VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS E INFORMES OBTENIDOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN UN PROCEDIMIENTO ANTERIOR DECLARADO INSUBSISTENTE, PUEDEN APORTARSE POR LA AUTORIDAD FISCAL EN UNO POSTERIOR, SIEMPRE QUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE DERIVEN DE AQUÉLLOS Y ENTRAÑEN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FISCALES, SE HAYAN ASENTADO CIRCUNSTANCIADAMENTE EN LAS ACTAS PARCIALES RESPECTIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 110/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester precisar las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostuvo, al resolver la revisión fiscal 8/2005, lo siguiente:
"SEXTO. Son infundados los agravios planteados por la autoridad recurrente. Aduce sustancialmente la administradora local Jurídica de Celaya, del Servicio de Administración Tributaria, en el primer agravio, lo siguiente: 1. La Sala Fiscal consideró indebidamente que la autoridad administrativa no cumplió con su obligación de hacer constar en actas, los hechos u omisiones que hubieren conocido los visitadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sino que se basó en oficios y documentación que habían sido dejados sin efectos; pero contra lo determinado, dicha obligación sí se cumplió cabalmente en el acta final de visita de diecisiete de junio de dos mil tres, en la que se circunstanciaron hechos conocidos por los visitadores, como consecuencia de la revisión llevada a cabo de la documentación e información proporcionada. 2. Que es erróneo el criterio de la Sala porque se declaró la nulidad del procedimiento, por un vicio formal de la orden de visita, pero las observaciones de fondo, derivadas de la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quedó firme por intocada, al no haber sido objeto de estudio por la autoridad resolutora y que si bien la resolución impugnada en el juicio natural proviene del cumplimiento de un recurso de revocación, también lo es que en este fallo no se dejan sin efectos documentos propiedad del contribuyente y que obran en el expediente de la autoridad, pues la afectación del procedimiento tiene su origen en el incumplimiento de una formalidad exigida por la ley y no en un motivo inherente al propio documento o al hecho que se pretenda probar con él. 3. Que si bien entre las actas que se dejaron sin efecto y el acta final de diecisiete de junio de dos mil tres, contienen hechos similares, es porque los documentos, libros y contabilidad que fueron proporcionados por la contribuyente son los mismos, pero la autoridad fiscalizadora realizó nuevamente todas las actuaciones necesarias para conocer los hechos y omisiones que se encuentran circunstanciados en las actas que al efecto levantó. Son infundados los anteriores argumentos de disenso. No es cierto, como asevera la recurrente en el agravio condensado en el primer apartado, que en el acta final de visita se circunstanciaron los hechos conocidos por los visitadores; porque no cumple con las prescripciones a que se refiere el artículo 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, como lo determinó la Sala Fiscal. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, cumplan con sus obligaciones tributarias mediante la práctica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias, cuyo desarrollo está sujeto a la observancia de diversas formalidades, entre las que figura, la consistente en el levantamiento de actas circunstanciadas. En cuanto a dichas formalidades, el numeral 46 del Código Fiscal de la Federación señala las siguientes reglas: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). De lo anterior, se colige, en lo que interesa, que de toda visita se levantarán actas circunstanciadas, parciales o complementarias, en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de los que se tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita; y cuando en el desarrollo se conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, se consignará en forma circunstanciada en actas parciales; a más de que, en la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y se entenderá que las actas parciales forman parte integrante del acta final de visita, aunque no se señale expresamente de esa manera. Lo anterior se justifica, en la medida en que si durante el desarrollo de la visita, se conocen hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de obligaciones fiscales, o cualquier circunstancia de la que se tenga conocimiento durante su realización, deben consignarse en el acta parcial respectiva, de manera circunstanciada, porque sólo de esta manera es entendible y comprobable la continuidad procedimental y las posibles incidencias que se verifiquen en una fase intermedia, entre el inicio y el final de la visita. En la especie, la autoridad recurrente afirma que sí cumplió con su obligación de asentar los hechos de manera circunstanciada, en la medida en que hace mención de los oficios y documentación que revisaron los visitadores, en el acta final de visita de diecisiete de junio de dos mil tres. En dicha acta, a folio 01033620503007, se consigna lo siguiente: ‘De la revisión practicada a la información y documentación que consta en los expedientes que obran en poder de esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya, con sede en Celaya, en el Estado de Guanajuato, consistente en declaraciones presentadas, estados de cuenta bancarios de las cuentas números 60-50154002-2 de Banco Santander Mexicano, S.A. y 5000666-9 de Bancomer, abiertas a nombre del contribuyente visitado y proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios número DEGTO/2059/98, de fecha siete de octubre de 1998 y DEGTO/2128/98, de fecha 12 de octubre de 1998, respectivamente, en atención al oficio de solicitud de información y documentación número 324-SAT-R6-L52-05 A-13987 de fecha 18 de septiembre de 1998, así como a la información y documentación proporcionada por el contribuyente visitado mediante escritos de fechas 24 de septiembre de 1998, 9 de diciembre de 1998, 17 de febrero de 1999 y 14 de junio de 1999, presentados en atención a los oficios de solicitud de información y documentación números 324-SAT-R6-L52-05 A-14052, 324-SAT-R6-L52-05 A-16027, 324-SAT-R6-L52-05 A-2298 y 324-SAT-R6-L52-05 A-11629, girados ... a nombre del contribuyente visitado los días 22 de septiembre de 1998, 24 de noviembre de 1998, 26 de enero de 1999 y 3 de junio de 1999, así como a la información y documentación aportada por el contribuyente visitado como anexos del escrito de fecha 21 de enero de 2000, así como a los recibos de arrendamiento proporcionados el día 19 de marzo de 2002, fecha de inicio de la visita domiciliaria que nos ocupa y en virtud de no haber proporcionado documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos consignados en la última acta parcial. ...’. Esto es, sí se establece en el acta final, cuáles son los documentos e información de donde provienen los hechos y omisiones encontrados por los visitadores; sin embargo, esto no constituye una circunstanciación adecuada del acta de visita, porque no se consignaron, en el acta de inicio o actas parciales, las incidencias de las que derivaron los requerimientos de informes y documentación, tanto al contribuyente como a terceros -Comisión Nacional Bancaria y de Valores-, a que hace mención la autoridad en su acta final, por lo que no se justifica cómo es que los visitadores llegaron al conocimiento de irregularidades relacionadas con dichos documentos, ya que no se consignaron en el acta parcial respectiva y, por ende, no se justifica la continuidad en el procedimiento de la visita domiciliaria, en detrimento a la garantía de seguridad jurídica del contribuyente visitado. Lo anterior, por el simple hecho de que la orden de visita, con la que se inició el procedimiento fiscalizador, se emitió en fecha dieciocho de marzo de dos mil dos, mientras que los diversos requerimientos formulados al contribuyente y a terceros, respecto de documentación e información relacionados con el objeto de la visita y que fueron los que tomó en cuenta la autoridad administrativa como parte de la circunstanciación del acta final, tienen una data anterior al inicio de ese procedimiento (mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve), lo que hace deficiente su motivación, porque para ello, la autoridad administrativa tomó en cuenta actuaciones, requerimientos y documentos que se formularon y exhibieron en un procedimiento de visita domiciliaria anterior, el cual fue dejado sin efectos por virtud de la revocación del procedimiento, hasta la emisión de la orden de visita. En tal virtud, toda vez que la autoridad hacendaria motivó su resolución determinante del crédito, en las irregularidades consignadas en el acta final de visita, la que a su vez, se apoyó en documentos e informes respecto de hechos y omisiones que no se consignaron en ninguna acta parcial, sino por el contrario, tienen su origen en requerimientos hechos al contribuyente y a terceros en un procedimiento que fue dejado sin efectos por virtud de lo resuelto en un recurso de revocación; ello entraña la ilegalidad de la resolución controvertida, por lo que la determinación de la Sala Fiscal que así lo consideró, se ajusta a derecho. Tampoco tiene razón la autoridad recurrente en lo aseverado como agravio, en la parte condensada en segundo término, porque contra lo que señala, el efecto de la revocación de la resolución determinante del crédito, por vicios de la orden de visita, acarrea que todo lo actuado en relación con ese procedimiento de visita domiciliaria queda insubsistente. El artículo 133 del Código Fiscal de la Federación, establece: (se transcribe). En la especie, se advierte que la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto en contra de la primera resolución determinante de crédito a cargo del contribuyente visitado se ubica en lo dispuesto en las fracciones III y IV de dicho numeral, en la medida en que dejó sin efecto el acto impugnado, y atento a lo considerado por la autoridad, también ordenó la reposición del procedimiento administrativo, en cuanto a que se dejó insubsistente la orden de visita por vicios de forma. En efecto, como consta en oficio número 325-SAT-R6-L52-04 A-9608, de fecha doce de julio de dos mil, la autoridad administrativa revocó la resolución determinante de créditos a cargo del contribuyente visitado, por virtud de que la orden de visita de siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, contenida en el oficio número 324-SAT-R6-L52-02 A-11970, estaba indebidamente fundada y motivada, al no precisar el fundamento del apercibimiento que se contiene en la misma y por ende, resolvió dejar sin efecto la resolución recurrida y a salvo las facultades de la autoridad competente para que si lo estimaba conveniente, emitiera una nueva orden de visita. El efecto de lo resuelto en el citado recurso de revocación implica que todo lo actuado con motivo del procedimiento de visita domiciliaria, desde la orden hasta la resolución determinante del crédito, queda insubsistente y esta insubsistencia implica una cesación de efectos, a fin de restituir al contribuyente visitado al estado de cosas que existía antes de que se hubiera emitido la orden viciada; por ende, conlleva también la inexistencia de los hechos consignados en las actas parciales así como los actos derivados y vinculados con esos hechos, como son los requerimientos de información y documentos, formulados tanto al contribuyente como a terceros. Esto, sin perjuicio de que se vuelva a emitir una nueva orden y a iniciar un nuevo procedimiento de visita domiciliaria, porque la revocación incide en las facultades discrecionales de la autoridad fiscalizadora, quien en ejercicio de esa facultad, puede o no volver a emitir ese acto, según lo estime conveniente. Ahora bien, si en ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobación, la autoridad demandada emitió nueva orden de visita, se entiende que debe desarrollarse de nuevo por todas sus fases y cumpliendo de nueva cuentas (sic) todas las formalidades inherentes a este acto, emitiendo asimismo todos los requerimientos y solicitudes de información a quien resulte, según los hechos que se asienten en las actas y que sean conocidos por los visitadores, durante el desarrollo y verificación de esa nueva visita, puesto que no puede partir de la preexistencia y conocimiento de omisiones que se derivaron del anterior procedimiento, por el hecho de que éste quedó insubsistente. Por tanto, no puede prevalerse la autoridad hacendaria, al emitir una resolución determinante de créditos, en documentos e información que conoció como resultado de una visita anterior que se declaró insubsistente, pues independientemente de que esa insubsistencia obedezca a vicios de forma de la orden de visita, lo relevante es que ello conlleva la reposición del procedimiento, pues la consecuencia de ese vicio formal es dejar sin efectos la orden respectiva y las actuaciones que de ella se deriven. En el caso concreto, se advierte que con motivo del primer procedimiento de visita domiciliaria, conforme a lo asentado en el acta parcial de inicio, acta de traslado de documentos así como los diversos requerimientos que se formularon al contribuyente visitado; todos ellos obedecieron a los hechos y omisiones conocidos por los visitadores con motivo de la revisión practicada al amparo de la orden de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Así se desprende de los hechos consignados en las referidas actas levantadas con motivo del primer procedimiento de visita, en las que se hace constar que la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficios números DEGTO/2059/98 de fecha siete de octubre de 1998 y DEGTO/2128/98 de doce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se obtuvo en respuesta a una solicitud que se le formuló para corroborar lo manifestado por el visitante, en virtud a que se requirió por oficio al contribuyente y éste señaló expresamente, por escrito, que no contaba con cuentas ni inversiones; así como también, se atendió a la documentación proporcionada por el propio contribuyente, en respuesta a los diversos requerimientos que se le formularon por virtud de la visita domiciliaria que se le estaba practicando; esto es, el origen y la razón por la que la autoridad fiscalizadora contaba con dicha información, está directamente vinculada con los hechos y omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales levantadas durante el desarrollo de la primera visita domiciliaria. Ese actuar de la autoridad demandada resulta ilegal, en cuenta a que no podía valerse de los documentos e información que obtuvo con motivo del desarrollo de un primer procedimiento, porque el acto que justifica su tenencia, esto es, el requerimiento de informes y documentos, ha quedado insubsistente por virtud de la reposición del procedimiento; sin que esto implique la nulidad del contenido de tales documentos, sino el hecho de que, por certeza y seguridad jurídica para el visitado, la autoridad debe de nueva cuenta ejercer sus atribuciones revisoras y formular los requerimientos procedentes durante el curso de la visita, independientemente de que la información que obtenga necesariamente deba ser similar. Al respecto, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1147, del Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCAL NO PUEDE EMITIR UNA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA BASÁNDOSE EN DATOS OBTENIDOS DE UN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA ANTERIOR, RESPECTO DEL CUAL EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARÓ SU NULIDAD LISA Y LLANA.’ (se transcribe). Lo anterior se robustece, con lo dispuesto en el artículo 133-A del citado ordenamiento tributario, en el que se establece: (se transcribe). Conforme al citado artículo 133 A, fracción I, inciso a), se sigue que si la resolución dictada en el recurso de revocación, deja sin efecto el acto impugnado y conlleva la reposición del procedimiento, cuando sea necesario solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o la realización del acto correspondiente y aquel en el que se proporcione dicha información, dentro del plazo de cuatro meses que tiene para cumplir con su determinación. De este precepto se sigue que se establece una interrupción al término legal para el cumplimiento de lo resuelto en la revocación, a fin de dar tiempo a la autoridad para requerir a terceros la información que estime conducente. En esta tesitura, no resulta óbice para que la autoridad fiscalizadora emita nuevos requerimientos de información en el procedimiento de visita, el hecho de que la información que proporcionen deba ser necesariamente igual a aquella que obtuvo en un procedimiento que se dejó insubsistente por la revocación, ya que la ley le concede una prórroga en el término el término (sic) para su cumplimiento y además, debe hacerlo constar en las actas parciales, no solamente en la final, a fin de cumplir con la circunstanciación que le exige el numeral 46 del código tributario y en respeto a la garantía de seguridad jurídica del contribuyente visitado. Por otra parte, es igualmente infundado lo aducido por la recurrente en su agravio primero, en la parte que se resumió en el punto tres, porque, contra lo aseverado, no se advierte en el nuevo procedimiento de visita domiciliaria que la autoridad hubiera realizado de nueva cuenta todas las actuaciones necesarias para conocer los hechos y omisiones a que se refiere en los oficios y documentos que datan de los años mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve y que sí invoca en el acta final y en la resolución determinante del crédito, pues si bien es cierto, consta en el acta parcial de inicio, que el diecinueve de marzo de dos mil dos se constituyeron los visitadores en el domicilio fiscal del visitado, únicamente se formuló un requerimiento de documentación al contribuyente, en oficio 324-SAT-11-I-05 A-07891, de fecha cinco de septiembre de dos mil dos, en el que se le solicitó exhibiera los cheques expedidos a su favor por Servicio Panamericano de Protección y copia del contrato de arrendamiento celebrado con Bimbo del Centro, así como indicara la cuenta bancaria donde se depositó el importe del arrendamiento; y en relación con información solicitada a terceros, específicamente, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente consta que se solicitó por oficio número 324-SAT-11-I-05 A-07784, de veintiséis de agosto de dos mil dos, copias legibles del anverso y reverso de los cheques expedidos por Servicio Panamericano de Protección, a favor del visitado. En consecuencia, no es cierto que la autoridad hacendaria hubiera desplegado de nueva cuenta todos los actos de los que derivaron los hechos y omisiones consignados en el acta final, pues de ninguna manera justifica el cómo fue que obtuvo la información que le fue proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la diversa documentación que alude, le fue proporcionada por el contribuyente, ya que no está respaldada en ningún hecho circunstanciado en las actas de visita levantadas durante el desarrollo del procedimiento. Como agravio segundo, señala la recurrente que la autoridad fiscal transgredió lo dispuesto en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y 190 de la Ley de Amparo, porque aplicó indebidamente las tesis y jurisprudencias que invoca en su sentencia. No le asiste razón jurídica en lo anterior, toda vez que la cita de tesis aisladas del propio tribunal le está permitida y le es obligatoria, conforme a lo dispuesto en los artículos 259 a 263 del Código Fiscal de la Federación, además de que, se advierte del contenido textual de los criterios invocados, que cobran aplicación en lo conducente al caso concreto, por virtud de que son coincidentes con el criterio sostenido por la Sala Fiscal, en el sentido de que, declara (sic) la insubsistencia de la orden de visita, ello conlleva la insubsistencia de todo lo actuado con posterioridad, incluidos los documentos que se aportaron y allegaron al procedimiento de visita. Finalmente, en el agravio tercero, aduce la autoridad inconforme que la Sala Fiscal interpretó de manera equivocada lo dispuesto en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, pues este numeral permite que las autoridades fiscales motiven sus actos conforme a los hechos que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales y que por ello, la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede ser utilizada por la autoridad fiscal. Es infundado lo anterior. El citado numeral 63 del código tributario señala: (se transcribe). De dicho numeral se sigue que la autoridad fiscal podrá motivar sus resoluciones, en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades revisoras, o que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder. En la especie, si bien es cierto existe un expediente a nombre del contribuyente visitado, por el simple hecho de que éste cumplía con su obligación de presentar las declaraciones de impuestos que le corresponden; sin embargo, la información que proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no es de aquella que debe constar en el expediente, sino que la autoridad la conoció y obra en su poder con motivo del ejercicio de sus facultades revisoras, pues la requirió al encontrar anomalías y omisiones dentro del procedimiento de visita domiciliaria que en una primera oportunidad practicó a Javier Reyes Páramo y se solicitó a fin de corroborar la información por éste proporcionada, pero siempre vinculada a ese procedimiento de visita. Consecuentemente, si lo actuado en dicho procedimiento se declaró insubsistente, no se justifica entonces que la autoridad la tenga en su poder, porque deriva de un requerimiento ilegal de la autoridad y, por ello, debió de nueva cuenta requerirla dentro del nuevo procedimiento. Luego, la consideración de la Sala Fiscal, al estimar que la autoridad no puede hacer válida dicha información, porque para ello debió imperar la legalidad de los oficios y escritos que obran en el expediente de la autoridad por el que la requirió, lo que no aconteció en la especie; se ajusta a derecho. En tales condiciones, al resultar infundadas las manifestaciones de disenso contenidas en los agravios propuestos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito estableció, en la revisión fiscal 55/2002, lo que se transcribe a continuación:
"QUINTO. Es esencialmente fundado el concepto de agravio esgrimido por la autoridad recurrente, quien afirma que el Tribunal Federal de lo Contencioso Fiscal y Administrativo aplicó incorrectamente los artículos 42, fracción III y 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, al declarar la nulidad de la resolución determinativa del crédito fiscal número 324-SAT-03-7328 de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, que la autoridad inconforme impuso al actor José Santiago Cárdenas García; pues como lo sostiene la autoridad impugnante, contrariamente a lo considerado por el tribunal a quo, no es acertado que se hayan violado en perjuicio del accionante los dispositivos legales precisados bajo el argumento de que la resolución liquidatoria del crédito estaba soportada, en opinión del órgano jurisdiccional de primer grado, en una actuación que carece de eficacia jurídica. Del examen de la sentencia recurrida se aprecia que el tribunal a quo para resolver en la forma como lo hizo partió de la premisa de que las actuaciones de un procedimiento de fiscalización declarado insubsistente, así como los documentos presentados en el mismo, no pueden ser sustento en una nueva auditoría que se practique al visitado, pues en el caso concreto se establece en la sentencia recurrida, que fue incorrecto que en el acta final de visita de diecisiete de abril de dos mil uno se haya asentado la información que la autoridad fiscal recabó de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que los datos proporcionados por esa entidad gubernativa fueron los mismos que se destacaron en el acta final de visita de un anterior procedimiento de fiscalización cuyas actuaciones habían quedado insubsistentes a partir del acta parcial de inicio, por el hecho de que los visitadores no se identificaron debidamente. En específico, el juzgador a quo consideró que se violaron los invocados preceptos legales en perjuicio del visitado porque no se ejercieron de nueva cuenta las facultades comprobatorias que la autoridad fiscal debía practicar, a raíz de la reposición del procedimiento que ordenó la Administración Local Jurídica de Irapuato, a partir de aquel momento en que los visitadores omitieron identificarse debidamente, pues estimó que el acta final de fecha diecisiete de abril de dos mil uno ‘casi es una reproducción de la diversa acta final del 30 de noviembre de 1998’. Tales consideraciones de la Sala resolutora no se encuentran ajustadas a derecho. Antes de exponer las razones jurídicas de por qué no son acertadas las consideraciones de la Sala, es pertinente precisar que no es exacto que la autoridad fiscalizadora haya reproducido el acta final de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que a su vez levantó con fecha diecisiete de abril de dos mil uno, pues el hecho de que los visitadores se hayan constituido en el domicilio del contribuyente en la fecha primeramente citada (el diecisiete de abril de dos mil uno), para levantar el acta final en la que se circunstanciaron los hechos y omisiones que ahí se contienen revela por sí mismo que se trata de una nueva actuación y la circunstancia de que exista coincidencia en algunos de los datos que arrojó la misma con los que se asentaron en la diversa acta final de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho que fue declarada insubsistente, no significa que la resolución liquidatoria se esté fundando en dicha acta, pues la simple diferencia temporal demuestra lo contrario; de ahí que su invalidación no puede ser sustentada en la semejanza que pueda tener con el acta que fue declarada insubsistente, sino en todo caso de las pruebas que en su contra puedan aportarse para demostrar que algún hecho en ella asentado no se ajusta a la realidad. Precisado lo anterior, se procede a establecer que tal y como lo aduce la autoridad recurrente fue ilegal que se declarara la nulidad de la resolución liquidatoria del crédito fiscal impuesto al actor, bajo el argumento de que la información que le proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la autoridad fiscal, respecto del estado que guardan algunas cuentas bancarias de las que se aprecian presuntos ingresos del contribuyente José Santiago Cárdenas García, no debía ser tomada en cuenta en el fincamiento del crédito por haber sido una información que se obtuvo del acta final de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, misma que fue declarada insubsistente en la resolución que dictó la Administración Local Jurídica de Ingresos de Irapuato, al resolver el recurso de revocación que interpuso el actor en contra de una anterior resolución liquidatoria, pues esa consideración de la Sala emisora del fallo recurrido no se ajusta a derecho por las razones siguientes. Del examen a los artículos 16 de la Constitución Federal, 38, 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación se desprende que para la práctica de una visita domiciliaria deben observarse las siguientes formalidades: 1) Debe existir una orden de visita emitida por autoridad competente para ello, la que deberá reunir los siguientes requisitos: a) Constar por escrito; b) Señalar el nombre de la persona con quien se ha de efectuar la visita; c) El domicilio en que deba practicarse; d) El objeto de la misma; e) El nombre de las personas autorizadas para la práctica de la visita; y, f) Que esté debidamente fundada y motivada. Asimismo, durante el desarrollo de la visita los auditores deben levantar actas parciales en las que en forma circunstanciada señalen los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de que tengan conocimiento durante el desarrollo de la visita, como pueden ser entre otros casos, los que entrañan el incumplimiento de las disposiciones fiscales, la sustitución de testigos propuestos inicialmente, los hechos u omisiones de terceros, el aseguramiento de la contabilidad del contribuyente, la naturaleza y características de la información consultada, etcétera. De tales preceptos también se advierte que en la última acta parcial se hará constar la circunstancia y entre ésta y el acta final deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente puede presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en las actas parciales, o bien puede optar por corregir su situación fiscal. Si al levantarse el acta final no estuviere presente el visitado o su representante se le dejará citatorio para que esté presente a determinada hora del día siguiente; si no se presentare, se levantará ante quien esté presente en el domicilio visitado. El acta final deberá ser firmada por cualquiera de los auditores que haya practicado la diligencia, así como por el visitado o con qui
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19197-6b49201f/visita-domiciliaria-los-documentos-e-informes-obtenidos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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