AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE ALGUNAS CAUSAS DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 169/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver este asunto, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como opositores, siendo las que a continuación se transcriben.
A. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo (actualmente en Materia de Trabajo) del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 867/99, promovido por Luz María del Carmen Rojas Díaz, en la parte que interesa, son las siguientes:
"SEGUNDO. Es innecesario examinar los fundamentos de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación que se expresan, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, cuyo estudio se aborda oficiosamente, por así ordenarlo el último párrafo de dicho precepto legal.
"La quejosa Luz María del Carmen Rojas Díaz, demandó ante la Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, la nulidad de la resolución contenida en el Acuerdo Administrativo número 792/97, de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete, emitido por la Aduana Marítima de Tampico, Tamaulipas, por el que le impuso una multa de doscientos noventa y dos pesos, por haber incurrido en la infracción prevista por el artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera.
"La Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, en la sentencia reclamada, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en términos de las fracciones II y IV del artículo 238, en relación con el 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al estimar que la multa impuesta a la accionante es ilegal, porque se fundamentó en la irregularidad en que ésta incurrió al llenar el pedimento de exportación de mercancía número 3500-7000392, contraviniendo la regla general 3.5.18 de la Resolución que modifica a la 5a. Resolución de la Miscelánea Fiscal para mil novecientos noventa y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de marzo del mismo año, la cual la autoridad demandada no podía aplicar a la peticionaria, dado que el artículo 33, fracción I, inciso g), último párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en los años de mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete, establece que de las reglas generales que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación sólo pueden nacer derechos a favor de los particulares, pero no obligaciones a su cargo. Con esa base, la Sala consideró innecesario analizar los demás motivos de nulidad que invocó la actora en su demanda, porque cualquiera que fuera su resultado en nada variaría el sentido de su fallo.
"La consideración de la Sala resolutora de omitir el examen de los conceptos de anulación segundo y tercero, no contraviene lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, por lo siguiente:
"La anterior prescripción dice: (se transcribe).
"Como se puede apreciar, la citada prevención obliga al tribunal ordinario a estudiar las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, preferentemente a las que tienden a producir la nulidad para efectos. La obligación anterior que se impone al Tribunal Fiscal tiene su razón de ser en la importancia de que se declare la nulidad lisa y llana, en lugar de una nulidad para efectos, pues mientras en aquélla queda insubsistente el acto impugnado, en ésta la autoridad demandada debe ceñir su actuación a las directrices demarcadas en la sentencia de nulidad, y de ordinario da vida a otro acto o resolución con similares efectos o consecuencias que el afectado de nulidad. Es por ello que si la Sala Fiscal desatiende el mandato del artículo 237 y declara la nulidad del acto para determinados efectos, olvidándose del estudio de las causas de ilegalidad que producirían la nulidad lisa y llana, innegablemente lesiona el interés jurídico del actor para atacar su fallo por la vía constitucional, pues por un lado existe la certeza de que la autoridad administrativa volverá a proceder en su contra al acatar la sentencia de nulidad y, por otro lado, su pretensión al ocurrir al contencioso no fue totalmente colmada. Ahora bien, este supuesto no se actualiza cuando la Sala declara fundada una causa de ilegalidad que conduce a la nulidad lisa y llana, pues en esa hipótesis el particular carece de interés jurídico para controvertir en amparo la sentencia de invalidez, aun en el caso de que la resolutora hubiese omitido el examen de otras causas de anulación de la misma índole. Esto es así, porque para que el interés jurídico del gobernado sufra menoscabo, es imprescindible que con motivo del acto autoritario resienta un agravio personal y directo en los términos requeridos por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, entendiendo por ello no sólo el impacto que le ocasiona a su esfera de derechos, sino que la afectación sea actual o inminente, concreta y objetiva. En ese orden de ideas, el actor que obtuvo la nulidad lisa y llana del acto impugnado, no puede fundar legalmente su interés jurídico en la falta de análisis de otras causas de ilegalidad de fondo, pues la declaración de nulidad deja insubsistente plenamente la resolución o acto cuestionado, y si bien habrá algunos supuestos en que sea factible que la autoridad demandada, en uso de sus atribuciones, proceda nuevamente en contra del demandante, ésta es una mera posibilidad cuya concretización es futura e incierta, abstracta y subjetiva, y en ese contexto, no integra el agravio necesario para dañar el interés jurídico del accionante.
"En el caso, la Segunda Sala Regional con sede en esta ciudad declaró la nulidad de la resolución de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete, dictada por la Aduana Marítima de Tampico, Tamaulipas, en el expediente administrativo 792/97, en términos de los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por considerar que es un acto de autoridad nulo de pleno derecho, pues estima que la autoridad aduanera demandada impuso a la actora la multa impugnada, con apoyo en la supuesta contravención de una regla general que legalmente no puede generar obligaciones a cargo de los particulares. Es decir, la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, porque la autoridad aduanera emitió la resolución por la que fincó la multa a la actora en el contencioso administrativo, en contravención a lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, inciso g), último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, declarando por ello la nulidad lisa y llana de aquella resolución. Por tanto, ningún interés jurídico tiene la quejosa para venir al amparo, pues la sentencia reclamada declaró la nulidad plena de la resolución impugnada y, por ello, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías.
"Es pertinente aclarar que, ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 561, publicada en la página 406 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo III, Materia Administrativa, establece:
"'SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO. Las sentencias de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deben contener el examen de los conceptos de nulidad y las consideraciones que hace valer la actora, es decir, el análisis de los argumentos que se hacen valer en la demanda de nulidad. Al dejar de estudiar la Sala responsable algún concepto de nulidad, debe concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia combatida y la Sala responsable dicte otra en que analice además el concepto de nulidad omitido.'
"Empero, este criterio parte de la premisa de que el Tribunal Fiscal de la Federación declaró la validez del acto impugnado, sin antes haber analizado todos los conceptos de anulación expresados en la demanda de nulidad.
"En estas condiciones, actualizándose la causal de improcedencia invocada con anterioridad, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
Idénticas consideraciones sustentó el referido Tribunal Colegiado al resolver los siguientes asuntos:
• Amparo directo 861/98, promovido por Orlando Asturiano Terán, en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala Regional del Noreste del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), el quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual declaró la nulidad lisa y llana del "acuerdo administrativo" por el que se le impuso al referido quejoso una multa por infracción al artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, al considerar que "la obligación contenida en el anexo número 22 (instructivo para el llenado del pedimento de importación) de la Miscelánea Fiscal de Comercio Exterior para 1997, no puede ser equiparada jurídicamente a las establecidas en una ley o un reglamento", habida cuenta que "previo a su emisión, la autoridad demandada no hizo constar en acta circunstanciada los hechos e irregularidades encontrados al revisar el pedimento de importación y documentos presentados por el accionante para el despacho de mercancías".
• Amparo directo 837/98, promovido por José Antonio Vidales Flores, en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala Regional del Noreste del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, el seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, mediante la cual declaró la nulidad lisa y llana del "acuerdo administrativo" por el que se le impuso al quejoso una multa por infracción al artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, al estimar que la autoridad demandada en el juicio de nulidad no levantó acta circunstanciada en la que hiciera constar las irregularidades que advirtió "cuando llevó a cabo la revisión al pedimento de importación número 3346-7000535".
• Amparo directo 812/98, promovido por Orlando Asturiano Terán, en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, el quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho, a través de la cual declaró la nulidad lisa y llana del "acuerdo administrativo" por el que se le impuso al citado quejoso una multa por infracción al artículo 184, fracción III, de la Ley Aduanera, al estimar que "previo a su emisión, la autoridad demandada no hizo constar en acta circunstanciada los hechos e irregularidades encontrados al revisar el pedimento de importación y documentos presentados por el accionante para el despacho de mercancías".
• Amparo directo 388/98, promovido por Autotransportes de Carga, Servicio Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia dictada por la entonces Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, el dos de enero de mil novecientos noventa y siete, mediante la cual declaró la nulidad lisa y llana de la resolución por la que se le negó al quejoso la devolución del "vehículo tractocamión marca Kerworth-Kenmex, de fabricación nacional y que fuera secuestrado dentro del procedimiento de administración y audiencia 11/93", en virtud de que se sustenta en documentos y actuaciones que nunca se le dieron a conocer y no se precisa en cuál de las diversas fracciones que contiene el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente en esa época, se apoya la autoridad "para fundamentar las facultades que ejerce al emitir el acto impugnado", habida cuenta que la inspección se llevó a cabo por personal distinto al autorizado en la orden respectiva.
Es pertinente destacar que en todos estos asuntos, la parte quejosa alegó que la sentencia reclamada viola los principios de congruencia y exhaustividad, que consagra el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y, en consecuencia, las garantías de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso que se contienen en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dado que en atención a los referidos principios, la Sala responsable debió analizar la totalidad de los conceptos de ilegalidad enderezados a obtener la declaratoria de nulidad lisa y llana, aun cuando consideró fundados algunos de ellos.
Las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo (actualmente en Materia de Trabajo) del Cuarto Circuito, al resolver los asuntos antes referidos, dio origen a la jurisprudencia IV.2o.A.T. J/28, publicada en la página 1303 del Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. NO SE SURTE AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HUBIESE OMITIDO EL ESTUDIO DE OTRAS CAUSAS DE ANULACIÓN DE LA MISMA ÍNDOLE. Conforme a lo preceptuado por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal deben estudiar las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, preferentemente a las que tienden a producir la nulidad para determinados efectos. Lo anterior tiene su razón de ser en la importancia de que se declare la nulidad lisa y llana, en lugar de una nulidad para efectos, pues mientras en aquélla queda insubsistente el acto impugnado, en ésta la autoridad demandada debe ceñir su actuación a las directrices demarcadas en la sentencia de nulidad, y de ordinario da vida a otro acto o resolución con similares efectos o consecuencias que el afectado de nulidad. Es por ello que, si la Sala Fiscal desatiende el mandato del citado artículo 237 y declara la nulidad del acto para determinados efectos, olvidándose del estudio de las causas de ilegalidad que producirían la nulidad lisa y llana, innegablemente lesiona el interés jurídico del actor para atacar su fallo por la vía constitucional, pues por un lado existe la certeza de que la autoridad administrativa volverá a proceder en su contra al acatar la sentencia de nulidad, y por otro lado, su pretensión de ocurrir al contencioso no fue totalmente colmada. Ahora bien, este supuesto no se actualiza cuando la Sala Fiscal declara fundada una causa de ilegalidad que conduce a la nulidad lisa y llana, pues en esa hipótesis el particular carece de interés jurídico para controvertir en amparo la sentencia de invalidez, aun en el caso de que la resolutora hubiese omitido o rehusado examinar otras causas de anulación de la misma índole. Esto es así, porque para que el interés jurídico del gobernado sufra menoscabo, es imprescindible que con motivo del acto autoritario resienta un agravio personal y directo en los términos requeridos por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, entendiendo por ello no sólo el impacto que le ocasiona a su esfera de derechos, sino que la afectación sea actual o inminente, concreta y objetiva. En ese orden de ideas, si en la sentencia reclamada el quejoso obtuvo la nulidad lisa y llana del acto impugnado, no puede fundar legalmente su interés jurídico en la falta de análisis de otras causas de ilegalidad de fondo, pues la declaración de nulidad deja insubsistente plenamente la resolución o acto cuestionado, y si bien habrá algunos supuestos en que sea factible que la autoridad demandada, en uso de sus atribuciones, proceda nuevamente en contra de aquél, ésta es una mera posibilidad cuya concretización es futura e incierta, abstracta y subjetiva, y en ese contexto, no integra el agravio necesario para dañar su interés jurídico, por lo que en este supuesto debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin que se oponga a ello la jurisprudencia sustentada por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 'SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO.', porque este criterio parte de la premisa de que la sentencia reclamada declaró la validez del acto impugnado, sin antes haber analizado todos los conceptos de anulación expresados en la demanda de nulidad."
B. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 242/2003-I, promovido por Martín Reyes Ibarra, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"QUINTO. El segundo concepto de violación que hace valer el quejoso resulta fundado y suficiente para conceder la protección federal solicitada, en razón de las siguientes consideraciones.
"El promovente esencialmente manifiesta que el acto reclamado transgrede en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no obstante que en su demanda de nulidad hizo valer causas de ilegalidad relacionadas con el fondo del asunto, como es la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa para iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, porque el vehículo materia de la litis en dicho procedimiento, tenía más de cinco años en el país, aspecto éste que según dice es de previo y especial pronunciamiento, fue omitido su estudio por parte de la Sala Regional, lo que refiere violentó el numeral 237 del Código Fiscal de la Federación, porque el sentido de la nulidad por tal causa, tendría como efecto declarar extintas las facultades de la autoridad para iniciarlo.
"En atención a lo expuesto corresponde precisar que la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sentencia que constituye el acto reclamado sólo analizó el décimo primer concepto de impugnación hecho valer en el escrito inicial de demanda, respecto al cual, la autoridad exactora en su contestación (fojas sesenta y cinco a sesenta y siete), se allanó a las pretensiones de la actora, en términos del ordinal 215, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
"Lo alegado por el actor en el expediente natural, ahora peticionario del amparo, en el décimo primer motivo de inconformidad que esgrimió en el juicio de nulidad, fue en el sentido de que procedía anular la resolución impugnada en el sumario, porque la misma violentó lo dispuesto por el último párrafo del artículo 153 de la Ley Aduanera, al dársele a conocer fuera del plazo de cuatro meses que dicho ordinal prevé, que en tal virtud se actualizó la causa de anulación contenida en el numeral 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
"Luego, en razón de que la demandada se allanó respecto a tal motivo de inconformidad, la autoridad responsable concluyó que le asistía razón al accionante, en virtud de que la resolución controvertida se emitió en contravención con lo dispuesto por el normativo 153 de la Ley Aduanera vigente en mil novecientos noventa y ocho, lo que motivó que haya declarado la nulidad de la resolución controvertida en el sumario de origen, de conformidad con lo previsto en los numerales 238, fracción IV y 239, fracción II, del código tributario en comento y, por ende, que al resultar fundado el citado motivo de agravio, se abstenía de estudiar el resto de los mismos, porque en nada variaría el sentido del fallo.
"Consideración que sustentó en la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA A ÉSTE, FUERA DEL PLAZO DE CUATRO MESES, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 155 DE LA LEY ADUANERA VIGENTE EN 1996 Y 153, TERCER PÁRRAFO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, VIGENTE EN 1999 Y EN 2000, CONDUCE A DECLARAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.'
"Así como en la tesis de este Tribunal Colegiado, que tiene por rubro: 'AUTORIDADES ADUANERAS. LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, CUOTAS COMPENSATORIAS E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, NO ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL.'
"Ahora bien, de conformidad con el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias de la Sala Regional, deben atender la totalidad de las pretensiones deducidas de la demanda de nulidad (se transcribe el referido precepto legal).
"En atención con lo expuesto corresponde precisar que los principios de congruencia y exhaustividad plasmados en el ordinal en comento, tienen como excepción para atender la totalidad de los conceptos de anulación hechos valer por la parte accionante en el juicio de nulidad, el que uno de ellos conlleve a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución controvertida, empero, si varios conceptos de impugnación tienen el propósito de obtener la declaración de nulidad lisa y llana, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de no vulnerar los principios de exacta aplicación de la ley, exhaustividad y expeditez, contenidos en los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, está obligado a jerarquizar la atención de aquellos con los que de ser fundados, el actor obtendría mayores beneficios.
"En la especie, el ahora quejoso planteó diversos motivos de agravio, entre ellos la actualización de la figura de caducidad de las facultades de la autoridad administrativa, y también que la emisión de la resolución materia de la litis en el sumario, se dio fuera de los cuatro meses que establece el artículo 153 de la Ley Aduanera, argumento este último que fue materia de análisis por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto al cual determinó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en términos de los ordinales 238, fracción IV y 239, fracción II, del código tributario de la Federación.
"Bajo esa tesitura, es pertinente expresar que, si bien es cierto el análisis del citado concepto de inconformidad llevó a la Sala Regional a declarar la nulidad lisa y llana, también lo es que con ello, dejó expeditas las facultades de la autoridad administrativa para iniciar nuevamente el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivo el crédito fiscal impugnado, en caso de que considerar aquélla (sic) que aún procede hacer efectivo el crédito fiscal impugnado.
"La situación descrita en líneas precedentes no acontecería si el Tribunal Fiscal hubiere analizado el concepto referido a que operó la caducidad de las facultades de las autoridades administrativas, pues este agravio, de resultar fundado, provocaría la nulidad lisa y llana que redundaría en mayores beneficios para el causante, porque la Sala Regional impediría definitivamente un acto de molestia posterior.
"En tales condiciones, si bien la sentencia de la autoridad responsable que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, trae consigo que el acto administrativo se haya declarado inexistente, en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, empero, ello no es obstáculo para que subsista el interés jurídico del quejoso para promover el amparo directo en contra de la sentencia de la a quo, ya que ésta dejó de analizar conceptos de nulidad que atañen al fondo de la controversia y con los cuales, de ser fundados, el actor podría obtener la declaratoria de inexistencia plena de la resolución administrativa y, por consiguiente, mayores beneficios.
"En efecto, aun cuando el actor ahora quejoso obtuvo la declaratoria de inexistencia del acto que consideró le ocasionaba lesión a sus intereses, esa pretensión identificada como el interés jurídico, subsiste en la especie, habida cuenta que, insístese, la Sala Regional desatendió el análisis de su concepto de impugnación relativo a la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa demandada, aspecto que acudió a plantear como agravio ante este Tribunal Colegiado, encargado de velar por el debido cumplimiento de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias fiscales, contenidos éstos en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, a la luz de la garantía de legalidad inmersa en el artículo 16 constitucional, que atiende al derecho de los gobernados de ser escuchados con plenitud, concepto de violación que se considera fundado.
"Tienen aplicación en la especie, por las razones que la integran, la tesis IV.1o.A.4 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, criterio con el cual coincide este órgano de control constitucional, publicado en la página setecientos veintitrés del Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUBSISTE PARA COMBATIR LA RESOLUCIÓN DE LA SALA FISCAL QUE DECRETÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA SI EN ELLA NO SE ESTUDIÓ LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, CUYO ESTUDIO ES PREFERENTE A LA DE COMPETENCIA EN EL ACTO DE REQUERIMIENTO DE UN CRÉDITO FISCAL. La figura jurídica de la caducidad en materia fiscal es la sanción que la ley impone al fisco por su inactividad e implica la pérdida o extinción de una facultad o derecho para determinar, liquidar o fijar en cantidad líquida una obligación fiscal. En esas circunstancias, si en la demanda de nulidad se combate la falta de estudio de la aludida excepción y al mismo tiempo se aducen otros conceptos de anulación, es inconcuso, atento a lo previsto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que se debe examinar en primer término el concepto de impugnación referente a la excepción de mérito y, sólo en el caso de que se llegara a concluir que es inoperante o infundado, debe abordarse el estudio de las demás violaciones que se invoquen. Lo anterior es así, porque de resultar fundada la primera de las causas de anulación en cita, sería intrascendente que la autoridad emisora del requerimiento de pago hubiera fundado o no su competencia, porque ya no existiría el acto que le dio origen. En esa tesitura, es obvio que la Sala Fiscal debió abocarse al estudio preferente de la caducidad y si no lo hizo, aun cuando la nulidad lisa y llana beneficie al quejoso, subsiste su interés jurídico para combatir esa omisión en el amparo, ya que de resultar fundada la excepción de que se trata obtendría mayores beneficios.'
"En consecuencia, al haber constreñido la Sala Regional el estudio de los conceptos de nulidad esgrimidos por el actor, al undécimo, sin atender el resto de los mismos, entre ellos el indicado en el primer motivo de agravio invocado, es inconcuso que la sentencia que constituye el acto reclamado lesiona en perjuicio del quejoso las garantías de seguridad jurídica y debido proceso legal, contenidas en los ordinales 14 y 16 de la Carta Magna, por ende, lo conducente es que deje sin efectos el fallo controvertido y examine el primero de los conceptos de anulación que el actor esgrimió en su demanda de origen, por las razones apuntadas en esta ejecutoria.
"Tiene aplicación en la especie, la tesis de jurisprudencia II.A. J/13 del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con la cual coincide este Tribunal Colegiado, la que aparece publicada en la página mil doscientos diecinueve del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual refiere:
"'SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE SU REVOCACIÓN ANTE LA FALTA DE ESTUDIO INTEGRAL DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN. De conformidad con lo establecido en el artículo 237, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, deben analizar de manera preferente las causas de nulidad que pudieran llevar a determinar la nulidad lisa y llana y, luego, entrar al estudio de las que por omisión de requisitos formales conduzcan a declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos; de manera que si se dejan de examinar estas últimas, debe ordenarse la revocación de la resolución reclamada y, que se dicte una nueva en la que se atienda puntualmente a su estudio.'."
Las consideraciones antes transcritas dieron origen a la tesis IV.2o.A.53 A, consultable en la página 1031 del Tomo XVIII, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"INTERÉS JURÍDICO. SUBSISTE PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO AUN EN EL CASO DE QUE EL ACTOR OBTENGA LA NULIDAD LISA Y LLANA EN EL JUICIO DE NULIDAD. Es cierto que la sentencia de la Sala Fiscal que declara la nulidad lisa y llana de la resolución controvertida trae consigo que el acto administrativo se declare inexistente, en términos del artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; empero, ello no es obstáculo para que subsista el interés jurídico para promover el amparo directo en contra de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si éste dejó de analizar diversos conceptos de nulidad que atañen al fondo de la controversia y con los cuales, de ser fundados, el actor podría obtener la declaratoria de inexistencia plena de la resolución administrativa y, por consiguiente, mayores beneficios. En efecto, aun cuando el actor haya obtenido la declaratoria de inexistencia del acto que le ocasionaba lesión a sus intereses, esa pretensión, identificada como el interés jurídi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18062-8c47e6c5/amparo-directo-el-actor-en-el-juicio-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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