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CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 10497/2004, sostuvo:
"CUARTO. Los conceptos de violación que se esgrimen en la demanda de garantías, resultan infundados, por lo siguiente:
"María del Pilar Suárez Pérez, reclamó de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por el despido injustificado del que afirmó fue objeto el catorce de agosto de dos mil uno; asimismo, reclamó el pago de dieciséis horas extras a la semana, correspondientes al último año laborado, que van de las 14:41 a las 17:30 horas diarias, de martes a domingo (f. 1 a 8, 44, 48, 226 y 227).
"Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, negó el despido, bajo el argumento de que lo cierto es que el catorce de agosto del dos mil uno, rescindió el contrato de trabajo por causas atribuibles a la trabajadora, con fundamento en el artículo 47, fracciones II, XI y XV, de la Ley Federal del Trabajo, por haber incurrido durante el desempeño y con motivo de sus funciones, en desobediencia, injurias y malos tratamientos en contra del patrón o del personal directivo o administrativo de la empresa, toda vez que el primero de agosto de ese año, Jaime Díaz Rivero, quien se ostenta como ‘subdirector operación sucursales’ (sic) de la demandada, expresó a la actora las quejas que había recibido de diversas sucursales, vía telefónica y confirmadas por escrito, en el sentido de que salía a fumar en horas de trabajo, dejando de proporcionar a diversos promotores, remesas y/o cotizaciones para comunicárselas a los clientes de la institución, así como haber desatendido un problema que surgió en la sucursal Monterrey, el treinta y uno de julio anterior; que la actora, enterada que fue de las quejas expuestas en su contra, se acercó a otras compañeras manifestándoles en voz alta, para que escuchara el citado Jaime Díaz Rivero, ‘... si a él no le parece que suspendiera sus labores para salirse a fumar, que se fuera a la chingada ...’; por lo cual, se giró un escrito al departamento de relaciones laborales, exponiendo los hechos sucedidos, lo que dio lugar a que se levantaran las actas administrativas de investigación de fecha seis de agosto del dos mil uno, corroborándose los hechos imputados a la trabajadora, por lo cual, aproximadamente a las 10:30 horas del catorce de agosto del dos mil uno, Adriana González Díaz, en su carácter de asesor de relaciones laborales de la demandada, en presencia de Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba, le notificó el aviso de rescisión, el cual le leyó, enteró de su alcance y contenido y se lo entregó a la actora, negándose a firmarlo de recibido, lo cual se hizo constar al reverso del aviso de rescisión y a efecto de dar cumplimiento a la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del término establecido, con fecha veintiuno de agosto del dos mil uno, se solicitó a la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que por su conducto se notificara a la actora el aviso de rescisión, en el expediente paraprocesal PP-42/2001; por otra parte, negó derecho a la actora para reclamar el pago de horas extras, dado que siempre laboró una jornada de 40 horas a la semana, comprendida de las 8:30 a las 14:30, de lunes a viernes de cada semana, con media hora para descansar y tomar alimentos fuera del centro de trabajo, además de que para poder laborar tiempo extraordinario, requería previa orden por escrito de su jefe inmediato o de la persona facultada para ello, tal cual se pactó en la cláusula décima del contrato individual de trabajo (f. 1184, 188 a 224, 227 y 228).
"La Junta responsable, al emitir el laudo, impuso a la demandada la carga de la prueba para acreditar sus excepciones y defensas; analizó las pruebas ofrecidas de su parte y otorgó valor a la testimonial que estuvo a cargo de Adriana González Díaz, Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba (f. 375 a 380), con la que tuvo por demostrado que el catorce de agosto del dos mil uno, se notificó a la actora el aviso de rescisión, negándose a firmarlo, levantando el acta administrativa para hacer constar tal negativa; asimismo, otorgó valor a la documental consistente en el expediente paraprocesal PP-42/2001, radicado ante la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que contiene el escrito del veintiuno de agosto del dos mil uno y el aviso de rescisión del catorce de agosto del mismo año, por anverso y reverso (anexo), con el que tuvo por demostrado que la demandada promovió el paraprocesal en cita, a fin de notificar a la trabajadora la rescisión de la relación laboral; con la prueba de ratificación de contenido y firma del aviso de rescisión mencionado, que estuvo a cargo de José Antonio Díaz Vicente, Adriana González Díaz, Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba (f. 384 a 389), tuvo por demostrado que el catorce de agosto del dos mil uno, se rescindió por escrito el contrato de trabajo de la actora, y que ésta se negó a recibir tal escrito, por lo que en la misma fecha, se levantó el acta en que se hizo constar tal negativa, como fue declarado por los testigos Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba, en la testimonial a su cargo, corroborada con el perfeccionamiento de dicha acta, a través de la ratificación de su contenido y firma que también estuvo a su cargo (f. 384 a 389); con la documental consistente en dos actas administrativas de fecha seis de agosto del dos mil uno (f. 332 y 333), ratificadas en su contenido y firma por sus signantes Miguel Ángel Lozano Michel, Rodrigo Espíritu Santo Raba, Miguel Ángel Tamayo Ríos, Verónica Colín Casasola y Ángeles Acosa (f. 433 a 442), tuvo por demostrados los motivos y causas que dieron lugar a que se diera por terminado el contrato de trabajo de la actora; con lo anterior, concluyó la Junta que la demandada dio cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, al entregar a la actora el aviso de rescisión, quien se negó a recibirlo, por lo cual, promovió el paraprocesal a fin de notificarle la rescisión de la relación laboral, de lo que concluyó la Junta en la inexistencia del despido, por terminada la relación de trabajo en forma justificada, al haber incurrido en desobediencia, injurias y malos tratamientos en contra del patrón o del personal directivo o administrativo de la institución bancaria, como se asentó en las actas administrativas del seis de agosto del dos mil uno, ratificadas por sus signantes y por ello, absolvió a la demandada de la indemnización constitucional y salarios caídos reclamados; por otra parte, en cuanto al tiempo extraordinario, estimó la responsable que en la cláusula décima del contrato individual de trabajo (f. 256 a 257), reconocido por la actora en su contenido y firma en las posiciones 43, 44 y 45 de la confesional a su cargo (f. 256 a 257), donde aceptó que en dicho contrato se estipuló que para el evento de laborar tiempo extraordinario, debía obtener una orden por escrito de su jefe inmediato o del encargado de la oficina, lo que se corrobora con las documentales consistentes en dos autorizaciones para trabajar tiempo extra, de fechas veintiséis de marzo y diecinueve de junio del dos mil uno, signadas por Erika Beatriz Pérez Crivello y Gladys Utl Chan (f. 258 y 259), que fueron perfeccionadas con la ratificación de su contenido y firma, por parte de sus signantes (f. 381 a 383), con la que tuvo por demostrado que en la empresa, para laborar tiempo extra, se requiere autorización por escrito; sin que la demandante lograra demostrar que laboró tiempo extraordinario, dado que la inspección que ofreció al efecto (f. 390), sólo demuestra presuntivamente que a partir del veinticuatro de mayo del dos mil, la actora laboró una jornada comprendida de las 8:00 a las 18:00 horas, de martes a domingo de cada semana y que laboró tiempo extra dentro de esa jornada, de las 14:41 a las 17:30 horas, de martes a domingo de cada semana, presunción que se ve desvirtuada con las pruebas directas antes mencionadas; por lo cual, absolvió a la demandada del tiempo extra reclamado (f. 494 a 509).
"Aduce la quejosa una violación en el procedimiento, que hizo consistir en el hecho de que la Junta responsable, en el acuerdo del diez de julio del dos mil tres, señaló nuevas fechas para la recepción de las pruebas ofrecidas en juicio, no obstante que en proveído del treinta de mayo del mismo año, ya había señalado fechas para su desahogo.
"Es infundado el anterior concepto de violación, en razón de que si bien es cierto que la autoridad responsable, en proveído del treinta de mayo del dos mil tres (f. 344 a 346), admitió las pruebas ofrecidas por las partes del juicio y respecto de aquellas que dada su naturaleza requerían desahogarse, señaló hora y fecha para tal efecto; sin embargo, inconforme con dicho acuerdo, María del Pilar Suárez Pérez, promovió demanda de amparo indirecto (f. 350 a 357), de la que tocó conocer a la Juez Segundo de Distrito en Materia del Trabajo en el Distrito Federal, quien en sentencia del veinticuatro de junio del dos mil tres, emitida en el expediente número PRAL 996/2002, otorgó la protección constitucional a la quejosa, para el efecto de que la responsable dejara insubsistentes todas y cada una de las fechas que señaló para la continuación del procedimiento, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y en su lugar, señalara fechas para el desahogo de las pruebas, dentro del término previsto en los artículos 878, fracción VIII, 880 fracción II, 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo; por considerar que las fechas señaladas para el desahogo de pruebas, excedían en demasía lo dispuesto por la ley (f. 362 a 364); por lo cual, en cumplimiento a la sentencia anterior, la autoridad responsable, dictó el acuerdo del diez de julio del dos mil tres, en el que dejó sin efecto las fechas señaladas para el desahogo de pruebas y señaló otras más cercanas (f. 365 a 367); de lo que se sigue que es inexacto lo alegado por la amparista, en el sentido de que la responsable señaló doblemente días para el desahogo de pruebas, ya que lo cierto es que a virtud de una sentencia de amparo, dejó insubsistentes las fechas primeramente señaladas y dictó un nuevo acuerdo en el que señaló fechas más cercanas para el desahogo de pruebas, por lo que deviene infundado el concepto en estudio.
"Arguye la quejosa una violación en el procedimiento, consistente en que la Junta responsable, en acuerdo del diez de julio del dos mil tres, señaló hora y fecha para la recepción de la ratificación del contenido del acta administrativa del catorce de agosto del dos mil uno, referente a la supuesta negativa de la trabajadora de firmar el aviso de rescisión; ratificación que estuvo a cargo de Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba, diligencia que fue desahogada el siete de agosto del dos mil tres, sin que se haya ofrecido acta administrativa alguna de esa fecha, dado que la demandada sólo ofreció un escrito paraprocesal y un aviso de rescisión (por anverso y reverso), signado exclusivamente por Adriana González Díaz, sin que se advierta que dicho aviso, se encuentre firmado por los ratificantes mencionados, además, de que si bien es cierto que al reverso de dicho documento, aparece un acta fechada el catorce de marzo (sic) del dos mil uno, también lo es que esta acta no fue ofrecida como prueba en juicio y ni siquiera guarda continuidad alguna con el aviso de rescisión, tal cual lo alegó al objetar las pruebas de la demandada, lo que no fue tomado en consideración por la autoridad.
"Es infundado el anterior concepto de violación, toda vez que la parte demandada, bajo el apartado 10 de su escrito relativo (f. 252), ofreció la documental, consistente en el aviso de rescisión de fecha catorce de agosto del dos mil uno, por anverso y reverso, con el propósito de demostrar lo narrado en el hecho diez de la contestación de la demanda, esto es, que en la citada fecha, Adriana González Díaz, en su carácter de asesor de relaciones laborales de la demandada, en presencia de Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba, notificó a la actora el aviso de rescisión del que fue objeto, negándose a firmarlo de recibido; lo cual se hizo constar al reverso del aviso de rescisión (f. 321 vta.), del que se advierte que en la misma fecha, las personas referidas, hicieron constar tal negativa; asimismo, la demandada ofreció como medio de perfeccionamiento, la ratificación de contenido y firma a cargo de las citadas personas; de lo que se sigue que, contrariamente a lo alegado por la amparista, la demandada sí ofreció el documento en el que se hizo constar la negativa de la trabajadora de firmar el aviso de rescisión, así como el medio de perfeccionamiento respecto del mismo, consistente en la ratificación de su contenido y firma a cargo de las personas que hicieron constar tal negativa, por lo que se afirma que no irroga violación alguna en perjuicio de la quejosa, el proveído dictado por la responsable del diez de julio del dos mil tres, en el que señaló hora y fecha para el desahogo del medio de perfeccionamiento solicitado y por ende, tampoco representa ilegalidad alguna, el hecho de que desahogara la diligencia de ratificación del contenido y firma del documento de fecha catorce de agosto del dos mil uno, en el que se hizo constar la negativa de la trabajadora de firmar de recibido el aviso de rescisión, razones por las cuales deviene infundado este concepto de violación.
"Alega la quejosa que es ilegal la determinación de la responsable, en el sentido de admitir la ratificación de contenido y firma de los documentos ofrecidos por la demandada, consistentes en los escritos del veintiséis de marzo y diecinueve de junio del dos mil uno, así como las actas administrativas de fechas seis y catorce de agosto del dos mil uno, no obstante que el medio de perfeccionamiento ofrecido, no reunía los requisitos de ley para su admisión, dado que al equipararse a una prueba testimonial, la oferente de las pruebas, debió proporcionar a la Junta los domicilios de los ratificantes, acorde a lo dispuesto por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, sin que así lo haya hecho, por lo cual, la responsable debió desechar el medio de perfeccionamiento solicitado.
"Es infundado el anterior concepto de violación, por lo siguiente.
"El artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, establece:
"‘Artículo 780. Las pruebas se acompañarán de todos los elementos necesarios para su desahogo.’
"Por su parte, el artículo 800 del mismo ordenamiento, dispone en lo conducente:
"‘Artículo 800. Cuando un documento que provenga de un tercero ajeno a juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, ...’
"Ahora bien, no asiste razón a la quejosa, ya que si bien la demandada, al ofrecer la ratificación de contenido y firma de los documentos ofrecidos bajo el apartado 5 de su escrito relativo, consistentes en dos autorizaciones para trabajar tiempo extraordinario, de fechas veintiséis de marzo y diecinueve de junio (f. 258 y 259); así como las ofrecidas bajo el apartado 16, consistentes en dos actas administrativas de fechas seis de agosto, en que se hacen constar los hechos que motivaron la rescisión de la trabajadora (f. 332 y 333); y la ofrecida bajo el apartado 10, consistente en el aviso de rescisión del catorce de agosto (f. 321); todas ellas del dos mil uno; no señaló el domicilio de los ratificantes, esto es, el domicilio de las personas que firmaron dichos documentos y a cargo de quienes debía estar la ratificación de su contenido y firma, sin embargo, tal circunstancia no podía traer como consecuencia el que la autoridad responsable desechara los medios de perfeccionamiento solicitados, como lo pretende la peticionaria de garantías, en virtud de que el artículo 800 de la ley laboral, anteriormente transcrito, no exige expresamente que para obtener la ratificación del contenido y firma de un documento que provenga de una persona ajena a juicio, el oferente de ese medio de perfeccionamiento, se encuentre obligado a proporcionar a la Junta el domicilio del suscriptor o de las personas que fungieron como testigos, a cargo de quienes se ofrezca la ratificación, máxime que la demandada, al ofrecer los medios de perfeccionamiento en cuestión, se comprometió a presentar a los ratificantes ante la Junta, en la hora y fecha señaladas para el desahogo de las diligencias, de lo que se infiere su obligación de dar a conocer a los ratificantes, el día y la hora en que tenían que comparecer ante la autoridad a desahogar la diligencia a su cargo y el deber de presentarlos ante la Junta en la fecha señalada para tal efecto, de lo que se sigue que resultaba innecesario que señalara en autos los domicilios de los ratificantes, para que se llevaran a cabo los medios de perfeccionamiento solicitados, pues éste no era un elemento necesario para el desahogo de la prueba de ratificación, máxime que la parte actora aquí quejosa, compareció a todas y cada una de las diligencias de ratificación y tuvo oportunidad de realizar las repreguntas que consideró pertinentes a los ratificantes, por lo que deviene infundado el concepto en estudio.
"En cuanto a la tesis aislada número VII.2o.A.T.31 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, página 729, del rubro: ‘AVISO DE RESCISIÓN. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFICADA CON LOS REQUISITOS DE UNA TESTIMONIAL.’, invocada por la amparista; debe decirse que este órgano colegiado, no comparte el criterio de su similar, en el sentido de que el oferente de un medio de perfeccionamiento, como lo es la ratificación de contenido y firma de un acta administrativa en la que se hace constar la negativa de un trabajador a recibir el aviso de rescisión, deba proporcionar a la Junta el domicilio de los signantes que fungieron como testigos de tal hecho, toda vez que como ya quedó establecido, ese requisito no se encuentra expresamente contemplado en el artículo 800 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé ese medio de prueba y exigir al oferente de la ratificación de contenido y firma de un documento proveniente de un tercero ajeno a juicio, que señale el domicilio del suscriptor del documento, sería tanto como exigirle un requisito no previsto por la ley.
"Por las razones expuestas, no se comparte el criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis aislada número VII.2o.A.T.31 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, página 729, de rubro: ‘AVISO DE RESCISIÓN. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFICADA CON LOS REQUISITOS DE UNA TESTIMONIAL.’, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, mediante atento oficio que se dirija a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se adjunte, copia certificada y diskette de esta ejecutoria, se denuncie la posible contradicción de criterios en el aspecto analizado.
"Se duele la quejosa de la determinación de la responsable, en el sentido de admitir y permitir el desahogo de duplicidad de testimonios de la misma naturaleza, toda vez que recibió la ratificación de contenido y firma del acta administrativa del catorce de agosto del dos mil uno, a cargo de Adriana González Díaz, Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba, ofrecida por la demandada para acreditar el hecho diez de su contestación y también desahogó la prueba testimonial a cargo de las mismas personas, que fue ofrecida para acreditar el mismo hecho, infringiendo con su actuar lo dispuesto por el artículo 83, fracción I, de la ley laboral, que dispone que por cada hecho controvertido que se pretenda probar, se podrán ofrecer únicamente tres testigos.
"Es infundado este concepto de violación, toda vez que es inexacto que la prueba testimonial sea de la misma naturaleza que la prueba de ratificación, dado que la testimonial, se encuentra regulada en el título catorce, capítulo XII, sección cuarta, de la Ley Federal del Trabajo, y tiene por objeto que las personas ajenas al juicio, que tengan conocimiento de los hechos controvertidos que se pretendan probar, declaren ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje sobre los mismos; en tanto que la ratificación, es un medio por el cual puede perfeccionarse una prueba documental privada, a través del reconocimiento del contenido y firma del documento por parte de sus suscriptores y se encuentra previsto en el artículo 800 del mismo ordenamiento; de manera que la circunstancia de que la autoridad responsable, en el acuerdo del diez de julio del dos mil tres (f. 365 y 366), admitiera la ratificación del contenido y firma de la documental ofrecida por la demandada bajo el apartado 10 de su escrito relativo (f. 252), a cargo de Adriana González Díaz, Miguel Ángel Tamayo Ríos y Rodrigo Espíritu Santo Raba y señalara hora y fecha para su recepción, y que en el mismo proveído, admitiera la prueba testimonial ofrecida por la demandada bajo el apartado 8 (f. 251), a cargo de las mismas personas y señalara día y hora para su desahogo, no implica ilegalidad alguna ni duplicidad de testimonios, aun cuando ambas fueron ofrecidas con el propósito de demostrar que se notificó a la actora el aviso de rescisión y que ésta se negó a recibirlo, toda vez que se trata de medios de prueba de distinta naturaleza, además de que la ley laboral, en su artículo 776, establece que son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, razones por las cuales deviene infundado el concepto de violación aquí analizado. ..."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al emitir su fallo en el amparo directo AD. 200/99, expresó:
"QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados, en parte, y fundados, pero inoperantes, en otra.
"Es infundado lo manifestado en el sentido de que: ‘... la responsable pasa por alto que, si bien es claro que es obligación del patrón ofrecer el perfeccionamiento del acta administrativa donde el trabajador es notificado de la relación individual de trabajo, no menos cierto es que el acta administrativa que nos ocupa, de fecha 29 de abril de 1998, al reverso del escrito de aviso de rescisión de misma fecha, no fue objetado por la parte contraria en forma alguna, por lo que en tales condiciones debe otorgársele pleno valor probatorio ...’
"En efecto, si se parte de la base de que dicha acta constituye un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, es de concluirse que para alcanzar tal fuerza se requiere de su perfeccionamiento, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes lo firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles, sin que obste para ello el que no sea objetada por el trabajador, pues de no ser así y concluir que su ratificación sólo procede cuando se objeta, implicaría otorgar al patrón, aun en forma eventual, el poder formular pruebas indubitables ante sí y por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento.
"Es aplicable la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la página ciento veinte, Tomo I, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ACTAS LEVANTADAS PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIR EL AVISO RESCISORIO, DEBEN SER RATIFICADAS. Los principios en que se fundamenta la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro de «ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.», en la página 80 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, son aplicables también respecto de las actas que los patrones levantan para hacer constar la negativa de los trabajadores a recibir el aviso rescisorio, puesto que son actuaciones extrajudiciales que se equiparan a una testimonial rendida sin las formalidades de ley, de ahí que, para evitar que se presente un estado de indefensión que requiera dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a quienes las suscriben; consecuentemente, cuando no sean ratificadas carecerán de valor, con independencia de que hayan o no sido objetadas.’
"Por último, es de considerarse que aun y cuando es fundado lo aducido por el quejoso, en el sentido de que en el punto tres de su escrito de ofrecimiento de pruebas, ofreció como medio de perfeccionamiento de la referida acta levantada el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hizo constar que el trabajador no quiso recibir ni firmar de recibido el aviso de rescisión de la relación laboral realizado por el patrón, la ratificación de sus signantes Miguel Ángel Vázquez López y Marco Antonio Espinosa Guerrero (foja 42 del expediente laboral), ello resulta inoperante para otorgar el amparo de la Justicia Federal solicitado, porque tal medio de perfeccionamiento fue ofrecido en forma deficiente.
"El artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, establece: ‘Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.’
"El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis visible en la página ciento cuarenta y dos del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que este Tribunal Colegiado comparte, estableció el criterio siguiente: ‘AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, ACTA ADMINISTRATIVA QUE HACE CONSTAR LA NEGATIVA DEL TRABAJADOR A RECIBIR EL. VALOR PROBATORIO. Si el acta elaborada con el objeto de hacer constar la negativa del trabajador para recibir el oficio rescisorio, no fue ratificada por quienes en ella intervinieron, carece de valor probatorio, pues al contener aquella una testimonial irregular, es necesario que los testigos ocurran ante la responsable a ratificar, a fin de poderle otorgar valor probatorio.’
"Por último, el diverso numeral 813 de la referida ley de la materia, en lo que interesa, dispone: ‘La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: ... II. Indicará los nombra (sic) y domicilios de los testigos; cuando existe impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo justificada que le impida presentarlos directamente; III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá, al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para que dentro del término de tres días presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado ...’
"Del contenido de los preceptos legales y tesis jurisprudenciales referidos, se concluye que por ser el acta administrativa en cuestión un documento privado que no conlleva intrínsecamente la prueba plena de su contenido, debió ser perfeccionada, lo que se logra a través de la comparecencia, ante el órgano jurisdiccional, de quienes la firmaron, dando así oportunidad al trabajador de repreguntarles, lo que equipara a tal diligencia con una testimonial y, por ende, ésta debió ofrecerse por el hoy quejoso acompañada de todos los elementos necesarios para su desahogo, proporcionando a la Junta responsable los domicilios de los signantes que fungieron como testigos en el acta de mérito y, para el caso de que residieran fuera de la jurisdicción de la Junta del conocimiento, también debió exhibir el correlativo interrogatorio, según lo prevé el último precepto legal tránsito (sic) que se aplica por analogía; por lo que si al ofrecer tal medio de perfeccionamiento el demandado, hoy quejoso, no proporcionó ni el domicilio de los ratificantes, ni tampoco exhibió el interrogatorio necesario para que se llevara a cabo la ratificación de mérito, en su caso, es de concluirse que no se perfeccionó debidamente el acta administrativa de que se trata y, en consecuencia, que fue correcto que no se otorgara eficacia demostrativa, y se considerara que el despido fue injustificado en términos de lo dispuesto por el artículo 47, in fine, de la Ley Federal del Trabajo.
"En las relatadas consideraciones, habiendo resultado infundados e inoperantes los conceptos de violación expuestos por el quejoso, lo que procede es negar la protección de la Justicia Federal solicitada."
De las anteriores consideraciones derivó la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"AVISO DE RESCISIÓN. EL ACTA PARA HACER CONSTAR LA NEGATIVA A RECIBIRLO, DEBE SER RATIFI
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18993-b2b059d9/documental-en-materia-laboral-no-es-necesario-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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