SUSPENSIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con residencia en Torreón, Coahuila, órgano jurisdiccional que pronunció una de las ejecutorias que participan en este asunto.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presente las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados que intervienen en el presente asunto.
El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 100/2004, promovido por Alejandro Barraza Valdez y otros, determinó:
"QUINTO. Cabe señalar, que se estudiarán en primer lugar los agravios que expresaron las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que el primer argumento es sustancialmente fundado para revocar la sentencia que se revisa, por las consideraciones que a continuación se expondrán:
"En efecto, las autoridades recurrentes se agravian medularmente de que el Juez de Distrito, si bien advirtió la diversa causal de improcedencia que acontece en la especie y que establece la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues el amparista no promovió el recurso correspondiente, que en contra de los actos que reclamó, en este caso, en contra del acta de Cabildo de fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual supuestamente manifestó el amparista, se canceló su concesión y en contra del oficio de fecha veintinueve de mayo de dos mil tres, suscrito por el director de Transporte Público Municipal y jefe del Registro Público del Transporte, establecen los artículos 389 y 391 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo que el artículo 398 del citado ordenamiento, prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados, cuando no se afecte el interés público y que no establece mayores requisitos que los que dispone la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados, los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados, de acuerdo a lo establecido por los artículos en mención, con la finalidad de agotar las instancias legales pertinentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, contrariamente el juzgador considera que dicha casual de improcedencia no surte efecto, ya que dicho numeral 398 impone mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo para la concesión de la medida cautelar en cuestión, por el único hecho de enumerar las formas en las que se requiere exhibir la garantía de que ahí se trata, apreciación que resulta a su vez errónea e infundada por el a quo, pues el artículo 125 de la Ley de Amparo, únicamente prevé que se otorgue garantía bastante para los efectos que en él se indican, mas no así como lo indica el a quo que dicha garantía deba exhibirse en cualquiera de las ‘formas previstas por la ley’, por lo que en esas condiciones el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no prevé más requisitos que los que exige la Ley de Amparo para otorgar la suspensión del acto reclamado, amén que no precisa en qué artículo fundamenta su apreciación, pues no señala qué artículo de la Ley de Amparo establece que dicha garantía debe otorgarse en cualquiera de las formas previstas por la ley, por lo cual, en esas condiciones el Juez de la causa debió sobreseer el presente juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia en cuestión.
"En efecto, asiste razón a las autoridades señaladas como responsables aquí recurrentes, pues debe tenerse presente lo que disponen los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo: ‘Artículo 107.’ (se transcribe).
"‘Artículo 73.’ (se transcribe).
"De los preceptos transcritos se advierte que se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.
"Es importante destacar, que el artículo y fracción indicados, hacen referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación.
"El principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, página 156, bajo el texto y tenor literal siguientes: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).
"Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que también se encuentra regulada en la fracción XV del artículo 73 de la citada Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento las disposiciones conducentes del Código Municipal para el Estado de Coahuila, así como también las de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado.
"Del análisis del Código Municipal del Estado de Coahuila, se advierte que los artículos 389 y 391 establecen que: ‘Artículo 389.’ (se transcribe).
"‘Artículo 391.’ (se transcribe)
"Por su parte, el artículo 398 del propio ordenamiento legal, regula lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, el cual es del tenor siguiente:
"‘Artículo 398.’ (se transcribe)
"Con el propósito de verificar si en el caso los anteriores requisitos establecidos en el Código Municipal para el Estado de Coahuila, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir igualmente a aquellos preceptos de este ordenamiento que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de la medida suspensional a favor del quejoso, tratándose del juicio de amparo indirecto.
"Efectivamente, en cuanto al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto se presentan dos formas de concederse la medida suspensional que son: a) la suspensión de oficio y b) la suspensión a petición de parte.
"Con independencia de que los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos y de que la naturaleza de los mismos permita su paralización, la suspensión a petición de parte está sujeta a determinados requisitos, como puede verse a continuación:
"En principio, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: ‘Artículo 124.’ (se transcribe)
"‘Artículo 125.’ (se transcribe)
"La satisfacción de las anteriores condiciones o requisitos, obliga al Juez de Distrito a conceder la medida cautelar que se le solicite.
"Pues bien, el examen comparativo del artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, frente a los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, atendiendo a las siguientes razones legales:
"Del análisis del artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se aprecia que éste exige que no se afecte el interés público; y se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada; dicha garantía podrá ser constituida mediante depósito o en dinero, o en fianza, fijado por la autoridad; por su parte, la Ley de Amparo establece que es posible la suspensión del acto reclamado cuando no se afecte el interés público (artículo 124, fracción II) y dispone que el quejoso otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo (artículo 125).
"Así, ambos ordenamientos coinciden en que:
"Es menester que no se afecte el interés público y, cuando sea procedente la suspensión, ésta se concederá si se otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaran si no obtiene sentencia favorable.
"Cabe precisar, que la circunstancia de que la garantía de que se trata podrá ser constituida mediante depósito, dinero o fianza, no implica que el Código Municipal para el Estado de Coahuila, exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, sino únicamente tiene el propósito de fijar la manera en que puede constituirse la garantía otorgada, es decir, que el hecho de que se determine en qué forma podrá ser constituida la garantía, de manera alguna influye para conceder la suspensión del acto impugnado, la cual debe decretarse, en su caso, con base en el cumplimiento de los requisitos previos que la ley prevé, en tanto que el auto que decreta o niega la suspensión sólo es la consecuencia del análisis de dichos requisitos y, por tanto, la circunstancia de la manera en que pueda constituirse dicha garantía no se traduce en una desventaja para conceder dicho beneficio.
"Por lo que si en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, constitucional, el principio de definitividad opera cuando la ley que rige el recurso o medio ordinario de defensa exige para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo, debe estimarse que fue voluntad del Constituyente, que la referida excepción se actualizara únicamente cuando la ley que regula el respectivo recurso ordinario o medio de defensa prevé requisitos o trámites previos al otorgamiento de la medida cautelar que sean superiores a los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que la imposibilidad de recurrir la determinación que se adopte sobre el otorgamiento provisional de la suspensión, de ninguna manera provoca una excepción al principio de definitividad, pues no conlleva para el gobernado una mayor carga de las que en términos de la Ley de Amparo debe afrontar para lograr la suspensión del acto reclamado.
"En consecuencia, si el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, establece que con la medida cautelar se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada; por su parte, la Ley de Amparo en su artículo 125 dispone en esencia, el mismo requisito al aludir que cuando se puede ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo; se llega a la convicción de que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la manera en que puede constituirse dicha garantía; así, tanto en uno como en otro la medida cautelar procede cuando de otorgarse, no cause perjuicio al interés general estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. No es obstáculo para la conclusión mencionada, la circunstancia de que en el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, se establezca la forma en que puede constituirse dicha garantía, reglas que no coinciden con las de la Ley de Amparo, porque tales pautas no son propiamente, requisitos para conceder la suspensión.
"Las consideraciones antes apuntadas, conducen a este Tribunal Colegiado a la conclusión de que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas, cuando procediendo contra ellos algún recurso o medio de defensa legal conforme a la ley que los rija, ésta exija iguales o menores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, siendo claro que el Código Municipal para el Estado de Coahuila, en su artículo 398, para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, exige iguales requisitos que los previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para el mismo fin.
"Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis jurisprudencial 155/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, en sesión privada del nueve de diciembre de dos mil dos, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época, página 576, bajo el rubro y tenor literal siguientes: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe).
"En mérito de lo anterior, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al fallar el amparo en revisión 346/2004, interpuesto por Carlos Lauro Romo Vázquez, primer síndico y representante legal del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, argumentó:
"CUARTO. Los agravios carecen de eficacia jurídica, conforme a las siguientes consideraciones:
"La persona moral denominada Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, Asociación Civil, por conducto de Celia Guadalupe Álvarez Moreno, en su carácter de presidente del consejo directivo y representante legal, promovió juicio de amparo indirecto, reclamando del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, el acuerdo tomado en la trigésima octava sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el nueve de junio de dos mil cuatro, en el cual se autorizó el cambio de la quejosa como miembro del consejo directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Juicio que se registró con el número 1207/2004 y en el que se dictó la sentencia que aquí se recurre.
"Por razón de método, se estudian en primer lugar los agravios relativos a la posible falta de emplazamiento de supuestos terceros perjudicados, los que de ser fundados podrían llevar a la revocación de la sentencia recurrida y a ordenar la reposición del procedimiento.
"Al respecto se aduce en los agravios, que no fue llamada a juicio esta última persona moral en cita.
"Tal pretensión es infundada, cuenta habida que desde el auto admisorio de la demanda, el a quo tuvo como tercera perjudicada a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (foja setenta y cuatro del expediente de amparo) ordenando su debido emplazamiento, el que se ejecutó el cinco de julio de dos mil cuatro, según consta a fojas setenta y ocho y setenta y nueve del cuaderno principal 1207/2004.
"Tocante a que Alejandro Barraza Valdez debe ser considerado como tercero perjudicado en este juicio, ello es inexacto, ya que esta persona no ha tenido intervención alguna en este caso, según puede constatarse de los autos; específicamente, es inexacto que la persona mencionada haya gestionado a su favor el acto aquí reclamado, pues no obra en el expediente prueba alguna que así lo acredite.
"En otros agravios se expresa, que el Juez de Distrito debió sobreseer en el juicio porque la quejosa no agotó el principio de definitividad, interponiendo contra el acto reclamado el recurso que establecen los artículos 389 y 391 del Código Municipal para el Estado de Coahuila; que el artículo 398 del citado ordenamiento, prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados cuando no se afecte el interés público. Que es errónea la apreciación del a quo, en el sentido de que por el hecho de enumerar las formas de exhibir la garantía, la ley ordinaria prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, pues el artículo 125 de la Ley de Amparo únicamente prevé que se otorgue garantía bastante, mas no dispone que dicha garantía deba exhibirse en cualquiera de las ‘formas establecidas por la ley’ y que, por tanto, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza no prevé más requisitos que los que exige la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto reclamado, pues dicho código únicamente enumera las formas, cualquiera de ellas, en que podrá otorgarse la garantía en cuestión; que el a quo no precisa cuál precepto de la Ley de Amparo establece que dicha garantía debe otorgarse en cualquiera de ‘las formas establecidas por la ley’. Que la circunstancia de que la garantía de que se trata pueda ser constituida mediante depósito, dinero o fianza, no implica que la ley local exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión, ya que únicamente tiene el propósito de fijar la manera en que puede constituirse la garantía otorgada. Que si el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila establece que con la medida cautelar se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada, la Ley de Amparo en su artículo 125 dispone en esencia el mismo requisito, al aludir que cuando se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, la medida suspensional se concederá si el quejoso otorga garantía bastante con la finalidad de reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, por lo que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes de la manera en que puede constituirse dicha garantía. Que el quejoso en su demanda no reclama violaciones directas a la Constitución, sino que se duele de cuestiones de legalidad, por lo que con mayor razón debió haber agotado el recurso ordinario, que al respecto el Juez de Distrito inobservó el artículo 192 de la Ley de Amparo, pues dejó de aplicar la jurisprudencia de rubro: ‘RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD.’
"En primer lugar debe decirse que en este caso sí se alegan violaciones directas a la Constitución, lo que de suyo actualizaría la excepción a que se refiere el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, al establecer que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios si el acto reclamado carece de fundamentación. Lo anterior se afirma al expresar textualmente en la demanda de amparo, lo siguiente (se transcribe).
"En lo que atañe a si el Código Municipal del Estado de Coahuila exige o no mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo, para obtener la suspensión de la ejecución de los actos impugnados a través del recurso de inconformidad, no le asiste la razón a la parte recurrente, como enseguida se demostrará.
"El artículo 398 del Código Municipal del Estado de Coahuila, dispone a la letra: ‘Artículo 398.’ (se transcribe).
"Y el artículo 124 de la Ley de Amparo, establece textualmente: ‘Artículo 124.’(se transcribe).
"Asimismo, el artículo 125 de la Ley de Amparo, expresa lo siguiente: ‘Artículo 125.’ (se transcribe).
"Finalmente, el artículo 139 de la Ley de Amparo, dispone literalmente lo que sigue: ‘Artículo 139.’ (se transcribe).
"Cabe destacar, en cuanto a los supuestos del artículo 125 de la Ley de Amparo, que más que un requisito de procedibilidad de la suspensión constituyen un requisito para su efectividad o eficacia.
"En efecto, dentro de la institución de la suspensión del acto reclamado del juicio de amparo, es menester distinguir dos tipos de requisitos derivados de la misma medida cautelar, que son los de procedencia, previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y el requisito de efectividad, que se establece en el ya citado artículo 125; este último tiene como finalidad que la suspensión ya decretada por el Juez de Distrito continúe surtiendo efectos; se entiende esto, desde el punto de vista de la relación sistemática con el artículo 139 ya transcrito, pues como claramente se advierte de su texto, el auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cumple, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
"Significa entonces que en materia de amparo la suspensión de los actos reclamados procede decretarla si se reúnen los requisitos del artículo 124; cierto es que en los casos en que pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero el juzgador, con apoyo en el artículo 125, fijará una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios ocasionados; pero, es evidente que este requisito no lo tiene que cubrir el quejoso al momento en que el Juez deba de pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión de los actos porque se reitera estando reunidos los requisitos del artículo 124, la suspensión surte sus efectos desde luego, de manera que, si el impetrante no cumple, en este caso, con exhibir la garantía fijada, dejará de surtir efectos la suspensión que había sido decretada.
"Esta distinción cualitativa de requisitos, tratándose de la Ley de Amparo, en parangón con lo que establece el artículo 398 del Código Municipal del Estado de Coahuila, hace que este dispositivo contemple un requisito mayor que aquélla para que la autoridad pueda suspender la ejecución del acto reclamado, esto es, que no se afecte el interés público y se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada.
"Véase cómo en materia de amparo el requisito de la garantía no tiene que satisfacerlo el quejoso al momento en que el Juez deba de pronunciarse sobre el otorgamiento de la suspensión de los actos; en tanto que, para poder suspender la ejecución de los actos, el precitado 398 del Código Municipal del Estado, exige además del primero de los requisitos que menciona, que se garanticen suficientemente los posibles daños y perjuicios; de ahí que, atentos a su redacción gramatical ‘... y se garanticen ...’; implica que para que la autoridad administrativa pueda suspender la ejecución de los actos, es necesario que se garanticen aquellos posibles daños y perjuicios; mientras que eso no sucede en materia de amparo, porque para que proceda otorgar la suspensión de los actos reclamados y, por ende, surta efectos, basta que se reúnan los requisitos del artículo 124, como ya se dijo, no así el requisito de garantía a que alude el diverso 125, el que sólo es necesario cumplir para que siga surtiendo efectos la suspensión que desde luego ya se había concedido.
"Y si bien el artículo 398 del código municipal en cita, no prevé que surtirá efectos la suspensión hasta que se garanticen los posibles daños o perjuicios; también lo es que la interpretación gramatical del requisito en comento lleva a entender, que la garantía de esos daños o perjuicios es una exigencia necesariamente previa para que la autoridad administrativa pueda suspender la ejecución de los actos, lo que es así, si se toma en cuenta que ningún otro artículo de ese ordenamiento municipal, regula el momento en el que deba exhibirse la garantía para que, en su caso, siga operando la suspensión de los actos, como sucede en materia de amparo, ya que de la literalidad del precitado 398 se desprende que habrán de garantizarse los posibles daños o perjuicios para que la autoridad pueda suspender los actos, lo que no da margen a interpretar que sea otro el momento en que deban garantizarse esos daños o perjuicios para que se suspenda la ejecución de los actos, de modo tal que, es necesario cubrir ese requisito para los fines del otorgamiento de la suspensión de los actos administrativos.
"Al respecto cabe hacer hincapié, en que conforme al artículo 398 del Código Municipal del Estado de Coahuila, que establece la exhibición de la garantía, prevé que la ejecución del acto podrá suspenderse ‘... cuando no se afecte el interés jurídico y se garanticen suficientemente los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada.’
"En dicho texto, la conjunción copulativa ‘y’, que utiliza el precepto, implica que éste requiere además del requisito de que no se afecte el interés jurídico, el diverso consistente en que se garanticen los daños, es decir, exige la garantía de los daños para que se otorgue la medida suspensiva, lo que no exige la Ley de Amparo.
"Por otra parte, el requisito de la garantía no lo exige la Ley de Amparo para que se otorgue la suspensión, sino para que la medida continúe surtiendo efectos, tal como se conoce del artículo 139 de la Ley de Amparo que establece: ‘Artículo 139.’ (se transcribe).
"Por último, aun cuando es verdad que el artículo 125 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que es procedente la ‘suspensión’ pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga ‘garantía’ bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, no menos cierto es que tal precepto no establece un requisito de procedencia para la suspensión sino de efectividad, puesto que así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que emitió al dirimir la contradicción de tesis 17/2000, de la que emana la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’
"En la ejecutoria correspondiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció (se transcribe).
"Y debe puntualizarse, que en el Manual del Juicio de Amparo, del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Editorial Themis, Cuarta Reimpresión, 1989, página 110, se señala: (se transcribe).
"En estas circunstancias carece de trascendencia jurídica el determinar cómo ha de satisfacerse la garantía en cada caso, en cuanto la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que prevé la causal de improcedencia que aquí se estudia, sólo alude a los requisitos necesarios para conceder la suspensión. Habiendo quedado demostrado con antelación, que la ley local materia de estudio, sí prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de los actos impugnados en el recurso de inconformidad.
"Además, acerca del tema que aquí es materia de estudio debe precisarse, que el artículo 212 del Reglamento de Justicia Municipal, textualmente dispone: ‘Artículo 212.’ (se transcribe).
"Como puede constatarse del texto legal transcrito, la aludida disposición coincide en lo sustancial con el artículo 398 del Código Municipal del Estado de Coahuila, agregando sólo la variante de que podrá decretarse la suspensión de la ejecución del acto impugnado, cuando el interesado lo solicite y que tal solicitud deberá hacerse al promoverse el recurso. Requisito para la obtención de la suspensión que también establece el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo. Pero, en lo fundamental, el precepto legal que aquí se analiz
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19849-149989bb/suspension-la-prevista-en-el-articulo-398-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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