2002, interpuesta por Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, determinó:
"CUARTO. Resultan infundados los agravios expuestos por el recurrente.
"En efecto, en la Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, expedida mediante decreto 9760, publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, reformada mediante decreto 10,363, publicitado en aquel órgano el seis de enero de mil novecientos ochenta y uno, se establece la creación de ese organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propios, cuya denominación es ‘Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana’, cuyos fines son administrar y operar sistemas de transportación urbana, suburbana e interurbana correspondientes con los Planes Estatal y Regionales de Desarrollo Urbano, en las modalidades que convengan al interés colectivo; que su patrimonio estará constituido por: ‘I. Los bienes muebles e inmuebles con que presta servicios el organismo denominado «Transporte Colectivo Guadalajara»; II. Los que aporte el Gobierno del Estado y los que el organismo que se crea adquiera en lo futuro, como se infiere de sus artículos 1o. y 3o.’
"De la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reconoce su calidad de organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco (foja 1).
"Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su formación actual, al dilucidar, en ejecutoria de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la competencia 361/99, suscitada entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango y la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras cuestiones, razonó: ‘... De los preceptos constitucionales transcritos en lo que interesa, se llega al conocimiento de que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para legislar en la materia de las relaciones de servicio entre el propio Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus servidores, mas no con una facultad omnímoda, sino sujeta a lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal. Asimismo, que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva para legislar en la materia de trabajo, en general, con apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A y adicionalmente en el apartado B, respecto de las relaciones de trabajo conocidas como burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el Gobierno del Distrito Federal y sus servidores, en tanto que el artículo 116, fracción VI, al autorizar al Poder Legislativo de cada entidad federativa a expedir leyes que rijan las relaciones entre los Poderes Locales y sus servidores, es evidente que sólo pueden expedir leyes reglamentarias siguiendo en lo conducente las bases que establece el apartado B del indicado artículo 123 de la Constitución Federal, pues de comprender a otros sujetos o relaciones las mismas incurrirían en inconstitucionalidad. Atento a lo anterior, debe concluirse que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local, como el denominado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho organismo, no pueden incluirse en el apartado B, ni regirse por las leyes de trabajo que para su reglamentación expidan las Legislaturas de los Estados conforme a la facultad establecida en la fracción VI del artículo 116 constitucional, antes transcrita. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión número 1575/93, promovido por Armando Montes Mejía, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por mayoría de nueve votos estableció: «... jurídicamente no es posible considerar que la administración pública paraestatal, dentro de la que se encuentran comprendidos los organismos descentralizados, tales como el mencionado tercero perjudicado forma parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que los citados preceptos establecen con precisión que el ejercicio de dicho poder corresponde al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas atribuciones las llevará a cabo a través de las dependencias de la administración pública centralizada, como lo son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos ... el hecho de que ... la administración pública federal se organice en centralizada y paraestatal, incluyendo en esta última a los organismos descentralizados, ello no implica que las entidades paraestatales formen parte del Poder Ejecutivo Federal, toda vez que dichas entidades no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino que en su carácter de unidades auxiliares tienen por finalidad la ejecución de los programas de desarrollo establecidos por la secretaría de Estado o departamento administrativo a que corresponda el sector dentro del cual se encuentra agrupada cada una de las mencionadas entidades ... el Ejecutivo es una autoridad con imperium, concepto relacionado con el de coacción. Por lo tanto, al regular la conducta de los gobernados, el Congreso de la Unión establece obligaciones e impone sanciones en caso de incumplimiento, obligaciones que generalmente se aplican, en ciertos aspectos, por los órganos administrativos y cuando actúan de esta manera, actúan como autoridades. Al lado de estas funciones autoritarias, los preceptos constitucionales encargan a estos mismos órganos la tarea de realizar otro tipo de funciones, ya no como facultades, sino como obligaciones, tendientes a proporcionar educación, construir hospitales, fomentar la economía nacional, realizar actividades económicas, pero como al actuar así, no son esencialmente autoridades, ni su función es estrictamente de poder, de coacción, esos fines se pueden encargar a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal.» Sentado que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo, debe entenderse por igualdad de razón, que en el ámbito local tampoco integran al Poder Ejecutivo las entidades federativas ni municipales ...’; ejecutoria que se encuentra publicada de la página 436 a la 454 del Tomo XI, febrero de 2000, relativo al Pleno y Salas, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que constituyó el quinto precedente que formó la jurisprudencia 2a./J. 3/2000, consultable en la página 41 del Tomo XI, enero de 2000, también de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se trasunta: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL. El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene «TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.», del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19056-f3b66731/sistema-de-transporte-colectivo-de-la-zona-metropolitana · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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