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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18740
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 767.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan, siendo las que a continuación se precisan.

Amparo en revisión 363/91, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

I. Antecedentes.

A) Javier Torres Narváez y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, y "como actos de aplicación", las órdenes de visita, de clausura y de suspensión de labores "con las que se pretenda impedir el funcionamiento del giro mercantil propiedad de la quejosa", así como la imposición de multas, arrestos y la ejecución de las mismas.

B) El Juez de Distrito tuvo por presuntivamente ciertos los actos de aplicación del ordenamiento legal impugnando ante la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe previo; no obstante, negó la suspensión definitiva de los mismos, "en virtud de que los actos de que se trata no tienen el carácter de inminentes".

C) Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, resolvió confirmar la interlocutoria recurrida, fundamentalmente, al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones.

"Son infundados los razonamientos de la recurrente.

"...

"Toca ahora referirse a la siguiente razón por la que, independientemente de la anterior, no se surten los supuestos del artículo 132, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, que la presunción de certeza de los actos reclamados no afecta la naturaleza de éstos.

"Sostiene el recurrente que cuando un acto se tiene por presuntivamente cierto, es indudable que no podrá revestir el carácter de acto futuro e incierto.

"Esa conclusión del quejoso recurrente es correcta siempre y cuando los actos reclamados, por su naturaleza, sean futuros e inciertos (sic) pues, en este evento, la presunción de certeza no opera, dado que modifica el carácter del acto y convierte en suspendible lo que no puede ser paralizado.

"La naturaleza del acto se define e integra por sus propias características.

"La presunción de certeza es una consecuencia que la ley imprime el silencio de la autoridad.

"La primera atiende a los elementos del acto para caracterizar un proceder o una omisión; la segunda es una consecuencia jurídica que no incide sobre la naturaleza o elementos del acto, sino respecto de si se ha manifestado o no.

"Al respecto se invoca, por analogía, la tesis (pendiente de publicación) de este Tribunal Colegiado, que dice:

"‘ACTOS FUTUROS PROBABLES. LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO NO OPERA TRATÁNDOSE DE ESTOS ACTOS.’ (se transcribe).

"Por ello, adviértase, aun admitiendo la existencia de las órdenes de visita, no puede calificarse a las órdenes de clausura, de suspensión de labores y de imposición de multas y arrestos administrativos, por efecto de falta de informe, como actos futuros inminentes y, por ende, suspendibles, porque entonces no se atiende a la existencia de los actos sino que se modifica su naturaleza."

Las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis sin número, publicada en la página 135 del Tomo VII, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra se lee:

"ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME PREVIO NO OPERA TRATÁNDOSE DE. En virtud de que a través del informe previo se va a determinar un supuesto que es la existencia del acto reclamado, el artículo 132 de la Ley de Amparo establece una carga probatoria, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe previo entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia incidental. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia de la medida cautelar. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente la suspensión solicitada; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), la suspensión es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no producen agravio en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable o remoto, y por lo tanto la procedencia de la suspensión, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 132 de la ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: en primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe previo se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente la medida cautelar, que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir, su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierta que, lo que él reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del incidente de suspensión, y por lo tanto, negar la suspensión con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo."

Incidente de suspensión (revisión) 5277/99, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

I. Antecedentes.

A) Teódulo Vázquez Flores y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal y sus actos de aplicación, consistentes en las órdenes de visita, de clausura y su ejecución, así como "cualquier acto administrativo tendente a impedir las actividades mercantiles de la parte quejosa".

B) El Juez de Distrito tuvo por presuntivamente ciertos los actos de aplicación de la ley impugnada, ante la falta de informe previo de las autoridades responsables y otorgó la suspensión definitiva respecto de ellos.

C) Inconforme con la anterior determinación, las autoridades responsables omisas interpusieron recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el veintitrés de marzo de dos mil, confirmó la interlocutoria recurrida. Tal determinación, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes:

II. Consideraciones.

"En otro orden de ideas, es infundado el argumento de las agraviadas en el sentido de que el Juez Federal indebidamente haya tenido como presuntivamente ciertos los actos reclamados del jefe de Gobierno del Distrito Federal y del procurador general del Consumidor, consistentes en la emisión de las órdenes de visita, verificación o inspección, clausura, revocación, cancelación o modificación de licencia de funcionamiento y suspensión de labores dirigida a la negociación mercantil defendida por la quejosa, ya que de las constancias que integran el cuaderno incidental formado con motivo de la promoción del amparo 633/99, se advierte que las autoridades hoy recurrentes, jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidenta de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, omitieron rendir sus respectivos informes en la forma y términos en que les fueron requeridos, por lo que válidamente el Juez Federal aplicó lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que ante la ausencia de informes, es la propia ley la que establece la obligación para el juzgador federal de tener como presuntivamente cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión del mismo, lo que aconteció en la especie, toda vez que fue precisamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al procurador federal del Consumidor, a los que también se les reclamaron los efectos y las consecuencias de los actos impugnados, mismos que se hicieron consistir en la ejecución de la clausura y la consecuente paralización de la suspensión de labores, así como la cancelación de licencia de funcionamiento, imposición de multas y cancelación de la licencia que ampara el giro comercial defendido por el quejoso.

"Por lo que de no haber tenido como presuntivamente ciertos dichos actos, se incumpliría lo dispuesto por el referido párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, además de que al no constar en autos el informe previo de las responsables y presumir cierta su existencia, ello le quitó a lo reclamado la naturaleza de actos futuros e inciertos, señalados como consecuencia de las órdenes impugnadas por el quejoso; ya que ante tal circunstancia no es factible que se pueda sostener que el acto reclamado aunque futuro, no deba ser de inminente ejecución, porque desde que se tuvo como cierta la presunción de la existencia de las órdenes combatidas, será a partir de ese momento en que dicha orden puede ser ejecutada, máxime que se trata de un acto de ejecución inminente que deriva de la presunción de preexistencia de las órdenes de que se trata, de tal forma que es procedente que los actos señalados como efectos y consecuencia del acto reclamado, puedan ser ejecutados en breve término; por lo que el proceder del Juez Federal estuvo ajustado a derecho al decretar la suspensión definitiva solicitada, únicamente respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados en el amparo cuya sentencia interlocutoria se recurre, además de que dicho juzgador señaló también que no existieron elementos para determinar que con la concesión de la medida cautelar en comento, se vulneren disposiciones de orden público o se cause perjuicio al interés social, ya que de no concederse tal suspensión definitiva, se ocasionarían daños de imposible reparación, toda vez que la parte quejosa exhibió diversas copias certificadas, entre las que destacan, la correspondiente a las licencias de funcionamiento para establecimientos mercantiles, así como el aviso de revalidación respectivo, documentos que se refieren al funcionamiento de la negociación del quejoso y con los cuales válidamente se tuvo por acreditado el interés jurídico que tuvo para defenderlo."

Las consideraciones antes transcritas dieron origen a la tesis consultable en la página 1801 del Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE CONCEDERLA AL CAMBIAR SU NATURALEZA DE FUTUROS E INCIERTOS, A FUTUROS DE EJECUCIÓN INMINENTE, ANTE LA FALTA DE INFORME PREVIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El referido precepto establece que la falta de informes tiene como consecuencia la presunción de certeza del acto que se estima violatorio de garantías, para el sólo efecto de la suspensión. Ahora bien, en tratándose de los efectos y consecuencias, también impugnados y por los que se solicitó la suspensión, de aquellos actos, la falta de informe previo, que ocasiona tenerlos por presuntivamente ciertos de conformidad con tal dispositivo, cambia su naturaleza de futuros e inciertos, para ser actos, aun cuando futuros, de ejecución inminente, pues podrán ser ejecutados en breve término, por lo que procede conceder la suspensión definitiva por esos efectos y consecuencias; máxime si no existen elementos para determinar que con la concesión de la medida cautelar en comento, se vulnerarían disposiciones de orden público o se causaría perjuicio al interés social, y por el contrario, de no concederse la suspensión se ocasionarían daños de imposible reparación."

Incidente en revisión 117/2004, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

I. Antecedentes.

A) Francisca Gómez Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de "la emisión de la orden de secuestro, embargo, desposeimiento o decomiso dictada en mi contra que afecte mi legítimo derecho de propiedad y posesión sobre los vehículos" que se describen en la demanda de garantías.

B) El Juez de Distrito tuvo por presuntivamente ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables que omitieron rendir su informe previo y, respecto de éstos, otorgó la suspensión definitiva.

C) Inconforme con la anterior determinación, las autoridades responsables omisas interpusieron recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que en sesión celebrada el veintiséis de agosto del dos mil cuatro, confirmó la interlocutoria recurrida, fundamentalmente, al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones.

"Igualmente es infundado el segundo agravio esgrimido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Irapuato, Guanajuato, en el que señala que se debe negar la suspensión solicitada por reclamarse actos futuros e inciertos.

"Lo infundado del agravio deriva de la omisión de la responsable de haber rendido en tiempo su informe previo, ya que ante tal evento se actualizó la presunción de existencia del acto reclamado.

"Ello es así, ya que atento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico del quejoso y poder obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del ordenamiento legal citado, en razón de que dadas las limitaciones probatorias del incidente y su naturaleza misma, no hacen posible que se exija prueba plena indubitable de la existencia del acto reclamado, lo que en todo caso sería materia del juicio principal.

"Es aplicable al presente caso la tesis 1.7o.A.31 K emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual es compartida por este tribunal, visible en la página mil ochocientos uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, que establece:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE CONCEDERLA AL CAMBIAR SU NATURALEZA DE FUTUROS E INCIERTOS, A FUTUROS DE EJECUCIÓN INMINENTE, ANTE LA FALTA DE INFORME PREVIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."

CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.

En principio, debe señalarse que el hecho de que el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, tal como deriva de la jurisprudencia de esta Segunda Sala, 2a./J. 94/2000, consultable en la página 319 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De los antecedentes y de las resoluciones precisadas en el considerando que antecede, se advierte que en el caso concreto sí se cumplen los presupuestos antes señalados para estimar que existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo siguiente:

a) Al conocer de los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizaron una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si tratándose de actos futuros e inciertos opera la presunción de certeza ante la falta de informe previo de las autoridades responsables para efectos de la suspensión definitiva.

b) Al resolver la cuestión planteada, los aludidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que para efectos de la suspensión definitiva, no opera la presunción de certeza respecto de actos futuros e inciertos, ya que dicha presunción conlleva la desnaturalización de esos actos, habida cuenta que su propia naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza, por lo que debe negarse la referida medida cautelar; en cambio, los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero en la misma materia del Sexto Circuito estimaron que ante la falta de informe previo, la presunción de certeza modifica la naturaleza de los actos futuros e inciertos a futuros de ejecución inminente, y que por tal motivo, es procedente otorgar la aludida medida suspensional, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que para tal efecto prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo.

Asimismo, los criterios antes precisados parten de los mismos elementos, a saber:

• En la demanda de garantías se reclamaron actos de realización futura e incierta, así como su ejecución;

• Las autoridades responsables omitieron rendir su informe previo; y,

• Para arribar a sus respectivas conclusiones, los Tribunales Colegiados de Circuito parten del análisis del artículo 132 de la Ley de Amparo, en relación con el carácter de los actos reclamados.

Al tenor de lo antes expuesto, el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala, consiste en determinar si tratándose de actos futuros e inciertos opera la presunción de certeza ante la falta de informe previo de las autoridades responsables para efectos de la suspensión definitiva.

QUINTO.-El criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el que se sustenta en la presente resolución, conforme a lo siguiente.

En principio, es de señalarse que de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado tiene por objeto mantener las cosas en el estado en que se encuentran al momento de presentar la demanda de garantías, a fin de preservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y el otorgamiento de la referida medida cautelar está condicionada a la satisfacción de determinados requisitos como lo son, entre otros, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación.

En ese orden, debe advertirse que para resolver lo concerniente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos de lo previsto en los artículos 130 y 132 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe solicitar a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán presentarlo en un plazo de veinticuatro horas, expresando si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen y que determinen la existencia del acto que se les reclama, pudiendo exponer las razones que estimen pertinentes en torno a la procedencia o improcedencia de la referida medida cautelar, y transcurrido dicho plazo, con informe o sin él, deberá celebrarse la audiencia incidental respectiva en la que se aportarán las pruebas y se formularán los alegatos que las partes estimen pertinentes, debiéndose resolver lo conducente, considerando, para ello, que "la falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías para el solo efecto de la suspensión", según lo previene el tercer párrafo del precitado artículo 132 de la ley de la materia.

Ahora bien, si se toma en consideración que "cierto" se define como lo que es "verdadero, seguro, indubitable" (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, página 550), es inconcuso que para efectos de la suspensión definitiva la presunción de certeza del acto reclamado conlleva la de su existencia y, en esa virtud, ante la falta de informe previo de las autoridades responsables, no es dable prejuzgar sobre la no realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, apoyando tal conclusión de inexistencia actual en el hecho de que en la demanda de garantías se expresaron como de realización futura, habida cuenta que dicho análisis conllevaría a actuar en sentido contrario de la indicada presunción de certeza, la cual solamente puede desvirtuarse con pruebas directas y no con distintas presunciones no legales, ni menos aún con simples conjeturas.

Por tanto, es dable concluir que ante la falta de informe previo para determinar si se debe conceder o negar la suspensión definitiva, el Juez de Distrito deberá partir de la base de que los actos reclamados son ciertos, prescindiendo de los calificativos que el quejoso haya expresado en su demanda de garantías; en la inteligencia de que la suspensión sólo podrá concederse cuando se satisfagan los requisitos que para tal efecto prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo.

Es menester destacar que no pasa inadvertido la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 12, que se lee bajo el rubro: "SANCIONES POR INFRACCIONES ASENTADAS EN ACTA DE VISITA, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA PROBABLE APLICACIÓN DE.", sustentada por la otrora Segunda Sala de este Alto Tribunal; sin embargo, el criterio que en la misma se contiene parte de la existencia de los informes previos de las autoridades responsables y, por ende, resulta inaplicable para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, dado que en la especie se parte de la ausencia de dicho informe, lo que trae como consecuencia que se tengan por presuntivamente ciertos todos los actos reclamados por disposición expresa de la ley.

Esto es, el criterio a que se refiere la jurisprudencia de mérito se refiere a aquellos casos en que las autoridades responsables, al rendir su informe previo, expresamente admiten la existencia de la orden de visita y el acta relativa, mas no así de las posibles consecuencias de tales actos, como lo es la orden de clausura e imposición de sellos, por lo que para resolver sobre la suspensión definitiva de dichos actos, debe atenderse a su propia naturaleza; en cambio, en los supuestos que aquí se analizan, no existe manifestación alguna por parte de las autoridades responsables por cuanto se refiere a la existencia de los actos que les son atribuidos, por lo que para determinar si es o no procedente otorgar la aludida medida cautelar, deben tenerse como ciertos tales actos, prescindiendo de los calificativos que el quejoso da a los mismos en su demanda de garantías.

En mérito de las consideraciones antes expuestas, esta Segunda Sala considera que el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es el que a continuación se precisa.

-De conformidad con el tercer párrafo del artículo 132 de la Ley de Amparo, la falta de informe previo de las autoridades responsables establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión. En tal virtud, ante la falta de informe previo se debe presumir cierta la realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, aunque sin tomar en cuenta los calificativos sobre ellos, los que en su caso serán materia del juicio en lo principal, sin perjuicio del examen de los requisitos que para otorgar la medida cautelar prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere.

SEGUNDO.-En términos del considerando quinto de esta resolución, debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio precisado en la parte final del mismo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, y remítase la tesis de jurisprudencia aprobada a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito, para los efectos legales conducentes y al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, para su publicación; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz May

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18740-17185057/suspension-definitiva-en-amparo-ante-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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