PROCEDIMIENTO AGRARIO. DEBE SUSPENDERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA, CUANDO AL CELEBRARSE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS, UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRA ASESORADA Y LA OTRA NO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 199/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. Carece de legitimación el denunciante de la presente contradicción de tesis.
La denuncia fue formulada por el Magistrado Ricardo García Villalobos Gálvez, presidente del Tribunal Superior Agrario, con el carácter de representante legal de los Tribunales Unitarios Agrarios de los Distritos 25, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí y 29, con sede Hermosillo, Sonora, invocando como fundamento legal de su personalidad los artículos 11, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 28 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.
Los preceptos invocados son, respectivamente, del tenor siguiente:
"Artículo 11. Corresponde al presidente del Tribunal Superior Agrario:
"...
"VII. Llevar la representación del Tribunal."
"Artículo 28. El presidente tiene la representación legal de los tribunales agrarios y podrá delegarla en los servidores que acuerde el Tribunal Superior. El presidente podrá asistir con la representación del Tribunal Superior a las ceremonias y actos a los que este sea invitado, o delegarla en uno de los Magistrados."
El promovente manifestó que acudía en representación de los Tribunales Unitarios Agrarios del Distrito 25 con sede en la ciudad de San Luis Potosí y del Distrito 29 con residencia en Hermosillo, Sonora, que figuraron como autoridades responsables, respectivamente, en los juicios de amparo 84/2005 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y 271/93 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.
Al caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. ..."
Como puede verse, el anterior precepto otorga legitimación para denunciar la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, a los Ministros de este Alto Tribunal, al procurador general de la República, a los Magistrados de los referidos tribunales y a éstos, así como a las partes, quedando incluidas entre estas últimas, desde luego, a las autoridades responsables, en términos de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
Lo anterior se corrobora con la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva." (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, tesis 1a. LV/2005, página 295).
Ahora bien, el artículo 19 de la Ley de Amparo dispone: "Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo ...".
Con base en los anteriores elementos y disposiciones legales debe concluirse que si bien los Tribunales Unitarios Agrarios, en su calidad de autoridades responsables, sí se encuentran legitimados para denunciar la posible contradicción de tesis, dicha legitimación no alcanza al presidente del Tribunal Superior Agrario, en virtud de que en el derecho de amparo, dentro del cual se encuentra el proceso de integración de la jurisprudencia, no cabe la representación de las autoridades responsables, en términos del invocado artículo 19 de la ley de la materia.
Por tanto, con fundamento en los artículos 197-A y el precitado 19, ambos de la Ley de Amparo, el promovente no tiene legitimación para formular la denuncia que originó la presente contradicción de tesis.
No obstante lo anterior y en pos de la seguridad jurídica que tutela la institución de la contradicción de tesis, al dilucidarse cuál es el criterio que debe prevalecer cuando dos o más Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado criterios que se estiman opuestos o divergentes, el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ponente en el presente asunto, hace suya la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, a fin de que la Segunda Sala de este Alto Tribunal efectúe el pronunciamiento que corresponda.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas por los órganos colegiados que participan en la presente contradicción de tesis.
El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí, al resolver el juicio de amparo directo número 84/2005, promovido por Héctor Leyva Leyva y otros, en lo conducente, determinó:
"SEXTO. Es innecesario el estudio de los conceptos de violación, porque supliendo la falta de los mismos sobre el particular, de conformidad con los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, en el caso se aprecia una violación a normas esenciales que rigen el procedimiento del juicio agrario, que dejó sin defensa a la parte quejosa, por las razones que enseguida se precisan.
"Para una mejor ilustración del asunto, se considera pertinente citar los antecedentes más relevantes del mismo, como sigue:
"Mediante escrito presentado el once de diciembre de dos mil tres ante el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito (fojas 1 a 16 del expediente SLP 915/2003), Héctor Leyva Leyva y las personas que éste representa en el juicio de amparo que ahora se resuelve, demandaron al Ejido Garita de Jalisco, así como a los integrantes de su comisariado ejidal y consejo d de vigilancia, la nulidad (total) del acta de asamblea general de ejidatarios celebrada por parte de ese núcleo de población el veintidós de octubre de dos mil tres en la calle de Basalenque número 1023 de la colonia Viveros de esta ciudad.
"La demanda fue aclarada por la parte actora a través del escrito presentado el quince de enero de dos mil cuatro, en el cual se nombró como representante común al ahora signante del amparo Héctor Leyva Leyva (fojas 29 a 33), por lo que el tribunal responsable la admitió a trámite mediante auto de quince de enero de dos mil cuatro (fojas 38 a 41), en el cual ordenó emplazar a la parte demandada; señalando las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil cuatro para la celebración de la audiencia a que se refiere el numeral 185 de la Ley Agraria.
"Llegada la fecha de celebración de la audiencia (fojas 52 a 55), ésta fue diferida en virtud de que únicamente el representante común de los actores compareció asistido jurídicamente, no así su contraparte, por lo que se fijaron las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil cuatro para su celebración.
"Fecha esta última en la que el representante común de la parte actora y los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del ejido demandado acudieron asesorados jurídicamente, por lo que se procedió al desahogo de la audiencia (fojas 58 a 64), pero como la parte demandada reconvino a la actora en los términos del escrito respectivo (fojas 141 a 145), el expresado representante común solicitó el diferimiento de la diligencia, por lo que la misma fue aplazada para las trece horas del diecisiete de marzo de dos mil cuatro.
"En esta última data comparecieron el representante común de la parte actora y los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del núcleo de población demandado (ambas partes con sus respectivos asesores jurídicos), pero debido a que en ese momento no se contaba con los autos del expediente agrario, en virtud de que se había remitido como informe justificado al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con motivo del juicio de amparo indirecto 210/2004-V, promovido por uno de los integrantes de dicho consejo que alegó la falta de emplazamiento al juicio agrario, se hizo saber a los litigantes que cuando se recibieran los autos del citado expediente se les notificaría la reanudación de la audiencia (fojas 208 y 209).
"Mediante acuerdo de veinte de agosto de dos mil cuatro (foja 183), en virtud de que causó ejecutoria la sentencia de sobreseimiento dictada en el citado juicio de garantías y como fueron devueltos los autos del expediente agrario al tribunal responsable, se fijaron las once horas treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil cuatro para llevar a cabo la audiencia de ley, notificándose personalmente ese proveído a las partes.
"Una vez llegada la fecha programada Héctor Leyva Leyva, representante común de la parte actora, acudió a la audiencia sin asesor legal, en tanto que los integrantes del comisariado ejidal y consejo de vigilancia del ejido demandado comparecieron junto con su asesora jurídica; motivo por el cual, en el momento en que se dio el uso de la voz al primero de los nombrados para que contestara la demanda reconvencional, expuso lo siguiente:
"‘En la audiencia de hoy señalada a las once treinta horas del veintiuno de septiembre, presenté una promoción designando como nuevo abogado al licenciado Rogelio Medina Murillo, por lo cual no está presente y solicito a este H. Tribunal el diferimiento de esta audiencia por no poder estar sin asesoramiento en esta audiencia. Siendo todo lo que tengo que manifestar.’ (foja 187).
"Con dicha manifestación se dio vista a la parte demandada, la que a través de su asesor jurídico expresó lo siguiente:
"‘Que en este momento manifestamos que no estamos de acuerdo en que se suspenda la audiencia por motivos de que el abogado de la parte actora no se encuentra presente, toda vez que la audiencia en la que se comparece no es la primera ni el actor goza de las prerrogativas legales para la suspensión o diferimiento de la audiencia, esto aunado a que en diversos acuerdos que obran en autos se desprende claramente que la continuidad de la audiencia se dará con la presencia de o sin la presencia de un abogado, por lo que solicitamos se dé continuidad de la presente diligencia, apegados al principio de celeridad en la cual se basan los tribunales agrarios. Siendo todo lo que tenemos que manifestar.’ (foja 187).
"A continuación, el tribunal responsable acordó lo siguiente:
"‘PRIMERO. Vistas las manifestaciones de las partes, queda advertido de autos que de la demanda inicial aparece que los actores del juicio contaban con asistencia jurídica lo cual quedó corroborado en la audiencia inicial celebrada con fecha veinticuatro de febrero del año en curso y que para el día de hoy queda acreditado que cuenta con abogado, según se demuestra con la promoción que el representante común presentó para esta diligencia, lo cual conlleva a precisar además que se encuentra en igualdad de condiciones con la parte contraria y como consecuencia no está en el supuesto que establece el artículo 179 de la Ley Agraria para que en este caso se suspenda la audiencia por no contar con abogado, siendo que está demostrado de autos que desde el escrito inicial de demanda, contaban con asesor jurídico, el cual compareció a las audiencias de dieciséis y veinticuatro de febrero de dos mil cuatro; siendo aplicable al caso el siguiente criterio jurisprudencial: «PROCEDIMIENTO AGRARIO, ASESORAMIENTO EN EL. ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR.» (se transcribe) (se citaron los datos de localización de dicha tesis aislada) ... «AGRARIO. FALTA DE COMPARECENCIA DEL ASESOR JURÍDICO DE UNA DE LAS PARTES EN UNA DETERMINADA DILIGENCIA, NO HA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO, CONFORME AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA» (se transcribe) (se citaron los datos de localización de dicha tesis aislada) ... "‘Como consecuencia de lo anterior, se ordena el seguimiento de la audiencia concediéndole el uso de la voz a la parte demandada en lo reconvencional para que dé contestación a la misma, ofreciendo los medios de prueba que a su interés y defensa convengan ...’ (fojas 188 y 189).
"Acto seguido, en uso de la voz, Héctor Leyva Leyva manifestó lo siguiente:
"‘Referente a la reconvención planteada por la parte demandada, objeto cada una de las partes de las acciones que en ella contienen. Siendo todo lo que tengo que manifestar’ (foja 189).
"Posteriormente, durante la misma audiencia, se llevó a cabo la fase conciliatoria, en la que las partes no lograron una amigable composición, procediéndose a la admisión de las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas por la parte actora en su escrito de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro, así como a la admisión de las pruebas documentales, instrumental de actuaciones, presuncional, confesional y testimonial propuestas por los demandados en su escrito de reconvención; hecho lo anterior, se desahogaron la prueba confesional con cargo al representante común de la parte actora y la testimonial ofrecida por su contraparte; pasándose a la fase de alegatos, en la cual Héctor Leyva Leyva manifestó que no era su deseo formularlos, en tanto que la asesor jurídico de los demandados formuló las conclusiones que estimó pertinentes; y por último, se decretó que en virtud de haberse agotado la fase de instrucción, se turnaran los autos a la secretaria de Estudio y Cuenta para que se emitiera la sentencia definitiva correspondiente.
"Dicha sentencia, ahora reclamada, se dictó el ocho de noviembre de dos mil cuatro (fojas 869 a 901), en la cual, por una parte, se declaró la nulidad parcial de la asamblea impugnada, en virtud de que la persona nombrada en ella como tesorero suplente del comisariado ejidal, Martín Bravo Mares, no cumplió todos los requisitos legales para ser electo como tal; y por otra parte, se decretó la procedencia de la reconvención para que Héctor Leyva Leyva y sus representados respetaran los acuerdos tomados en esa asamblea, con la salvedad del asunto concerniente a Martín Bravo Mares.
"Ahora bien, se sostiene que se violaron las normas esenciales del procedimiento que rigen el juicio agrario, pues al emitirse el transcrito acuerdo, en el cual se determinó que no había lugar a suspender la audiencia por haber asistido a la misma la parte actora sin asesoría legal, se transgredió lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Agraria el cual establece lo siguiente:
"‘Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento.’
"Precepto de cuya lectura se desprende, en principio, que será optativo para las partes acudir asesoradas, pero que en caso de que una de ellas esté asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se pedirán de inmediato los servicios de un abogado de la Procuraduría Agraria, quien tendrá cinco días para enterarse del negocio, contados a partir de la data en que se apersone al juicio agrario.
"Es decir, tal dispositivo prevé el respeto a la garantía de igualdad, prevista por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y recoge la garantía de defensa que a favor de la clase campesina contempla la fracción XIX del numeral 27 la propia Ley Suprema, en el sentido de que ‘El Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.’.
"Por tanto, son incorrectos los razonamientos que sustentan ese acuerdo, pues la circunstancia de que la parte actora contara con abogados desde el momento en que presentó su demanda, así como de que éstos hayan comparecido a las audiencias celebradas previamente a la de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, no quiere decir que en esta última se encontrara asesorado legalmente, cuando a la misma no compareció ninguno de sus defensores.
"De ahí que el proveído de mérito se aparta de lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Federal y 179 de la Ley Agraria, ya que en acatamiento a lo que sin excepción alguna ordena este último dispositivo, el tribunal responsable debió, ante la petición de la parte actora, suspender el procedimiento y solicitar de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, dándole a éste, para enterarse del asunto, un plazo de cinco días, contados a partir de la fecha en que se apersonase al procedimiento; ello a fin de no dejar a la parte aquí quejosa en estado de indefensión y desigualdad jurídica.
"Sin que sea óbice para estimarlo así, el contenido de las tesis aisladas invocadas por el tribunal responsable, pues si bien es cierto que el artículo 17 constitucional establece la garantía de pronta y expedita impartición de la justicia, también lo es que al prever el citado numeral 27, fracción XIX, de la Ley Fundamental del país la garantía específica de defensa de los campesinos en los juicios agrarios, recogida por el normativo 179 de la Ley Agraria, resulta evidente que a efecto de que ninguno de los contendientes quede en estado de indefensión y desigualdad por sólo haber acudido asesorado legalmente uno de los litigantes a la audiencia, es que ha de respetarse el texto íntegro de la citada disposición legal, el cual no contempla el caso de excepción hecho valer por la autoridad responsable y en las tesis aisladas que citó como apoyo de su determinación; de ahí que, so pretexto de dar celeridad al juicio, no debe soslayarse la inequidad procesal que provoca la anotada circunstancia y, por ende, la consecuente indefensión de la parte que durante la audiencia se encuentra en desventaja frente a aquella que sí comparece a la misma con abogado.
"Desigualdad e indefensión que se ponen de manifiesto con la lectura del acta de audiencia en cuestión en la que se advierte que Héctor Leyva Leyva, al contestar la reconvención, se limitó a decir que objetaba ‘cada una de las partes de las acciones que en ella contienen’, sin ofrecer pruebas que apoyaran su contestación (las ofrecidas en el escrito de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro sólo tenían relación con la acción principal); como también se aprecia que de las dos repreguntas que hizo al testigo Juan Ortiz Martínez y de las tres que formuló al testigo José Ortiz Velázquez, solamente le fueron calificadas de procedentes la primera de las repreguntas que planteó a cada uno de ellos; y además se observa que en la fase de alegatos no formuló ninguno.
"Deficiencias las aquí anotadas que se explican por la circunstancia de que el representante común de la parte actora no estuvo asesorado jurídicamente en el momento de la audiencia, lo cual trascendió al resultado del fallo reclamado, pues en éste se valoraron a favor de la parte ahora tercero perjudicada los testimonios de que se trata, además de que la acción principal sólo se declaró procedente en parte, en tanto que la reconvención sí procedió con la salvedad del asunto relativo a Martín Bravo Mares.
"Violación procesal que se ubica en la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo por ser análoga a la prevista por la fracción II de dicho precepto, el cual dispone que ‘En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate.’.
"En consecuencia, resulta evidente que se conculcaron en perjuicio de los agraviados las garantías de igualdad, defensa, legalidad y seguridad jurídicas previstas por los artículos 1o., 27, fracción XIX, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se impone otorgarles el amparo, para restituirlos en el pleno goce de dichas garantías individuales que se le vulneraron, tal como lo dispone el numeral 80 de la Ley de Amparo.
"Sirven de apoyo en la especie, las tesis aisladas sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicadas respectivamente, con los números IV.2o.A.107 A, III.1o.A.22 A, II.2o.P.A.24 A y VI.2o.13 A, en la página 2304 del Tomo XX, octubre de 2004, página 770 del Tomo III, junio de 1996, página 710 del Tomo III, mayo de 1996, y página 661 del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dicen:
"‘AGRARIO. ES ILEGAL PREVENIR A LOS CAMPESINOS DE TENERLES POR PERDIDO EL DERECHO DE ESTAR LEGAL Y TÉCNICAMENTE ASESORADOS EN EL JUICIO.’ (se transcribe).
"‘AGRARIO, VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO. LA CONSTITUYE EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA SIN ASESORÍA JURÍDICA DE UNA DE LAS PARTES, SI ADEMÁS EL FALLO RECLAMADO SE APOYA, ENTRE OTROS ELEMENTOS, EN TAL PROBANZA.’ (se transcribe).
"‘TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. VIOLA EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA AL NO SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO SÓLO UNA DE LAS PARTES ACUDE ASESORADA.’ (se transcribe).
"‘TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. CUANDO SE PERCATA QUE UNA DE LAS PARTES NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EL JUICIO. (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA).’ (se transcribe).
"También son aplicables al caso, las tesis aisladas sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultables respectivamente, en la página 471 del Tomo XV-II, febrero de 1995, página 423 del Tomo XIV, septiembre de 1994, y página 630 del Tomo XIII, junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubros y textos son los siguientes:
"‘PROCEDIMIENTO AGRARIO SUSPENSIÓN DEL, CUANDO UNA DE LAS PARTES NO CUENTA CON LA ASESORÍA LEGAL.’ (se transcribe).
"‘REPRESENTANTE LEGAL. FALTA DE. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe).
"‘PROCEDIMIENTO AGRARIO. AUDIENCIA. DEBE SUSPENDERSE CUANDO UNA DE LAS PARTES SE ENCUENTRE ASESORADA Y LA OTRA NO (ARTÍCULO 179 DE LA LEY AGRARIA).’ (se transcribe).
"Bajo esa perspectiva, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar ordene la reposición del procedimiento en el juicio de origen, a partir de la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, a fin de que se celebre la misma respetando lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley de Agraria, el cual deberá aplicarse de la manera que se indica en el presente fallo protector, y una vez que se lleven a cabo los trámites legales correspondientes, emita con plenitud de jurisdicción la nueva sentencia que en derecho proceda."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, al fallar el amparo directo 271/93, interpuesto por Samuel Hernández de la Cruz, sostuvo:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.
"En efecto, de las constancias que integran el expediente agrario del cual emana el acto reclamado, se desprende que mediante escrito presentado el trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, ante la comisión agraria mixta, César Pereyra Ramírez promovió juicio de controversia agraria por conflicto de posesión parcelaria en contra de Samuel Hernández de la Cruz; que mediante oficio número 110776, el secretario de la comisión agraria mixta en el Estado, le señaló al presidente del comisariado ejidal del Poblado Ocuiltzapotlán, Municipio del Centro, Tabasco, que citara a una junta conciliatoria a las partes en dicho expediente, y en caso de no llegar a un arreglo, levantara acta de inconformidad, en términos de los artículos 434 a 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y que en caso contrario se iniciara el juicio de controversia respectivo; mediante escrito fechado el trece de enero de mil novecientos noventa y dos, el demandante solicitó a la comisión agraria mixta en el Estado, que comisionara personal de esa comisión para levantar el acta de inconformidad, ya que el presidente del comisariado ejidal se negó a hacerlo, argumentando carecer de competencia para ello; a dicha petición recayó acuerdo favorable en la misma fecha, comisionándose al licenciado Carlos Mario Rosas Romero, quien a las once horas del veinte de febrero del año en cita, constituido en compañía de César Pereyra Ramírez, Carmen Rodríguez Marín del consejo de vigilancia, Samuel Hernández de la Cruz y Domingo Méndez Cruz del comisariado ejidal levantó un acta en la cual se asentó que los contendientes no llegaron a ningún acuerdo; en proveído de veintiuno de febrero del mismo año, y ante el resultado del acto anterior se instauró el expediente de posesión, goce y disfrute de unidad de dotación de que se trata; mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, la comisión agraria mixta en el Estado estimó carecer de competencia al haberse emitido nueva legislación agraria. El Tribunal Unitario Agrario, por acuerdo de siete de octubre de mil novecientos noventa y dos, tuvo por recibida las anteriores constancias, y se declaró competente para conocer del citado asunto, ordenando su radicación; por diverso auto de cinco de noviembre del mismo año, declaró nulo todo lo actuado por la comisión agraria mixta y tomando en consideración que la controversia planteada no se encuentra prevista en ninguna de las hipótesis que establece el artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, ordenó subsanar el procedimiento conforme a esta nueva legislación, admitiendo a trámite la demanda y ordenando correr traslado al demandado, asimismo, tuvo por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por el actor, y por autorizados indistintamente de su parte a los licenciados Alcides Mena Gómez y Gabriel Ceballos León; seguida que fue la secuela procesal el dieciocho de febrero del año en curso se dictó la resolución que ahora constituye el acto reclamado, estimando que el actor probó su acción y por tanto resultó procedente condenar a Samuel Hernández de la Cruz a la entrega real y material de las dos hectáreas que se pactaron para usarse por el término de un año.
"Ahora bien, dicha sentencia se encuentra ajustada a derecho, pues efectivamente como se sostiene en la misma, de autos se desprende que César Pereyra Ramírez y Samuel Hernández de la Cruz celebraron un convenio, mediante el cual el primero concedió en uso al demandado, dos hectáreas de su unidad de dotación, quien se obligó a devolver las mismas al término de un año, lo cual no efectuó, lo anterior se evidencia de la documental visible a fojas once, en la cual se hace constar ante el presidente del comisariado ejidal tal acuerdo de voluntades, de la confesión tácita del demandado, al habérsele tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo, de la testimonial desahogada a cargo de Álvaro Reyes Méndez, quien entre otras cosas dijo constarle la celebración del referido convenio y que él lo firmó en su calidad de presidente del comisariado ejidal. Con dichos elementos de prueba, como ya se dijo, César Pereyra Ramírez acreditó ser titular de las dos hectáreas en litigio y por tanto deben serle entregado (sic) en forma real y material, sin que importe en contrario, como correctamente lo sostiene el tribunal responsable, las documentales exhibidas por el demandado, pues si bien es cierto que de éstas se desprende que en la investigación del usufructo parcelario celebrado a las diez horas del veintinueve de enero del año de mil novecientos noventa y dos, (fecha posterior a la solicitud presentada por el demandante ante la comisión agraria mixta, ya que ésta fue recibida el tre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19508-ec016bc5/procedimiento-agrario-debe-suspenderse-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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