Corpus
Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARA RESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTO FUNDADO EN UNA DISPOSICIÓN DIVERSA A LA DECLARADA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO REITERE SU CONTENIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2005-SS. · Registro digital (IUS): 18882
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 398.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Ahora bien, para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, a continuación se transcriben las ejecutorias correspondientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 105/2003 en sesión de cuatro de junio del año dos mil tres, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Por razón de método, en primer término se examina el agravio relativo a la causal de improcedencia que hizo valer identificado como ‘C’, y en el que la recurrente aduce: a) Que la sentencia es ilegal porque la Sala Regional dejó de lado las manifestaciones que formuló, relativas a que el acto que pretendía impugnar la actora constituía un acto consentido por no interponer el juicio de amparo al aplicársele el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. b) Que la Sala Fiscal pierde de vista que la única forma en que una norma jurídica se deje de aplicar a un particular, es mediante el juicio de amparo; y que la actora debió promover el juicio de amparo si pretendía impugnar la constitucionalidad de ese precepto legal, a partir de su primer acto de aplicación, que no es cuando se emitió la liquidación de contribuciones, sino desde el día siguiente en que se ubicó en la hipótesis de excepción, para que la demandada concluyera la revisión del dictamen dentro del término de seis meses. Cita una ejecutoria que indica es del Juzgado Quinto de Distrito, sin mencionar a qué circuito pertenece. c) Que la actora debió justificar que se encontraba en el supuesto del artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que se trataba del primer acto de aplicación y que procedía el juicio de nulidad; que por ello se trata de actos consentidos, por no promover el juicio de amparo dentro del término del artículo 21 de la Ley de Amparo. d) Que el argumento en cuanto al término para concluir la visita domiciliaria es improcedente en el juicio de nulidad conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII y 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; lo que la Sala dejó de valorar debidamente, pues no se pronunció respecto a esos argumentos, violando el artículo 237 del código tributario. Al examinar este argumento, la Sala Regional determinó: ‘... Por otro lado, esta juzgadora considera que no le asiste la razón a las autoridades demandadas cuando aducen que no obstante lo establecido en párrafos anteriores respecto al exceso del término para que cumplieran con sus facultades de comprobación, la empresa enjuiciante debió haber interpuesto medio de defensa en el momento en que consideró que le causaba agravio la aplicación del inconstitucional artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, conforme a los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y que como no lo hizo, sus actos fueron consentidos.’. Lo anterior es así, porque no se puede considerar un acto consentido cuando se impugnó mediante un medio ordinario como en la especie lo es el presente juicio de nulidad, antes de acudir a los tribunales que resuelven sobre el amparo, tal como se desprende de la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, tesis P. LXXX/95, página 72, que señala: ‘ACTO CONSENTIDO. NO LO ES AQUEL RESPECTO DEL CUAL EL QUEJOSO SE ABSTUVO DE PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, POR HABERLO IMPUGNADO PREVIAMENTE A TRAVÉS DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable en lo conducente el siguiente precedente emitido en este tribunal, que en lo literal menciona: ‘ACTO CONSENTIDO. SU NATURALEZA Y ALCANCES JURÍDICOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe). De lo anterior puede advertirse que asiste razón a la recurrente, pues la Sala Regional únicamente indicó que no se estaba ante actos consentidos, pero no examinó debidamente sus argumentos, y además no se pronunció respecto de todos los que fueron formulados por la demandante, como son los consistentes en que la demandada debió promover juicio de amparo si estima inconstitucional el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación; que debió acreditar que se está ante el primer acto de aplicación y que por ello se encuentra en el supuesto del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, aun cuando fundado tal agravio, éste resulta inoperante, por lo siguiente: En efecto, en su contestación de demanda y en su recurso de revisión, la recurrente sostiene que la actora debió impugnar la inconstitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, conforme a los artículos 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y que como no lo hizo, sus actos fueron consentidos, y lo relaciona con el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. El artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece como causa de improcedencia del juicio, respecto de actos consentidos entendiéndose que hay consentimiento cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos señalados en ese código. Ahora bien, tal como la recurrente propuso su argumento, tanto en la contestación de demanda como en su revisión, resulta inapropiado, pues al invocar el artículo 202, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, hace valer una causa de improcedencia; sin embargo, la misma únicamente resulta apta para hacerla valer en un juicio de amparo, no en el juicio de nulidad; pues si bien la fracción IV del artículo 202 del código tributario, habla de consentimiento; lo cierto es que la causa de improcedencia que hace valer el recurrente, es la contenida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin que ésta pueda trasladarse al juicio de nulidad, ni relacionarse con la contenida en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, aun cuando la Sala Regional Metropolitana no examinó debidamente su argumento, éste resulta inoperante, pues de todas formas debe ser desestimado por la responsable, por hacerse valer una causa de improcedencia no apta en el juicio de nulidad y a nada práctico conduciría el revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala examinara los argumentos que omitió examinar, pues resultaría ocioso, toda vez que el resultado sería el mismo, esto es, la causal de improcedencia es infundada. Resulta aplicable en lo conducente y por analogía, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). En los restantes agravios, mismos que están contenidos en los incisos a) y b) del recurso de revisión, la recurrente formula diversos argumentos relativos a la consideración de la Sala Fiscal de que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y nueve, es violatorio de la garantía de seguridad jurídica, los que a continuación se enumeran: 1) Que la Sala Regional Metropolitana debía observar y valorar si la actora cumplía con los requisitos procesales para aplicar en su beneficio una jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de un precepto legal; que sin tener facultades, se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, pues independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en ese sentido, la Sala Fiscal declaró la inconstitucionalidad del citado ordenamiento legal, por violación del artículo 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al molestar a la demandante en sus papeles y documentos; ya que ese numeral permite a las autoridades fiscalizadoras revisar la contabilidad de la empresa en las oficinas de las mismas por más de seis meses. 2) Que la Sala Fiscal carece de facultades y competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de algún precepto legal, lo que se hizo de su conocimiento en la contestación y desestimó; que el resultado de sus argumentos son tendientes a declarar la inconstitucionalidad del citado artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación por un supuesto diferente al cual se refieren las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que las jurisprudencias que cita no se refieren al caso de revisión de dictamen de estados financieros y, por tanto, no pueden ser aplicables ni siquiera por analogía. 3) Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede de forma obligatoria aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de algún precepto legal, pero debe estudiar la procedencia de la jurisprudencia que se trate de los mismos supuestos jurídicos controvertidos; debe estudiar si procesalmente se encuentra facultada la demandante para hacer valer tal jurisprudencia y, en consecuencia, poder decidir sobre la legalidad del acto administrativo, y cita la jurisprudencia cuyo título es: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADO EN ESA LEY.’. 4) Que si se está ante una hipótesis diversa del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no puede aplicarse la jurisprudencia únicamente porque diga el rubro de las citadas jurisprudencias que el citado ordenamiento legal es inconstitucional, pues debe aplicarse al caso en concreto, es decir, cuando es procedente únicamente. 5) Que no puede ser aplicada ni por analogía la jurisprudencia invocada por la responsable; que la aplicación analógica de la jurisprudencia sí es aceptada, pero sólo en el caso de que se trate de un punto jurídico exactamente igual al caso que se pretenda resolver, situación que en la especie no ocurrió, pues se trata de supuestos jurídicos totalmente distintos. 6) Que la aplicación de las disposiciones normativas, incluyendo las jurisprudencias 2a./J. 65/2001 y 1a./J. 22/2002, debe hacerse de manera congruente con el caso que se analiza, por ello, considerar como lo determina la a quo, que en la especie son aplicables las referidas jurisprudencias, ello se traduce en equiparar lo que en esencia es absolutamente diferente y distinto, desnaturalizando el propósito y sentido de las jurisprudencias mismas. De los citados argumentos resultan fundados los contenidos en los puntos 1) y 2), específicamente lo relativo a que la Sala Regional realizó el estudio de la constitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, con lo que se excedió de sus facultades, pues ello es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. A efecto de examinar los anteriores argumentos, se tiene en consideración que la Sala Regional determinó: ‘... (se transcribe)’. De la parte de la sentencia transcrita puede advertirse que las dos jurisprudencias en que la Sala Regional se apoyó para declarar la nulidad del acto impugnado, se refieren a la inconstitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente del año mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete. En el caso a estudio, el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que resulta aplicable a la actora, es el vigente en mil novecientos noventa y nueve; éste y el vigente en mil novecientos noventa y cinco a noventa y siete, a que se refiere la jurisprudencia establecen: Vigente en mil novecientos noventa y cinco a noventa y siete (se transcribe). Vigente en mil novecientos noventa y nueve (se transcribe). Si bien ambos preceptos, el vigente en la época en que se inició la revisión a la actora (mil novecientos noventa y nueve) y el declarado inconstitucional por la Corte (vigente en mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete), en su primer párrafo, que es al que se refieren las jurisprudencias invocadas por la Sala Regional, son similares en su redacción, sin embargo, el que fue declarado inconstitucional, fue el vigente en mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, no el vigente en mil novecientos noventa y nueve. Y lo que autoriza la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es a aplicar la jurisprudencia, realizando un estudio de legalidad, no de inconstitucionalidad, como puede apreciarse a continuación: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’ (se transcribe). De la lectura de las consideraciones que expuso la Sala Regional Metropolitana para decidir que en el caso eran aplicables la jurisprudencias que estiman que el artículo 46-A, primer párrafo, es violatorio del artículo 16 y 31, fracción IV, constitucionales, puede concluirse que no realizó una simple aplicación de la jurisprudencia; no realizó un examen de legalidad; pues se advierte que realizó una comparación del numeral citado al inicio de este párrafo, con el contenido de las jurisprudencias que consideró aplicables al caso, para concluir que existía similitud. En efecto, la Sala Fiscal al determinar que el artículo 46-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y nueve, es violatorio de los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, aun cuando invoque una jurisprudencia que se refiere a diverso precepto legal, implicaría (si tuviera facultades para ello) que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto pues, se insiste, en la especie, el que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el vigente en diversos años. Ello en atención a que de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, pudieron existir reformas de dicho precepto legal, o de alguno otro que con dicha modificación afecte al que nos ocupa, en cuanto a su sentido, alcance o aplicación. Al efecto se invoca el siguiente criterio jurisprudencial: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.’ (se transcribe). En consecuencia, al haberse determinado que el examen que realizó la Sala Regional para establecer que era aplicable similarmente la jurisprudencia que declaró inconstitucional el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, por hacer el ordenamiento legal una distinción entre los contribuyentes, lo que no debe suceder porque contraviene lo estipulado por los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucional, al molestar a la demandante en sus papeles y documentos por un tiempo que excede al estipulado en el primero de los preceptos citados, que es de seis meses, no es un examen de legalidad, sino que éste fue más allá de lo que se encuentra facultada, resulta fundado el agravio examinado, por lo que procede revocar la sentencia recurrida. No resulta necesario examinar los restantes argumentos sintetizados en los puntos 3, 4, 5 y 6 relativos a que la Sala debe examinar la procedencia de la aplicación de una jurisprudencia, verificando si la demandante está facultada para hacerla valer; que su aplicación debe ser en casos idénticos, no por analogía; y que en la especie se trata de una revisión de gabinete y no de una visita domiciliaria. Lo anterior debido a que con tales argumentos la recurrente pretende demostrar que las jurisprudencias en que se apoyó la Sala Regional no resultan aplicables; y dado que se determinó que la Sala Regional se excedió en sus facultades al examinar la constitucionalidad del artículo 46-A del código tributario, ello permite concluir que no debió aplicar esos criterios jurisprudenciales y, por tanto, es ineficaz que este tribunal se pronuncie respecto de tal cuestión."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciante de la contradicción, al resolver la revisión fiscal 196/2004-2730 el trece de octubre del año dos mil cuatro, mayoritariamente, determinó:

"QUINTO. Para el examen del agravio propuesto por la autoridad recurrente, conviene previamente atender a las consideraciones que soportan la decisión contenida en la sentencia sujeta a examen. Para decretar la nulidad de la resolución impugnada, la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que a la actora se le aplicó el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y nueve, año en que la entonces administradora especial de Auditoría Fiscal inició facultades de comprobación por el ejercicio relativo al año mil novecientos noventa y seis, mediante la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 324-SAT-X-1165, de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, notificado el diez de ese mes. Sostuvo que, de conformidad con ese precepto, las autoridades deben concluir la revisión de gabinete en un plazo máximo de seis meses, regla general que admite una excepción tratándose de determinadas categorías de contribuyentes, a la que pertenece Arrendadora Bank of America, Sociedad Anónima, Organización Auxiliar de Crédito, en su carácter de persona moral integrante del sistema financiero. Posteriormente precisó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha excepción, en tanto implica que la revisión de gabinete que se practica a determinadas categorías de contribuyentes no se sujete a un plazo máximo, quedando al arbitrio de las autoridades la duración del acto de molestia, pudiendo incluso volverse indefinido, contraviene la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 constitucional. En este tenor, determinó que resultaba aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2002, de rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN LOS AÑOS DE 1995 A 1997) ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO A QUE NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES.’ (se transcribe). Señaló que lo anterior no significa que analice cuestiones de constitucionalidad reservadas al Poder Judicial de la Federación, sino que únicamente observa la jurisprudencia de aplicación obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 263 del Código Fiscal de la Federación, citando además la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 38/2002, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.’. En cuanto a los argumentos que la autoridad formuló en su contestación a la demanda de nulidad, cabe destacar que la Sala determinó que era inexacto que la citada jurisprudencia 1a./J. 22/2002 no fuese aplicable al caso, puesto que en ella se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en los años mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, y la que se aplicó a la actora contenía la excepción a la regla general de duración máxima de las visitas domiciliarias o de la revisión de la contabilidad respecto de ciertos grupos de contribuyentes, por lo que su esencia no había cambiado, apoyándose en la jurisprudencia de rubro: ‘ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (Tesis VIII.2o. J/26 del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999.). Por su parte, la recurrente alega, en esencia, que la Sala del conocimiento viola lo dispuesto por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete por indebida aplicación, y el propio precepto vigente en mil novecientos noventa y nueve, por inobservancia, infringiendo con ello lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por no haber valorado si la actora cumple o no con los requisitos procesales para aplicar en su beneficio la jurisprudencia que interpreta aquel precepto. Al respecto, señala que la Sala aplicó indebidamente la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, ya que el artículo en que se fundó la autoridad demandada para la revisión de gabinete que se practicó a la actora es el vigente en mil novecientos noventa y nueve, producto de un acto legislativo distinto al declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que debe considerarse que dicha declaratoria de inconstitucionalidad relativa al artículo 46-A del código citado sólo abarca la vigencia que tuvo de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete, pero no así a sus reformas ni a una ley posterior, aun cuando reproduzca su contenido. Agrega que la producción de un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal declarado inconstitucional, cualesquiera que sean sus similitudes con el texto anterior, hace procedente la promoción de un nuevo juicio de amparo por quienes se vean afectados, incluyendo aquellos que hayan obtenido el amparo contra el texto vigente con anterioridad a dicha reforma, puesto que al tratarse de actos distintos deben ser objeto de diversas acciones según el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO.’. Así, conforme a la jurisprudencia anterior, dice la recurrente, cuando se reforma una ley declarada inconstitucional o se sustituye por otra de contenido similar o igual, procede un nuevo juicio de amparo por tratarse de un acto legislativo distinto, por lo que resulta incorrecto pretender que no se aplique el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y nueve, que no ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aduce que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia al juzgar sobre la legalidad del acto impugnado, siempre y cuando se refiera a la ley en que se funde tal acto, lo que no sucedió en la especie. En este sentido, subraya que lo que autoriza la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que el tribunal aludido realice un estudio de legalidad, no de constitucionalidad, como se aprecia de la jurisprudencia de rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADO EN ESA LEY.’. Luego señala que de la lectura de las consideraciones de la Sala del conocimiento se advierte que al determinar que en el caso resulta aplicable la jurisprudencia que declara que el artículo 46-A es violatorio del artículo 16 constitucional, no realizó una simple aplicación de la jurisprudencia mediante un examen de legalidad, sino que comparó el precepto vigente en mil novecientos noventa y nueve, en que se fundó la autoridad demandada al iniciar la revisión fiscal, con el precepto a que hace referencia la jurisprudencia 1a./J. 22/2002, para concluir que existía similitud. Alega que entonces la Sala declaró que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y nueve, es violatorio del artículo 16 constitucional sin tener facultades, porque aun cuando haya citado una jurisprudencia, en ella se declaró la inconstitucionalidad de un diverso precepto, esto es, el vigente de mil novecientos noventa y cinco a mil novecientos noventa y siete. Por las razones anteriores, afirma la autoridad recurrente, es indebida la consideración de la Sala en el sentido de que el precepto no ha cambiado en esencia, puesto que el texto correspondiente a mil novecientos noventa y nueve es el resultado de la modificación tanto formal como material que sufrió, en la medida en que existe una nueva expresión de la voluntad del legislador cuya inconstitucionalidad debe analizarse en un nuevo juicio de amparo en su contra. Asimismo, alega que no importa que el texto del precepto en cuestión siga siendo en esencia el mismo, dado que el sistema de control de constitucionalidad tiene como único propósito proteger a la parte quejosa de los efectos lesivos que derivan de cierta situación jurídica creada por una ley o acto determinado, preexistente a la iniciación del juicio de amparo. De lo relatado se obtiene que el planteamiento propuesto en los agravios parte del supuesto de que la jurisprudencia a que alude la autoridad declara la inconstitucionalidad de la disposición jurídica de que se trata. Por ende, como la norma legal aplicada en el procedimiento de fiscalización no es precisamente la misma a la que se refiere la jurisprudencia, entonces ésta resulta inaplicable, sin que tampoco la Sala pueda invocarla para resolver que la disposición en cuestión es inconstitucional, ya que esa determinación es ajena a su ámbito de competencia legal. Para determinar lo fundado o infundado de dicho planteamiento, el fallo habrá de ocuparse de los aspectos propios de la jurisprudencia que versa sobre constitucionalidad de leyes, con la finalidad de determinar en qué consiste, cómo se integra y dónde radica su utilidad, pues si se llega a la determinación de que, efectivamente, ese tipo de jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de la ley de que se trate, entonces asiste razón a la autoridad recurrente; por el contrario, si se demuestra que en ese aspecto no reside la obligatoriedad de tal institución, entonces los agravios serán infundados. Con esa finalidad, debe tomarse en consideración que el origen de la jurisprudencia radica en la actividad judicial que implica la resolución de controversias mediante la aplicación de normas generales al caso concreto que se somete a consideración del órgano del Estado correspondiente. En el desarrollo de esa función los juzgadores no son meros ejecutores de la ley, sino que interpretan los principios generales en ella previstos para fijar su alcance, corroborar qué casos son los que rige y establecer sus consecuencias jurídicas. Lo anterior a partir de que las normas no prevén ilimitadamente todos los hechos y variables que producen consecuencias de derecho, sino que establecen supuestos genéricos, correspondiendo a quienes las aplican determinar si rigen en el caso que se somete a su consideración, para lo que es necesario que las interpreten, desentrañando su alcance. Y es que, por la complejidad de la vida jurídica, resulta imposible que el creador de la norma precise todos los casos que en la realidad pueden materializarse, de ahí que sea necesario acudir a las interpretaciones de los tribunales para conocer los alcances definitivos de los actos materialmente legislativos. Ahora, como la función jurisdiccional se encarga a diversos órganos, entonces no existe un único intérprete oficial de la ley, sino tantos como órganos encargados de aplicarla. Cabe señalar que este fenómeno no sólo se actualiza tratándose de normas ordinarias, sino que también se materializa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya interpretación se encomienda al Poder Judicial de la Federación que se ejerce por múltiples tribunales. Es común que respecto de un mismo precepto normativo existan diversas interpretaciones, incluso contradictorias entre sí en detrimento de la certeza jurídica, pues para que la administración de justicia sea eficaz, es deseable que entre los diversos órganos jurisdiccionales existan criterios uniformes. Un Estado de derecho no puede concebirse sin tribunales encargados de resolver las controversias que se susciten con motivo de las relaciones sociales; sin embargo, esos órganos no cumplirían eficazmente su función si se permitiera que en lugar de certeza jurídica produjeran incertidumbre al resolver conforme a criterios discrepantes. La jurisprudencia pretende solucionar esa problemática, al erigirse en criterios obligatorios que sobre la interpretación de las normas emiten los órganos judiciales legalmente facultados, producto de la función que ejercen. Así, dentro de nuestro sistema jurídico se establece la posibilidad de que tribunales legalmente autorizados fijen criterios de interpretación de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18882-d2fc5a24/jurisprudencia-sobre-inconstitucionalidad-de-una-ley-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.