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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS VALORES CALCULADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, CUANDO SIRVAN DE BASE A UNA LIQUIDACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17943
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, , Pág. 237.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento, en relación con la materia de esta contradicción, al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 324/2002, interpuesto por Grupo Flaz, S.A. de C.V., son las siguientes:

"TERCERO. La parte actora hizo valer en su demanda de nulidad los siguientes conceptos de impugnación: ‘... Cuarto. Será procedente que esa H. Tercera Sala Regional Golfo-Centro del Tribunal Fiscal de la Federación declare la nulidad de la resolución demandada con fundamento en lo previsto por el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la misma se dictó en contravención de las disposiciones aplicables, dejándose de aplicar las debidas, como se demuestra enseguida: La resolución impugnada manifiesta que se calculó la actualización de las contribuciones omitidas y señala que a partir de esa fecha se deberán actualizar en los términos y para los efectos de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, pero dicha actualización es ilegal e indebida, ya que el Banco de México no cumplió con lo ordenado por el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor y, por ende, el mismo no puede utilizarse para actualizar cantidad alguna, como lo hace la demandada en la resolución impugnada. En efecto, mi representada niega lisa y llanamente en términos de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles que el cálculo de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, tomados en cuenta por la demandada, se haya hecho de acuerdo al artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, por lo que resulta ilegal su aplicación; además, es pertinente mencionar que en las reformas fiscales del año 2000 el Poder Ejecutivo Federal en su exposición de motivos, confesó y reconoció que la reducción a 1,000 productos y servicios que debían cotizarse se debió a la imposibilidad de que «en algunas ocasiones» el Banco de México no podía cotizar los 2,000 productos y servicios, por lo que al existir confesión expresa del Ejecutivo, la actora queda exceptuada de la prueba para acreditar tal dicho, con base en el principio general de derecho que reza: «A confesión de parte, relevo de la prueba». Dicha confesión contenida en la exposición de motivos de las reformas para el año de 2000 del día 17 de noviembre de 1999, constituye una documental pública que hace prueba plena en términos del artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Efectivamente, la fracción I del artículo 234 señala que: «Harán prueba plena ... los hechos legalmente afirmados por autoridades en documentos públicos ...». Con lo cual se reconoce la ilegalidad del citado Índice Nacional de Precios al Consumidor. En efecto, cabe destacar que no es posible que la determinación del crédito hecha por el fisco genere actualización, ya que el Banco de México no cumple con su obligación que le impone el artículo 20 bis, en la fracción II al permitir cotizar «cuando menos» 2,000 productos y servicios, confirmándose que el Banco de México no ha aplicado esta norma al utilizar menos productos para la determinación del citado índice, como así lo refiere la iniciativa de reformas del señor presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en la foja XXI, de la iniciativa del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones legales que indica: «No obstante lo anterior, debido a que el rango de cotizaciones que exige el citado precepto es demasiado amplio, la mencionada institución ha enfrentado dificultades para cumplir apropiada y oportunamente con dicha disposición, y ante tal imposibilidad, en algunas ocasiones ha utilizado un número inferior de bienes y servicios, lo que ha ocasionado controversias en los tribunales.». Adicionalmente a lo anterior, y no obstante que mi representada no se encuentra obligada a demostrar su negativa, es que al respecto, el Banco de México omitió utilizar al menos los 2,000 productos y servicios necesarios para este cálculo como el mismo Banco de México lo refiere en la revista del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mensualmente publica el banco en la que en su diversa foja 19 refiere con claridad que utilizó únicamente 1,200 y 1,600 productos y servicios y, por ende, el citado índice no puede aplicarse a cantidad alguna para actualizarla debiéndose en su caso disminuir la determinación a las cantidades históricas. Asimismo, recalcar los recargos y multas sobre la cantidad histórica determinada, al respecto mi representada exhibe copias de las revistas correspondientes a los siguientes meses: ... Cabe destacar que los Índices Nacionales de Precios al Consumidor que calculó el Banco de México en la revista es el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, como se refirió en el recuadro anterior. Además como se podrá apreciar de las revistas presentadas como prueba, éstas indican desde el mes de marzo de 1995 en adelante en la página 19 lo siguiente: «El Sistema Nacional del Índice Nacional de Precios al Consumidor, recopila durante cada mes 170,000 cotizaciones directas en 46 ciudades sobre los precios de aproximadamente 1,600 artículos y servicios específicos.». (Lo subrayado y resaltado es nuestro). Del mes de enero y febrero de 1995 las revistas citadas indicaban en la página 19 lo siguiente: «El Sistema Nacional del Índice Nacional de Precios al Consumidor, recopila durante cada mes 140,000 cotizaciones en 35 ciudades sobre los precios de aproximadamente 1,200 artículos y servicios específicos.». (Lo subrayado y resaltado es nuestro). Es claro como se demuestra en este concepto de impugnación que el Banco de México en plena transgresión legal omite utilizar el mínimo de 2,000 productos y servicios que ordena el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación. Por lo anteriormente expuesto, será procedente que se declare la ilegalidad de la actualización determinada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y, por ende, declarar la nulidad de la resolución impugnada ya que la misma es contraria a lo que dispone el artículo 31, fracción IV, constitucional y el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación.’. Las autoridades al contestar su demanda señalan son inoperantes (sic) los agravios hechos valer por su contraparte, toda vez que la misma pretende hacer valer cuestiones respecto de una autoridad diversa de la demandada, es decir, al Banco de México, además de controvertir la determinación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicados en la resolución controvertida para efectos de determinar la actualización correspondiente. A criterio de esta juzgadora, los agravios en estudio son por un lado inoperantes y por otro infundados en atención a lo siguiente: En efecto, resulta inoperante el argumento de la actora respecto a que el Banco de México viola en su perjuicio el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en el caso el Banco de México, no emitió la resolución impugnada, ni menos aún fue llamado como autoridad demandada en el presente juicio. Aunado a lo anterior, esta juzgadora no pasa inadvertido que en la resolución impugnada la autoridad demandada, únicamente aplicó los Índices Nacionales de Precios al Consumidor que determina el Banco de México, pero no realizó cálculo alguno, para el efecto de determinarlos y, por ende, en ese sentido resulta inoperante su manifestación, pues va encaminada a controvertir la legalidad de la determinación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, que calcula el Banco de México, los cuales, se reitera, únicamente fueron aplicados por las autoridades demandadas, tal y como se aprecia de la resolución impugnada concretamente a folios 082 a 089 de autos. ... Sexto. Por estar relacionados, se procede al estudio conjunto del primero y segundo conceptos de violación formulados, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En el primer concepto de violación se aduce, en síntesis, que el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación debe considerarse inconstitucional en la parte que le niega el derecho de compensar créditos a su cargo contra créditos a su favor, señalando que en el artículo 23 reclamado se reconoce el derecho de los particulares de compensar cantidades a favor contra cantidades a cargo, como una forma de cancelación de los créditos fiscales, pero que el legislador condiciona el derecho al establecer que la compensación sólo opera si se trata de la misma contribución, sin que exista razón lógica ni jurídica del porqué de dicha limitante, destacando que si el fisco es acreedor y deudor, decide por sí mismo efectuar una compensación de oficio sin importar el concepto, podría compensar el impuesto sobre la renta a favor de un contribuyente contra un crédito a cargo, aun cuando éste fuera del impuesto al valor agregado, lo cual hace evidente que no existe ningún tipo de limitante para poder efectuar la compensación de cualquier contribución federal a favor contra cualquier contribución federal a cargo. Se expresa que se viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, lo que en él se impide cuando en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación no se permite la compensación y, en consecuencia, la verdadera potencialidad de contribuir se ve mermada cuando el contribuyente no puede compensar un saldo a favor de una contribución del impuesto al valor agregado que no es la misma contribución, pues tendrá que distraer otra cantidad similar para realizar el pago de ese saldo a cargo del impuesto al valor agregado, invocando la tesis con rubro: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.’. En el segundo de los conceptos de violación, se esgrime que en el caso es claro que la parte quejosa es deudora y acreedora del fisco y que el fisco es acreedor y deudor de la quejosa, mencionando que las reglas en el caso de una compensación prevista en la ley, deberían ser estrictamente iguales, es decir, si el fisco puede compensar una cantidad de oficio, como lo dispone el artículo 23, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el particular debe tener el mismo derecho, avisando al fisco de dicha compensación y bajo el ejercicio de sus facultades determinar si la misma procede o no, lo cual está establecido en el artículo reclamado, pero el legislador estableció sin ninguna lógica ni razón jurídica que la compensación solamente opera cuando se trate de la misma contribución, lo que provoca la desigualdad, pues en esa relación fisco-contribuyente o sea acreedor-deudor, las reglas son distintas ya que el fisco sí puede compensar conceptos iguales, pudiendo compensar un impuesto sobre la renta contra cualquier contribución, incluida la del impuesto al valor agregado, pero el contribuyente sólo puede compensar una contribución igual contra otra contribución igual, invocando las tesis con rubros: «EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.», «IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.» y «EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.». Tales planteamientos son infundados, según se desprende de las siguientes consideraciones. En primer término, en cuanto a lo expuesto en el primer concepto de violación, es importante precisar que la disposición que impugna la quejosa es el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, pues a ese ejercicio pertenece el crédito fiscal que se determinó en la resolución impugnada. El primer párrafo del precepto en cita establecía: «Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, desde el mes en que se presentó la declaración hasta aquél en que la compensación se realice. Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la misma contribución por la cual están obligados a efectuar el pago, sólo se podrán compensar en los casos y cumpliendo los requisitos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general.». Del contenido del primer párrafo del artículo 23 del código tributario transcrito, resulta que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración durante el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, podían optar por compensar las cantidades que tuvieran a su favor contra las que estuvieran obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas derivaran de una misma contribución, siendo este último aspecto el que tilda de inconstitucional la quejosa, pues considera que no existe razón para que no estuviera autorizado compensar cantidades derivadas de diversas contribuciones. En relación con tal punto, carece de razón la quejosa al afirmar que la mencionada disposición es contraria al principio de proporcionalidad, bajo el argumento de que al no poder compensar un saldo a favor derivado del impuesto sobre la renta contra el impuesto al valor agregado necesariamente se distrae otra cantidad similar para realizar el pago de ese saldo a cargo del impuesto al valor agregado, en virtud de que el principio de proporcionalidad está dirigido al establecimiento de las contribuciones, no así a los medios de extinción de los créditos fiscales. En este orden de ideas, si bien, como la propia quejosa reconoce, la compensación es un medio de extinción de las obligaciones, que en materia fiscal se actualiza cuando el fisco y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, ello no significa que a dicho medio de extinción de las obligaciones le sea aplicable el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues tal principio sólo es aplicable a las contribuciones (impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras), a fin de que éstas no sean gravosas para los sujetos pasivos de las mismas. Lo anterior se desprende del texto del artículo 31, fracción IV, de la Constitución que establece que es obligatorio para los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, es decir, en dicha disposición constitucional se establece que las contribuciones previstas en las leyes deben ser proporcionales, pero en ninguna parte de tal disposición se hace referencia a que los medios de extinción de las obligaciones sean proporcionales, como la quejosa pretende. Por tales motivos, aun cuando la limitación para compensar cantidades derivadas de diversas contribuciones pudiera representar el distraer una cantidad similar a la que pudiera compensarse, para realizar el pago correspondiente, ello no implica una violación al principio constitucional de proporcionalidad que rige a las contribuciones, resultando, por tanto, infundado el primero de los conceptos de violación formulado. Sin que en la especie sea aplicable la jurisprudencia 38/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca la quejosa, toda vez que la misma no se refiere al texto del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación que era aplicable para el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, el cual fue reformado por decreto que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que se dispuso que tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros en los términos de este código, podrán compensar cualquier impuesto federal a su favor contra el impuesto sobre la renta del ejercicio a su cargo y el impuesto al valor agregado del ejercicio a su cargo, excepto el causado por operaciones de comercio exterior, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, supuesto diverso al regulado en el texto del artículo vigente en mil novecientos noventa y uno. Asimismo, es infundado el segundo de los conceptos de violación hecho valer, ya que no es cierto que las reglas de una compensación deban ser iguales para el fisco y los contribuyentes, y que al no ser así se viola el principio de equidad tributaria, pues dicho principio sólo opera para las contribuciones y en relación con los contribuyentes que se encuentren en la misma hipótesis de causación, pero no para los medios de extinción de los créditos fiscales. Al efecto, es aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XIII/2002, localizable en la página 425, Tomo XV, marzo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: «COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL PLANTEAMIENTO RELATIVO A QUE EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER, POR UN LADO, LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FISCAL PARA REALIZARLA DE OFICIO, SIN MAYORES REQUISITOS Y, POR OTRO, EL DERECHO DE LOS CONTRIBUYENTES PARA EFECTUARLA, PERO SUJETÁNDOSE A LAS REGLAS DE ‹RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL›, NO CONDUCE A ESTABLECER LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El argumento en el sentido de que el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y ocho, es inequitativo por establecer, por un lado, la facultad de la autoridad exactora para realizar compensaciones de oficio sin mayores requisitos y, por otro, el derecho de los contribuyentes para efectuar tales compensaciones de diversos impuestos, pero sujetándose a las reglas de ‹resolución miscelánea fiscal› correspondientes, no conduce a establecer la transgresión al principio tributario de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque el citado principio se refiere al trato igualitario de los contribuyentes que se encuentren en la misma situación legal, no en relación con la autoridad exactora en cuanto a una de sus atribuciones; además, dicho principio, al constituir una garantía para el gobernado, genera una limitación constitucional para el legislador en la creación de los tributos que, por lo mismo, debe estar en relación con éstos, lo cual resulta diferente a una de las formas de su extinción, como es la compensación.». Aunado a ello, debe tenerse presente que el citado principio de equidad se refiere al trato igualitario de los contribuyentes que se encuentren en la misma hipótesis de causación, en tanto que el fisco no se encuentra en la misma hipótesis que los contribuyentes, ya que como autoridad exactora tiene el derecho de obtener el pago de las contribuciones, como parte de sus atribuciones, y el hecho de que exista la figura de la compensación por cantidades adeudadas entre el fisco y los contribuyentes sólo representa una facilidad administrativa, pudiendo el legislador condicionar dicha facilidad en los términos que considere prudentes, pero siempre tomando en cuenta el logro de una debida recaudación de las contribuciones para sufragar los gastos públicos. En este orden de ideas, el hecho de que el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio de mil novecientos noventa y uno, estableciera límites a la figura de la compensación, sólo refleja el otorgamiento de una facilidad administrativa bajo determinadas condiciones, pero no implica una violación a los principios tributarios que rigen a las contribuciones. Por tales razones, son inaplicables las tesis que invoca la recurrente en el segundo concepto de violación, resultando infundados los argumentos al respecto. En el tercer concepto de violación se aduce que con la sentencia reclamada se viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución por violación al principio de proporcionalidad y los artículos 14 y 16 constitucionales, por violación a los principios de estricta aplicación de la ley y de legalidad, toda vez que la Sala responsable resuelve que en cuanto a lo impugnado en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor la autoridad demandada sólo se apegó a lo previsto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación y que el Banco de México ya no interviene en la determinación de los elementos del impuesto, ya que dicha circunstancia ya se corrigió con el contenido del artículo 20 bis del código, pues dicha institución sólo calcula el citado índice conforme a lo establecido por el legislador. En relación con este punto, se indica que lo resuelto por la responsable es violatorio de los principios que se reclaman, ya que es claro que existe una indebida aplicación del artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, lo cual confesó el propio Ejecutivo al manifestar en la exposición de motivos de mil novecientos noventa y nueve para la reforma del año dos mil, que el Banco de México solamente calculaba los precios de los artículos y servicios en orden de mil seiscientos y hasta mil doscientos, pero que nunca se logró calcular sobre el dos mil como exige el mencionado artículo 20 bis, por lo que es falso que el Banco de México se haya apegado a los criterios y principios establecidos por el legislador, y que tal cálculo es indebido, lo que causa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor calculado de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y nueve, no se realizó debidamente por el Banco de México y no puede excusarse a las dependencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o del Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que ellas solamente consideran dicho índice y que, por ende, es legal. Se agrega que aun cuando del artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación no se desprenda, es claro que el Banco de México actúa como un auxiliar de la administración pública y como tal los actos que realice en esa función pueden causar agravio, por lo que al efecto, se invoca en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo la jurisprudencia 9 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: «LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY.». Se señala que de la tesis invocada resulta que el Banco de México como auxiliar de la administración pública debió apegarse estrictamente a lo previsto por el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación y al no hacerlo su acto no puede causar perjuicio a la quejosa, por lo que si las demandadas del juicio de nulidad sólo se concretaron a calcular los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, tanto para la actualización de las contribuyentes, como para recargos moratorios, dichos cálculos son improcedentes y, por ende, no se pueden exigir de la quejosa, ya que en relación con la contribución histórica no se puede aplicar actualización alguna y sobre los recargos como su base, conforme al artículo 21 del mismo código, es la contribución actualizada y ésta no puede calcularse, tampoco pueden entonces calcularse los recargos a cargo de la demandante del juicio de nulidad. Se argumenta que la quejosa tiene derecho a reclamar la determinación de las contribuciones aplicadas al utilizarse el Índice Nacional de Precios al Consumidor, circunstancia que también han reconocido los tribunales federales en la tesis «CONTRIBUCIONES DETERMINADAS CON BASE EN EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, EL CONTRIBUYENTE ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR EL MENCIONADO ÍNDICE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS LEGALES DE DEFENSA CON QUE CUENTA PARA COMBATIR LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA.». Se expresa que por lo anterior, se viola en perjuicio de la quejosa el principio de proporcionalidad, ya que al considerarse incorrecto el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, nuevamente se actualiza el supuesto de que los elementos del impuesto no son correctamente determinados por quien debe hacerlo y, por ende, es aplicable la jurisprudencia 27/1995 que desconoce en su aplicación la responsable. Tales planteamientos son ineficaces. Con independencia de que la ahora quejosa no acreditó en el juicio de nulidad que el Índice Nacional de Precios al Consumidor con base en el cual se actualizó la contribución para la cual se determinó un crédito fiscal a su cargo, fue indebidamente calculado, pues no aportó ningún elemento de prueba que demostrara tal extremo, ya que aun cuando exhibió copias simples de diversos cuadernos mensuales de los índices de precios del Banco de México, los mismos no fueron corroborados con ningún otro elemento de prueba idónea que acreditara que los correspondientes índices de precios no se calcularon de acuerdo con las disposiciones aplicables, por lo que tales probanzas sólo tienen el carácter de indicios aislados, no corroborados para demostrar las afirmaciones de la quejosa en tal sentido, lo cual hace ineficaz su planteamiento, debe decirse que tales afirmaciones no conllevan a que la actualización realizada en la resolución originalmente impugnada sea ilegal. En efecto, en el juicio de nulidad lo que se impugnó fue la resolución contenida en el oficio 324-SAT-I-D-1-a-80837, del veintidós de junio de dos mil, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, en la que se determinó un crédito fiscal a cargo de Grupo Flaz, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cual si bien se realizaron cálculos utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, según se desprende a fojas 13 y 14 de la resolución en cita, lo cierto es que ello no implica que por ello dicha resolución sea ilegal por violar los principios de proporcionalidad, exacta aplicación de la ley y legalidad, ya que lo cierto es que el actuar de la autoridad fiscal al emitirla, en relación con el aspecto que se analiza en este apartado, se apegó a las disposiciones legales aplicables. Ello en virtud de que si bien la actualización de las contribuciones tiene la misma naturaleza de éstas, lo cierto es que su actualización conforme al procedimiento previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que la actualización lo único que implica es el dar el valor real que corresponde a una contribución, de tal manera que se trata de una suma equivalente a la que hubiese percibido el fisco de haberse pagado dicha contribución, lo cual no es contrario a la capacidad contributiva de los particulares. En esas condiciones, si en el caso concreto la autoridad fiscal determinó un crédito a cargo de la ahora quejosa actualizando la contribución omitida de conformidad con lo establecido en el citado artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, reconociendo con ello el valor real de la misma atendiendo al cambio de precios en el país en el transcurso del tiempo, debe concluirse que el actualizar la contribución a cargo de Grupo Flaz, Sociedad Anónima de Capital Variable, no representa una violación al principio de proporcionalidad tributaria. Asimismo, la resolución impugnada no viola los principios de exacta aplicación de la ley ni de legalidad, ya que si bien en la determinación del factor de actualización de la contribución en cuestión, se utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cierto es que ello no implica la violación de estos últimos principios que invoca la solicitante de garantías, toda vez que precisamente en aplicación de la ley es que la actualización se realizó utilizando dicho índice, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, que establece: «Artículo 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes. En los casos que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el periodo de que se trate. Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de éste, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.». Como se advierte del precepto tra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17943-67db11e7/indice-nacional-de-precios-al-consumidor-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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