IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es preciso tener presentes los antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se estiman son opositores, así como las consideraciones que los sustentan, que a saber son las siguientes:
I. Del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
1. Efrén Valle Anguiano y Gerardo Lara Colín, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto por el que se creó la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero del dos mil dos, concretamente por cuanto se refiere al artículo 109, fracción XI, del citado ordenamiento legal, precisando que el primer acto de aplicación lo constituye el recibo de pago de diez de diciembre del dos mil dos.
2. Por acuerdo de treinta y uno de diciembre del dos mil dos el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió a trámite la demanda de amparo y, previos los trámites de ley, dictó la sentencia respectiva el dieciséis de mayo del dos mil tres, en la que sobreseyó en el juicio de garantías toda vez que "del análisis de los recibos de pago de nómina correspondientes al veintiocho de febrero y treinta de junio de dos mil dos (fojas 118 y 150), se acredita que en tales fechas se realizó en su favor el pago de las prestaciones denominadas ‘prima vacacional’, respecto de las cuales su patrón procedió a efectuar la deducción correspondiente por concepto de ‘ISR’", por lo que "está claro que el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama se aplicó a los hoy quejosos desde esas eventualidades, pues fue a partir de las fechas referidas en las que se actualizaron en su perjuicio las hipótesis normativas del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; por lo que, al no haberse promovido la demanda de garantías a partir de esas fechas, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 21 de la Constitución General de la República (sic) resulta inconcuso que los quejosos han consentido la aplicación de tal ordenamiento legal."
3. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 339/2003, el que en sesión celebrada el veintinueve de agosto del dos mil tres, revocó la sentencia recurrida y otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, al tenor de las siguientes consideraciones.
"SEXTO. Es sustancialmente fundado el único agravio que hacen valer los recurrentes, de conformidad con las siguientes consideraciones:
"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3248/98, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil, por unanimidad de votos, en el que fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón, determinó que no todos los actos de aplicación de una ley fiscal, en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo, implican su consentimiento, sino sólo aquellos que se llevan a cabo por la autoridad hacendaria o por el propio particular ante dicha autoridad, pues sólo éstos implican una relación entre el particular y la autoridad exactora, propia del derecho tributario; por lo que dicho consentimiento no puede derivar de la falta de impugnación de actos celebrados entre particulares.
"La ejecutoria respectiva, en la parte que interesa, es del siguiente tenor literal: (se transcribe).
"Tales consideraciones, sostenidas por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, son las que informan la tesis 2a. CXLI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 354, cuyos rubro y texto se leen:
"‘CONSENTIMIENTO TÁCITO DE UNA LEY FISCAL. NO PUEDE DERIVARSE DE LA AUTOAPLICACIÓN DE AQUÉLLA, REALIZADA EN UN ACTO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES.’ (se transcribe).
"De la ejecutoria y tesis transcritas, deriva que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha considerado que el consentimiento tácito a que se refiere el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en tratándose de leyes fiscales, no puede derivar de actos celebrados entre particulares, como en el caso de la traslación de impuestos, sino que dicho consentimiento sólo se puede actualizar con motivo de actos realizados por la autoridad fiscal -por ejemplo, mediante la determinación de un crédito-, o de actos llevados a cabo por el propio particular ante dicha autoridad -por ejemplo, mediante la presentación de la declaración o el entero del gravamen-, toda vez que, para que se surta el consentimiento tácito, es necesario que exista una relación entre el particular y la autoridad exactora, propia del derecho tributario.
"De esta forma, si bien es cierto que los actos entre particulares sí constituyen actos de aplicación que permiten impugnar la ley fiscal a través del juicio de garantías, también lo es que la falta de promoción del amparo en contra de esta clase de actos no genera el consentimiento tácito de las leyes aplicadas. Esto es, que aun cuando los actos entre particulares facultan al agraviado para promover el juicio de amparo, ello no significa que, de no hacerlo, se consientan las normas relativas por no darse aún la relación entre el particular y la autoridad hacendaria.
"En síntesis, el criterio del Máximo Tribunal del país puede expresarse de la siguiente manera:
• "En tratándose de leyes fiscales los actos de aplicación celebrados entre particulares legitiman al agraviado para reclamar la norma a través del juicio de amparo.
• "Sin embargo, la falta de promoción del juicio de garantías en contra de esos actos no implica el consentimiento de la ley aplicada.
• "Esto es así, ya que dicho consentimiento sólo se genera cuando en el acto de aplicación intervienen tanto la autoridad fiscal como el particular, ya sea mediante la determinación del crédito correspondiente, o bien, mediante la presentación de la declaración o el entero del tributo.
"En este sentido, es válido concluir que el juicio de amparo puede promoverse con motivo de cualquier acto de aplicación entre particulares, siempre que no exista un acto de aplicación apto para generar el consentimiento, tal como lo sostuvo la Segunda Sala al afirmar que ‘si bien tales actos de traslación del impuesto especial sobre producción y servicios sí constituyen actos de aplicación que legitimaban a la quejosa, ahora recurrente, a promover el juicio de amparo en su contra, de ello no puede derivarse que por no haberlo hecho los consintió tácitamente’.
"Esto es, que todos los actos de aplicación legitiman a los particulares para promover el juicio de garantías en contra de leyes tributarias cuando derivan de una relación entre particulares en la que no interviene la autoridad exactora; y que es a partir de que se actualice esa relación tributaria, cuando comenzará a correr el plazo para la presentación de la demanda de garantías, generándose el consentimiento de la ley en caso de no promoverse en tiempo el juicio de amparo.
"En el caso que nos ocupa, el Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio por considerar que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya inconstitucionalidad reclamaron los quejosos, se les aplicó desde el veintiocho de febrero y treinta de junio de dos mil dos, respectivamente, fechas en que percibieron el pago de su prima vacacional, respecto de la cual su patrón efectuó la deducción correspondiente por concepto de impuesto sobre la renta, pues fue en esas fechas en las que se actualizó en su perjuicio la hipótesis normativa del artículo reclamado; de modo que, al no haber promovido la demanda de garantías en contra de dichas retenciones, dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, los quejosos consintieron la aplicación del ordenamiento legal en comento.
"...
"Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que no quedó acreditado en autos que las cantidades retenidas por concepto de impuesto sobre la renta a los quejosos, hayan sido sobre el excedente gravable de las primas vacacionales que les fueron pagadas; esto es, no existe certeza de que realmente se haya efectuado la retención en términos del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no se demostró fehacientemente que dichos recibos de pago constituyan el primer acto de aplicación de dicho precepto.
"Además, suponiendo que en los recibos de pago correspondientes sí se hubiere retenido el impuesto sobre la renta respecto de las primas vacacionales, lo cierto es que en términos del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dichos actos, a través de los cuales el patrón, en su carácter de particular que actúa por mandato expreso de la ley, les retuvo a los quejosos el impuesto sobre la renta causado con motivo de las primas vacacionales que les pagó, constituye un acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, que facultó a los quejosos, desde ese entonces, para acudir al juicio de garantías.
"Sin embargo, es claro que al momento de efectuar la retención correspondiente aún no existía una relación entre los quejosos y la autoridad hacendaria, toda vez que la aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no derivó de una determinación llevada a cabo por la autoridad fiscal, ni del entero del tributo efectuado por los particulares, ni de la presentación de la declaración correspondiente.
"Esto es, la retención del impuesto sobre la renta efectuada sobre la prima vacacional pagada a los quejosos, en términos del artículo 109, fracción XI, de la ley correspondiente, constituyó un acto entre el patrón y sus trabajadores, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin la intervención de la autoridad fiscal, de modo que la falta de promoción del juicio de amparo en su contra no generó el consentimiento tácito que el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, contempla como causal de improcedencia.
"Efectivamente, debe considerarse que el acto de retención, llevado a cabo en cumplimiento a las normas tributarias aplicables, constituye un acto entre particulares que permite la impugnación de la norma fiscal aplicada, pero del que no deriva consentimiento alguno en caso de no promoverse el juicio de garantías en su contra, pues dicha retención no configura la relación tributaria entre el particular y la autoridad exactora, la cual sólo se da mediante la determinación de un crédito, el pago de un tributo o la presentación de una declaración, tal como lo ha sostenido nuestro más Alto Tribunal.
"En este orden de ideas, y en estricto apego al criterio contenido en la tesis 2a. CXLI/2000, este Tribunal Colegiado concluye que, en tanto no se lleve a cabo un acto en el que intervengan tanto la autoridad fiscal como los quejosos, ya sea mediante la determinación de un crédito fiscal o la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente, no podrá considerarse que se ha consentido tácitamente el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no cobra aplicación al caso la causal de sobreseimiento invocada por el Juez de Distrito.
"...
"Es corolario de lo hasta aquí expuesto que si los quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su aplicación en los recibos de pago de diez de diciembre de dos mil dos, cuyos originales obran a fojas 19 y 20 del expediente principal, entonces la demanda de garantías se promovió dentro del plazo legal, dado que éste corrió del doce de diciembre de dos mil dos al tres de enero de dos mil tres, tomando en cuenta que los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veinticinco y veintiocho de diciembre de dos mil dos, así como el primero de enero de dos mil tres fueron inhábiles. De tal manera que si la demanda se presentó el treinta de diciembre de dos mil dos, es inconcuso que se encuentra en tiempo, deviniendo infundada la causal de improcedencia invocada por el a quo, por lo que lo procedente es analizar las demás causales de improcedencia hechas valer por las partes, o que se adviertan de oficio."
II. Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Antecedentes.
1. Martha Elena Zúñiga Rodríguez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del decreto por el que se creó la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, concretamente por cuanto se refiere al artículo 109, fracción XI, del citado ordenamiento legal. Al efecto se señaló como primer acto de aplicación la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del año en cita.
2. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil tres, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal desechó la demanda de amparo "en atención a que, de la fecha en que tuvo verificativo su primer acto de aplicación, traduciéndose éste en la primer retención del impuesto impugnado, esto es, el veinticinco de enero de dos mil dos, a la fecha de la presentación de la demanda, acontecida el veintiocho de abril del año en curso, según lo indica el sello de recibido de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se advierte que ya transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el precepto legal supracitado, para la presentación de la demanda de garantías de mérito."
3. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 244/2003, el que en sesión celebrada el seis de junio de dos mil tres, confirmó el auto recurrido y desechó la demanda de garantías al tenor de las siguientes consideraciones.
"CUARTO. En el único agravio la quejosa expresa que el auto es ilegal porque la Juez de Distrito erróneamente considera que el primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es la retención del impuesto hecha por parte de su patrón, lo cual es contrario a derecho porque el juicio de amparo no es procedente contra actos de particulares, sino que es necesaria la intervención de una autoridad, por lo que el momento oportuno para la procedencia del juicio de amparo es aquel en que la autoridad, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, intervino, es decir, dentro del término de quince días siguientes a la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta, como acontece en el presente caso.
"Concluye diciendo la quejosa que el patrón no ejerció ningún acto y menos aun uno de autoridad, y que si bien es cierto que la retención del impuesto le causa un perjuicio económico no existe una afectación jurídica, pues ésta ocurre hasta el momento en que se presenta la declaración anual del impuesto sobre la renta.
"Es infundado el agravio antes sintetizado por las siguientes razones:
"La Juez de Distrito desechó la demanda porque advirtió que su presentación resultaba extemporánea, toda vez que la fecha en que tuvo verificativo el primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se reclama, fue el veinticinco de enero de dos mil dos, cuando se le cubrió a la quejosa una gratificación extraordinaria y se realizó la primera retención del impuesto reclamado y, en cambio, la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho de abril de dos mil tres.
"Cabe recordar que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece lo siguiente: (se transcribe).
"Ahora bien, de la revisión de las constancias de autos se desprende que la promovente del amparo aportó al juicio las siguientes pruebas documentales:
"1) El acuse de recibo de su declaración anual por el ejercicio de dos mil dos como persona física por sueldos, salarios y conceptos asimilados (fojas 12 y 13 del cuaderno de amparo), con sello de recepción de veinticuatro de abril de dos mil tres.
"2) La constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados por el periodo de enero a diciembre de dos mil dos, expedida por Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como retenedor, a favor de la quejosa como trabajador (foja 14 del cuaderno de amparo).
"3) Recibos de pago de nómina y de gratificaciones extraordinarias realizados por Invex, Casa de Bolsa a Martha Elena Zúñiga Rodríguez, en los meses de enero, febrero, marzo, junio, septiembre, octubre y diciembre de dos mil dos.
"De tales documentos se desprende que la quejosa, Martha Elena Zúñiga Rodríguez, presta un servicio personal subordinado a la persona moral Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y que ésta le pagó durante el año dos mil dos, precisamente como su trabajadora, además de sus ‘percepciones normales’, diversas cantidades por conceptos de ‘gratificación extraordinaria’, ‘prima vacacional’ y ‘aguinaldo’, respecto de las cuales el patrón retuvo el impuesto sobre la renta correspondiente, tal como se asienta en los propios recibos.
"En particular, de la documental que tomó en consideración la Juez de Distrito para desechar la demanda, consistente en el recibo de fecha veinticinco de enero de dos mil dos, el cual obra agregado a foja 19 del cuaderno de amparo, se desprende que a la quejosa se le pagó, en esa fecha, la cantidad de $89,000.00 (ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de ‘gratificación extraordinaria’, y que le fue retenido el impuesto sobre la renta correspondiente en un monto de $24,920.00 (veinticuatro mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
"Además, queda acreditado que la quejosa recibió las siguientes percepciones:
"...
"Respecto de todos estos pagos, el patrón de la quejosa también efectuó la retención del impuesto sobre la renta correspondiente, según se asienta en cada uno de los recibos de mérito, tomando en consideración que dichas cantidades rebasan el equivalente a quince días (por lo que toca a la prima vacacional) y treinta días (por lo que hace a gratificaciones) el salario mínimo general vigente de la zona A, que es el área geográfica a la que pertenece la trabajadora, y cuyo monto en el año dos mil dos fue de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.).
"Ahora bien, el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
"En estas condiciones, aun cuando resulta evidente que el patrón de la quejosa no tiene el carácter de autoridad responsable, ya que se trata de un particular; sin embargo, los artículos 113 y 118, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta le imponen la obligación de efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Asimismo, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación le impone el carácter de responsable solidario con el contribuyente.
"En otras palabras Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., tiene el carácter de auxiliar de la administración pública federal en la recaudación del impuesto sobre la renta de sus trabajadores y tiene la obligación de enterar el impuesto retenido a la autoridad hacendaria correspondiente.
"De modo que si en cumplimiento de las leyes fiscales el patrón retuvo a su trabajadora el impuesto sobre la renta correspondiente a las cantidades que le fueron pagadas por concepto de gratificaciones extraordinarias, prima vacacional y aguinaldo, dichas retenciones constituyen actos de aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se combate de inconstitucional, con independencia de que en su determinación y cobro no hayan intervenido las autoridades hacendarias.
"Además, tales retenciones afectaron de manera directa e inmediata la esfera jurídica del particular, tomando en consideración que en su demanda de garantías la quejosa expone que el pago del impuesto y su no exención en términos del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio de la garantía de equidad tributaria.
"Igualmente, no le asiste la razón a la quejosa cuando afirma que las autoridades fiscales intervinieron en el caso cuando fue presentada la declaración anual del impuesto sobre la renta el veinticuatro de abril de dos mil tres y que, por ende, el término para la interposición de la demanda empezó a correr a partir de esa fecha.
"Se afirma lo anterior, primero, porque según se desprende del sello de recepción de la declaración anual del ejercicio de dos mil dos de la quejosa, fue presentada ante una institución Bancaria (Scotiabank Inverlat, S.A.) y no ante las autoridades fiscales competentes, por lo que, en la especie, no existe una participación directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Pero, fundamentalmente, no le asiste la razón a la quejosa porque, se reitera, el primer momento de causación del impuesto (cuando se realizó el hecho generador que prevé la norma) no aconteció, en la especie, con la presentación de su declaración anual por el ejercicio fiscal de dos mil dos, sino el veinticinco de enero de dos mil dos, cuando el patrón Invex, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., cubrió a la quejosa la cantidad de $89,000.00 (ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de ‘gratificación extraordinaria’, la cual no se consideró exenta sino que fue gravada con el impuesto sobre la renta, amén de que en los meses de enero, febrero, marzo, junio, septiembre, octubre y diciembre de dos mil dos, a la quejosa le fueron hechos pagos de gratificaciones extraordinarias, reparto de utilidades y aguinaldo, que también fueron gravados en términos del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"Consecuentemente, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiocho de abril de dos mil tres, resulta evidente que es extemporánea y, por tanto, es correcta la determinación de la a quo de desecharla de plano, por ser notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XII y 21 de la Ley de Amparo."
CUARTO. En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán.
En principio debe señalarse que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren no es cualquier apreciación, determinación u opinión emitida por el órgano jurisdiccional en resoluciones definitivas de su competencia, sino el criterio jurídico de carácter general y abstracto que sustenta al examinar un punto concreto de derecho controvertido en el asunto que resuelve, cuya hipótesis, dada su generalidad puede actualizarse en otros asuntos, y que en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo debe de redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados.
Por consiguiente, el criterio plasmado en una ejecutoria constituye una tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado.
En ese orden de ideas, resulta incuestionable que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los amparos en revisión 244/2003 y 229/2003, no se encuentren redactados y publicados conforme con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, no constituye un obstáculo para estimar que, en la especie, existe la contradicción de tesis denunciada.
Sirve de apoyo a la consideración que antecede la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 27/2001, publicada en la página 77 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Ahora bien, la existencia de un conflicto de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, materia de estudio de esta Segunda Sala y que tendrá por objeto decidir cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;
b) Que las diferencias de criterio se presenten en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 76 del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En ese orden, es de señalarse que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 339/2003, determinó lo siguiente:
1. Del criterio que se contiene en la tesis 2a. CXLI/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee bajo el rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DE UNA LEY FISCAL. NO PUEDE DERIVARSE DE LA AUTOAPLICACIÓN DE AQUÉLLA, REALIZADA EN UN ACTO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES.", así como de las consideraciones que le dieron origen, se advierte que tratándose de leyes fiscales, el consentimiento tácito a que se refiere el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, no puede derivar de actos celebrados entre particulares, pues si bien es cierto que éstos constituyen actos de aplicación que permiten impugnar la norma a través del juicio de garantías, no menos cierto es que "para que se surta el consentimiento tácito es necesario que exista una relación entre el particular y la autoridad exactora", por lo que tal figura sólo se puede actualizar con motivo de actos realizados por la autoridad fiscal (por ejemplo mediante la determinación de un crédito), o bien, por actos celebrados por el particular ante la autoridad hacendaria (por ejemplo cuando se presenta la declaración o entero del gravamen).
2. Por tanto, aun cuando es verdad que el acto a través del cual el patrón, en su carácter de particular que actúa por mandato expreso de la ley, le retuvo a los quejosos el impuesto sobre la renta causado con motivo de las primas vacacionales que les pagó, constituye un acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, de la ley relativa vigente en el ejercicio fiscal de dos mil dos, que facultó a éstos desde ese entonces a acudir al juicio de garantías; lo cierto es que la falta de impugnación de d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18133-8d485bdc/impuesto-sobre-la-renta-su-retencion-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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