ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS. ESTÁN FACULTADAS PARA NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL Y LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA HACER EFECTIVOS LOS CRÉDITOS FISCALES CONTENIDOS EN ELLAS (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: LUCIANO VALADEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo Plenario 5/2001 de fecha veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis, en una de las materias propias de la especialidad de esta Sala, como lo es la administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes señalados al dictar las respectivas ejecutorias.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos números 85/2006, 321/2004, 369/2005, 450/2005, 3/2006 y la revisión fiscal número 56/2004, sostuvo el mismo criterio, por lo que únicamente se transcribirá la parte relativa del asunto señalado en primer lugar, en el cual se señala lo siguiente:
Amparo directo 85/2006.
"SEXTO. Es infundado el concepto de violación expuesto por la quejosa, consistente en que contrario a lo manifestado por la Sala responsable, la Administración Local Jurídica de Zacatecas carece de facultad para notificarle la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-32-2-6470, de treinta de septiembre de dos mil cuatro, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Zacatecas. Lo anterior porque de acuerdo con el principio de legalidad, la autoridad sólo puede actuar cuando la facultad le esté conferida expresamente en la ley y no cuando se le reconozca por meras conjeturas. Manifiesta que es inexacto que mediante la interpretación que de los artículos 26 y 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que hizo la Sala Fiscal, concluya que la Administración Local Jurídica de Zacatecas tiene facultad para notificar un crédito fiscal que emitió la administración local de Auditoría Fiscal de Zacatecas pues en los mismos no consta expresamente tal atribución. En primer orden, es pertinente señalar el contenido de los artículos 26, fracción XII, 28, fracción II, 23, fracciones XIX y XXII, y 25, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que a continuación se transcriben: (se transcriben). Del análisis lógico y correlacionado de los preceptos supracitados, se desprenden los siguientes puntos: 1. La Administración General Jurídica es competente para notificar las resoluciones administrativas que ella misma dicte, así como, en forma concurrente, las emitidas por las administraciones generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, que sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo o juicio contencioso administrativo, con excepción de las que únicamente determinen sanciones administrativas distintas de las relacionadas con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los contadores públicos. Así como para ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que sean determinados en las resoluciones que hubiere notificado ella misma. 2. La Administración General Jurídica está a cargo de un administrador general, que es auxiliado en el ejercicio de sus funciones, entre otros, por los administradores locales jurídicos, que se consideran adscritos a aquélla. 3. Las Administraciones Locales Jurídicas, por competencia delegada, ejercen dentro de la circunscripción territorial que les corresponde algunas de las facultades que originariamente atañen a la Administración General Jurídica, entre otras, las previstas en la fracción XII del artículo 26, como lo sería, notificar las resoluciones respectivas que dicten y las que emitan las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal, así como para ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución de éstas. 4. Las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal son competentes, entre otras cosas, para determinar impuestos y sus accesorios de carácter federal, así como para imponer sanciones por infracciones a disposiciones fiscales, de acuerdo con las fracciones XIX y XXII del artículo 23. 5. Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, por competencia delegada, pueden ejercer las facultades previstas en las fracciones XIX y XII del artículo 23, ello de acuerdo con la fracción II del artículo 25. 6. Las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal están a cargo de un administrador general, que es auxiliado en el ejercicio de sus funciones por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal. Con base en estas premisas, se concluye que la Administración Local Jurídica de Zacatecas sí resulta competente para notificar créditos fiscales emitidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zacatecas, pues tiene una competencia delegada para ejercer facultades que le competen a la Administración General Jurídica, entre las cuales se encuentra precisamente la de efectuar notificaciones de resoluciones que emita la Administración General de Auditoría Fiscal, y ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución de éstas, y si de acuerdo con lo que se ha expuesto, las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal son unidades auxiliares de las Administraciones (sic) General de Auditoría Fiscal, y con base en el artículo 25, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria pueden emitir resoluciones determinatorias de créditos, de sus accesorios a cargo del contribuyente, así como imponer sanciones por infracciones a disposiciones fiscales, y sus resoluciones, pueden también ser notificadas por la Administración Local Jurídica y, por ende, sustanciar el procedimiento respectivo. En otras palabras, cuando las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal ejercen las facultades contenidas en el artículo 25, fracción II, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria y dictan una resolución administrativa, esta última se equipara a una resolución directamente emitida por la Administración General de Auditoría Fiscal. En este mismo contexto, la Administración Local Jurídica, por la competencia delegada derivada del artículo 28, fracción II, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, puede notificar las resoluciones de la Administración General de Auditoría Fiscal (o de la Administración Local de Auditoría Fiscal en uso de su competencia delegada por la ley) y, por ende, sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución de esas resoluciones, actuación que se equipara a la que directamente haya efectuado la propia Administración General Jurídica, ya que la Administración Local Jurídica puede ejercer las facultades que originariamente le fueron conferidas a aquélla, de acuerdo con el artículo 26, fracción XII, del citado ordenamiento. La anterior conclusión no le causa estado de indefensión alguno a la contribuyente notificada, toda vez que la delegación de facultades, a efecto de que no sólo el titular de un órgano situado a un nivel superior, como lo es el administrador general jurídico o el administrador general de Auditoría Fiscal, tenga determinadas atribuciones que el Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, en los artículos que ya se analizaron, asigna a otro de inferior categoría, como en el caso lo son los administradores locales jurídicos o los administradores locales de Auditoría Fiscal, no contraviene el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, del que se desprende que las facultades de las autoridades sólo pueden emanar de la ley, dado que en tal hipótesis, es esta misma y no la voluntad de los funcionarios respectivos, la que autoriza que determinadas atribuciones se otorguen a otros funcionarios, lo cual equivale a que sea la propia ley el origen de la competencia delegada. Tocante a las tesis de rubros: ‘NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECEN DE FACULTADES PARA REALIZARLA SI LA RESOLUCIÓN QUE LOS DETERMINA FUE EMITIDA POR LAS DE AUDITORÍA FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005).’ y ‘COMPETENCIA. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA NORTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NO ES COMPETENTE PARA NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES QUE EN MATERIA DE SU COMPETENCIA EMITA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE PUEBLA NORTE.’, en que la quejosa apoya sus argumentos, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio en ellas contenido, por las razones antes expuestas y no las considera para la resolución de este asunto por no ser obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis. ..."
Sobre este tema, el referido Tribunal Colegiado de Circuito hizo del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aprobó la tesis de jurisprudencia por reiteración, pendiente de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son los siguientes:
"NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SON COMPETENTES PARA REALIZARLA, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE LOS DETERMINA HAYA SIDO EMITIDA POR LAS DE AUDITORÍA FISCAL (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Administración General Jurídica es competente para notificar las resoluciones administrativas que ella misma dicte, así como, en forma concurrente, las emitidas por las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, que sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo, con excepción de las que únicamente determinen sanciones administrativas distintas de las relacionadas con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los contadores públicos; también tiene competencia para ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución con la finalidad de hacer efectivos los créditos fiscales que sean determinados en las resoluciones que ella misma hubiere notificado. Este mismo precepto dispone que la Administración General Jurídica está a cargo de un administrador general, quien es auxiliado en el ejercicio de sus funciones, entre otros, por los administradores locales jurídicos, que se consideran adscritos a aquélla. Ahora bien, en atención al principio relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es de concluirse que las Administraciones Locales Jurídicas sí son competentes para notificar los créditos fiscales emitidos por las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, pues fue en el citado reglamento, pero en su artículo 28, fracción II, en donde expresamente se previó la competencia delegada a su favor para ejercer ese tipo de facultad que originalmente correspondía a la Administración General Jurídica, es decir, la de efectuar notificaciones de resoluciones emitidas por la Administración General de Auditoría Fiscal o de la Administración Local de Auditoría Fiscal. Por tanto, el hecho de que estas últimas hayan sido las que emitieron la resolución determinante del crédito fiscal, no significa que deban ser ellas las que han de notificarlo, pues como se dijo, el reglamento en mención confirió esa facultad a las Administraciones Locales Jurídicas."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 79/2004, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe en la parte que informa la presente contradicción de criterios:
"QUINTO. Es infundado el único agravio que hacen valer las autoridades recurrentes, como se verá a continuación. En escrito presentado el día cinco de noviembre de dos mil tres, ante la Sala Regional del Noroeste ‘I’ del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, Alma Alejandrina Razo Santoyo y Homero Aguilar Figueroa, demandaron la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-02-II-4-8168, de fecha 8 de septiembre de 2003, emitida por la Administradora Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual se les determinó un crédito fiscal por la cantidad de $163,623.61 pesos moneda nacional, por los conceptos de impuesto general de importación, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto al valor agregado, multas y recargos (fojas 1 y 2). En acuerdo dictado el día once de noviembre de dos mil tres, el Magistrado instructor, admitió a trámite la referida demanda de nulidad y ordenó correr traslado a las autoridades demandadas: Titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Administración Local Jurídica de Tijuana, Baja California, y a la administradora local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California, y se tuvieron por ofrecidas las pruebas exhibidas con la demanda (foja 58). Mediante oficio número 325-SAT-02-III-E-3473, recibido ante la Sala Fiscal responsable el veintitrés de febrero de dos mil cuatro, el administrador local jurídico de Tijuana, en representación de las autoridades demandadas, compareció a juicio contestando la demanda instaurada en su contra, sosteniendo la validez de la resolución impugnada (foja 65). Seguido el juicio en todos sus trámites, con fecha diecisiete de agosto del año en curso, la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitió resolución en los siguientes términos: (se transcribe). Por lo que inconformes las autoridades demandadas promovieron el presente recurso de revisión fiscal. En esencia, alegan ahora las autoridades recurrentes en el único agravio que hacen valer, que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, 237, primer párrafo, 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos 23, fracción XXVIII, 25, 28, fracción II, en relación con el 26, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo de 2001, por indebida interpretación, aplicación e inobservancia, toda vez que, dicen, indebidamente la Sala responsable estimó en la sentencia reclamada ilegal la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-II-4-8168, de fecha 8 de septiembre de 2003, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, a través de la cual se le determinó un crédito fiscal al actor, por estimar que la autoridad fiscal carecía de facultades para notificar la citada resolución y, por ende, dijo, era extemporánea su notificación en términos de lo establecido en el artículo 153 de la Ley Aduanera; contrario al razonamiento anterior de la Sala, arguyen las autoridades quejosas (sic), la autoridad fiscal sí tenía competencia para notificar la resolución fiscal e incluso para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución respecto del crédito fiscal que se le determinó al contribuyente, con apoyo en los artículos 28, fracción II, en relación con el artículo 26, fracción XII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo de 2001, en virtud de que, dicen, tales preceptos de manera clara y precisa determinan las facultades del Poder Ejecutivo Federal, las de la Administración General Jurídica y las de las Administraciones Locales Jurídicas; asimismo, aducen las autoridades recurrentes, que la Sala responsable no tomó en cuenta que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, son órganos adscritos a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, las cuales tienen las mismas facultades que otorga el reglamento interior en consulta, por tanto, insisten, es legal la notificación de la resolución que se impugna, practicada por la autoridad fiscal, además porque fundó y motivó su competencia con apoyo en los artículos 26, fracción XII y 28, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Las inconformidades que anteceden, como ya se anticipó, son infundadas, toda vez que el acto de notificación de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-II-4-8168, de fecha 8 de septiembre de 2003, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California (foja 16), que cuya nulidad fue declarada por la Sala responsable en la sentencia reclamada, lo fue porque no la llevó de manera directa la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, sino que quien lo hizo fue la Administración Local Jurídica de Mexicali, Baja California, tal como se aprecia del acta de notificación, obrante a foja 40, misma que a la letra, dice: (se transcribe). En vista de la transcripción anterior, se afirma que es infundado el agravio que se analiza, porque atento a lo que establecen los artículos 26, fracción XII y 28, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, consistente en que las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal se encuentran adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal; y en la especie quien hizo la notificación de la resolución que se impugna, como ya se dijo en párrafos precedentes, no lo fue la Administración Local de Auditoría Fiscal, sino una Administración Jurídica Local, y éstas no pueden realizar una notificación por una Administración Local de Auditoría Fiscal, pues el artículo 26, fracción XII, del reglamento en consulta, no les atribuye tal facultad. En efecto, los preceptos 26, fracción XII y 28, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, textualmente dicen: (se transcriben). Con meridiana claridad se aprecia de la sola lectura de los numerales anteriormente transcritos, que compete a la Administración General Jurídica notificar las resoluciones administrativas que dicte, y las que emitan las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, las cuales sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo o juicio; asimismo, que compete a las Administraciones Locales Jurídicas dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda ejercer las facultades señaladas en las fracciones III, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII, del artículo 26 del reglamento interior en consulta; sin embargo, de tales artículos, no se advierte que se refiera a alguna de las Administraciones Jurídicas Locales. En ese orden de ideas, debe colegirse, y como bien lo estimó la Sala responsable en la sentencia reclamada, que es ilegal la notificación de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-II-4-8168, de fecha 8 de septiembre de 2003, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, a través de la cual le determinó un crédito fiscal a los actores Alma Alejandrina Razo Santoyo y Homero Aguilar Figueroa, pues dicha autoridad fiscal carece de competencia para notificar resoluciones que emita una Administración Local de Auditoría Fiscal, en virtud de que únicamente es competente para notificar las resoluciones que ella misma emita, así como las dictadas por las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción XII y 28, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Tampoco asiste la razón a las autoridades recurrentes, en lo concerniente en que se viola en su perjuicio el artículo 28, fracción II, en relación con el diverso artículo 26 del Reglamento Interior del Servicio Aduanero, porque, dice, los administradores locales jurídicos sí tienen facultades de notificar las resoluciones emitida por una Administración Local de Auditoría Fiscal; y ello es así, pues si bien es cierto que tal numeral señala en su fracción II, que compete a las Administraciones Locales Jurídicas dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda ejercer las facultades señaladas en las fracciones III, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 26 del reglamento en cita, también lo es, que tal como se advierte de las referidas fracciones de dicho precepto, las cuales a la letra rezan: (se transcriben); en ninguna de ellas se aprecia que se le conceda, como lo dijo la Sala responsable, a una Administración Local Jurídica, en la especie la de Mexicali, Baja California, notificar una resolución emitida por una Administración Local de Auditoría Fiscal; luego, es claro entonces, que la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-II-4-8168, de fecha 8 de septiembre de 2003, que notificó la Administración Jurídica Local, sin atribuciones legales, no fue emitida dentro del término de 4 meses que señala el artículo 153 de la Ley Aduanera, y por ello resulta legal la declaración de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. En consecuencia, ante lo infundado del único agravio hecho valer por las autoridades recurrentes, procede declarar infundado el recurso que se analiza."
La anterior ejecutoria, dio motivo a que el referido Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes:
"NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CARECEN DE FACULTADES PARA REALIZARLA SI LA RESOLUCIÓN QUE LOS DETERMINA FUE EMITIDA POR LAS DE AUDITORÍA FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005). De la interpretación de los artículos 26, fracción XII y 28, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente hasta el 6 de junio de 2005, la notificación de las resoluciones administrativas en las que se determine un crédito fiscal deben realizarse por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y, por ende, por las administraciones locales de Auditoría Fiscal dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda; sin embargo, esa facultad no le corresponde a la Administración Local Jurídica porque no se encuentra dentro de sus atribuciones legales; en consecuencia, esta última carece de competencia para notificar resoluciones emitidas por el administrador local de Auditoría Fiscal. De ahí que si la notificación de la determinación del crédito fiscal se realizó por la Administración Local Jurídica, sin que contara con atribuciones legales para tal efecto, se concluye que no fue emitida dentro del plazo de cuatro meses que señala el artículo 153 de la Ley Aduanera, lo que ocasiona nulidad lisa y llana de la resolución impugnada." (Novena Época. Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, agosto de 2005. Tesis XV.3o.16 A. Página 1949).
Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal número 132/2004, sostuvo el siguiente criterio:
"SÉPTIMO. Los agravios transcritos resultan infundados. En el primer agravio la autoridad recurrente sustancialmente alega que la Sala a quo infringió en su perjuicio el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues al interpretar indebidamente los numerales 26 y 28 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, incorrectamente concluyó que la Administración Local Jurídica de Puebla Norte es incompetente para notificar la resolución contenida en el oficio 324-SAT-21-II-2B-15520, de veintiocho de noviembre de dos mil dos, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, cuando que, en términos de los preceptos citados en último término, en relación con el diverso 23 del propio Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la Administración Local Jurídica de Puebla Norte al formar parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, sí tiene competencia para notificar una resolución emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte y no sólo las que ella emita y, en forma concurrente, las que dicten las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes. Es infundado el agravio que antecede y para así estimarlo, es conveniente destacar los antecedentes siguientes: 1. El cuatro de diciembre de dos mil dos, el notificador ejecutor de la Administración Local Jurídica de Puebla Norte, a través del oficio 307/24 dijo notificar la resolución contenida en el oficio 324-SAT-21-II-2B-15520 emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, al representante legal de Constructores Asociados Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, apoyando tal diligencia en los artículos 134, fracción I, 135 y 137 del Código Fiscal de la Federación, 28, fracción II y último párrafo, en relación con el 26, fracción XII y 39, apartado A, sexto y octavo transitorios del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, así como en los artículos segundo, primer y segundo párrafos y primero transitorio del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos (fojas 46-47). 2. La actora promovió demanda de nulidad, en contra de la notificación que antecede y otros actos, en cuyo segundo concepto de impugnación alegó en esencia que la Administración Local Jurídica de Puebla Norte es una autoridad incompetente para notificar actos emitidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte, toda vez que los artículos 28, fracción II, último párrafo y 26, fracción XII, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria establecen que las Administraciones Locales Jurídicas sólo son competentes para notificar las resoluciones administrativas que ellas mismas dicten y en forma concurrente las que emitan las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes. 3. El administrador local jurídico de Puebla Norte, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, dio contestación a la demanda en la que, en relación al concepto de anulación que vertió la actora, lo refutó sosteniendo su competencia legal para notificar las resoluciones. 4. Por su parte, la Sala a quo al emitir la sentencia recurrida, en relación a la notificación controvertida, consideró que resultaba fundado el concepto de impugnación hecho valer por la actora, en virtud que del análisis que hizo de los actos impugnados, en relación con los artículos 7o., fracciones I y XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 28, fracción II, 26, fracción XII y 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, se desprende que la Administración Local Jurídica de Puebla Norte, como autoridad del Servicio de Administración Tributaria es competente para recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable, para notificar las resoluciones administrativas que dicte y, en forma concurrente, las que emitan las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y de Grandes Contribuyentes, que sean susceptibles de impugnarse mediante recurso administrativo o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con excepción de aquellas que únicamente determinen sanciones administrativas distintas de las relacionadas con el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los contadores públicos; ordenar y sustanciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que sean determinados en las resoluciones que hubiera notificado ella misma y las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal en dichos créditos, inclusive tratándo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19718-1fc73d47/administraciones-locales-juridicas-estan-facultadas-para-notificar-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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