LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 159/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, Y POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: VERÓNICA NAVA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito al resolver el veinte de agosto del año dos mil tres el juicio de amparo en revisión 246/2003 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Se estima innecesario estudiar los agravios expresados por los quejosos, toda vez que se advierte una causal de improcedencia en el juicio de amparo, la cual debe ser analizada de oficio, por ser de orden público, de acuerdo al párrafo final del artículo 73 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 30/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 137, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se omite por no ser necesaria para informar el asunto). Del estudio de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por los quejosos se hace consistir en la negativa por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral 164/96, que sobre el pago de diversas prestaciones promovieron Ulises de Jesús Ceballos Ceballos y Leticia Torres Mesías Estrada contra Nicolás F. Xacur Gamboa, Xaxa Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable; Urba Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable; Conurpa, Sociedad Anónima de Capital Variable; Asesoría, Diseños y Supervisión de Construcciones, Sociedad Civil Particular, o quien resulte responsable, al considerar que con ello se transgrede en su agravio, entre otras, la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al primero de dichos ordenamientos legales, para el pronunciamiento de un laudo. En el caso sujeto a análisis se advierte la existencia de la causal de improcedencia derivada de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. El artículo 17 constitucional dispone en lo conducente: (se omite porque en el examen de fondo se transcribe). El precepto constitucional citado establece a favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional y demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por su propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además, de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el quejoso, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción relativa a la impartición de justicia en los plazos y términos que fijen ‘las leyes’, para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. Ni el mensaje del primer jefe ante el Constituyente de 1916 y el Proyecto de Constitución, ni el Diario de los Debates del Congreso Constituyente, consignan enunciado por el que se pueda establecer la significación de la expresión constitucional ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’. El artículo 17 del mencionado proyecto, en lo atinente decía: ‘... Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley ...’. Tal precepto fue aprobado sin discusión, por unanimidad de votos, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de diciembre de mil novecientos dieciséis. Este artículo constitucional fue reformado mediante iniciativa suscrita el veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y seis por el jefe del Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores fue la de Origen. En sesión de dieciséis de diciembre de la anualidad en comento se dio lectura a dicha iniciativa, a través de la cual se pretendían reformas a los artículos 17, 46 y 116, y derogar las fracciones VII, IX y X del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se determinó turnarla a las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Asuntos Relativos al Pacto Federal. Las Comisiones Unidas elaboraron el dictamen correspondiente, el cual fue presentado en la sesión ordinaria de dieciséis de diciembre de ese año, teniendo lugar la primera lectura; el mencionado dictamen contiene las consideraciones siguientes: ‘... La propia ley fundamental consagra como garantía individual de seguridad jurídica, la impartición de justicia, en forma gratuita y expresada por tribunales que, conforme a las leyes orgánicas respectivas, deben resolver las controversias de su competencia ...’; ‘... En su segundo párrafo, y como natural consecuencia de la condena a la auto-justicia, se especificará que toda persona, física o moral, tiene derecho a que se le administre justicia por parte de tribunales que establezca el Estado, y que su actuación, como expresa el texto actual, será expedita y gratuita y que ejercitarán sus atribuciones en los plazos y términos que fijen las leyes; pero, además, se indicará que los juzgadores resolverán los asuntos de su competencia de manera pronta, completa e imparcial, quedando en vigor la prohibición de las costas judiciales ...’. Asimismo, en sesión del diecinueve de diciembre siguiente, al tener verificativo el dictamen de segunda lectura, en el uso de la palabra, el senador Sobarzo Loaiza, expuso que: ‘... si bien pues, la garantía de la acción jurisdiccional está actualmente establecida en la Constitución General de la República en beneficio de la protección del individuo, mediante la reforma propuesta se busca enriquecerla y adaptarla a los tiempos presentes. Se busca que las resoluciones de la autoridad judicial no sólo satisfagan los requisitos de plazos y gratuidad, sino que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial. ...’. Hecho lo anterior, la minuta respectiva, aprobada por la colegisladora, se remitió a la Cámara de Diputados el mismo dieciséis de diciembre del año en cita, sin que el artículo que nos interesa haya sufrido modificación alguna al ser revisada por ésta, turnándola a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde fue aprobada en sus términos por 325 votos a favor y 24 abstenciones; y, una vez efectuados los debates correspondientes se aprobó, entre otras, la reforma al artículo de referencia por 245 votos en pro y 41 en contra. La reforma a estudio culminó con el cambio de la expresión ‘en los plazos y términos que fije la ley’, por el plural ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’. De lo reseñado se desprende que el propósito del Constituyente Permanente al incluir en el texto constitucional la expresión ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’ fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos conforme a los cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 605, Tomo XXII y 1014, Tomo XLVIII del Semanario Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes: ‘ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia.’. ‘ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXPEDICIÓN DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual, la expedita administración de justicia, limitó esta garantía a los términos y plazos que fijan las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista, la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada.’. En conclusión, el artículo 17 constitucional tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento respectivas. Por tanto, cuando la pretensión de la acción de amparo consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, como sucede en la especie, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, sino de una infracción a las leyes ordinarias, en el caso concreto, de la Ley Federal del Trabajo, en las cuales se precisan dichos plazos y términos que deben observarse para resolver una controversia jurídica. En consecuencia, la inobservancia de los términos previstos en tales cuerpos normativos es una violación procesal que no causa un perjuicio jurídico irreparable, en términos de la jurisprudencia del tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Número 56, agosto de 1992, tesis P./J. 24/92, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se omite porque el texto se transcribe al examinar el fondo del asunto). También es aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis 5/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 250, Tomo XIII, febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a que la reserva de acordar la admisión de pruebas en el procedimiento laboral, sin paralizar el procedimiento, no constituye una violación de imposible reparación, jurisprudencia que señala: ‘PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMISIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. El auto por el que se reserva acordar sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral es impugnable en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46, 158 y 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable, esto es, de aquellos a los que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la propia ley, ya que no infringe derecho sustantivo constitucional alguno de manera directa e inmediata; y, desde diverso aspecto, el efecto de la sentencia que llegara a conceder el amparo, tampoco sería el de destruir los elementos de la acción que impidiera el pronunciamiento de un laudo. Lo anterior, con la salvedad relativa a que si con la expedición del citado auto se llegara a paralizar el procedimiento laboral, en ese supuesto se estaría en presencia de un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, que afecta el derecho sustantivo del gobernado previsto en el artículo 17 constitucional, ya que tal paralización impediría la emisión del laudo correspondiente de manera pronta y, por tanto, se evitaría también que la administración de justicia tuviera lugar en los plazos y términos que fija la ley laboral.’. A mayor abundamiento, debe decirse que el posible retraso en el despacho de los asuntos sometidos al conocimiento de un tribunal ordinario no sería remediable a través del juicio de amparo, porque en esa hipótesis se desvirtuaría la naturaleza del mismo, en cuanto instrumento procesal protector de las garantías individuales, para instituir en la vía de acción constitucional una excitativa de justicia, lo cual es inadmisible, como se desprende, en lo conducente, del criterio sustentado por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tratar el tema relativo a la violación a los artículos 8o. y 17 constitucionales, tratándose del derecho de petición en la tramitación de un juicio, consultable en la tesis publicada en la página 5233, Tomo XLVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘EXCITATIVA DE JUSTICIA, NATURALEZA DE LA. Si bien es cierto que la excitativa de justicia no constituye un recurso que tenga como consecuencia confirmar, reformar o revocar una providencia judicial, puesto que la misma se usa precisamente para que se ejecute un acto procesal que, por su inexistencia, no puede ser recurrido, también lo es que el derecho de petición, dentro del procedimiento judicial, adquiere características especiales distintas de las que presenta cuando se hace uso de ese derecho, ante cualquiera otro de los funcionarios públicos; ya que, en el primer caso, la ley de procedimientos contiene disposiciones relativas a la forma y tiempo en que deben ser proveídas las promociones de las partes, y en el segundo, no existe reglamentación alguna, excepto cuando se trata de cuestiones fiscales o del ejercicio de la facultad económicocoactiva, que tiene cierta analogía con el procedimiento judicial; y como en los juicios tramitados por la autoridad judicial, existe el fenómeno de la preclusión, esto es, que cada trámite judicial va fincando situaciones jurídicas dentro del procedimiento, si en su contra no se proponen los recursos legales correspondientes, para obtener con ellos su reforma o revocación (de tal suerte que las partes pueden ir promoviendo lo que a sus derechos convenga para regular ese procedimiento), es claro que para el caso de que se dictara un trámite eludiendo el acuerdo de la promoción presentada previamente, encaminada a obtener determinado proveído, para que dicho trámite no produjera la preclusión, habría que reclamarlo haciendo uso del recurso respectivo; por lo que la falta de proveído, en cualquiera petición, aunque no en forma directa, sí puede indirectamente reclamarse, usando de los recursos ordinarios en la ley procesal, en la forma establecida anteriormente, de lo que se concluye que el amparo enderezado en contra de la violación de los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal de la República, tratándose del derecho de petición, en la tramitación de un juicio, resulta improcedente, de acuerdo con la fracción VII del artículo 43 de la ley reglamentaria del juicio de amparo.’. No pasa inadvertido para este tribunal que los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sustentan la procedencia del amparo indirecto cuando se reclaman actos como el de la especie, según puede verse en las jurisprudencias números 32 y 22, respectivamente, publicadas en las páginas 724 y 625, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: ‘PRUEBAS. EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA REMOTA PARA SU RECEPCIÓN IMPLICA UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ y ‘AMPARO INDIRECTO PROCEDENCIA DEL, SI PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA O RECEPCIÓN DE PRUEBAS SE FIJA UNA FECHA EXCESIVAMENTE POSTERIOR, DE MODO QUE NO SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado asume el criterio adoptado en esta resolución, porque se apoya en la interpretación directa del artículo 17 constitucional efectuada en tesis que provienen de un órgano jurídico de mayor entidad jerárquica, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o a través de las Salas Segunda y Tercera, y porque esta última ya se había pronunciado respecto de la improcedencia del amparo tratándose de violación al derecho de petición en la tramitación de un juicio, además de que dichas jurisprudencias no obligan a este tribunal porque provienen de órganos de idéntica jerarquía que éste. Atento a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario este último, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es revocar y sobreseer en el juicio de garantías."
El criterio anterior originó la tesis aislada XIV.1o.12 L, visible a foja 1042, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"LAUDO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE DICTARLO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA UN DERECHO SUSTANTIVO PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN. El artículo 17 constitucional tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento respectivas; por tanto, cuando la pretensión de la acción de amparo consiste en impugnar la abstención de la responsable de emitir la resolución correspondiente dentro de los plazos establecidos en las leyes ordinarias, en su caso la Ley Federal del Trabajo, aquélla es improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, sino que se comete una infracción a las leyes ordinarias, como en la especie es la Ley Federal del Trabajo, en las cuales se precisan dichos plazos y términos que deben observarse para resolver una controversia jurídica."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver, respectivamente, las improcedencias 861/97, 921/97, 1111/97, 1261/97 y 51/98, los días dos y diecisiete de octubre, seis de noviembre y once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, todos por unanimidad de votos, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe y que corresponde a la improcedencia citada en último término, que es el fallo postrímero de los que integró la jurisprudencia sustentada por el mencionado órgano jurisdiccional, en relación con el tema en examen:
"CUARTO. El concepto de agravio transcrito anteriormente es fundado. En efecto, es fundado el único agravio que hace valer el recurrente, respecto del acuerdo emitido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal dentro del juicio de amparo indirecto Aux. 1242/97, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el que dicha autoridad desecha de plano la demanda de garantías interpuesta por el agraviado Ramón López Luna, apoyándose en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación, entre otras, con la fracción IV del numeral 114 y 145 del citado ordenamiento, por considerar, entre otras cosas, que el acto reclamado por el quejoso no es de imposible reparación, constituyendo solamente una violación procesal reparable en el laudo. El acto reclamado, según los términos de la demanda de amparo, vista en su integridad, lo constituye la omisión de la Junta responsable en el dictado del laudo correspondiente en el juicio laboral seguido por el quejoso en contra de Petróleos Mexicanos, destacando que el juicio en cita ha sido tramitado hasta el cierre de la instrucción y que con fecha doce de marzo de mil novecientos noventa y siete se dictó acuerdo, publicado en el boletín respectivo el diecinueve del mismo mes y año, por el que dicha responsable ordenó turnar los autos a proyecto de resolución. Ahora bien, el hecho de que la Junta responsable, desde una fecha remota, haya turnado los autos para proyecto de resolución sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de garantías haya pronunciado el laudo correspondiente, omisión que lleva ya aproximadamente un año, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal que, en su caso, pudiera encontrar remedio con la obtención de un laudo favorable, ni que no vulnere los derechos fundamentales del impetrante. Por el contrario, se trata de un aspecto inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable al amparista, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía individual de la impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional; de donde se sigue que la omisión reclamada tiene una connotación de acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, en esa tesitura, es necesaria la tramitación del juicio de amparo a efecto de que pueda analizarse si la omisión que se reclama en dicho juicio se ajusta o no al orden constitucional. Encuentra apoyo lo que antecede en la tesis de jurisprudencia número 24/92, publicada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 56, correspondiente al mes de agosto de 1992, que dispone: ‘EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se omite porque al examinar el fondo del asunto se reproduce íntegramente). Consecuentemente, siendo contrario a lo aquí establecido el acuerdo recurrido de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, procede revocarlo a efecto de que el Juez de Distrito admita a trámite la demanda del agraviado, de no existir diversa causa manifiesta e indudable de improcedencia."
El fallo anterior, aunado a los asuntos precedentes que se han citado, dieron lugar al establecimiento de la tesis de jurisprudencia I.1o.T. J/31, publicada en la página 680 del Tomo VII, marzo de 1998 de la Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes epígrafe y sinopsis:
"LAUDO. CUANDO NO SE DICTA CON OPORTUNIDAD, SE CAUSA AGRAVIO QUE PUEDE REPARARSE EN LA VÍA DE AMPARO INDIRECTO. El simple transcurso del término legal sin que en el juicio se pronuncie el laudo respectivo, irroga perjuicio irreparable a las partes, que las legitima, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover demanda de amparo indirecto, buscando la reparación de la violación a la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por su parte, al fallar el amparo directo 42/2003, el veintisiete de febrero del año dos mil tres, por unanimidad de votos, sostuvo lo que a continuación se transcribe en la parte que informa el asunto:
"SÉPTIMO. Son infundados en una parte, inoperantes en otra y esencialmente fundados en una diversa, algunos de los conceptos de violación que se hacen valer, como se verá a continuación. En efecto, el acto reclamado en la especie se hace consistir en el laudo de veintiocho de noviembre de dos mil dos, dictado por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dirimió el juicio laboral número 164/9/2001 promovido por el trabajador Juan Cárdenas Reygoza en contra de la empresa denominada Wiegand, Sociedad Anónima de Capital Variable. En la resolución de fondo de mérito, la Junta responsable condenó a la persona moral demandada a la reinstalación del trabajador, al pago de los salarios caídos y del ahorro reclamado por dicho accionante. Inconforme con tales determinaciones, la empresa Wiegand, Sociedad Anónima de Capital Variable, promueve el presente juicio de garantías por conducto de su apoderado legal, licenciado David Carmona Quintero. Sentado lo anterior, procede ahora dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos, algunos de los cuales serán examinados en diverso orden al en que fueron expuestos ... En otra vertiente, ciertamente, los artículos 17 de la Carta Magna y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, a la letra rezan: (se omite porque en el fondo del asunto se reproducen íntegramente). A su vez, los numerales 885, 886, 887, 889 y 890, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, dicen lo siguiente: (se omite porque en el fondo del asunto se reproducen íntegramente). Pues bien, primeramente, en relación con el preinserto artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de la Octava Época intitulada: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ -cuyos texto y datos de localización más adelante serán transcritos-, sostuvo que el supracitado numeral previene que procede la contenida garantía ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto o biinstancial, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Ante esa premisa, deviene incuestionable que cuando en un juicio ordinario laboral, como el de la especie, una vez que se declaró cerrada la instrucción al no existir pruebas pendientes por desahogar, no se dicta el laudo respectivo dentro del término que la Ley Federal del Trabajo establece para tal efecto -el cual se obtiene de la vinculación de los numerales 885, 886, 887 y 889 del mismo ordenamiento-, dicha circunstancia en realidad irroga un perjuicio irreparable a las partes contendientes, que las legitima, conforme al pluricitado artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover (esgrimiendo los motivos de inconformidad que consideren pertinentes) demanda de amparo indirecto, no directo, dado que ello indudablemente implica una afectación directa e inmediata a la garantía de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, la vía procedente para combatir este tipo de omisiones en busca de la reparación de los agravios o afectaciones que las mismas producen lo es el juicio de garantías biinstancial, no el uniinstancial. Por tales razones, en concepto de este órgano de control constitucional, resultan inoperantes por inatendibles el cúmulo de argumentos y tesis vertidos por el quejoso en su concepto de violación número tres -que aquí se tienen por transcritos-, a través de los cuales dicho impetrante, esencialmente, pretende poner de relieve por qué, en su opinión, la omisión por parte de la Junta responsable de dictar el laudo reclamado dentro del término que considera legal le irrogó perjuicios a la empresa demandada y constituye una violación a las leyes del procedimiento, de conformidad con lo expuesto por el artículo 159, fracciones V y XI, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16 y 17 de la Carta Magna. En apoyo de las determinaciones que anteceden, se cita la jurisprudencia de la Octava Época del Pleno del más Alto Tribunal del país, que dimanó de la contradicción de tesis número 47/90, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 56, agosto de 1992, página 11, bajo la voz: ‘EJEC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17992-a2091756/laudo-la-omision-de-su-dictado-a-pesar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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