Corpus
Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19511
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 526.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de fecha veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis, en una de las materias propias de la especialidad de esta Sala, como lo es la materia administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la formuló el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al fallar el incidente en revisión RA-319/2005. El citado numeral expresamente dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados al dictar las respectivas sentencias ejecutorias.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los incidentes en revisión: RA-319/2005 y RA-210/2005 el cuatro de agosto del año dos mil cinco, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe.

R.A. 319/2005.

"QUINTO. El único agravio que hace valer la quejosa resulta infundado, atento a lo siguiente: Sostiene la parte quejosa que la juzgadora no observó el contenido de los artículos 125, 135 y 139 de la Ley de Amparo pues fija una garantía para que surta efectos la suspensión definitiva, omitiendo considerar que el cobro por el suministro de energía eléctrica no es un derecho o contraprestación en materia fiscal, en atención a lo preceptuado por el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación agravio que resulta infundado, en atención a que para la determinación de dicha garantía, la Juez del conocimiento no la realizó atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sino al contenido del artículo 125 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión, pero puede ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros perjudicados, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’. Por otra parte, del contenido de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo se desprende que es parte en el juicio el tercero perjudicado. El Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares, en relación con el concepto de ‘tercero’, define lo siguiente: ‘Por tercero puede entenderse la persona que no interviene en la celebración de un acto, sea que dicho acto le afecte legalmente o no le afecte. Así considerando el problema lo que caracteriza el tercero es su no intervención jurídica en el acto.’. Los anteriores elementos de juicio, permiten concluir que fue correcta la determinación de la Juez Federal, al condicionar la medida cautelar solicitada a la exhibición de garantía de la sanción pecuniaria impuesta al quejoso incidentista por el monto total del adeudo, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación respectiva. Esto es así, tomando en cuenta que el referido artículo 125 de la Ley de Amparo, es claro en establecer dos diversas hipótesis: una, que dispone que en los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se debe supeditar la concesión de la suspensión a que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no se obtiene sentencia favorable; y otra, que se refiere a posible afectación a tercero perjudicado que no sea estimable en dinero, esto es, establece una hipótesis en tratándose de terceros y otra para el caso del tercero perjudicado. Luego, si en la especie la Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de tercero, sí le puede causar un daño o perjuicio económico, lo que actualiza el contenido del primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, y con ello, el quejoso debe otorgar garantía. Resulta aplicable lo anterior, la tesis sostenida por este tribunal, que es del tenor siguiente: ‘GARANTÍA, DEBE FIJARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EXISTA UN TERCERO A QUIEN A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA SE LE PUEDE CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO, NO OBSTANTE QUE NO TENGA EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). No es obstáculo para la anterior consideración, la jurisprudencia X.2o. J/5, de rubro: ‘SUSPENSIÓN, NO ES PROCEDENTE SOLICITAR LA GARANTÍA CUANDO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE’, que invoca la parte quejosa en su pliego de agravios, pues al ser emitida por un Tribunal Colegiado, no obliga en términos de lo referido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, además de que por las razones expresadas, se considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis de jurisprudencia."

R.A. 210/2005.

"Con la finalidad de analizar la anterior propuesta se toma en cuenta lo siguiente: El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 125. (se transcribe). La Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante interlocutoria de fecha siete de abril de dos mil cinco, concedió la suspensión definitiva que solicitó Víctor Rodríguez Baggio, apoyando su determinación en las consideraciones siguientes: se transcribe). Del contenido de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se desprende que es parte en el juicio el tercero perjudicado. El Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares en relación con el concepto de tercero define lo siguiente: ‘Por tercero puede entenderse la persona que no interviene en la celebración de un acto, sea que dicho acto le afecte legalmente o no le afecte. Así considerado el problema lo que caracteriza al tercero es su no intervención jurídica en el acto.’. Los anteriores elementos de juicio permiten concluir que los motivos de inconformidad propuestos son infundados, pues fue correcta la determinación de la Juez Federal, al condicionar la medida cautelar solicitada, a la exhibición de garantía de la sanción pecuniaria impuesta al quejoso incidentista, esto es, el equivalente a treinta días de su salario normal, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación respectiva. Esto es así, tomando en cuenta que el referido artículo 125 de la Ley de Amparo, es claro en establecer dos diversas hipótesis: una, que dispone que en los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se debe supeditar la concesión de la suspensión, a que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no se obtiene sentencia favorable; y otra que se refiere a posible afectación a tercero perjudicado que no sea estimable en dinero, esto es, establece una hipótesis en tratándose de terceros y otra para el caso de tercero perjudicado. En la especie, resulta incuestionable que no existe tercero perjudicado, al haberlo determinado así la Juez a quo en el proveído de treinta de marzo de dos mil cinco, admisorio de la demanda de garantías, cuya copia certificada obra en el toca (foja 1), tal como lo argumenta la recurrente, pero sí existe tercero, a quien, a través de la concesión de la medida, se le puede causar un daño o perjuicio, que es el Gobierno Federal, el cual sería privado de recibir con motivo de la medida el importe de la multa y sus accesorios, lo que justifica la exhibición de la garantía referida, de la que no se discute su mando. Luego, si en la especie el Estado tiene el carácter de tercero, aunque no técnicamente sea tercero perjudicado, según se ha referido, resultan infundados los agravios que se proponen, en tanto que la Juez del conocimiento no consideró que la garantía que en el caso se solicitó, sea para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, como erróneamente lo pretende hacer valer la recurrente. No escapa a la apreciación de este tribunal que el quejoso señaló como autoridad responsable ejecutora precisamente al órgano del Gobierno Federal a quien estima compete el cobro de la multa impuesta, razón de más para estimar correcta la fijación de la garantía."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al fallar las quejas 63/2000, 9/2001, 11/2001 y 50/2001 así como el incidente de suspensión (revisión) 373/2000, los días once del año dos mil, veintiséis y treinta y uno de enero y tres de agosto, respectivamente, sostuvo lo que a continuación se transcribe, sólo la parte que interesa de la primera ejecutoria citada, pues el criterio correspondiente a las últimas cuatro es coincidente con aquélla, por lo que su reproducción es innecesaria para informar el asunto.

Queja 63/2000.

"CUARTO. Es infundado el recurso interpuesto. Para una mejor comprensión del asunto, es preciso señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que Alfredo Zavala Chablé señaló como acto reclamado ‘1. El ajuste a la facturación del instrumento de medición instalado en mi domicilio; 2. El apercibimiento de realizar el corte de suministro de energía eléctrica a mi domicilio.’. El quejoso adujo, entre otras cosas, que el veinticuatro de noviembre del presente año, fue visitado en su domicilio por personas vestidas de civil quienes le dijeron a la persona que los atendió que se encontraban ahí para suspenderle el suministro de fluido eléctrico; que la Comisión Federal de Electricidad había determinado que se encontraba haciendo un uso ilícito del servicio de energía eléctrica; que esa conducta antijurídica había sido detectada mediante una diligencia administrativa de verificación practicada en su domicilio con anterioridad; que por tal razón acudió a las oficinas administrativas, siendo atendido por Maribel Uribe León, quien le dijo que debía liquidar un adeudo por concepto de facturación por el monto de $11,337.00 (once mil trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), en un plazo no mayor de veinticuatro horas o que de lo contrario le sería suspendida de manera definitiva la energía eléctrica; que lo que podía hacer para ayudarlo era darle una prórroga de siete días siempre y cuando garantizara el importe del adeudo con una garantía prendaria o hipotecaria; que al pedirle el expediente donde obran las pruebas que sirven de base para el cobro imputado, le negó la información y le dijo que se basaba en una verificación practicada en su domicilio; que ese mismo día después de platicar con la funcionaria de la paraestatal fue visitado de nueva cuenta por las mismas personas, quienes de manera amenazante le dijeron que se encontraban en su domicilio para cortarle de manera indefinida la luz, por lo que le exhibieron un volante en hoja color amarillo, de donde se leía la leyenda ‘su servicio fue cortado por (sic) y donde se leían entre otros datos su nombre, domicilio, el número de los instrumentos de medición instalados en su domicilio y al reverso la frase la violación de los sellos o la reconexión de este servicio sin autorización de CFE es sancionada por la ley’, lo que constituye una amenaza con clara intención de amedrentarlo; que no existe ley alguna que prevea este hecho, ni la responsable tiene fe pública para colocar dichos sellos de manera unilateral. Ahora bien, el artículo 125 de la Ley de Amparo señala: ‘Artículo 125.’ (se transcribe). De una correcta interpretación del precepto legal transcrito se obtiene que cuando con la concesión de la suspensión del acto se puedan ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se fijará una garantía bastante para repararlos, previniendo que el promovente del amparo no obtenga sentencia favorable; y cuando los derechos del tercero perjudicado no sean susceptibles de valorarse pecuniariamente, el Juez de Distrito fijará discrecionalmente el monto de la garantía. Dicho en otras palabras, de la transcripción del numeral referido se desprende, sin lugar a dudas, que la ley faculta al juzgador para fijar discrecionalmente una garantía suficiente, cuando a su juicio considere que la suspensión del acto pueda acarrear daños y perjuicios al tercero perjudicado. Ahora bien, el quejoso en su demanda de garantías manifestó que no existía tercero perjudicado, además de que tampoco obra constancia en el cuaderno incidental, hasta el momento, de que el Juez de Distrito hubiere llamado a alguien con ese carácter, por lo que erróneamente pretende el disconforme que se otorgue una garantía para reparar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los bienes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad que representa, no obstante que fue designada como autoridad responsable y de ningún modo como tercero perjudicado. Luego, no se encuentra en la hipótesis del artículo 125 de la Ley de Amparo, para que se exija al quejoso la garantía en comento, como bien lo señaló el Juez Federal, a pesar de lo que manifestó respecto a que dicha paraestatal es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad y patrimonio propio y que dicho patrimonio está constituido, entre otras cosas, por los frutos que obtiene de sus bienes, del que se deriva la venta de energía eléctrica como parte de tal; por lo que al concederse la suspensión sin garantía, le afecta a su patrimonio; pues como se vio, la caución de que se trata, no tiene como finalidad tutelar los perjuicios que en un momento dado pudieran resentir las autoridades responsables."

El criterio sustentado en las ejecutorias anteriormente señaladas dio lugar a la emisión de la tesis X.2o. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 1625, bajo los siguientes rubro y texto:

"SUSPENSIÓN. NO ES PROCEDENTE SOLICITAR LA GARANTÍA CUANDO LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ES SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. Si de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo, únicamente se fija garantía en los casos en que pueda ocasionársele un daño a los terceros perjudicados, luego entonces, si la Comisión Federal de Electricidad fue señalada como autoridad responsable dentro del juicio y de ningún modo como tercero perjudicado, independientemente de que se manifieste que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad y patrimonio propio y que dicho patrimonio está constituido, entre otras cosas, por los frutos que obtiene de sus bienes, del que se deriva la venta de energía eléctrica como parte de tal, no debe exigírsele al quejoso que otorgue garantía alguna para que surta efectos la suspensión, ya que la caución de que se trata no tiene como finalidad tutelar los perjuicios que en un momento dado pudieran resentir las autoridades señaladas como responsables."

CUARTO. Como cuestión previa, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada.

Al efecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y reglamentario transcritos consagran la figura jurídica de la contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deban prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.

Lo anterior supone, necesariamente, que los criterios entre los que deba decidirse cuál es el que debe prevalecer, sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para lo cual deben reunirse determinados requisitos, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Para determinar si los anteriores requisitos se surten en el presente caso, es necesario precisar las posturas de los tribunales contendientes, así como los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a los criterios que sustentaron.

I. En relación con la ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el incidente en revisión RA-319/2005, destaca lo siguiente:

I. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Inmobiliaria Valemi, Sociedad Anónima, promovió juicio de amparo indirecto precisando como autoridades responsables, entre otras, a la Comisión Federal de Electricidad; destacó como actos reclamados:

a) Cobro del suministro de energía eléctrica;

b) Orden de suspensión, interrupción o corte del servicio de suministro de energía eléctrica;

c) Ejecución de la orden anterior.

2. El Juez de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de garantías, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se suspendiera el servicio de suministro de energía eléctrica en perjuicio de la quejosa, fijando garantía a cargo de esta última para la reparación del daño que pudiera resentir la citada comisión.

3. El Tribunal Colegiado mencionado, al examinar el recurso de revisión interpuesto por la quejosa en contra de la determinación anterior, destacó que el artículo 125 de la Ley de Amparo establece dos hipótesis: una, relativa a los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero, evento en el que se debe supeditar la concesión de la suspensión al otorgamiento de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no se obtiene sentencia favorable; y, otra, que se refiere a la posible afectación al tercero perjudicado que no sea estimable en dinero, esto es, establece una hipótesis en tratándose de terceros y otra para el caso de tercero perjudicado. Luego, si la Comisión Federal de Electricidad tiene carácter de tercero, sí le puede causar un perjuicio económico la concesión de la medida cautelar solicitada, lo que actualiza el contenido del párrafo primero del aludido artículo 125.

Por lo que respecta al incidente en revisión RA-210/2005, deriva lo siguiente:

II. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Víctor Rodríguez Baggio, promovió juicio de amparo indirecto precisando como autoridad responsable a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación (sic); destacó como acto reclamado:

a) La imposición de una multa de treinta días de salario normal (sic) del quejoso, por no haber dado cumplimiento a la sentencia dictada el veintinueve de agosto del año dos mil tres, dictada por esa autoridad responsable.

2. El Juez de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la anterior demanda de garantías, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecutara la medida de apremio impuesta en contra del peticionario de garantías y, para que surtiera efectos dicha medida cautelar, fijó garantía por la cantidad a que asciende la sanción pecuniaria impuesta.

3. El Tribunal Colegiado cuyos criterios son examinados, al analizar el recurso de revisión interpuesto por la quejosa en contra de la determinación anterior, destacó que el artículo 125 de la Ley de Amparo establece dos hipótesis: una, relativa a los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero, evento en el que se debe supeditar la concesión de la suspensión al otorgamiento de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren si no se obtiene sentencia favorable; y, otra, que se refiere a la posible afectación a tercero perjudicado que no sea estimable en dinero, esto es, establece una hipótesis en tratándose de terceros y otra para el caso de tercero perjudicado. Luego, si en la especie el Estado tiene el carácter de tercero, aunque no técnicamente sea tercero perjudicado, es correcta la determinación de fijar garantía, en tanto que la Juez Federal no consideró que dicha garantía sea para indemnizar daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al tercero perjudicado; sin que pase inadvertido que el quejoso señaló como autoridad responsable ejecutora precisamente al órgano de Gobierno Federal a quien estima compete el cobro de la multa impuesta, pues ello es razón de más para estimar correcto el establecimiento de la garantía.

II. En relación con las ejecutorias pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en las quejas 63/2000; 9/2001; 11/2001 y 50/2001 así como el incidente de suspensión (revisión) 373/2000, deriva lo siguiente:

I. Mediante diversos escritos, los agraviados con:

a) Ajuste a la facturación del suministro de medición de energía eléctrica y,

b) Apercibimiento de cortar dicho suministro.

2. Promovieron amparo indirecto en los que precisaron como autoridades responsables, entre otras:

a) Superintendente de Zona Villahermosa de la Comisión Federal de Electricidad.

b) Jefe del departamento de Medición y Servicios Zona Villahermosa de la misma Comisión Federal de Electricidad.

3. Los Jueces de Distrito a quienes correspondió conocer de las diversas demandas concedieron la suspensión provisional, en los casos de las quejas y la suspensión definitiva en el del incidente en revisión, para el efecto de que no se suspendiera el servicio de suministro de energía eléctrica en perjuicio de los correspondientes quejosos.

4. El Tribunal Colegiado referido destacó, al examinar los agravios de la autoridad recurrente, que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo únicamente se fija garantía en los casos en que se pueda ocasionar daño a terceros perjudicados; por ello, si la Comisión Federal de Electricidad fue señalada como autoridad responsable y de ningún modo como tercero perjudicado, independientemente de que se manifieste que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad y patrimonio propio y que dicho patrimonio está constituido, entre otras cosas, por frutos que obtiene de sus bienes, del que se deriva la venta de energía eléctrica, no debe exigírsele al quejoso que otorgue garantía alguna para que surta efectos la suspensión, ya que la caución de que se trata no tiene como finalidad tutelar los perjuicios que en un momento dado pudieran resentir las autoridades señaladas como responsables.

De lo expuesto se deduce que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al igual que el Segundo del Décimo Circuito al conocer de resoluciones dictadas por Jueces de Distrito en relación con la concesión de la suspensión provisional o definitiva, en donde los actos reclamados fueron el corte o suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica y se tuvo, entre otras, a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad responsable, examinaron el contenido del artículo 125 de la Ley de Amparo que establece los supuestos en los que procede que el órgano que conoce del juicio fije garantía cuando con el otorgamiento de la suspensión pueda ocasionarse daño o perjuicio a terceros si no se obtiene sentencia favorable; resultando que, el mencionado en primer término, destacó que la indicada Comisión Federal de Electricidad tiene el carácter de tercero en el juicio de garantías por lo que sí procede fijar la garantía correspondiente, pues a su consideración, el numeral 125 que se explica contiene dos hipótesis normativas destinadas a dos clases de terceros, uno, denominado simplemente tercero y, otro, el propiamente tercero perjudicado a que se refiere el artículo 5o. de la ley de la materia; en cambio, el órgano jurisdiccional citado en segundo término examinó la dualidad de conceptos entre el carácter de autoridad responsable que la Comisión Federal de Electricidad tiene en el juicio y el de tercero perjudicado, llegando a la conclusión que esa comisión fue señalada como autoridad responsable y no como tercero perjudicado, por lo que la caución de que se trata no procede porque ésta no tiene como finalidad tutelar los perjuicios que en un momento dado pudieran resentir las autoridades señaladas como responsables.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que el problema jurídico sometido a la consideración de los tribunales contendientes, fue el siguiente:

Si en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo procede o no fijar garantía a favor de la Comisión Federal de Electricidad para el caso en que se conceda la suspensión solicitada del acto reclamado, cuyo efecto es la abstención de cortar o suspender el suministro de energía eléctrica prestado por aquélla.

Para dar solución al problema expuesto, se hace necesario interpretar el señalado artículo 125 conforme al marco jurídico en el que se encuentra inmerso y determinar, si la garantía que prevé debe ser fijada por el órgano que conozca del juicio a favor de la Comisión Federal de Electricidad, señalada como autoridad responsable y no como tercero perjudicado.

En ese orden, de lo antes expuesto deriva la existencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19511-ffb1b6e1/comision-federal-de-electricidad-para-que-surta-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.