PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO Y 87 DE LA LEY RELATIVA (REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE FEBRERO DE 2004), SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ahora bien, para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, a continuación se transcriben las ejecutorias correspondientes.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciante de la contradicción, al resolver los amparos en revisión 419/2004, 413/2004, 491/2004, 441/2004 y 464/2004, en sesiones del veinticinco de noviembre y dos de diciembre del año dos mil cuatro, siete, catorce y veintiuno de enero del año dos mil cinco, respectivamente, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
RA. 419/2004.
"SEXTO. Por cuanto hace a los artículos 73, segundo párrafo y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que señala la Juez de Distrito, en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia a que hace alusión en la sentencia que ahora se revisa, atento a las siguientes consideraciones. Es fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa, en el sentido de que no se actualiza la causal de improcedencia anotada, dado que en la especie, el objeto social de la empresa quejosa sí se ubica en la hipótesis a que se refieren los preceptos precisados con antelación, lo que le da el interés jurídico necesario para recurrir en esta vía la constitucionalidad de los preceptos anotados, como enseguida se pasa a demostrar. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Ahora bien, como se infiere del contenido de la fracción anotada, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número I.1o.A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, página treinta y cinco, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’ (se transcribe). Ahora bien, como lo señalaron los agraviados, se combate, entre otros artículos, el 73, segundo párrafo y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismos que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 86.’ (se transcribe). Como pruebas de su parte, la empresa ahora recurrente exhibió los instrumentos notariales, identificados con los números 12635 y 24447, documentos públicos de los que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, es el de: (se transcribe). Con las documentales relacionadas valoradas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de adquirir, ceder, dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento, explotar u operar, administrar por cualquier título legal toda clase de bienes inmuebles, de igual forma se aprecia en dichos instrumentales que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, así como para realizar las actividades accesorias o necesarias para cumplir el objeto para el cual fue creada. Es por ello que si el artículo 73 versa sobre la sujeción a la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, el registro de los contratos relativos a tales actividades, los requisitos e información que deben contener, las especificaciones relativas a los plazos y demás elementos que individualicen el bien. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el carácter de proveedores están sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan está la de ofertar sus productos y servicios, momento desde el cual están obligadas por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales. De igual forma, los contratos que las quejosas utilicen como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal específico y registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor, incluso los contratos de adhesión deben registrarse previamente. En tanto que el artículo 86 de la ley incide en los derechos de los proveedores, ya que les constriñe a insertar en los contratos una cláusula en la que se disponga que la procuraduría es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre interpretación y cumplimiento de los mismos. Pues al ser parte de su actividad normal y cotidiana la realización de contratos, y en el caso de los de adhesión estar obligados a su previo registro por parte de los proveedores que intervienen en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación que otorgan al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, la inserción de una cláusula como la que se ha descrito, se refleja directamente en las condiciones en que prestan sus servicios sin que los efectos imperativos de la norma se sujeten a condición alguna. El registro previo de los contratos de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposición que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hipótesis normativa, esto es, que realicen sus actividades a través de contratos de adhesión, un perjuicio en su esfera de derechos. Ello es así, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo así las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por tanto, los artículos 73, segundo párrafo y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor son de carácter autoaplicativo, debido a que tales dispositivos legales representan cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. Por todo lo anterior, resulta inaplicable la causa de improcedencia que analizó el Juez, por lo que procede revocar la sentencia recurrida por cuanto hace a los artículos 73, segundo párrafo y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor."
RA. 413/2004.
"SEXTO. Sin embargo, por cuanto hace al citado artículo 73 bis, fracción IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que, contrariamente a lo que señala la Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, es fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa en el sentido de que la causal de improcedencia anotada no se actualiza, ya que en la especie, la norma impugnada (73 bis, fracción IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor) es de carácter autoaplicativa. El numeral reclamado es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 73 bis.’ (se transcribe). Toda vez que el artículo en cita remite al diverso 73 del mismo ordenamiento, es pertinente transcribir el mismo. ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Ahora bien, de la transcripción anterior, se advierte que el artículo impugnado ordena que los proveedores deberán poner a disposición de los consumidores, entre otras cosas, la información sobre las condiciones en que se encuentren en el pago de contribuciones y servicios públicos. De esta manera, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el carácter de proveedores, fraccionadores, constructores, promotores, entre otros, están sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan está la de ofertar sus productos y servicios, por lo que están obligadas a poner a disposición de los consumidores la información sobre sus pagos de contribuciones y servicios públicos, pues así lo exige dicho numeral. Por lo que dicho artículo impugnado, por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, obliga a que los proveedores al contratar con los consumidores informen a éstos sobre las condiciones en que se encuentran en el pago de contribuciones y servicios públicos. Por tanto, el artículo 73 bis, fracción IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es de carácter autoaplicativo, debido a que tal dispositivo legal representa cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. Razón por la cual, resulta inaplicable la causa de improcedencia propuesta por la juzgadora, ya que la norma impugnada tiene el carácter de autoaplicativa, habiendo la quejosa acreditado encontrarse en los supuestos de la misma. Lo anterior es así, ya que el objeto social de la empresa quejosa se ubica en la hipótesis a que se refiere el precepto precisado con antelación. En efecto, como pruebas de su parte, la empresa ahora recurrente exhibió el instrumento notarial identificado con el número catorce mil setecientos sesenta y ocho, documento público del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa es el de: (se transcribe). Con la documental relacionada, valorada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de construir y mantener casas, edificios, carreteras y obras civiles, comprar, vender, construir y administrar condominios; de igual forma se aprecia en dicho instrumento, que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, así como para realizar las actividades o actos necesarios para cumplir el objetivo para el cual fue creada. Por tanto, si el artículo 73 bis, fracción IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor es de carácter autoaplicativo y la quejosa acreditó con el instrumento notarial en mención encontrarse en los supuestos de la norma, lo procedente es levantar el sobreseimiento y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se continúa con el estudio de las causales de improcedencia formuladas por las autoridades responsables. Las autoridades responsables plantean que el juicio de amparo debe sobreseerse al considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con interés jurídico, ya que con la sola emisión del decreto no se afectan los intereses jurídicos de la misma, al no existir un derecho adquirido, además por contar la quejosa simplemente con un interés simple y económico. Agrega que también se surte la causal de improcedencia, debido a que la empresa quejosa carece de legitimación procesal activa. Los anteriores argumentos se analizarán en su conjunto, dada la relación que guardan. A fin de contestar las causales citadas con anterioridad, conviene determinar en primer término qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Para ello, se toma en cuenta el criterio que informa la tesis jurisprudencial I.1o.A. J/17 publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, que textualmente dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’ (se transcribe). Pues bien, para solicitar amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa. Ahora bien, contrario a lo argumentado por la autoridad responsable, sí tiene interés jurídico para impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que del instrumento notarial que exhibe se advierte que su objeto social, entre otros, es la compraventa y construcciones de inmuebles, y en virtud de que la norma que impugna, consistente en el artículo 73 bis, fracción IV, de la ley en mención, se impone una obligación que va dirigida a los proveedores de venta y construcción de inmuebles, a efecto de que pongan a disposición de los consumidores la información referente a las condiciones en que se encuentren en el pago de contribuciones y servicios públicos, es evidente entonces que tal disposición sí causa perjuicio a la quejosa y afecta su interés jurídico en razón de que como proveedor necesariamente deberá cumplir con esa norma que invariablemente le obliga a proporcionar a los compradores (consumidores) información respecto al pago de contribuciones y servicios públicos, lo que constituye una carga que afecta directamente su esfera jurídica al tratarse de un requisito que deberá satisfacer para llevar a cabo o realizar su actividad. Por lo que la quejosa sí tiene interés jurídico para reclamar el artículo en cita. En ese sentido, se estima también que no asiste la razón a la autoridad responsable, en cuanto señala que únicamente se trata de un interés simple y que la quejosa carece de legitimación procesal activa para promover el amparo, toda vez que en el caso no se está en presencia de un interés simple, ya que como se precisó en el párrafo anterior, se trata de un interés jurídico, pues la norma que se impugna ocasiona un perjuicio directo en la esfera jurídica de la impetrante, al imponerle la obligación de proporcionar la información sobre su situación fiscal a sus compradores; de modo que no es correcto considerar que únicamente se trate de un interés simple, ya que esa afectación constituye un verdadero perjuicio en la esfera de derechos de la empresa quejosa. En virtud de esa afectación, en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, la quejosa cuenta con la legitimación necesaria para interponer el presente juicio, por ser la titular del derecho que se ve afectado con la norma que se reclama. Ahora bien, con relación a lo alegado por la autoridad respecto a que la impetrante de garantías reclama sólo un perjuicio económico, debe decirse que no le asiste la razón, toda vez que lo que reclama es que el artículo 73 bis, fracción IV, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la obliga a poner a disposición del consumidor, la información sobre los pagos de contribuciones y servicios públicos, lo que de ninguna manera se traduce en afectación económica, pues no se ve menoscabo en su patrimonio, y sí, por el contrario, en su interés jurídico, pues como ya se dijo, al obligársele a que proporcione información respecto a los pagos de contribuciones y servicios públicos, ello genera perjuicio en su esfera de derechos. Así las cosas, se arriba a la convicción de que las causales de improcedencia hechas valer no se surten."
RA. 491/2004.
"SÉPTIMO. En cambio, los agravios formulados por la parte quejosa, ahora recurrente, controvierten el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito únicamente respecto del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en cuanto a que dicho precepto es de carácter autoaplicativo. Es fundado el agravio que hace valer respecto del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que considera que la parte quejosa ahora recurrente no demostró estar colocada bajo los supuestos de las normas que tacha de inconstitucionales, esto es, no acreditó ser sujeto de la norma en comentario. Este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que señala el Juez de Distrito, en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia a que hace alusión en la sentencia que ahora se revisa, atento a las siguientes consideraciones. A saber, en la especie, el objeto social de la empresa quejosa sí se ubica en la hipótesis a que se refieren los preceptos precisados con antelación, lo que le da el interés jurídico necesario para recurrir en esta vía la constitucionalidad del precepto anotado, como enseguida se demuestra. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Ahora bien, como se infiere del contenido de la fracción anotada, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número I.1o.A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, página treinta y cinco, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’. Ahora bien, como lo señaló el agraviado, se combate el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 73.’. Por su parte, es de destacar que la empresa ahora recurrente exhibió copia certificada del instrumento notarial, identificado con el número 142,823 documento público del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, es el de: ‘A) La realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, los trabajos de planeación, diseño, exploración, localización y perforación conducentes; así como la adquisición, enajenación, administración, arrendamiento, promoción, proyecto, diseño y fraccionamiento de los mismos, diseñar, proyectar, presupuestar, formular avalúos, realizar, supervisar y dirigir todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, caminos, bordos, abrevaderos, desmontes, agrícolas o ganaderos; así como la exploración, localización y perforación de todo tipo de pozos, previo los permisos correspondientes. B) Adquisición, enajenación, administración, arrendamiento, promoción, proyecto, diseño y fraccionamiento de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, sean públicas o privadas. C) Compra, venta, importación y exportación por cuenta propia o de terceros de toda clase de materiales y equipo para la construcción. D) Compra, venta, importación y exportación por cuenta propia o de terceros de toda clase de refacciones para el equipo de construcción. Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: I. Ejecutar toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionados con los objetos anteriores. II. Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto. III. Adquirir por cualquier título patentes, marcas industriales, nombres comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad industrial, literaria o artística. IV. Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos, relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local. V. Comprar, vender o recibir a cualquier título, acciones, bonos, obligaciones y valores de cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones. VI. Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito. VII. Adquirir partes sociales. VIII. Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos. IX. Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales. X. Contratar al personal necesario. XI. Otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros.’. Con la documental relacionada, valorada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, las de realizar todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, adquirir, enajenar, arrendar, proyectar, diseñar y fraccionar, todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, de igual forma se aprecia en dicha instrumental que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar todos los contratos, así como para realizar las actividades accesorias o necesarias para cumplir el objeto para el cual fue creada. Es por ello que si el artículo 73 versa sobre la sujeción a la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de los proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, el registro de los contratos relativos a tales actividades, los requisitos e información que deben contener, las especificaciones relativas a los plazos y demás elementos que individualicen el bien, los gobernados que conforme a lo indicado tienen el carácter de proveedores están sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, desde su entrada en vigor, pues en el ejercicio normal y cotidiano de la actividad que desarrollan está la de ofertar sus productos y servicios, momento desde el cual están obligadas por la propia ley a negociar sobre la base de las normas legales. De igual forma, conforme al artículo 73 de la ley en comento, los contratos que la quejosa utilice como parte de sus actividades cotidianas deben atender a los requisitos del dispositivo legal específico y registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El registro previo y los requisitos de los contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor para verificar que se ajusten a lo dispuesto por la ley, representa una disposición que por su sola vigencia ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos de los proveedores ubicados en la hipótesis normativa, esto es, que realicen sus actividades a través de contratos. Ello es así, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro y requisitos de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo así las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Ello es así, pues por su sola entrada en vigor y sin que se condicionen sus efectos, se obliga a los proveedores al previo registro de los contratos ante la autoridad y de no hacerlo así las consecuencias son que no produzcan efectos contra el consumidor. Por tanto, el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es de carácter autoaplicativo, debido a que tal dispositivo legal representa cargas para los proveedores ubicados en los supuestos, desde el inicio de su vigencia. Por todo lo anterior, resulta inaplicable la causa de improcedencia que analizó el Juez, por lo que procede revocar la sentencia recurrida por cuanto hace al artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. En consecuencia, al no advertir diversa causa de improcedencia que deba ser analizada, porque aunque en el informe justificado rendido por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión invocó las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, las mismas fueron desestimadas al considerar que el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor es autoaplicativa, con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que procede es el estudio de los conceptos de violación que se hicieron valer en relación con el precepto apuntado."
RA. 441/2004.
"OCTAVO. Por cuanto hace a los restantes artículos reclamados 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, este Tribunal Colegiado estima que contrariamente a lo que señala el Juez de Distrito, en la especie no se actualiza la causal de improcedencia que se hizo valer en la sentencia que ahora se revisa, siendo, por ende, fundado el agravio que hace valer la empresa quejosa en el sentido de que dado el objeto social de la empresa quejosa, ésta sí se ubica en la hipótesis a que se refieren los preceptos precisados con antelación, lo que le da el interés jurídico necesario para controvertir la constitucionalidad de tales preceptos, como enseguida se pasa a demostrar. El precepto en que se apoya la causa de improcedencia es del tenor siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Sobre este particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia número I.1o.A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 60, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, página treinta y cinco, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’ (se transcribe). En la especie, se combaten, entre otros, los artículos 73, 73 ter y 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, mismos que ya quedaron transcritos. Como correctamente lo sostiene la parte recurrente, los artículos enunciados son de carácter heteroaplicativo. Al respecto, sostuvo que los artículos reclamados tienen el carácter de normas autoaplicativas porque no precisan el acto posterior de aplicación para que el destinatario de la norma se encuentre obligado a cumplirla, al obligarlo en forma incondicionada a acatar el mandato de la misma, generando perjuicio a la quejosa desde el inicio de su vigencia, en virtud de que se crean, transforman y extinguen situaciones concretas de derecho, específicamente las relacionadas con la compraventa de inmuebles destinados a casa habitación; que el artículo 73 determina que todas las operaciones que los proveedores lleven a cabo en relación con la venta de inmuebles para casa habitación deben ser registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que la aplicabilidad de la disposición obliga en forma inmediata, a que a partir de su entrada en vigor se proceda a la inscripción del contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor (foja 18 del toca). Para acreditar los extremos indicados, la quejosa exhibió como pruebas de su parte, entre otras, el instrumento notarial identificado con el número veintisiete mil novecientos setenta y cinco (fojas 242 a 262 del expediente de amparo), documento público del que se advierte que el objeto de la sociedad quejosa, entre otros, son los siguientes: ‘I. La realización de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería civil y la compraventa, comercialización, arrendamiento, urbanización, desarrollo, explotación, construcción, remodelación, reparación y comercio en general de toda clase de bienes inmuebles. II. La realización de toda clase de construcciones, obras públicas y privadas.’ (foja 243 del expediente de amparo). Con la documental de referencia, valorada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2o. de esta última, se demuestra que la empresa quejosa realiza, entre otras actividades, la de compraventa, comercialización, arrendamiento, urbanización, desarrollo, explotación, construcción, remodelación, reparación y comercio en general de toda clase de bienes inmuebles, así como de toda clase de construcciones, obras públicas y privadas (foja 245 del expediente de amparo). También se aprecia de la probanza aludida que a efecto de poder cumplir con el objeto social de la empresa, se encuentra facultada para celebrar y realizar todos los actos y contratos que sean necesarios. Es por ello que los artículos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19395-cbc8f567/proteccion-al-consumidor-los-articulos-73-73-bis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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