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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE INTERRUMPE CUANDO ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS FORMALES SON DECLARADOS NULOS EL ACTO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO Y LA CITACIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19222
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS ADMINIS
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 1074.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL REFERIDO CIRCUITO).

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Para constatar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es necesario resumir los principales antecedentes y consideraciones de las ejecutorias correspondientes.

1. De la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 117/2005, se advierte lo siguiente:

Con motivo de la queja número 287/2000, formulada por el director general de la Visitaduría de la Procuraduría General de la República en contra de Bezale Berger Martínez, en su actuación como agente del Ministerio Público Federal, se instauró el procedimiento administrativo disciplinario 475/2000, en el que con fecha veintiocho de julio de dos mil dos, se dictó el auto de inicio respectivo.

Seguido el procedimiento en sus etapas, el diecinueve de octubre de dos mil uno, se emitió la resolución correspondiente a través de la cual se determinó la responsabilidad del infractor y se le impuso como sanción la inhabilitación de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

En contra de tal resolución, el servidor público sancionado hizo valer el recurso de revocación respectivo, que fue resuelto el treinta y uno de marzo de dos mil tres, por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Procuraduría General de la República, en el sentido de revocar la resolución recurrida y anular todo el procedimiento, incluyendo el auto de incoación correspondiente, así como ordenar su reposición hasta la emisión de ese acto.

Lo anterior, ante la existencia de los vicios formales advertidos por el órgano resolutor, toda vez que la emisión de dicho proveído y del citatorio a la audiencia de ley, de veintiuno de octubre de dos mil uno, así como actuaciones subsecuentes, se sustentaban en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo cual se había dejado de observar lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que para esos casos expresamente remite a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Penales.

En cumplimiento a dicho fallo, la autoridad administrativa, por acuerdo de doce de junio de dos mil tres, dictó un nuevo auto de inicio en el citado procedimiento disciplinario, al que finalmente recayó la resolución de veintinueve de agosto de dos mil tres, por la que se determinó imponer al infractor la sanción consistente en la inhabilitación de seis meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La determinación de referencia fue objeto de impugnación a través del recurso de revocación correspondiente, que fue resuelto en el sentido de confirmar la resolución recurrida.

En contra de esa resolución, Bezale Berger Martínez promovió juicio de nulidad, del que tocó conocer a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien lo registró con el número 7875/04-17-06-4, y el tres de septiembre de dos mil cuatro dictó la sentencia relativa, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

En esencia, las razones que motivaron esa decisión se sustentaron en la idea de que entre la realización de la conducta infractora y el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, concretamente la citación a la audiencia de ley, habían transcurrido los tres años a que se refiere el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, por tanto, se encontraba prescrita la facultad de la autoridad administrativa para sancionar al actor.

Al efecto se dijo que no era obstáculo el que dicha autoridad, en un momento previo, hubiera dado inicio a un diverso procedimiento administrativo de responsabilidad, pues éste había quedado insubsistente ante lo resuelto en el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución ahí pronunciada, por el que se determinó su reposición, dejándose sin efectos todo lo actuado a partir del auto de inicio respectivo y, por ende, tales actuaciones, al instituirse en la nada jurídica, no podían servir de instrumento para tener por interrumpido el aludido plazo prescriptorio.

Inconforme con la sentencia antes señalada, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública interpuso recurso de revisión fiscal, que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual lo registró con el número RF. 117/2005, y por sentencia de trece de mayo de dos mil cinco resolvió confirmar el fallo recurrido.

Para ello, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. ... Precisados los antecedentes anteriores procede realizar el estudio de los agravios vertidos por la autoridad inconforme en los cuales argumenta que: (se sintetizan). Los agravios sintetizados, los cuales se estudian de forma conjunta por encontrarse estrechamente vinculados, son infundados, en ellos se advierte que la materia de la controversia se ciñe a determinar si en el caso ha operado o no el término de prescripción a que alude el numeral 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si debe tomarse en consideración que durante el procedimiento disciplinario el día veintiocho de junio de mil novecientos noventa y ocho se emitió un primer auto de incoación, el cual se dejó sin efectos por motivo de la resolución recaída al recurso de revocación de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres, por medio de la cual se ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de incoación. Así, para sostener la calificativa que se da a los argumentos expuestos por la autoridad inconforme en sus conceptos de agravio, conviene tener presente el contenido del numeral 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo tenor literal expresa: (se transcribe). Se advierte del numeral invocado, que las autoridades contarán con un plazo de tres años para imponer las sanciones a los servidores públicos que cometan alguna conducta infractora sancionada por la ley aludida, que no tengan un impacto económico. Plazo que se computará a partir del día siguiente al que se cometió la conducta objeto de responsabilidad, y en su parte final refiere que el plazo se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo a que alude el numeral 64 de ese propio ordenamiento legal. Cabe señalar que el tema de la interrupción del término de prescripción, si bien fue materia de criterios contradictorios, ello propició que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera lo correspondiente al emitir la jurisprudencia número 2a./J. 203/2004 derivada de la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Quinto y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005, página 596, cuyos rubro y contenido expresan: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). En el criterio transcrito se sostiene que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad, es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, el cual consiste en la citación que se realiza al servidor público a efecto de que comparezca a la audiencia de ley, el cual una vez interrumpido debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar esa interrupción. Por lo que puede concluirse que los argumentos sostenidos por la autoridad inconforme, en los que pretende sostener que el procedimiento disciplinario puede asemejarse a las actuaciones en materia fiscal, por cuanto a que se interrumpe el plazo con cada gestión, con la secuela del procedimiento y la emisión de la resolución correspondiente, resultan infundados, pues se insiste, el criterio invocado prevé que el único acto que suspende el procedimiento en la notificación del inicio del procedimiento disciplinario, sin que pueda dejarse al arbitrio de la autoridad el manejo de la interrupción del término de prescripción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. Cabe señalar que los razonamientos que apoya el criterio que por contradicción de tesis sostuvo la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país antes invocada, son vertidos de tal forma que se entienden dirigidos a dar seguridad jurídica a los servidores públicos sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario, consistente en que una vez iniciado, no estaría a voluntad de la autoridad el determinar lo conducente en el tiempo que lo estime conveniente, pues ello atentaría incluso contra la honorabilidad del individuo, ello al sostener lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se advierte cómo la Sala que emitió el criterio transcrito, pondera la garantía de seguridad jurídica de los servidores públicos, pues estima que no puede consentirse que la autoridad a través de subterfugios impida el transcurso del término de prescripción, y con ello extienda el tiempo en que debe emitir una sanción administrativa, con lo que además se prolongaría igualmente la duda sobre la dignidad y honradez del servidor público. Ahora, si bien es cierto que en el caso, como lo aduce la autoridad al realizar la narrativa de los hechos acaecidos durante la tramitación del disciplinario instruido al actor, el cual se inició por diversas conductas infractoras, actualizándose la última el día dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, conductas por las cuales se inició la queja administrativa 287/2000, que motivó la instauración del procedimiento disciplinario número 475/2000, en el cual se dictó el auto de incoación de veintiocho de julio de dos mil, que se hizo del conocimiento al servidor público el dos de abril de dos mil uno, y seguido ese procedimiento se emitió la resolución correspondiente el diecinueve de octubre de dos mil uno, también lo es que por diversa determinación recaída al recurso de revocación hecho valer por la responsable, de treinta y uno de marzo de dos mil tres, se ordenó reponer el procedimiento por considerarse que: (se transcribe). De lo cual se desprende que efectivamente se trata de una violación formal el motivo por el cual se ordenó decretar la reposición del procedimiento disciplinario. Sin embargo, debe decirse que no fue la violación aludida el motivo por el que la Sala Fiscal decretó la nulidad de la resolución impugnada, sino que precisamente por haberse decretado la nulidad del auto de inicio del disciplinario de veintiocho de julio de dos mil, aquél dejaba de surtir efectos legales, así como todas las actuaciones posteriores, ordenando la reposición del procedimiento. Así es que al emitirse el diverso proveído de doce de junio de dos mil tres, por medio del cual se dio cumplimiento a lo resuelto en el recurso de revocación aludido, se emitió el diverso auto de incoación del procedimiento administrativo, cuyo tenor literal, en lo que nos interesa, expresa: (se transcribe). Por ello sostuvo la Sala Fiscal que de la fecha de la última conducta infractora a la de la emisión del nuevo auto de incoación, ya había transcurrido el término de tres años, por lo que habían prescrito las facultades de las autoridades sancionadoras, precisando al efecto que: (se transcribe). Por lo cual, es irrelevante que en el caso, la nulidad decretada por la autoridad tuviera el efecto de reponer el procedimiento administrativo, pues no se determinó la nulidad de la resolución impugnada por esa violación, sino porque en el caso operó el término de prescripción previsto en el numeral 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es así, que resultan infundados los argumentos de la inconforme, en cuanto sostiene que la reposición del procedimiento no comprendía la pérdida de las facultades sancionadoras de la autoridad, pues ello no derivó de la violación cometida, sino de los efectos que ésta produjo en las actuaciones de ese procedimiento, al dejar sin efectos todo lo actuado desde el auto de incoación. De igual forma son infundados los argumentos expresados por la autoridad recurrente, en cuanto aduce que no operó en el caso la prescripción de sus facultades sancionadoras, puesto que el término de tres años se interrumpió con la emisión del oficio de incoación de veintiocho de julio de dos mil, mismo que fue notificado al servidor público el veinte de marzo de dos mil uno, ello no obstante que por la resolución del treinta y uno de marzo de dos mil tres, se haya dejado sin efectos tanto el acuerdo referido como su citación a la audiencia de ley, y el resto del procedimiento administrativo, pues dice, la figura de la prescripción subsiste aun cuando el acto que lo motivó quede insubsistente, al emitirse una resolución que decrete su nulidad para efectos, pues no tiene como objeto invalidar la esencia del acto, sino corregir el vicio formal, o como ocurrió en el procedimiento, pues ello corrige el origen de la nulidad, por lo cual debe forzosamente dictarse el fallo correspondiente. Lo anterior es así, en virtud de que, como ya se anotó con anterioridad, al invocarse la jurisprudencia que definió lo relativo al único acto que interrumpe el término de prescripción, si bien es cierto que el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos es de orden público, pues es del interés de la sociedad el que se impongan las sanciones correspondientes a los sujetos que tienen el carácter de servidores públicos, también es de interés social el que las autoridades sancionadoras tengan limitaciones en el aspecto temporal para emitir sus determinaciones, pues es inaceptable que lo puedan hacer en cualquier tiempo, en tanto que ello, se traduciría en un estado de incertidumbre jurídica para el servidor público que atentaría contra su dignidad y honradez, al mantenerse latente una sospecha de responsabilidad por conductas desplegadas en su trabajo, sin que esa duda deba permanecer abierta por el bien de la sociedad y del propio individuo, por ello si la autoridad no ejerce su actuar dentro de los límites temporales en el lapso de tiempo en que opere la prescripción, hasta entonces el servidor público tendrá la certeza de que su actuar no le producirá una consecuencia en su esfera de derechos. Por ello, no obstante que en el caso la reposición del procedimiento disciplinario desde el propio auto de incoación, haya derivado del medio defensivo interpuesto por el actor, resuelto el treinta y uno de marzo de dos mil tres, y por el que se ordenó reponer su tramitación al advertir la irregularidad en que incurrió la autoridad por estimar aplicable de forma supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando el aplicable lo era el código adjetivo federal en materia penal, ello afectó la validez de los actos que originaron la tramitación del procedimiento administrativo, y con ello afectaron el aspecto temporal en que debería resolverse la cuestión controvertida. Por lo que se estima justificada la determinación de la Sala Fiscal, pues no puede con motivo de una irregularidad atribuible a la autoridad demandada pretender que el término de prescripción no ha transcurrido. Por lo que aun cuando resulta cierto que, como lo cita la inconforme, por auto de veintiocho de junio de dos mil y la citación para la audiencia de ley de veinte de marzo de dos mil uno, se haya interrumpido el aludido término, lógico es que cuando se ordena la reposición del procedimiento desde el auto de incoación, deje de surtir efectos legales la citación a la audiencia de ley, lo que comprende incluso la interrupción del término de prescripción, pues considerarlo de otra manera llevaría a considerar que no obstante las irregularidades que cometan las autoridades en los procedimientos administrativos de responsabilidades de servidores públicos, al declararse la nulidad de sus actuaciones no afectaría la limitación temporal que tienen para ejercer sus facultades sancionadoras, pues ello atentaría contra la seguridad jurídica, dignidad y honradez del servidor público, lo que a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser tomada en consideración por ser una cuestión que atañe al interés social. Máxime que de las constancias de autos se advierte que el veintisiete de junio de dos mil uno, la propia autoridad advirtió la irregularidad en que incurrió, por lo cual ordenó que desde ese día hasta la total terminación del asunto, debería aplicarse de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por ello, como lo sostiene la Sala del conocimiento, al declararse la nulidad del auto de incoación del procedimiento disciplinario y sostener que ha dejado de surtir efectos todo lo actuado en el expediente administrativo a partir del acuerdo de incoación, que no puede sostenerse que subsistan los efectos de la citación a la audiencia de ley, que constituye una actuación posterior a ese proveído, pues por lógica jurídica tal actuación resulta inexistente, y si bien en un primer término sirvió de base para interrumpir el término de prescripción al decretarse que dejaba de surtir efectos su ejecución, ya no produce las mismas consecuencias, sino que habrá que estarse al nuevo auto de incoación emitido en cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de revocación, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres. No obsta a lo anterior el que la autoridad recurrente alegue que la duración y tramitación del medio defensivo no puede afectar la facultad sustantiva, pues de ser así, se permitiría que con la interposición del recurso de revocación, la acción de nulidad e incluso el juicio de garantías, sirvieran para hacer transcurrir el plazo de prescripción, pues tal afirmación resulta inexacta, dado que ello dependerá de la actuación de las autoridades sancionadoras y la etapa en que se produzcan, pues como en el caso, se cometió desde el dictado del auto de incoación, por lo que se dejó sin efectos éste, y todo lo que derivó de su emisión, lo que no implica que en todos los casos ocurriría el mismo supuesto, sino sólo en aquellos en que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y la propia citación para la audiencia de ley se dejen sin efectos, derivados de la ilegal actuación de la autoridad. Además, resulta infundada la consideración de la inconforme relativa a que de los numerales 64 y 78, fracción II, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no prevén lo relativo a la existencia o inexistencia del acto formal en su parte adjetiva, pues estima que lo relevante es que se haga del conocimiento del servidor público de que se advirtió una posible responsabilidad con sus actuaciones, por lo cual debe ser sujeto al procedimiento administrativo disciplinario, lo que así ocurrió en el caso, pues tuvo pleno conocimiento de ese procedimiento al que compareció de forma personal a las audiencias de ley. Lo anterior, ya que si bien es cierto que es una garantía para el servidor público el saber los motivos por los cuales se le pretende fincar una responsabilidad administrativa por el desempeño de sus funciones, como ya se indicó, en el caso, no sólo basta con que tenga noticia de ese procedimiento, sino de que dentro de los parámetros legales y temporales deberá ser sancionado o eximido de cualquier responsabilidad, sin que la autoridad pueda en el tiempo que lo estime dictar la resolución correspondiente. Es así que contrario a lo afirmado por la inconforme, la interrupción del término de prescripción no es una figura jurídica en materia de responsabilidades de los servidores públicos, que quede subsistente al decretarse la nulidad del acto que la produjo, pues como en el caso, ello produce una alteración que puede incidir en la actualización de la figura de la prescripción. No obsta a lo anterior el criterio que invoca la inconforme del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLA SE INTERRUMPE CON EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA Y EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN.’, pues tal criterio no es de observancia obligatoria para este órgano colegiado, quien resuelve de esta forma, tomando en consideración los razonamientos que expresó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 2a./J. 203/2004. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los agravios analizados, el recurso de revisión es infundado."

2. De la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, (actualmente Segundo en Materias Administrativa y Civil del referido circuito), al resolver el recurso de revisión fiscal 41/2002, se advierte lo siguiente:

Miguel Ángel Gil Rubio promovió juicio de nulidad en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil, dictada por el titular del área de Responsabilidades y Quejas de la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria en el expediente administrativo QD084/99.

De ese juicio tocó conocer a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Mérida, Yucatán, quien lo registró con el número 2326/00-10-01-7, y por resolución de once de febrero de dos mil dos declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Para llegar a esa conclusión, la Sala Fiscal expuso como cuestión previa, que del análisis de la cédula de quince de mayo de dos mil, por la que se notificó la citación para la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprendía que ésta se había fundamentado en diversos preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Asimismo, destacó que conforme a dicho precepto, el procedimiento administrativo disciplinario se inicia precisamente con la notificación del citatorio mediante el cual se hace saber al servidor público las responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.

Con base en ello, expuso que si la cédula de notificación, junto con la citación a la audiencia, constituye el acto mediante el cual se inicia el referido procedimiento y, por otro lado, el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos remite a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales, era claro que dicha notificación, al haberse fundamentado en diversos preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles, transgredía el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al contener vicios formales que afectaban las defensas del actor y trascendían al sentido de la resolución impugnada.

Ante la evidencia de esa irregularidad, la Sala Fiscal señaló que tanto la citada cédula de notificación, la citación correspondiente y el procedimiento sustanciado con base en ella, así como la propia resolución impugnada, resultaban ilegales. Sobre el particular, precisó que no obstante con la existencia de dicha irregularidad se actualizaba la causa de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la declaración de nulidad a que se refiere el artículo 239, fracción III, del propio ordenamiento, en el caso no cabía hacer esa declaración.

Ello porque, desde su visión, al haberse resuelto que la cédula de notificación del citatorio era ilegal y, por ende, que el procedimiento instruido con base en ésta, así como la resolución quedaban sin efectos, no cabría la reposición del procedimiento administrativo correspondiente, toda vez que ante la insubsistencia de tales actos, particularmente la citación, la autoridad no estaría en aptitud de sancionar nuevamente al actor, porque entre el momento de la infracción a la fecha de la emisión de la resolución ya habría prescrito tal potestad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que procedía declarar la nulidad de la resolución impugnada, en términos de lo establecido en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

En contra de tal resolución, el titular del Área de Responsabilidades y Quejas del órgano interno de control en el Servicio de Administración Tributaria interpuso recurso de revisión fiscal, del que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, el cual lo registró con el número 41/2002, y por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dos, revocó la resolución recurrida con base en las siguientes consideraciones:

"No obstante lo anterior, es fundado el agravio propuesto en relación con que existe una incongruencia en el fallo al considerar que al estar fundado el citatorio en disposiciones inaplicables, y que al ser nulo el citatorio no inició el procedimiento y con base a ello determinar que prescribieron las facultades de la autoridad demandada. Ciertamente la Sala Fiscal resolvió declarar la nulidad lisa y llana, al considerar que la orden primigenia se encontraba viciada de origen y que, por ende, no tenía validez. Es fundado el agravio en virtud de que la Sala Fiscal pierde de vista que la prescripción prevista en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su último párrafo prevé que dicha figura se interrumpe al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64, mas no prevé que esta interrupción deba quedar supeditada a las resultas de que se hubiere efectuado legalmente. Lo anterior es así, porque de la lectura integral del precepto en cita no se contempla, ni aun remotamente, esa posibilidad, que no viene a ser más que una apreciación subjetiva y, por ende, no cobra relevancia alguna en la especie, pues tratándose de una cuestión de índole administrativa, la aplicación de la ley debe hacerse de manera literal sin poderse interpretar a conveniencia de cada una de las partes, de ahí que si tal dispositivo no prevé que esta interrupción deba quedar supeditada a que se efectúe legalmente o a las resultas de algún medio de defensa o juicio que se haga valer, hace inconcuso que su interpretación sea a lo estrictamente literal que en el mismo se contiene. En efecto, el artículo 78 en comento, que prevé la facultad de las autoridades administrativas para imponer sanciones, establece la limitante del tiempo de esta facultad, los cuales disponen: (sic) (se transcribe). De la disposición legal antes transcrita se desprende que en ella se establece la institución de la prescripción, misma que para su actualización requiere del transcurso del tiempo previsto por el legislador para cada uno de los supuestos que en el mismo se contienen. Esta es una institución de carácter procesal creada por el derecho tributario para sancionar a las autoridades administrativas por falta del ejercicio oportuno de sus facultades y, además, contiene un principio de seguridad jurídica a favor de los contribuyentes. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, dicho precepto establece en su último párrafo que el inicio de un procedimiento de responsabilidades que puede dar lugar a la imposición de una sanción administrativa interrumpe el plazo prescriptivo. Ahora bien, conforme el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Editorial Espasa, vigésimo primera edición, interrumpir significa ‘cortar la continuidad de una cosa en el lugar o en el tiempo’, por tanto, al prever el ordinal 78 que las facultades de la autoridad administrativa son susceptibles de interrumpirse y que dicha interrupción implica que vuelva a iniciarse el cómputo del plazo, por consiguiente, lo único que debe verificarse para establecer si la autoridad administrativa procedió dentro del plazo previsto en la norma al imponer una sanción es la existencia del procedimiento, con independencia de que se hubiere hecho valer algún medio de defensa y del sentido que hubiere recaído al mismo y deberá reiniciar a partir de que se dicte resolución ejecutoria que resuelva en definitiva el medio de defensa que se hubiere hecho valer. Lo anterior es así, en virtud de que si bien es verdad que la garantía tutelada por el artículo 78 del ordenamiento invocado es la de seguridad jurídica del gobernado, también lo es que en tratándose de servidores públicos debe imperar la legalidad en su actuar, pues de no acatarse se contravendría el orden público

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19222-6ae27504/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-el-plazo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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