Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. NO PROCEDE CUANDO EL ASUNTO VERSA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, PARA EFECTOS DE CALCULAR EL MONTO DE LAS PENSIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17579
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 535.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 166/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de octubre de dos mil dos la revisión fiscal 292/2002-3803, interpuesta por el subdirector de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de dicha dependencia, sustentó las consideraciones siguientes:

"TERCERO. Previamente al estudio de fondo del asunto, este tribunal procede al análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión que propone la autoridad recurrente. Para justificar la procedencia de éste, la autoridad recurrente expresa lo siguiente: ‘... El recurso de revisión deberá admitirse en términos de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, puesto que el asunto versa sobre aportaciones de seguridad social, esto es, sobre los conceptos que integran la base de cotización de lo que percibió la C. María Eugenia Rivera Guzmán, para el efecto de calcular su cuota pensionaria. En efecto, en el juicio de nulidad se demandó al instituto el cálculo de la cuota pensionaria conforme a cantidades que no cotizó ante el instituto, es decir, se pretende se calcule la cuota pensionaria sobre conceptos que no forman parte de la base de cotización, esto es, el sueldo básico de cotización a que se refiere el artículo 64 de la Ley del ISSSTE en relación con el artículo 15 del mismo ordenamiento legal. Lo antes mencionado, en virtud de que en dicho caso se actualiza lo dispuesto en la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, puesto que de la sentencia de nulidad de fecha 31 de mayo de 2002, dictada por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se podrá observar que el asunto versa sobre aportaciones de seguridad social, esto es, sobre la base de cotización del pensionista antes citado. Corrobora lo anterior, el hecho de que en la sentencia de nulidad en comento se condenó al instituto que represento a tomar en consideración para efectos del cálculo de la cuota pensionaria el concepto de H3 EPR Operativo y Compensación Garantizada, cantidades que no fueron objeto de cotización en términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de donde se concluye que la Sala Fiscal condenó al instituto a tomar en consideración para el cálculo de la pensión otros conceptos que no forman parte del sueldo básico, esto es, pasó por alto la base de cotización a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la que se enteran las cuotas y aportaciones a que están obligados los trabajadores, dependencia y/o entidades y, por ende, es evidente que el asunto sometido a ese Tribunal Colegiado versa sobre aportaciones de seguridad social y la base de cotización de la pensionista antes citada. Lo anterior es así, en virtud de que al condenar al instituto a tomar en consideración para el cálculo de la cuota pensionaria otras cantidades por la cuales no cotizó, trae como consecuencia que se modifique la base de cotización, es decir, en primer término modificar el sueldo básico que reportó la dependencia o entidad en la hoja única de servicios, por el sueldo total que según la Sala Fiscal forma parte también del sueldo básico mencionado, y en segundo, el que el pensionista, la dependencia y/o entidad tenga la obligación de enterar las cuotas y aportaciones respectivas (artículos 16 y 21 de la Ley del ISSSTE), toda vez que como quedó acreditado en autos del juicio fiscal, nunca se enteraron al ISSSTE las cuotas y aportaciones por las cantidades de H3 EPR Operativo y Compensación Garantizada. En este sentido, si las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado están clasificadas como aportaciones de seguridad social, en términos de la fracción II del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, ese Tribunal Colegiado de Circuito debe entrar al estudio de los agravios vertidos en el recurso de revisión fiscal, pues es claro que el asunto ventilado en ese juicio fiscal, trata de aportaciones de seguridad social sobre la base de cotización, tan es así que al obligar al instituto a tomar en consideración los conceptos de H3 EPR Operativo y Compensación Garantizada, trae como consecuencia que se modifique la base de cotización de la C. María Eugenia Rivera Guzmán, estando obligado éste a aportar las cuotas correspondientes por la cantidad antes señalada y la dependencia y/o entidad a enterar las aportaciones por la cantidad antes referida. En este orden de ideas, el pretender la Sala Fiscal que sea cubierta una cuota diaria de pensión, en la que se tomen los conceptos H3 EPR Operativo y Compensación Garantizada, sin importar si por estos conceptos se enteraron las cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la Ley del ISSSTE, es claro que la consecuencia de tal criterio representará, con el transcurso del tiempo, mayores problemas financieros al instituto, e incluso atentar a la suficiencia financiera del fondo de pensiones, ya que con ello se pretende obligar al ISSSTE a cubrir una cuota diaria pensionaria, tomando en consideración montos de los cuales no recibió cuotas y aportaciones por parte del trabajador como de la afiliada, situación con la cual se acredita fehacientemente el daño patrimonial que se ocasionaría al instituto con la resolución que mediante este escrito se reclama. En virtud de lo anterior, ese Tribunal Colegiado debe emitir (sic) y entrar al estudio de los agravios que se proponen en el presente recurso, más aún cuando existe precedente en el cual el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su resolución de fecha 28 de septiembre de 2001, entra al estudio de agravios, tal como se acredita con la copia simple que se anexa a este recurso.’. Según se observa de la transcripción que antecede, la autoridad recurrente estima que se actualiza el supuesto de procedencia que prevé la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surte efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que los argumentos expresados por la recurrente para justificar la procedencia de dicho recurso resultan ineficaces, en virtud de que de ellos no se desprende que se actualice la hipótesis de procedibilidad en los términos del precepto legal transcrito. Ello es así, toda vez que contrariamente a lo que argumenta la autoridad recurrente, el objeto materia de la presente controversia no está relacionado con aportaciones de seguridad social, sino con la pensión concedida a la actora María Eugenia Rivera Guzmán. En efecto, este órgano judicial sostiene que sólo se está ante esa hipótesis, como supuesto de procedencia del recurso, cuando lo que se discute no es propiamente la determinación de una pensión con motivo de las percepciones recibidas durante un determinado lapso, sino una resolución cuya controversia haya sido, en esencia, las aportaciones de seguridad social, lo que en el caso no se surte, como claramente se observa tanto de los argumentos vertidos por la autoridad recurrente encaminados a demostrar la procedencia del recurso, así como de la propia resolución recurrida. Este criterio resulta acorde con la intención del artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, que establece las hipótesis para la procedencia del recurso de revisión, de entre las que no se encuentra el incremento de una prestación otorgada al gobernado, como lo es la determinación real de una pensión que ya le fue concedida. Sirve de apoyo la tesis I.2o.A. J/18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este Tribunal Colegiado, consultable en la página 659, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro son del tenor siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA CUANDO SE REFIERE AL SUPUESTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SU PROCEDENCIA. Para los efectos de la procedibilidad del recurso de revisión fiscal no basta que el patrimonio de la autoridad que lo interpone se integre con aportaciones de seguridad social, sino es indispensable que éstas precisamente sean el objeto de la controversia, y no las prestaciones que la autoridad proporciona a los beneficiarios a través del fondo integrado con las susodichas aportaciones.’. No obsta a lo anterior, el hecho de que la autoridad recurrente señale que se demandó al instituto el cálculo de la cuota pensionaria con base en cantidades que supuestamente no cotizó ante éste, pues tal razonamiento no demuestra de ninguna manera la pretensión de la autoridad respecto a que la base de cotización de la pensión esté relacionada con aportaciones de seguridad social, ya que tal supuesto va encaminado a argumentar situaciones propias del fondo del asunto y no a acreditar la procedencia del recurso conforme a la fracción V del precepto rector. Por cuanto hace a las manifestaciones de la autoridad en el sentido de que se debe admitir y entrar al estudio de los agravios pues existe precedente por parte del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por resolución de fecha veintiocho de septiembre de dos mil uno examinó el fondo del asunto; cabe señalar que tal precedente no constriñe a este tribunal al seguimiento de tal criterio, pues como ha quedado demostrado con los anteriores razonamientos y con la tesis transcrita, no debe confundirse el cálculo de la cuota pensionaria con el supuesto de aportaciones de seguridad, contemplado en el supuesto de procedencia de la fracción V del artículo 248 del código de la materia. En mérito a todo lo expuesto, lo conducente es desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto y, por ende, dejar firme la sentencia recurrida. En términos similares este órgano colegiado resolvió por unanimidad de votos el toca RF. 214/2002-2791 de este índice, siendo ponente la Magistrada Luz Cueto Martínez por acuerdo de fecha veintitrés de agosto del presente año."

El criterio que antecede lo sustentó el referido Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, también al resolver el veintitrés de agosto de dos mil dos la revisión fiscal 214/2002-2791, interpuesta por el subdirector de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de dicha dependencia.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 672/89, 802/89, 862/89, 982/89 y 942/89 sostuvo el mismo criterio que dio lugar a la jurisprudencia de rubro: "REVISIÓN FISCAL. REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA CUANDO SE REFIERE AL SUPUESTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SU PROCEDENCIA.".

Con el fin de evitar repeticiones innecesarias, se transcribe a continuación sólo la parte conducente de la ejecutoria dictada por dicho tribunal el veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, en la revisión fiscal 942/89, que dice:

"TERCERO. Previamente a la transcripción de los agravios expresados por el recurrente y, en su caso, del estudio de fondo de la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado se aboca al estudio de los argumentos hechos valer por el recurrente para acreditar los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión interpuesto. Dada la identidad sustancial que se suscita entre la presente litis y las RF. 412/89 y 602/89, promovidas por el mismo recurrente, basta transcribir en esta ejecutoria lo que se dijo en la primera de dichas revisiones fiscales. En efecto, en sesión de catorce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, este tribunal al resolver la citada revisión fiscal por unanimidad de votos, determinó lo siguiente: ‘En relación con lo anterior cabe destacar que no se actualiza en la especie la presunción de importancia y trascendencia que establece el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en materia de «aportaciones de seguridad social», porque el caso concreto no versa sobre dichas aportaciones, sino sobre las pensiones otorgadas por el instituto a los actores en el juicio de nulidad, las cuales constituyen prestaciones de distinta naturaleza. En efecto, las «aportaciones de seguridad social» a las (sic) se refirió el legislador al establecer la presunción legal que se invoca en los agravios, son únicamente aquellas cantidades que recibe el ISSSTE para el cumplimiento de sus fines. Así lo admite el propio recurrente cuando expresa que: «el patrimonio del instituto fue y es conformado con aportaciones de seguridad social»; y que el fondo de pensiones ... «se ha constituido con las aportaciones de seguridad social que los trabajadores y dependencias de los Poderes de la Unión, hacen al fondo» ... Luego, las cantidades que el instituto paga a terceros por concepto de pensiones no constituyen «aportaciones de seguridad social». A lo anterior cabe agregar que no bastaría con que el asunto se refiriera a aportaciones de seguridad social para que operase la indicada presunción legal, sino que sería necesario, además, que el asunto versara sobre alguno de los siguientes temas: «determinación de los sujetos obligados»; «de conceptos que integran la base de cotización» y «del grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo»; lo cual no ocurrió en la especie. Por otra parte, contra lo sostenido por la autoridad recurrente, la cuantía del presente negocio es indeterminada porque la cuestión litigiosa quedó constreñida al estudio de la legalidad de las resoluciones recaídas a las solicitudes de los actores, en el sentido de que se les incrementara la pensión jubilatoria a que tienen derecho conforme a la ley. En consecuencia, el ceñirse la materia de la controversia a un aspecto jurídico, es de concluirse que la cuantía del negocio es indeterminada conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento veintiuno, tesis 152, Segunda Sala, Segunda Parte del Informe de mil novecientos ochenta, que dice: «REVISIÓN FISCAL. CUANTÍA DEL NEGOCIO. SE DETERMINA POR EL VALOR DE LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN LA DEMANDA, CUESTIONES JURÍDICAS. Para fijar la cuantía del negocio deba atenderse a lo reclamado en la demanda de nulidad. En el caso de que se trate de una cuestión de carácter jurídico, por su especial naturaleza intrínseca, carece de cuantía.». El argumento consistente en que la cuantía del asunto es superior a la que requiere la ley, porque se trata de las pretensiones de doscientos dos pensionistas, actores en el juicio de anulación, que divididas entre tres mil quinientas veces el salario mínimo diario del área geográfica del Distrito Federal, nos da un promedio de $159,000.00 por pensionista, es inatendible. Lo anterior porque ni en la demanda ni en la sentencia se determina esa cantidad, y este tribunal carece de atribuciones para fijar la cuantía del negocio de conformidad con la diversa tesis jurisprudencial número 215, visible a fojas 394, Segunda Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: «CUANTÍA INDETERMINADA. El asunto es de cuantía indeterminada, no solamente cuando sea indeterminable, sino también cuando, de hecho, su monto no está liquidado, aunque sea liquidable mediante algún procedimiento legalmente previsible, independientemente de la facilidad o dificultad contable para hacer su liquidación.».’ (se transcriben otras consideraciones que no son de importancia para la solución de esta contradicción de tesis). Es conveniente apuntar que sobre la procedibilidad del recurso de revisión fiscal tratándose de aportaciones de seguridad social, este tribunal ha sustentado la siguiente tesis pendiente de publicación: ‘REVISIÓN FISCAL. REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA CUANDO SE REFIERE AL SUPUESTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SU PROCEDENCIA.’." (se transcribe tesis).

El criterio que antecede dio lugar a la jurisprudencia I.2o.A. J/18 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, página 659, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA CUANDO SE REFIERE AL SUPUESTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA SU PROCEDENCIA. Para los efectos de la procedibilidad del recurso de revisión fiscal no basta que el patrimonio de la autoridad que lo interpone se integre con aportaciones de seguridad social, sino es indispensable que éstas precisamente sean el objeto de la controversia, y no las prestaciones que la autoridad proporciona a los beneficiarios a través del fondo integrado con las susodichas aportaciones."

QUINTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de septiembre de dos mil uno, la revisión fiscal 1026/2001, interpuesta por el subdirector de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica y de Relaciones Laborales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de dicha dependencia, sustentó las consideraciones siguientes:

"SEGUNDO. El recurso es oportuno, en atención a que la sentencia recurrida se notificó a la autoridad recurrente el veintidós de mayo del año dos mil uno (fojas 192 y 193 del expediente fiscal), y el oficio de expresión de agravios se presentó el once de junio de dos mil uno (foja 3 del toca), haciéndose notar que los días veintiséis y veintisiete de mayo y dos, tres, nueve y diez de junio del mismo año fueron inhábiles. TERCERO. El ponente, por conducto de la Secretaría de Acuerdos, reparte a los señores Magistrados para su información, copia certificada de la sentencia recurrida y del recurso de revisión. CUARTO. Es infundado e inoperante el agravio hecho valer por la autoridad recurrente, en atención a lo siguiente: En su único agravio, en esencia, manifiesta el recurrente que la Sala Fiscal incurre en violación al procedimiento contencioso administrativo, al no haber tomado en consideración todas las argumentaciones que se hicieron valer al contestar la demanda instaurada por el actor, lo anterior en atención a que dicha Sala otorgó pleno valor probatorio a las documentales ofrecidas por el actor, las cuales no pueden servir de base para integrar el sueldo básico a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, máxime que no está demostrado en autos del juicio fiscal que se haya cotizado por dichos conceptos, por lo que la Sala únicamente se limitó a afirmar que el actor aportó las documentales con las que acreditó sus pretensiones, sin realizar el debido análisis de las probanzas exhibidas. Por otra parte, de la resolución recurrida, en su parte conducente, se advierte lo siguiente: ‘... De las transcripciones anteriores esta Sala advierte que para efectos de calcular el monto de la pensión, la autoridad omitió considerar la cantidad adicional y reconocimiento mensual que percibía el actor, no obstante que, atento al artículo 15 que quedó transcrito, dichos rubros debieron ser tomados en consideración como compensaciones, toda vez que de los recibos por reconocimiento mensual y cantidad adicional, suscrito por el coordinador administrativo de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, mismos que obran en autos, en copias debidamente certificadas a fojas 116 a 127 y 129 a 141, por haber sido exhibidos como prueba por el actor en el presente juicio y de los que se advierte que el enjuiciante percibió durante el último año inmediato anterior a su baja, es decir, en 1994, una cantidad adicional y reconocimiento mensual, ya que en los mismos se consignan las siguientes cantidades: (se transcriben). En mérito de lo anterior y de las constancias que obran en autos esta Sala puede válidamente concluir que, en la especie, la autoridad demandada, para efectos de determinar el monto de la pensión no tomó ni la cantidad adicional, ni el reconocimiento mensual que percibió el actor durante el año inmediato anterior a su baja, como lo señalan los artículos 15 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que procede declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la que para el cálculo de la pensión tome en consideración las percepciones adicionales de que gozaba el actor en el año inmediato anterior al que causó baja, en términos de los artículos 15, 57 y 64 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ...’. Asimismo, el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece: ‘Artículo 15. El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. «Sobresueldo» es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios. «Compensación» es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada «Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales». Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta ley. El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.’. Así las cosas, de lo anterior podemos concluir que no le asiste la razón al recurrente, ya que la Sala Fiscal estuvo en lo correcto al otorgarle pleno valor probatorio a las documentales ofrecidas por la actora en el juicio de nulidad, en relación con el precepto antes transcrito, toda vez que dicho precepto establece claramente cómo se integrará el sueldo básico, siendo éste el constituido por el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, rubro este último que fue acreditado por la parte actora con las documentales en cuestión, y que no fueron tomados en consideración por la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada en el juicio de nulidad respectivo. Lo anterior, independientemente de que se haya demostrado o no haber cotizado por dichos conceptos, toda vez que, en primer término, dicha circunstancia no fue considerada por la autoridad responsable al emitir el oficio de fecha dos de junio de dos mil, materia del juicio de nulidad, y en segundo, que no es causa imputable al actor el que no se haya enterado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las aportaciones a las que hace referencia; esto en razón de que como ya ha quedado asentado, el artículo 15 de la ley del instituto referido establece lo contrario. Sirve de apoyo además, en su parte conducente, la tesis de jurisprudencia, cuyos datos de identificación son: Octava Época. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIII, junio de 1994. Página: 527. ‘ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. El artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la parte que interesa señala que: «El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación ... excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo ... Compensación es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada compensaciones adicionales por servicios especiales ...». De la lectura anterior se desprende que el instituto reconoce expresamente la calidad de la prestación como una verdadera compensación, pues al manifestar que las cantidades adicionales son un concepto de gasto que se maneja bajo características de discrecionalidad y temporalidad, está aceptando que ese renglón es en atención a responsabilidad por trabajos extraordinarios relacionados con el cargo de la quejosa.’. Por último, señala el recurrente que la Sala Fiscal omitió emplazar como tercero perjudicado a la dependencia o entidad en que laboró el pensionista, para que no se le dejara en estado de indefensión, puesto que al ser ella la parte que enteró las cotizaciones de los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y al haber fallado la Sala a favor del pensionista, le depara un perjuicio, toda vez que debe pagar las cotizaciones respecto de las cantidades que no se enteraron al instituto. Resulta inoperante dicho argumento, toda vez que dicha circunstancia sólo le afectaría en determinado momento a la propia dependencia en que laboró el actor, quien no puede sufrir las consecuencias de omisiones indebidas de la persona para quien prestó sus servicios; por lo que la autoridad recurrente carece de legitimación para solicitar que se le dé intervención en el juicio de nulidad, ya que debe ser el propio afectado el que solicite se le dé la intervención que legalmente corresponda."

SEXTO. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente resumir los antecedentes y consideraciones que informan las ejecutorias antes transcritas.

1. En relación con la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de octubre de dos mil dos, la revisión fiscal 292/2002-3803, destaca lo siguiente:

a) El recurso de revisión fiscal lo interpuso el subdirector de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en ausencia del titular de dicha dependencia.

b) Dicha autoridad en sus agravios precisó que el citado recurso era procedente en términos del artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y al efecto expuso:

• En el juicio de nulidad se demandó al instituto el cálculo de la cuota pensionaria conforme a cantidades que no fueron cotizadas.

• Se pretende que se calcule la cuota pensionaria sobre conceptos que no son parte de la base de cotización o sueldo básico a que se refiere el artículo 64 de la Ley del ISSSTE en relación con el artículo 15 del mismo ordenamiento legal.

• De la sentencia de nulidad se observa que el asunto versa sobre aportaciones de seguridad social, esto es, sobre la base de cotización del pensionista.

• La sentencia de nulidad condenó al instituto a tomar en consideración para efectos del cálculo de la cuota pensionaria el concepto de H3 EPR Operativo y Compensación Garantizada, cantidades que no fueron objeto de cotización en términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• La Sala Fiscal pasó por alto la base de cotización a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la que se enteran las cuotas y aportaciones a qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17579-bf16f02e/revision-fiscal-no-procede-cuando-el-asunto-versa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.