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Modo: Corpus Pro

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19011
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 369.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presente las consideraciones sustentadas por los órganos jurisdiccionales involucrados en las respectivas ejecutorias.

A. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 281/2004, que se interpuso por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ausencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal y otras autoridades, en sesión celebrada el día seis de octubre de dos mil cuatro, en síntesis, son los que a continuación se destacan:

I. Antecedentes:

El Juez de Distrito que conoció del asunto consideró, esencialmente, fundado el concepto de violación elaborado por la parte quejosa en el sentido de que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal conculca el principio constitucional de legalidad en materia tributaria, dado que no establece con certeza y precisión uno de los elementos esenciales del tributo: la base gravable, toda vez que:

• El precepto reclamado establece una base gravable alternativa, que por sí misma no es inconstitucional, pues ello dependerá de que, por la que se opte, se encuentre legalmente establecida para que la determine la autoridad o el sujeto pasivo del tributo, así como los métodos para fijarlas.

• El artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal establece que para efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles se considerará el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral o el valor del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por persona autorizada o registrada por la misma; así, estos valores son bases gravables potenciales por las cuales (al ser una de ellas la mayor) se deberá considerar para calcular el tributo respectivo; en este tenor, cualquiera de tales valores deben ser determinados o estar establecidos expresamente por el legislador y no por otro sujeto o persona distinta a éste, como la Administración Tributaria o una persona autorizada por ésta.

• En tal virtud, al señalar el numeral impugnado que una de las bases gravables alternativas consiste en el avalúo practicado por la autoridad fiscal, por persona autorizada o perito valuador registrado, ajustándose en estos dos últimos supuestos a lineamientos técnicos, así como los manuales de valoración emitidos por la autoridad, es obvio que esa base gravable no se fija por el legislador, sino que como lo dice el propio precepto reclamado, por un sujeto distinto a éste.

• Por tanto, como bien lo alega la quejosa, el numeral que se combate transgrede el principio de legalidad, toda vez que la base gravable del tributo no se establece por el legislador, sino por la Administración Tributaria o un tercero, provocando con ello que la carga fiscal sea determinada finalmente por la autoridad, en la medida en que ésta queda autorizada por el numeral de mérito a fijar libremente el avalúo respectivo, el cual, incluso, podría ser superior al del mercado, situación que implicaría gravar manifestaciones ajenas a la capacidad del contribuyente.

• En consecuencia, es inconstitucional el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, porque omite establecer las reglas que habrán de seguirse para la formulación de los avalúos a que se ha hecho referencia, lo cual otorga la posibilidad de una actuación caprichosa no sólo de la autoridad exactora, sino también de terceras personas autorizadas para practicar avalúos.

Inconforme con la resolución que antecede, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión, medio de defensa en el que, esencialmente, formuló dos agravios, a saber:

• El Juez de Distrito al dictar el fallo recurrido no tomó en cuenta los argumentos que se expresaron en el informe justificado, con los cuales se demuestra la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados, mismos que se hacen consistir en que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal cumple cabalmente con el principio de legalidad al establecer con precisión los procedimientos aplicables para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, además de que el hecho imponible del impuesto refleja una auténtica manifestación económica del sujeto pasivo de la relación tributaria.

• La sentencia recurrida contraviene lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, al otorgar mayores alcances al amparo concedido a los quejosos.

II. Consideraciones del fallo dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

• Contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, el Juez de Distrito no se encuentra obligado al dictar su resolución, a referirse a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las autoridades responsables.

• El artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, sí transgrede el principio de legalidad tributaria, al no establecer con precisión y certeza los elementos del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, concretamente, la base gravable del tributo.

• Lo anterior es así, porque el numeral de mérito otorga facultades a la Administración Tributaria de realizar un avalúo respecto del bien inmueble de que se trate, que se traduce en dejar al arbitrio de la autoridad la determinación de la base gravable del tributo; en este tenor, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al declarar la inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal y conceder la protección de la Justicia Federal solicitada en contra de dicha norma jurídica.

B. Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 270/2004 y 331/2004, son muy similares, razón por la cual, para evitar repeticiones innecesarias, únicamente se hará referencia al primero de los asuntos que se ha mencionado con antelación, mismo que se interpuso por el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, y se resolvió en sesión celebrada el día doce de noviembre de dos mil cuatro, fallo del que se desprende, en esencia, lo siguiente:

I. Antecedentes:

El Juez de Distrito que conoció del asunto consideró fundados los conceptos de violación elaborados en el sentido de que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal conculca la garantía constitucional de legalidad tributaria, dado que no establece con precisión y certeza los elementos del tributo, además, deja en manos de la autoridad fiscal la determinación de uno de dichos elementos, esto es, la base sobre la cual debe calcularse el mismo; la determinación de mérito se sustentó en lo siguiente:

• El precepto reclamado establece una base gravable alternativa, que por sí misma no es inconstitucional, pues ello dependerá de que, por la que se opte, se encuentre legalmente establecida para que la determine la autoridad o el sujeto pasivo del tributo, así como los métodos para fijarlas.

• El artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal establece que para efectos del impuesto sobre adquisición de inmuebles se considerará el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por persona registrada o autorizada, por la misma; así, estos valores son bases gravables potenciales por las cuales (al ser una de ellas la mayor) se deberá considerar para calcular el impuesto respectivo, en este tenor cualquiera de tales valores deben ser determinados o estar establecidos expresamente por el legislador y no por otro sujeto o persona distinta a éste, como la Administración Tributaria o una persona autorizada por ésta.

• En tal virtud, al señalar el numeral impugnado que una de las bases gravables alternativas consiste en el avalúo practicado por la autoridad fiscal, por persona autorizada o perito valuador registrado, ajustándose en estos dos últimos supuestos a lineamientos técnicos, así como los manuales de valoración emitidos por la autoridad, es obvio que esa base gravable no se fija por el legislador, sino que como lo dice el propio precepto reclamado, por un sujeto distinto a éste.

• Por tanto, como bien lo alega la quejosa, el numeral que se combate transgrede el principio de legalidad, toda vez que la base gravable del tributo no se establece por el legislador, sino por la Administración Tributaria o un tercero, provocando con ello que la carga fiscal sea determinada finalmente por la autoridad, en la medida en que ésta queda autorizada por el numeral de mérito a fijar libremente el avalúo respectivo, el cual, incluso, podría ser superior al del mercado, situación que implicaría gravar manifestaciones ajenas a la capacidad del contribuyente.

• En consecuencia, es inconstitucional el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, porque omite establecer las reglas que habrán de seguirse para la formulación de los avalúos a que se ha hecho referencia, lo cual otorga la posibilidad de una actuación caprichosa no sólo de la autoridad exactora, sino también de terceras personas autorizadas para practicar avalúos.

Inconforme con la resolución anterior, el secretario de Gobierno, en ausencia del jefe de Gobierno, ambos del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión alegando, entre otras cosas, lo siguiente:

• El juzgador se abstiene de tomar en cuenta los argumentos, razones y fundamentos legales vertidos por la autoridad responsable en su informe justificado, encaminados a sostener la constitucionalidad de los artículos 134 y 138 del Código Financiero del Distrito Federal, así como a acreditar que el legislador local definió las bases para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en el segundo de los preceptos legales controvertidos, sin que la autoridad fiscal pudiera, a su arbitrio, liquidar ese gravamen fiscal.

• En términos de los artículos 134, 135 y 138 del Código Financiero del Distrito Federal, la determinación del impuesto sobre adquisición de inmuebles no queda en manos de la autoridad fiscal, sino que el legislador definió las bases impositivas para cuantificar el tributo y el gobernado conoce con certeza todos los elementos del mismo.

• El artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal sí establece los elementos del impuesto, a saber, los sujetos (personas físicas y morales que adquieran inmuebles ubicados en el Distrito Federal), el objeto (grava la adquisición de inmuebles, entendida en términos del diverso artículo 157 del propio ordenamiento tributario), la base gravable (el valor del inmueble que resulte más alto entre los valores de la adquisición, del catastro o del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personal autorizado por ésta), la tasa (integrada por una tarifa progresiva, contemplada en el artículo 137 del mismo ordenamiento financiero), la causación (el momento de adquirir un inmueble), la mecánica del tributo (cálculo basado en el valor del inmueble que resulte más alto entre los valores de la adquisición, del catastro o del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personal autorizado por ésta, aplicando la tarifa establecida en el artículo 137 del citado código tributario) y la época de pago (dentro de los quince días siguientes a la realización de los supuestos previstos en el artículo 160 del mencionado ordenamiento fiscal local).

• Los avalúos que se realicen para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, por disposición del legislador, se ajustarán a los procedimientos y lineamientos técnicos y a los manuales de valuación emitidos por la autoridad fiscal, estableciendo el artículo 145 del Código Financiero del Distrito Federal que los fedatarios deberán verificar que esos avalúos se encuentren vigentes, por lo que para poder sustentar la conclusión del Juez Federal en el sentido de que el afán recaudatorio de la administración le impulsará a establecer como valor más alto el correspondiente al avalúo.

• Las únicas autoridades fiscales que pueden llevar a cabo avalúos para efectos catastrales, en términos de los artículos 81, fracción II y 86, fracciones IX y XIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, son la Subtesorería de Fiscalización y la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, y no así las administraciones tributarias, como incorrectamente alude el juzgador, además de que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal carece de referencia a esas administraciones.

• El Código Financiero del Distrito Federal no dispone que las personas registradas o autorizadas por la autoridad fiscal para practicar avalúos pertenezcan a la autoridad, laboren para ésta o formen parte de ella, sino que se trata de peritos que practican avalúos catastrales, los cuales deben estar registrados ante la autoridad para ese efecto y prestan sus servicios profesionales de forma particular a los contribuyentes.

II. Consideraciones del fallo dictado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

• La base gravable de un tributo se revela como una medida encaminada a determinar la cuantía del hecho imponible o generador del tributo, y es factible que se integre por un valor específico, el cual, a su vez, puede ser fijo o variable, aunque, en una u otra hipótesis, la base debe estar establecida en la ley que previene la contribución o en una reglamentación alterna.

• Es posible que la ley encomiende a la autoridad exactora o a alguna otra de carácter administrativo, la fijación de uno o más componentes de la base imponible, aunque, de ser así, la propia disposición normativa general deberá establecer el procedimiento o mecanismo a seguir por el órgano fiscal o administrativo correspondiente, a fin de evitar que este último decida, a su libre arbitrio, esos factores, con la imprevisibilidad en la carga tributaria a cargo del gobernado que ello acarrearía.

• En este sentido, si bien la falta de regulación sobre el mecanismo que permita a la autoridad respectiva la obtención de algún componente de la base gravable origina la vulneración al principio de legalidad tributaria, no menos cierto lo es que este aserto debe matizarse, porque puede ocurrir que la actividad encomendada al órgano estatal se reduzca a la constatación de un dato o de un indicador económico establecido concreta y precisamente en la propia legislación, o a un procedimiento estrictamente técnico, caso en el cual es innecesaria la regulación del procedimiento que sí es exigible en los restantes casos, esto es, en los que impliquen una comparación de datos y una apreciación que origine la determinación del factor integrante del elemento tributario.

• Ahora bien, el Código Financiero del Distrito Federal establece en el capítulo I de su título tercero, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, precisando, a lo largo de su articulado, los diferentes elementos de esa contribución, dentro de los cuales destaca que en el artículo 138 de dicho ordenamiento jurídico se dispone que para determinar la cuantía de la deuda tributaria se considerará el valor del inmueble, mismo que es variable, toda vez que son tres los factores que permiten establecerlo, a saber: el valor de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.

• La previsión de este tercer componente no es violatoria del principio de legalidad, toda vez que no es exacto que con la introducción de tal elemento se deje en manos de la autoridad administrativa la determinación de la base del gravamen, en atención a que los artículos 45, 141 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal establece los lineamientos a que deberán sujetarse tanto la autoridad como las personas registradas o autorizadas ante la misma.

• En este sentido, la circunstancia de que la ley no contenga los criterios técnicos conforme a los cuales deba practicarse el avalúo de los inmuebles no implica una transgresión al principio de legalidad ni al diverso de reserva de ley, pues el acto de valuar un inmueble no es más que la acción de constatar, en un momento y lugar determinado, la dimensión económica de un bien, conforme a una técnica cuyos principios y reglas, por supuesto, no son propias, en principio, del contenido de una ley tributaria, pues el objeto de ésta no es en sí regular la técnica de valuación, sino establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva en razón de su posición frente al objeto gravado.

• Por consiguiente, el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal que regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles no vulnera el principio de legalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional, resultando fundados los agravios que vierte la autoridad responsable sobre la incorrecta estimación del Juez de amparo en el sentido de que se omitió fijar la base gravable y que uno de los elementos de ésta, el avalúo, es fijado libremente por la autoridad tributaria.

CUARTO. Una vez elaboradas las anotaciones precedentes, es menester señalar que para determinar la existencia de criterios disímiles sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y que tal circunstancia sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de dilucidar el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, se requiere de la concurrencia de los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del análisis de los mismos elementos.

Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de los criterios que a continuación se transcriben.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Jurisprudencia 4a./J. 22/92 emitida en la Octava Época por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia, visible a fojas 22 del Número 58, octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE, AUNQUE LOS CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES SE HAYAN EXTERNADO SOBRE RESOLUCIONES DE DIVERSOS ESTADIOS PROCESALES. La circunstancia de que los actos reclamados en los juicios de amparo directo, que originaron criterios divergentes, provengan de diversos estadios procesales -como el acuerdo de desechamiento de demanda dictado por el Magistrado instructor de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación por una parte y la sentencia emitida por una Sala del mismo órgano por la otra- no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados de Circuito si los criterios de éstos, resolvieron sobre una misma cuestión procesal, con sentido diverso." (Tesis aislada 2a. III/95 de la Segunda Sala, publicada en la página 55 del Tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza; sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la substancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia." (Tesis aislada CLXXIV/89 de la Tercera Sala, visible a fojas 219 del Tomo IV, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación).

En esta tesitura, en relación con los supuestos necesarios que se requieren para determinar la existencia de la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, en el presente asunto, se puede observar lo siguiente:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

Este requisito sí se cumple, en virtud de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el punto concreto de derecho consistente en la constitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, a la luz del principio tributario de legalidad que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, al establecer como base alternativa del impuesto sobre adquisición de inmuebles el avalúo que realice la autoridad fiscal o persona autorizada o registrada ante la misma.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

También este requisito se actualiza, en atención a que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, sostiene que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal sí transgrede el principio tributario de legalidad, puesto que no establece con certeza y precisión los elementos del tributo sobre adquisición de inmuebles, específicamente, el relativo a la base gravable, ya que otorga facultades a la autoridad administrativa de practicar un avalúo respecto del bien inmueble de que se trate, situación que implica dejar al arbitrio de dicha autoridad la determinación de aquélla, en tanto que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera lo contrario.

c) Que los distintos criterios provengan del estudio de los mismos elementos.

En los asuntos que se encuentran involucrados en la presente contradicción de tesis se promovió el juicio de amparo indirecto señalando como acto reclamado el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro, numeral en el que se establece la base gravable del impuesto sobre adquisición de inmuebles; asimismo, en los asuntos de mérito, el Juez de Distrito concedió la protección de la Justicia Federal en contra del precepto jurídico en cuestión, al considerar que éste transgrede el principio tributario de legalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; sin embargo, aun cuando existen los mismos elementos y éstos fueron tomados en cuenta por los Tribunales Colegiados al dictar los fallos correspondientes, aquéllos resolvieron en sentido diverso, sustentando su fallo en razonamientos divergentes entre sí.

Por tanto, este requisito también se cumple puntualmente.

En este tenor, al actualizarse los presupuestos que se han señalado con antelación, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que sí existe la contradicción de criterios que se denuncia, por lo que el punto de derecho a dilucidar consiste en determinar si el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer como base gravable alternativa del impuesto sobre adquisición de inmuebles el avalúo practicado por la autoridad fiscal, implica dejar al arbitrio de esta última la determinación de uno de los elementos esenciales del tributo y, por ende, violación al principio de legalidad, que sobre la materia consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el particular es menester destacar que, si bien de los criterios sustentados en las ejecutorias dictadas por los Tribunales Cuarto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se redactaron tesis y, por tanto, no hubo publicación de éstas, conforme a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, también lo es que tal situación no constituye obstáculo alguno para estimar que en la especie exista la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que para que dicho supuesto se actualice basta simplemente que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia número 94/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. Con base en lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que con carácter de jurisprudencia aquí se define y que coincide esencialmente con el diverso que ha sustentado el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Como se precisó en el considerando anterior, la materia de la presente resolución de contradicción de tesis consiste en determinar si el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, al establecer como base gravable alternativa del impuesto sobre adquisición de inmuebles el avalúo practicado por la autoridad fiscal, implica dejar al arbitrio de esta última la determinación de uno de los elementos esenciales del tributo y, por ende, al principio de legalidad, que sobre la materia consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de informar la decisión que sobre el punto de derecho a dilucidar sustentará esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera conveniente, en primer término, determinar los alcances del principio tributario de legalidad, para posteriormente, a la luz de dicho principio, analizar concretamente uno de los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles que establece el Código Financiero del Distrito Federal, es decir, el relativo a una de las bases gravables alternativas que se prevé al respecto, a saber: el avalúo que realiza la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma.

En este tenor, el Pleno de este Alto Tribunal al interpretar los alcances del pri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19011-df0337c7/adquisicion-de-bienes-inmuebles-el-articulo-138-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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