Corpus
Modo: Corpus Pro

RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. SU DESECHAMIENTO NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 738.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan, siendo las que a continuación se precisan.

Tercer Tribunal Colegiado (ahora Segundo en Materias Penal y Administrativa) del Décimo Séptimo Circuito.

I. Antecedentes.

A) Con fundamento en el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, Pedro Acosta Urbina, solicitó la reconsideración administrativa de la resolución de 18 de enero de 1995, por la que se le impuso un crédito fiscal en cantidad de $11,529.64, así como de la diversa resolución de 30 de abril de 1997, dictada en el recurso de revocación 977/96 que en contra de dicho crédito fiscal hizo valer.

B) En contra de la negativa ficta de la solicitud de reconsideración administrativa, Pedro Acosta Urbina promovió juicio de nulidad, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que por resolución de 28 de septiembre de 2001, sobreseyó en el referido juicio por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 202, fracción XIV, en relación con el 203, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que conforme a lo previsto en el artículo 36 del referido ordenamiento legal, "la resolución recaída a una reconsideración administrativa no constituye instancia y, por lo mismo, no puede ser impugnada por los contribuyentes".

C) Inconforme con la determinación que antecede, Pedro Acosta Urbina promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al entonces Tercer Tribunal Colegiado (actualmente Segundo en Materias Penal y Administrativa) del Décimo Séptimo Circuito, bajo el número de expediente 996/2001, el que en sesión celebrada el 27 de junio de 2002, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable "deje insubsistente la sentencia reclamada y, hecho así dicte una nueva en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la presente instancia constitucional, declare improcedente dicha causa de improcedencia que hicieron valer las autoridades demandadas, resolviendo luego en su integridad con plenitud de jurisdicción la controversia que se sometió a su conocimiento". Lo anterior, fundamentalmente, al tenor de las siguientes

II. Consideraciones:

"Quinto. ...

"A fin de dar respuesta idónea a los sintetizados conceptos de violación, es conveniente reproducir el mencionado artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, que reza: (se transcribe).

"Luego, como lo puntualizó la autoridad responsable, es cierto que las resoluciones dictadas en la reconsideración administrativa son inimpugnables, en orden con lo establecido en el precepto transcrito; sin embargo, trasciende que ello ocurre única y exclusivamente, cuando a través de dichas resoluciones emitidas en uso de facultades discrecionales, las autoridades fiscales modifican o revocan en beneficio del contribuyente la resolución administrativa de que se trate, lo que se estima de obvia comprensión, puesto que no sería lógico ni jurídico que el contribuyente se inconformara con una resolución que favoreció su interés, máxime si la misma se emitió sin que mediara petición o gestión alguna de su parte.

"En cambio, si el particular presentó o instó la reconsideración como un medio de obtener la revocación o modificación de una resolución administrativa que le fue adversa, y en atención a ello la autoridad fiscal dicta resolución declarando la improcedencia de sus pretensiones, ante ello deviene incuestionable que nada impide que la ilegalidad que se aduzca respecto a esta última pueda reclamarse mediante la promoción del juicio de nulidad, en virtud de que el dispositivo legal que se analiza solamente establece dicha falta de impugnación, respecto de resoluciones pronunciadas en beneficio de los contribuyentes, pero no en su perjuicio, como lo sostuvo el peticionario de la protección federal, cuando afirmó ‘... la interpretación contraria al primer párrafo del artículo 36 del citado ordenamiento legal, consiste en que como las resoluciones cuya reconsideración administrativa se solicitó no son favorables al particular, pues se desecha por improcedente la solicitud de reconsideración administrativa, sí son susceptibles de ser impugnadas por los contribuyentes ante el Tribunal Fiscal de la Federación ...’

"Por tanto, al no actualizarse en el caso particular la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable, sin necesidad de analizar los restantes conceptos de violación, procede conceder a la parte quejosa el amparo solicitado ..."

Las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis XVII.3o.10 A, publicada en la página 1432 del Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre del dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLA, SÓLO SON INIMPUGNABLES CUANDO FAVORECEN AL PARTICULAR. Una recta interpretación de lo previsto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación permite establecer que las resoluciones pronunciadas en la reconsideración administrativa son inimpugnables, única y exclusivamente cuando a través de las mismas las autoridades fiscales, en uso de facultades discrecionales, modifican o revocan en beneficio del contribuyente una resolución administrativa que le hubiere sido adversa, lo que se estima de obvia comprensión, puesto que no sería jurídico que se inconformara con una resolución favorable a su interés, emitida sin petición o gestión alguna de su parte. En cambio, si el particular instó la reconsideración como un medio de obtener la revocación o modificación de una resolución administrativa, y la autoridad fiscal declara improcedente sus pretensiones, entonces la legalidad de la resolución relativa puede cuestionarse mediante la promoción del juicio de nulidad, habida cuenta que el precepto de mérito solamente establece dicha falta de impugnación respecto de resoluciones pronunciadas en beneficio de los contribuyentes, pero no en su perjuicio."

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

I. Antecedentes.

A) Con fundamento en el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, Gregorio Amezcua Morán solicitó la reconsideración administrativa de la resolución de 31 de marzo de 1998, por la que se le impuso un crédito fiscal en cantidad de $68,261.00.

B) El administrador general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, por resolución de 24 de septiembre de 2003, desechó por notoriamente improcedente la reconsideración administrativa de mérito, en virtud de que "no se satisfacían los requisitos establecidos en el artículo 36, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, en especial lo referente a que en contra de la resolución de la cual solicita su revisión administrativa, no se haya interpuesto medio de defensa alguna, situación que en sentido contrario, aconteció en dicho caso".

C) En contra de la anterior determinación, Gregorio Amezcua Morán, por su propio derecho, interpuso juicio de amparo. El secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho por ministerio de ley, por acuerdo de 10 de noviembre del 2003, desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías, al considerar que previamente a su interposición debió agotarse el juicio de nulidad, "el cual procede contra resoluciones pronunciadas en la reconsideración administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, cuando el particular instó la reconsideración como un medio de obtener la revocación o modificación de una resolución administrativa, y la autoridad fiscal declara improcedente sus pretensiones", habida cuenta que el referido medio de impugnación, "no requiere mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo" para la suspensión del acto reclamado.

D) Inconforme con el auto desechatorio antes precisado, el quejoso interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 66/2004, el que en sesión celebrada el 26 de febrero de 2004, revocó el auto recurrido "a efecto de que, prescindiendo de la causal de improcedencia analizada, se pronuncie nuevamente el resolutor de primer grado sobre la demanda de amparo". Lo anterior, al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones:

"Quinto. ...

"Ahora bien, los agravios son fundados, pues como lo razona la parte recurrente y contrariamente a lo que se sostiene en el auto recurrido, es incorrecta la afirmación de que sí procede el juicio de nulidad contra las resoluciones recaídas a la solicitud de reconsideración administrativa prevista en el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

"El referido precepto, en su texto íntegro establece: (se transcribe).

"La hipótesis prevista en el párrafo tercero, es la que se actualiza en el caso concreto en el que el acto reclamado por el quejoso, consiste en la resolución emitida por la autoridad responsable a una solicitud de revisión administrativa de una resolución dictada en su contra, por la que se le determinó un crédito fiscal; solicitud formulada en términos del referido precepto 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, como se advierte del propio escrito en el que se planteó a la autoridad responsable agregado a fojas 36 a 74 de autos del expediente de amparo, así como de la propia resolución que constituye el acto reclamado, agregada a fojas 22 a 24 del propio expediente de amparo.

"En ese supuesto, el propio precepto 36, en su cuarto párrafo destacado, establece expresamente que lo señalado en el párrafo anterior -revisión de resoluciones administrativas no favorables para los particulares- no constituye instancia, y que la resolución que se dicte no podrá ser impugnada por los contribuyentes.

"En esos términos, es evidente que la determinación expresa del precepto en el sentido de que las resoluciones que se emitan en la revisión administrativa de las resoluciones no favorables al particular, también conocidas como resolución de reconsideración administrativa, no serán impugnables para los contribuyentes, impiden a éstos acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Además de tal determinación expresa contenida en el precepto, por la que se establece la imposibilidad de recurrir ordinariamente ese tipo de resoluciones, conviene precisar también que no se ubican dentro de los supuestos de la procedencia del juicio de nulidad del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la resolución que se emite en la revisión administrativa, conocida como reconsideración, a que alude el precepto 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no se ubica dentro de los casos del conocimiento de dicho tribunal que prevé el artículo 11 de la Ley Orgánica del referido Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece: (se transcribe).

"En esos términos, si el propio precepto 36 del Código Fiscal de la Federación, en cuyo párrafo tercero se prevé la procedencia de la revisión administrativa de las resoluciones desfavorables a los particulares, establece expresamente en su cuarto párrafo, la imposibilidad de que las decisiones emitidas a la referida solicitud de revisión administrativa sean impugnables por los particulares y, si además, ese tipo de resoluciones no se ubica entre aquellas del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del juicio de nulidad, es innegable que no procede tal medio ordinario de defensa para impugnarlas, de ahí que el juicio de amparo indirecto sí resulte procedente en contra de ese tipo de resoluciones, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una resolución emitida en materia administrativa, susceptible de causar agravios no reparables a través de recurso o medio ordinario de defensa, además de que no proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"Sobre el particular, como aduce el quejoso, es aplicable por referirse a un caso análogo y por las razones que la informan, la tesis P. LXXXII/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 20, Tomo XI, junio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A LAS SOLICITUDES RELATIVAS, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe).

"La aplicación análoga del criterio sustentado en la tesis referida, se actualiza porque al igual que en el caso, la resolución administrativa emitida en la solicitud de condonación de multas fiscales, es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, en la medida en que también existe disposición expresa en el Código Fiscal de la Federación en el sentido de que la resolución respectiva que emita la autoridad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en dicho ordenamiento legal.

"Por el contrario, la tesis de rubro ‘RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ELLA, SÓLO SON INIMPUGNABLES CUANDO FAVORECEN AL PARTICULAR.’, citada en el auto recurrido y sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en primer lugar no obliga a su aplicación a este Tribunal Colegiado, como tampoco al resolutor de primer grado, dado que se trata precisamente de una tesis aislada que no constituye jurisprudencia de observancia obligatoria en los términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.

"Además, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el tribunal homólogo, por lo que procede denunciar la contradicción de criterios como más adelante se precisa, ya que se considera que el precepto 36, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, es claro y expreso en cuanto establece que tratándose del caso de la resolución emitida con motivo de la revisión administrativa, de una resolución favorable al particular, conocida como reconsideración administrativa, no podrán ser impugnadas por los contribuyentes, lo que pone de manifiesto que al sustentarse su no impugnación se refiere a la que corresponde a través de los medios ordinarios de defensa que prevé el propio Código Fiscal de la Federación.

"Así es, en el referido precepto no se advierte que la intención del legislador fuera en el sentido considerado en dicha tesis, en cuanto a que si el particular instó la reconsideración a que refiere el citado artículo 36, párrafo tercero, y la autoridad fiscal la declara improcedente, entonces sí proceda el juicio de nulidad.

"Tampoco de la exposición de motivos a las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por las que entre otras, se adicionaron los párrafos tercero y cuarto del citado artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la intención del legislador fuera en el sentido destacado. La exposición de motivos relacionada con tales párrafos, dice: (se transcribe).

"Como se advierte, en la parte destacada, el legislador consideró necesario adicionar el Código Fiscal de la Federación con otra forma de revisar las resoluciones desfavorables a los particulares, a manera de brindar otra especie de posibilidad de que se revoquen o modifiquen ese tipo de resoluciones desfavorables a los particulares; sin embargo, en relación con la adición al párrafo cuarto, en el que se establece que las resoluciones que al respecto se emitan no constituirán instancia y no podrán ser impugnadas por los particulares, no se advierte en dicha exposición de motivos como tampoco en su discusión en esa Cámara de Origen y en la respectiva discusión en la Cámara Revisora, que el legislador expusiera el porqué de la prohibición a los particulares de impugnar ese tipo de resoluciones; de ahí que no sea válidamente posible interpretar la distinción considerada en la tesis que no se comparte por este Tribunal Colegiado, pues al incluirse el texto del citado párrafo cuarto del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, si el legislador no distinguió, no corresponde hacerlo a la autoridad jurisdiccional cuando no existen motivos para ello, en observancia al principio de derecho ubi lex distinguit nec nos distinguire debemus, cuyo significado es que donde la ley no distingue, no se debe distinguir.

"...

"En esos términos, resulta innecesario analizar si en el caso el acto reclamado carecía o no de fundamentación, aspecto que fue analizado en el auto recurrido como excepción al principio de definitividad, concluyéndose que el acto reclamado de la autoridad ordenadora sí se encuentra fundado, sin embargo, como se considera que en el caso el quejoso no estaba obligado a impugnar el acto a través de los medios ordinarios de defensa previstos en el Código Fiscal de la Federación, dado que en contra de la resolución que constituye el acto reclamado de la ordenadora, no procede recurso o medio de defensa alguno previsto en dicho ordenamiento legal, entonces es innecesario analizar si el acto carece o no de fundamentación, pues tal análisis sólo corresponde cuando se estima que existe un medio ordinario de defensa que la parte quejosa se encuentra obligada a interponer."

CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que en seguida se expondrán.

En principio debe señalarse que el hecho de que el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, no se encuentre redactado y publicado conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 94/2000, consultable en la página 319 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre del dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Asimismo, debe decirse que no es óbice que los asuntos de los cuales emanan los criterios que se denuncian como opositores sean de distinta naturaleza, según deriva de la tesis 2a. CCXVII/2001, publicada en la página 42 del Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE QUE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA DIRIMA, RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.-El artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene que "la jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido", sin que esto último ocurra respecto de la hipótesis que se examina. Del texto literal anterior se sigue que se refiere directamente sólo a la Suprema Corte y a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando son órganos competentes para sustentar jurisprudencia lo que podrán hacer no sólo en juicios de amparo sino en cualquier asunto del que deban conocer, aplicando en éstos la Ley de Amparo. Sin embargo, la regla debe extenderse, por analogía, a aquellos casos en que la situación se presenta, no respecto del órgano que debe resolver el conflicto de criterios, definiéndolo jurisprudencialmente, sino en cuanto a los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron las tesis divergentes, debiendo interpretarse, por consiguiente, que procederá resolver la contradicción no sólo cuando los hayan establecido en juicios de amparo sino en todos los asuntos de su competencia. Por otra parte, si bien es cierto que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los juicios de amparo de su competencia, también lo es que no debe hacerse una interpretación y una aplicación literal de esas normas para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos que no provenga de los mencionados juicios. Ello, porque si el sistema de denuncia de contradicción de tesis tiene por objeto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sustentación de un criterio jurisprudencial y, por tanto, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto de él los mencionados tribunales actúen como órganos terminales, debe estimarse procedente la que derive de criterios opuestos que se hayan sustentado al resolverse cualquier tipo de asunto del que deban conocer, entre ellos los conflictos competenciales y no sólo juicios de amparo, ya que de lo contrario no se cumpliría con el propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia. Lo anterior se robustece si se toma en consideración, además, que desde la emisión del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, se determinó en el punto tercero, fracción V, que de los asuntos iniciados con posterioridad a la publicación del acuerdo, de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirían para su resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito, los conflictos de competencia, con excepción de los que se suscitaran entre los Tribunales Colegiados, los cuales serían resueltos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, de suerte tal que respecto de los conflictos competenciales que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados, éstos actúan como órganos terminales."

Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De los antecedentes y de las resoluciones precisadas en el considerando que antecede, se advierte que en el caso concreto sí se cumplen los presupuestos antes señalados para estimar que existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo siguiente:

a) Al conocer de los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Tercero (actualmente Segundo en Materias Penal y Administrativa) del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito analizaron una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si la resolución por la que se desecha la reconsideración administrativa que prevé el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través del juicio de nulidad.

b) Al resolver la cuestión planteada, los aludidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consideró que la resolución que desecha la reconsideración administrativa, sí es impugnable a través del juicio de nulidad, toda vez que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, "solamente establece dicha falta de impugnación respecto de resoluciones pronunciadas en beneficio de los contribuyentes, pero no en su perjuicio".

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, expresamente disintió de lo considerado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, precisando al efecto que si bien en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades hacendarias pueden modificar o revocar las resoluciones emitidas por sus inferiores jerárquicos que sean adversas a los intereses del particular, lo cierto es que el cuarto párrafo del numeral en cita, claramente precisa "que las resoluciones que al respecto se emitan no constituirán instancia y no podrán ser impugnadas por los particulares", de ahí "que no sea válidamente posible interpretar la distinción considerada en la tesis que no se comparte por este Tribunal Colegiado ... pues si el legislador no distinguió, no corresponde hacerlo a la autoridad jurisdiccional cuando no existen motivos para ello".

Asimismo, los criterios antes precisados, parten de los mismos elementos, a saber:

La existencia de una solicitud de reconsideración administrativa que fue desechada por la autoridad hacendaria, en un caso expresamente y en otro tácitamente al haber operado la negativa ficta.

En los asuntos que dieron origen a los criterios opositores (juicio de amparo indirecto en un caso y juicio de nulidad en otro caso), se planteó la posibilidad de impugnar la resolución que desecha una solicitud de reconsideración administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del juicio de nulidad.

Para arribar a sus respectivas conclusiones, los órganos colegiados en cita, parten de lo previsto en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en vigor desde el primero de enero de mil novecientos noventa y seis.

QUINTO.-El criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el que se sustenta en la presente resolución, conforme a lo siguiente.

En principio conviene tener presente que al tenor de lo expuesto en el considerando que antecede, el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala, consiste en determinar si la resolución que desecha la solicitud de reconsideración administrativa que prevé el tercer párr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18301-99a8ad76/reconsideracion-administrativa-su-desechamiento-no-es-impugnable-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.