DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN Y NO LAS LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL, SON LAS COMPETENTES PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005). DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2005).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de fecha veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis, en una de las materias propias de la especialidad de esta Sala, como lo es la materia administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes señalados al dictar las respectivas ejecutorias.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver, respectivamente, las revisiones fiscales 1/2005, 40/2005 y 42/2005, falladas la primera de ellas el tres de febrero, la siguiente el catorce de julio y la última el treinta de junio del año dos mil cinco, todas por unanimidad de votos, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe, sin que se estime necesaria la reproducción de las ejecutorias dictadas en los tocas 40/2005 y 42/2005 por ser similar el criterio al sustentado en el citado en primer lugar.
Revisión fiscal 1/2005.
"SEXTO. Son infundados los agravios transcritos. La Sala Regional del Centro I, en esta ciudad, en el fallo que se combate, emitió su criterio en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por considerar, en esencia, que la orden de visita RIM6100023/00, contenida en el oficio 324-SAT-R4-L33-3310 de diecinueve de junio de dos mil, que dictó la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, es ilegal, pues la facultad de verificar devoluciones improcedentes, así como la determinación de los créditos por concepto de diferencias y sanciones que procedan en derecho -en el caso, por devolución del impuesto al valor agregado solicitado por la actora-, es competencia de la Administración Local de Recaudación, por disposición expresa en el artículo 21, apartado B, fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (vigente en mil novecientos noventa y nueve), y no de la emisora del acto, pues las facultades de ésta contenidas en el apartado C, fracción V, del mismo artículo en cita, discrepan de las atribuciones específicas para la autoridad recaudadora, en tanto que de acuerdo a la potestad otorgada a cada una de las autoridades administrativas, no pueden ni deben actuar ambas unidades sobre la misma materia, pues son distintas, como se advierte del contenido de las normas que transcribe. En contra de dicha determinación la recurrente alega transgresión a los principios de congruencia, legalidad y competencia, y sus argumentos, en esencia, están dirigidos a insistir en que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes está facultada para emitir la orden de visita domiciliaria y sustanciar el procedimiento relativo a la verificación de devolución improcedente del impuesto al valor agregado e imponer la sanción correspondiente -que se impugnó en nulidad-, con fundamento en el artículo 21, apartado C, fracción V, último párrafo, apartado F y quinto transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ya que, dice, de los normativos en cita se desprende su facultad para emitir órdenes de visita domiciliaria con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuesto, como el impuesto al valor agregado, por ende, respecto de la procedencia de la devolución del saldo a favor en materia de ese tributo, y además, dice, se trata de facultades concurrentes de esta autoridad con la Administración Local de Recaudación de esta misma entidad federativa. De lo anterior se desprende que el punto de litis se centra en determinar si la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes tiene o no facultades para verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes, o si esa facultad la tiene, exclusivamente, la Administración Local de Recaudación de esta misma entidad. Ahora bien, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en sus artículos 21, apartado B, fracción XX, apartado C, fracción V, apartado F y quinto transitorio, establecía las siguientes hipótesis, a saber: ‘Artículo 21. Las Administraciones Locales de Grandes Contribuyentes, de Recaudación, de Auditoría Fiscal, Jurídicas de Ingresos y de Recursos, tendrán la denominación que señala este reglamento, y la circunscripción territorial y sede que se determine mediante acuerdo del presidente del Servicio de Administración Tributaria. ... . B. Compete a las Administraciones Locales de Recaudación a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes: ... XX. Tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco o cuando legalmente así proceda; orientarlos en la forma de solicitarlas, así como verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes; asimismo solicitar documentación para verificar su procedencia; ... . C. Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal a que se refiere el apartado F de este artículo, ejercer las facultades siguientes: ... V. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, reconocimientos aduaneros derivados del mecanismo de selección automatizado, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos. ... . Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un administrador, quien será auxiliado en el ejercicio de las facultades conferidas en este apartado por los subadministradores «1», «2», «3», «4» y «5», jefes de departamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. ... F. Las denominaciones de las Administraciones Locales de Recaudación, de Auditoría Fiscal, Jurídicas de Ingresos y de Recursos, son las siguientes: En el Estado de Aguascalientes: De Aguascalientes. ...’-‘Quinto transitorio. En tanto se expidan los acuerdos por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, continuarán siendo aplicables, en lo conducente, los acuerdos por los que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis y por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, modificado mediante los acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, el catorce de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.’. De la armónica y teleológica interpretación de los dispositivos transcritos, se desprende que efectivamente, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal cuentan con facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, así como facultades de determinación en esos aspectos, encontrándose, además, dotadas del poder para tramitar y resolver los procedimientos que deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los indicados, es inconcuso que pueden revisar la exactitud de los datos contenidos en los documentos relativos a ese cumplimiento, llámense declaraciones o dictámenes y, además, determinar, ya sea el pago correcto de los impuestos de que se trate. Sin embargo, de las propias disposiciones que norman a cada una de las autoridades administrativas, como lo sostiene la Sala Fiscal, la facultad expresa de ordenar la verificación, determinar y cobrar diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes, es una facultad exclusiva de las Administraciones Locales de Recaudación, en el caso, la de Aguascalientes, y no de la Administración Local de Auditoría Fiscal, que emitió el acto impugnado en nulidad. Lo anterior se aprecia así, en virtud de que la referida atribución no se ubica dentro de la generalidad de las visitas domiciliarias, como de forma correcta lo sostuvo la Sala resolutora, contenida en la fracción V del apartado C del artículo 21 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria transcrito; sino que la verificación de devoluciones improcedentes, es una facultad de comprobación con naturaleza distinta a las visitas para revisar la contabilidad, mercancías y bienes al contribuyente, por lo que requiere que de manera expresa se confiera su competencia a la autoridad que la realiza, en el caso, la Administración Local de Auditoría Fiscal, para que esté en aptitud legal de hacerlo, puesto que, reitérase, no se encuentra comprendida dentro de la generalidad, como se aduce en la sentencia que se reclama. Se sostiene que la facultad para ordenar la verificación tratándose de devoluciones improcedentes es competencia exclusiva del administrador local de Recaudación de Aguascalientes, por disposición de la fracción XX del Apartado B del invocado artículo 21, de tal forma que por el hecho de tratarse de una facultad específica no puede darse la concurrencia que alega la autoridad inconforme, en tanto que para la verificación de devoluciones improcedentes no pueden ni deben actuar las dos unidades sobre la misma materia. Esto es así, porque al respecto el legislador de forma taxativa estableció, por una parte, la facultad genérica de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal para que llevaran a cabo visitas domiciliarias, a fin de revisar la contabilidad, bienes y mercancías de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos; y por otra, estableció la atribución especial para las Administraciones Locales de Recaudación, de revisar solicitudes de devolución de saldos a favor respecto del impuesto al valor agregado, pagado indebidamente, así como determinar y cobrar las diferencias de esa devolución de resultar improcedente, y de ser así, imponer las sanciones que correspondan; de lo que se infiere que el legislador precisó el ámbito de competencia en que cada una de las autoridades practique la facultad de comprobación, de ahí que sea de naturaleza jurídica distinta la atribución otorgada a cada una de las autoridades administrativas, es decir, separó el caso en que debía practicarse la visita al contribuyente y aquel en que procede la verificación por considerar que se efectuó una devolución improcedente al tributario, mas no señaló que fuera el mismo tipo de actuaciones para las dos recaudadoras, por lo que deben entenderse como atribuciones desligadas una de la otra. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que no debe entenderse la visita y la verificación como una misma facultad de comprobación que puede realizar la Administración Local de Auditoría Fiscal, ya que en el artículo 21, apartado B, fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente a partir del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se estableció de manera expresa la facultad para las Administraciones Locales de Recaudación para verificar, determinar y cobrar diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las sanciones correspondientes; lo que pone de manifiesto que la multicitada atribución se confirió de manera expresa en dicho ordenamiento, porque se trata de una facultad de comprobación diversa a las visitas domiciliarias en general; lo que lleva a concluir que además de la facultad de efectuar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, en el indicado apartado C del artículo 21 del mismo reglamento, no se estableció la relativa a la verificación en materia de devoluciones de saldos a favor del contribuyente. Es decir, el legislador previó la atribución específica de que se trata, en virtud de que no se podía entender dentro de aquella genérica, pues, insístese, las atribuciones precisadas en las normas contenidas en los apartados B y C del artículo 21, no comparten la misma naturaleza ni debe entenderse como una sola, sino como facultades distintas que tienen su propia naturaleza. Lo anterior, porque de otra manera no se entendería el motivo por el que el legislador estableció cada facultad en forma separada en el artículo 21 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que de ser la misma facultad, no hubiese hecho esa separación expresa como aconteció y que es como se encuentran en relación con las restantes facultades de comprobación (revisión de dictámenes; requerimientos de documentación, información y datos; y verificación de errores aritméticos), de las que se aprecia que se encuentran separadas por tener naturaleza jurídica y propósitos distintos, esto es, que no se trata de una sola facultad de comprobación, sino de varias, por lo que la aptitud para realizar verificaciones en relación con la solicitud de devolución de impuesto al valor agregado, establecida en la fracción XX del apartado B del numeral en comento, debe entenderse como distinta de la facultad para verificar la visita domiciliaria a que se refiere la fracción V, apartado C, del propio precepto. Así, la facultad para realizar verificaciones por devoluciones improcedentes, es especial y concreta que difiere de la naturaleza de la orden de visita en general, con independencia del procedimiento para su desarrollo, sino que aquélla, por disposición de la ley, debe entenderse como una atribución diversa de las restantes que prevé el artículo 21 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para las que se encuentra facultada la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes. Entonces, si tenemos que para cada una de las facultades de comprobación que señala el multicitado artículo 21, se contiene de manera expresa a una determinada unidad administrativa, es inconcuso que se otorgó a la Administración Local de Recaudación la competencia específica para verificar la devolución improcedente por pago del impuesto al valor agregado, por lo que al estar contemplado de esa manera, también es incuestionable que la demandada en el juicio de nulidad carecía de competencia para ordenar la visita y verificar ese concepto; de ahí que a juicio de este tribunal sea correcta la decisión que asumió la Sala Fiscal, en el sentido de que se trataba de una obligación fiscal que era sujeta de verificarse conforme a la fracción XX del apartado B del artículo 21 del reglamento en comento, pues para que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes fuera competente para llevar a cabo ese tipo de visita, era menester que tuviera previamente otorgada la atribución en el citado reglamento, empero, no era correcto que la ejerciera con base en la que tiene conferida, relativa a la visita en general. En este sentido, cabe agregar que el apartado C en su último párrafo y el apartado F del artículo 21, así como el artículo quinto transitorio, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente en mil novecientos noventa y nueve, solamente corroboran la circunscripción territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Aguascalientes, en el despacho de los asuntos de su competencia, dentro de los cuales no se encuentra la relativa a la verificación en relación con devoluciones improcedentes, como ya se vio, por tanto, no le aportan ningún beneficio para el fin pretendido por la inconforme. En consecuencia, no es verdad que la resolutora en el dictado de la sentencia transgrediera los principios de legalidad y congruencia de cuya infracción se duele la recurrente, porque el criterio de la Sala favorable al actor no da lugar a considerar que el procedimiento respectivo sea confuso o incierto, puesto que es un juicio de opinión que refleja la conducta asumida por los interesados con el propósito de conocer el punto de vista del órgano especializado y competente, que atiende y dirime sobre el campo de competencia de la autoridad demandada en el ejercicio de sus facultades. En mérito de las anteriores consideraciones, debe confirmarse en sus términos la sentencia recurrida."
Los fallos anteriores dieron lugar al establecimiento de la tesis, aún pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente:
"IMPUESTOS. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN SON LAS COMPETENTES PARA REVISAR LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR RESPECTO DE AQUELLOS PAGADOS INDEBIDAMENTE, ASÍ COMO PARA DETERMINAR Y COBRAR DIFERENCIAS DE ESA DEVOLUCIÓN CUANDO ÉSTA HUBIERA RESULTADO IMPROCEDENTE, Y DE SER EL CASO, IMPONER LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el recurso de revisión fiscal 243/2004 en sesión de ocho de febrero de dos mil cuatro, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe, en la parte que informa la presente contradicción de criterios:
Revisión fiscal 243/2004.
"QUINTO. El único agravio hecho valer es fundado en lo sustancial. En la sentencia recurrida, como ya se vio de lo transcrito en el considerando segundo de la presente resolución, la Sala Fiscal determinó, medularmente, que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, es incompetente para emitir la orden de visita domiciliaria en que se sustentó la resolución impugnada, porque de los preceptos legales 2o., primero y tercer párrafos, 25, primer párrafo, fracción II, tercer y último párrafos, 23, fracciones VII, VIII y XI, y 39, primer párrafo, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, en que esa autoridad fundó su competencia, se desprendía con meridiana claridad que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal tienen, dentro de su circunscripción territorial, entre otras facultades, la de ordenar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y que en la especie, la orden de visita no fue emitida con el objeto de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la actora sino para verificar la procedencia de la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente a los ejercicios comprendidos del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de junio de dos mil dos; siendo que tratándose de las facultades de comprobación y en particular, la de determinar la procedencia o no de la devolución solicitada y, en su caso, los recargos y multas por las cantidades compensadas indebidamente, se establece en el artículo 20, fracción XXXII, del citado reglamento, la competencia expresa de las Administraciones Locales de Recaudación, en el que aunque no se señala en forma textual que podrán ejercer las facultades de comprobación necesarias para determinar la procedencia o improcedencia de las devoluciones solicitadas, y en su caso determinar créditos fiscales, la conclusión a la que se arribaba no contrariaba el sistema de facultades expresas que impera en el régimen jurídico mexicano, pues las normas deben interpretarse en forma armónica con el afán de desentrañar su esencia, de tal manera que si el legislador confirió en forma expresa a dichas unidades administrativas la facultad de tramitar y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco o cuando legalmente así proceda, así como verificar, determinar y cobrar las diferencias por devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes y solicitar documentación para verificar su procedencia, era evidente que dentro de dicha concesión se incluyen aquellas que aunque no se mencionan en forma expresa, resultan inherentes o necesarias para hacer cumplir aquéllas; que el fundamento de la anterior consideración derivaba de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución General de la República, que consagra la existencia de facultades implícitas. Pues bien, como acertadamente lo argumenta la autoridad recurrente, la Sala Fiscal, al determinar que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal tienen, entre otras facultades, la de ordenar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y que en el caso, la orden de visita no fue emitida con el objeto de revisar el cumplimiento de tales obligaciones sino verificar la procedencia de la devolución de mérito, inadvirtió que, precisamente, para verificar la procedencia de la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado que le fue autorizada a la contribuyente actora y abonada a su cuenta bancaria por parte de la diversa autoridad Administración Local de Recaudación de Guadalajara, era necesario el verificar, a través de una visita domiciliaria, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la contribución por la que se generó el saldo a favor (impuesto al valor agregado), puesto que de otra manera no se podría determinar la procedencia o improcedencia de la devolución que le fue autorizada a la contribuyente y abonada a su cuenta bancaria, por lo que si las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal tienen facultades para ordenar y practicar visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en materia de impuestos, entre otras materias, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracción II y 23, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, resulta claro que tienen facultades implícitas para verificar o comprobar, mediante una visita domiciliaria, la procedencia o improcedencia de las devoluciones de saldo a favor autorizadas y abonadas a los contribuyentes, teniendo en cuenta, se insiste, que para poder determinar la procedencia o improcedencia de tales devoluciones, debe verificar o comprobar si los contribuyentes efectuaron de manera debida el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la contribución por la que se generó el saldo a favor; por lo que carece de sustento legal que la a quo considere ilegal la orden de visita al direccionar el objeto de la misma a la verificación de la procedencia de la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente a los ejercicios comprendidos del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta de junio de dos mil dos, autorizada el nueve de enero de dos mil tres por la Administración Local de Recaudación de Guadalajara, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 16 constitucional, el objeto de la orden de visita debe ser específico, esto es, se deben indicar con precisión los impuestos a revisar y los demás elementos que serán sujetos al procedimiento de fiscalización; por tanto, si las Administraciones Fiscales de Auditoría Fiscal tienen facultades expresas para ordenar y practicar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes en materia de impuestos, entre otras materias, por ende, también tienen facultades implícitas para verificar la procedencia de las devoluciones autorizadas y abonadas a los contribuyentes por concepto de saldo a favor, puesto que su procedencia o improcedencia se determina verificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente visitado, por lo que lo resuelto por la Sala Fiscal carece de fundamento, pues como lo destaca la autoridad recurrente, resuelve que la autoridad demandada es incompetente para emitir la orden de visita domiciliaria, haciendo uso de una interpretación literal de las facultades conferidas a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, mientras que a favor de la actora, interpreta de manera armónica la norma fiscal, invocando las facultades implícitas de las Administraciones Locales de Recaudación, sin advertir que el principio de las facultades implícitas es aplicable a ambas autoridades, por lo que no es dable que se aplique a favor de una autoridad y no a favor de la otra. Sin que sea óbice a lo antes determinado el contenido de la jurisprudencia en que se apoyó la a quo, con el rubro: ‘COMPENSACIONES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN TIENEN FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN ESA MATERIA (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE).’, toda vez que en la misma únicamente se declara como competentes a las Administraciones Locales de Recaudación para verificar la procedencia de las compensaciones, sin que en parte alguna de la misma o de la ejecutoria se haga evidente que por aceptar que dichas administraciones tienen la competencia de referencia, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal dejen de tenerla, ya que la materia de la contradicción fue si las Administraciones Locales de Recaudación tenían o no facultades para verificar la procedencia de las compensaciones, mas no si eran facultades exclusivas, o si por ello se debía tener como incompetentes a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. En consecuencia, como la Sala Fiscal hizo una indebida valoración de la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalajara, quien emitió la orden de visita domiciliaria antecedente de la resolución impugnada en nulidad, procede revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala Regional la deje insubsistente y emita una nueva en la que tome en consideración lo antes resuelto y resuelva conforme a derecho proceda los conceptos de impugnación cuyo estudio omitió dado el sentido de la resolución impugnada."
CUARTO. Como cuestión previa, debe determinarse si existe la contradicción de tesis denunciada.
Al efecto, conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19856-198c0c76/devolucion-de-pagos-indebidos-las-administraciones-locales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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