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Modo: Corpus Pro

ARRESTOS POR FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR. NO ES APLICABLE EL LÍMITE TEMPORAL DE TREINTA Y SEIS HORAS QUE PARA LOS ARRESTOS POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA PREVÉ EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 571.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan, siendo las que a continuación se precisan.

Recurso de revisión 27/2004, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

I. Antecedentes.

A) Carlos Echeverría Méndez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Reglamento de Deberes Militares, concretamente por cuanto se refiere a sus artículos 49, 50 y 51, así como respecto de su acto de aplicación, consistente en la orden de arresto que le fue impuesta por el término de ocho días.

B) El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías en parte, negó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del reglamento impugnado y su acto de aplicación, y al "advertir una violación manifiesta en perjuicio del quejoso", otorgó la protección constitucional para el efecto de que el secretario de la Defensa Nacional, diera respuesta a la solicitud formulada por aquél en el sentido de que "se le cubriera el adeudo por concepto de retraso en el pago de las primas de perseverancia desde el mes de junio de dos mil dos a la fecha".

C) Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el doce de mayo de dos mil cuatro, por mayoría de votos de sus integrantes, resolvió modificar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del Reglamento de Deberes Militares y su acto de aplicación, fundamentalmente, al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones.

"SEXTO. ...

"Es fundado el agravio que formula la parte quejosa, hoy recurrente, en atención a las siguientes consideraciones:

"Como bien lo señala el recurrente en sus agravios, si bien es cierto que los militares se rigen por sus propias leyes en razón de que la misma Constitución Federal en su artículo 123, apartado B, fracción XIII, así lo establece, también es cierto que todas las leyes que los rigen deben estar acorde a ella, esto es así, por ser la Norma Suprema de la Nación, y dado que todas las leyes, tratados internacionales, reglamentos y actos de autoridad -tanto legislativos, administrativos o judiciales- deben sujetarse y estar acorde a la misma, sin excepción alguna, máxime si las normas violan algún derecho fundamental como la libertad personal, sin que la propia Constitución establezca excepción o limitante a esa prerrogativa de los gobernados in genere, por tanto, debe incluir a los militares.

"Por otra parte, el recurrente aduce que el artículo 13 constitucional no es el aplicable al caso, contrario a lo aseverado por la Juez de Distrito, en razón de que la Secretaría de la Defensa Nacional no es un organismo que pertenezca al fuero de guerra, atento al contenido de los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

"Dado lo anterior, es importante precisar en la parte conducente, lo que establecen dichos artículos: (se transcriben).

"De la lectura de los artículos anteriores, se desprende que con independencia que el fuero de guerra es competente para conocer de los delitos y faltas contra la disciplina militar, y que únicamente está compuesto por tres organismos, el Supremo Tribunal Militar, la Procuraduría General de Justicia Militar y el Cuerpo de Defensores de Oficio, entre los cuales no se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional ni sus funcionarios, resulta que ese fuero o jurisdicción por el hecho de ser especial y ad hoc para los militares, no puede ejercerse ni regirse por disposiciones que entren en conflicto con la Constitución como lo sostiene la Juez de Distrito. Dado lo anterior, podemos concluir que el artículo 13 constitucional no es el fundamento adecuado para decretar los arrestos militares, al margen de la Constitución en cuanto a respetar las garantías individuales, tal como lo sostuvo la Juez a quo, y en virtud de ello, el artículo aplicable sería el 21 constitucional, considerando que la Secretaría de la Defensa Nacional es una autoridad administrativa que debe regirse conforme al mismo.

"En esa tesitura, resulta conveniente citar el artículo 21 de la Ley Fundamental, en la parte que interesa: (se transcribe).

"De la redacción del precepto de la Ley Fundamental que se analiza, deriva la necesidad de determinar qué debe entenderse por pena y qué por sanción administrativa.

"...

"En consecuencia, si el artículo 21 constitucional fue reformado para establecer el arresto por un tiempo máximo de treinta y seis horas, con la finalidad de evitar sanciones excesivas sin que estableciera alguna excepción, dicho término se debe hacer extensivo a todas las leyes y reglamentos, tanto del orden federal como local, por ser la Ley Fundamental y el máximo ordenamiento normativo.

"Sentado lo anterior, procede dilucidar si al arresto como medida disciplinaria es aplicable o no, el término máximo de treinta y seis horas, previsto para el arresto administrativo que regula el artículo 21 constitucional.

"Ciertamente, el arresto como medida disciplinaria previsto en el artículo 25 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 49, 50, 51, 52, 53 y 55 del Reglamento General de Deberes Militares, obedecen a la necesidad de castigar al individuo y como medidas correctivas, a fin de reprimir y encauzar conductas al orden legal, tal como sucede en los arrestos administrativos impuestos por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, ambos traen como consecuencia la privación de la libertad del individuo, lo que implica un punto de coincidencia esencial entre ambos, razón por la cual debe recurrirse, por interpretación extensiva, a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, por ser en ambos casos, la libertad individual un bien axiológico y jurídico que debe ser tomado en cuenta para su imposición.

"No es óbice a lo anterior que los arrestos administrativos se lleven a cabo en las dependencias a las que pertenecen los militares, como lo regula el artículo 25 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea y el artículo 53 del Reglamento General de Deberes Militares, en razón de que no pueden ejercitar su libertad personal, sino que tienen que permanecer en dichas instalaciones por periodos que van desde las veinticuatro horas hasta los quince días, dependiendo del rango jerárquico que ostenten.

"En consecuencia, si el artículo 21 constitucional establece el arresto administrativo por un tiempo máximo de treinta y seis horas, y la finalidad del Constituyente al redactar el invocado precepto de la Ley Fundamental fue la de evitar sanciones excesivas, hacer extensivo dicho término al arresto como medida disciplinaria es necesario para salvaguardar los valores de justicia y libertad, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los militares se rigen por normas especiales, pues todas ellas deben sujetarse y estar acorde a la Constitución Federal a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, máxime si la propia Ley Suprema no establece alguna excepción o limitante a los distintos tipos de arresto.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN TÉRMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"Así como la tesis, IV.3o.10 C del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 340, Tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este tribunal comparte y cuyo texto es el siguiente:

"‘ARRESTO, MEDIDA DE APREMIO. INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO AQUÉL EXCEDE DEL ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe).

"Ahora bien, los artículos impugnados por el quejoso en su demanda son el 49, 50, 51, 52 y 55 del Reglamento General de Deberes Militares, que establecen lo siguiente: (se transcriben).

"De la lectura de los artículos transcritos, se aprecia que todos regulan las facultades para imponer arrestos, sin embargo, el numeral 50, es el único que establece los términos en que se deben imponer dichos arrestos, que van desde veinticuatro horas a quince días.

"En este orden de ideas, el artículo 50 del Reglamento General de Deberes Militares, al establecer el arresto hasta por quince días, debe concluirse que va más allá del texto de la Ley Fundamental y, por ende, debe ser declarado inconstitucional, sin que los demás artículos impugnados se tilden de inconstitucionales, toda vez que los mismos no rebasan el límite señalado en la Constitución y, per se, no causan agravio al quejoso.

"Asimismo, es importante señalar que si el artículo 21 constitucional fue reformado para establecer el arresto por un tiempo máximo de treinta y seis horas sin especificar alguna excepción o limitante, todas las leyes y los reglamentos, tanto federales como locales, deben adecuarse a dicho término, por tanto, en la especie, el artículo 50 del Reglamento General de Deberes Militares también debe circunscribirse a él.

"Así las cosas, debe concluirse como ya se indicó, que el artículo 50 del referido reglamento que se reclama en el presente juicio de garantías, es violatorio del artículo 21 constitucional y, por ende, en la materia de la revisión procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso."

Recurso de revisión 58/2004, del índice del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

I. Antecedentes.

A) Blanca Edith Cid Domínguez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los artículos 25 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 53 del Reglamento de Deberes Militares, así como respecto de su acto de aplicación, consistente en la orden de arresto que le fue impuesta por el término de ocho días.

B) El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías respecto de los citados preceptos legales y reglamentarios, por haber sido impugnados por la propia quejosa en un diverso juicio de garantías y negó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la orden de arresto reclamada.

C) Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que en sesión celebrada el siete de mayo de dos mil cuatro, resolvió confirmar la sentencia recurrida. Tal determinación, en lo que interesa, se sustentó en las siguientes:

II. Consideraciones.

"SEXTO. ... A continuación, se procede a analizar el agravio relativo a que la determinación arribada en la sentencia recurrida relativa a que las autoridades responsables se encuentran facultadas para emitir actos como el reclamado en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 13 constitucional, por contar con fuero de guerra, es incorrecta, toda vez que dicha institución de fuero de guerra tiene un carácter jurisdiccional y no administrativo, y los organismos que cuentan con tal fuero se encuentran previstos en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sin que entre éstos se encuentren las autoridades administrativas, como la que emitió el acto reclamado en el juicio de garantías.

"Para efecto de dar contestación a lo anterior, es conveniente citar, en principio, el artículo 13 de la Carta Magna, que es del tenor literal siguiente: (se transcribe).

"Como se aprecia del numeral transcrito, éste, en lo conducente, prevé la subsistencia del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, sin que en ningún caso los tribunales militares puedan extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

"Ahora bien, dentro de la terminología jurídica, la palabra fuero es multívoca; por lo cual, para una mejor comprensión sobre el asunto, conviene transcribir los diversos significados que contempla el Diccionario de la Real Academia: (se transcribe).

"Como se aprecia, el significado del término fuero tiene múltiples acepciones dependiendo del contexto en el que sea aplicado. Ahora bien, específicamente en el ámbito castrense, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado por Editorial Porrúa, primera edición, México, 1987, en sus páginas de la 1485 a la 1489, del tomo de la D a la H, se refiere al término ‘fuero militar’, como sigue: (se transcribe).

"Entonces, considerando el significado tanto lingüístico como jurídico que debe atribuirse al término en mención, es necesario dilucidar la intención del legislador al aplicar tal acepción en las normatividades, tanto constitucional como secundarias, relacionadas con el presente asunto.

"En este tenor, debe decirse, en principio, que a pesar de sus múltiples matices, la interpretación histórica y sistemática del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, permite concluir que la proscripción que realiza de los fueros se refiere a la prohibición del establecimiento de jurisdicciones o esferas competenciales en función a la situación social de determinada persona o corporación.

"En efecto, al establecer el artículo 13 de la Carta Magna la subsistencia del fuero de guerra, en tratándose de delitos y faltas contra la disciplina militar, se refiere básicamente a dos aspectos primordiales, a saber:

"1) A la aplicación, en el orden castrense, de las leyes específicas a todos y cada uno de los integrantes de las fuerzas armadas del país bajo cuyo imperio se encuentran.

"2) A la existencia de organismos y dependencias del servicio de justicia militar, encargados de la investigación de delitos y faltas de carácter militar, así como de llevar a cabo los juicios o procedimientos instaurados en contra de militares.

"De lo anterior se desprende que si bien el artículo 13 constitucional ha reservado el fuero de guerra para los delitos contra la disciplina militar, debiendo entenderse como tales, los que al cometerse perturban, disminuyen o ponen en peligro el servicio militar, se oponen a los deberes que impone la ordenanza general del Ejército, o se realizan durante un servicio militar, dicho numeral también dispone que subsiste tal fuero tratándose de faltas cometidas en contravención a dicha disciplina militar, por lo cual es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en sus actos cotidianos realizados en servicio, como en los procedimientos de carácter jurisdiccional, por su propia investidura que les es conferida con el cargo, se encuentran regidos por las leyes castrenses.

"En este tenor, puede concluirse que el artículo 13 de la Carta Magna, se refiere a la acepción del término ‘fuero militar’ en su sentido lato, al disponer que tal fuero consiste en la sujeción de todo miembro de las Fuerzas Armadas, a las leyes castrenses, tanto en el ejercicio regular de sus funciones como en el militar, como en los procedimientos jurisdiccionales seguidos en su contra con motivo de la realización de una conducta considerada como delito en el desarrollo de sus funciones dentro del Ejército.

"Una vez determinado lo anterior, debe mencionarse que, por su parte, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a que hace referencia la recurrente en el agravio en estudio, dispone lo siguiente: (se transcribe).

"Como se aprecia del numeral transcrito, éste dispone que los órganos del fuero de guerra son el Supremo Tribunal Militar, la Procuraduría General de Justicia Militar y el Cuerpo de Defensores de Oficio.

"De lo anterior se desprende que, en este caso, el término ‘fuero militar’ es aplicado en la ley orgánica en mención, como el conjunto de organismos de carácter jurisdiccional que como tales, se encuentran encargados de la administración e impartición de justicia en el orden militar, de donde se infiere que lo dispuesto en dicho artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se refiere únicamente a uno de los elementos que conforman el fuero de guerra previsto en el multimencionado artículo 13 constitucional, consistente en las autoridades y organismos que integran el servicio de justicia castrense.

"De lo anterior deviene lo infundado del agravio en estudio, toda vez que es incorrecto lo afirmado por la recurrente, al señalar que el fuero de guerra aplica únicamente a los procedimientos de carácter jurisdiccional y que, por tanto, los únicos organismos facultados para aplicar sanciones por delitos o faltas contra la disciplina militar, lo son los especificados en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; lo anterior, en virtud de que el fuero militar previsto por el artículo 13 de la Carta Magna, no constituye propiamente una institución de carácter jurisdiccional, sino que en realidad, tal acepción en términos del mencionado numeral constitucional, se refiere al sentido amplio del término ‘fuero de guerra’, es decir, tanto a la existencia de organismos y dependencias del servicio de justicia militar encargados de la investigación de delitos y faltas de carácter militar, y de sustanciar los juicios o procedimientos instaurados en contra de militares, como a la aplicación, en el orden castrense, de las leyes específicas a todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas del país bajo cuyo imperio se encuentran, como acontece en la situación que dio origen al acto reclamado en el juicio de garantías, en el que le fue impuesta a la quejosa, como miembro de las Fuerzas Armadas, un correctivo disciplinario por parte de su superior, ya que tanto los militares en servicio activo como los que se encuentran procesados o sentenciados, por el solo hecho de encontrarse enrolados dentro del sistema castrense tienen la obligación de acatar y cumplir las órdenes dirigidas tanto a unos como a otros, siempre y cuando éstas sean emitidas por una autoridad militar y enfocadas a satisfacer las necesidades primordiales del Ejército."

CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.

En principio, debe señalarse que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se encuentren redactados y publicados conforme a lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, tal como deriva de la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 94/2000, consultable en la página 319 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Asimismo, debe decirse que no es óbice que la resolución emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se haya emitido por mayoría de votos de sus integrantes, atento al criterio que se contiene en la tesis de esta Segunda Sala, número 2a. XXXVI/2004, publicada en la página 384 del Tomo XIX, correspondiente al mes de junio de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS. Los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de la contradicción de tesis."

Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan de los mismos elementos.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De los antecedentes y de las resoluciones precisadas en el considerando que antecede, se advierte que en el caso concreto sí se cumplen los presupuestos antes señalados para estimar que existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, por lo siguiente:

a) Al conocer de los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizaron una situación jurídica esencialmente igual, a saber, si los arrestos por faltas cometidas contra la disciplina militar, se rigen por el artículo 13 de la Constitución General de la República.

b) Al resolver la cuestión planteada, los aludidos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que si bien el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la subsistencia del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, no menos cierto lo es que en términos de lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el fuero de guerra sólo está integrado por el Supremo Tribunal Militar, la Procuraduría General de Justicia Militar y por el Cuerpo de Defensores de Oficio y que, por tanto, los arrestos por faltas cometidas contra la disciplina militar, deben regirse por el artículo 21 del Pacto Federal, habida cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional es una autoridad administrativa.

En cambio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que los arrestos por faltas cometidas contra la disciplina militar se rigen por el artículo 13 de la Constitución General de la República, toda vez que conforme a dicho numeral, el fuero de guerra comprende tanto a los delitos como a las faltas contra la disciplina marcial, de donde se sigue que lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se refiere únicamente a uno de los elementos que conforman ese fuero, consistente en las autoridades y organismos que integran el servicio de justicia castrense.

Asimismo, los criterios antes precisados, parten de los mismos elementos, a saber:

• En la demanda de garantías, se reclamó la orden de arresto impuesta al promovente por un término de ocho días, así como la constitucionalidad de los preceptos legales y reglamentarios que facultan a las autoridades dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional para imponer arrestos por faltas contra la disciplina militar.

• Para arribar a sus respectivas conclusiones, los Tribunales Colegiados de Circuito parten del análisis del artículo 13 de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

No pasa inadvertido que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atendió, además, a lo previsto en el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución General de la República; sin embargo, ello no constituye un supuesto esencial de la contradicción por su intrascendencia al criterio jurídico sustentado, sino una cuestión accesoria, derivada precisamente de la conclusión a la que arribó en el sentido de que la Secretaría de la Defensa Nacional no es considerada como un órgano del fuero de guerra, en términos de lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y que, por tanto, al ser una autoridad administrativa, debe regirse conforme al citado precepto constitucional.

En efecto, como ya se precisó, para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que en las resoluciones relativas exista un pronunciamiento respecto de una situación jurídica esencialmente igual, y que lo afirmado en una se haya negado en la otra o viceversa, por lo que para determinar si efectivamente existe dicha oposición, no basta con atender a todos los razonamientos vertidos en las correspondientes actuaciones judiciales, sino que es indispensable identificar las circunstancias de hecho y de derecho que por su enlace lógico sirven de sustento al criterio respectivo, ya que sólo cuando existe coincidencia en tales circunstancias podrá válidamente afirmarse que existe una contradicción de tesis cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que por sus características de generalidad y abstracción podrá aplicarse a asuntos similares.

De ahí que al estudiar las circunstancias fácticas y jurídicas que sirven de sustento a las resoluciones que generan una probable contradicción de tesis, la Suprema Corte debe distinguir entre las que por servir de basamento lógico a los criterios emitidos constituyen verdaderos supuestos que han de presentarse en las determinaciones contradictorias, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de base a las consideraciones respectivas, no constituyen un supuesto esencial del criterio emitido.

Por tanto, aun cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no atendió lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pronunciarse en el sentido que lo hizo, lo cierto es que los criterios que se denuncian como opositores no varían por ese solo hecho, en tanto parten fundamentalmente del sentido y alcance que debe darse al término "fuero de guerra", pues no debe soslayarse que el referido órgano colegiado determinó que dicho fuero comprende tanto a los delitos como a las faltas contra la disciplina militar, así como a las autoridades facultadas para conocer de tales conductas e imponer las sanciones respectivas, lo que de suyo implica que implícitamente consideró que el artículo 21 de la Constitución General de la República, no es aplicable en tratándose de arrestos por faltas contra la disciplina marcial; en cambio, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18523-133a6a67/arrestos-por-faltas-contra-la-disciplina-militar-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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