REVISIÓN INCIDENTAL. PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NO SE DEBE ATENDER A LA POSIBLE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE Y ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE MAYO DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA Y EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos tercero, en relación con el segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; y con base, además, en los artículos 86 y 87 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Asimismo, el conocimiento de este asunto, por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(3)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, órgano contendiente en la misma.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito dictó resolución en la revisión incidental 358/2016, de la que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
1. La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz dictó resolución definitiva en los autos del toca 1338/2016, relativo a los recursos de apelación que interpusieron María Eugenia Jacques León, por propio derecho y como representante legal de Alejandro y Víctor Jacques León; y por Margarita Oliver Olivera en contra de la resolución pronunciada en primera instancia, en el incidente de remoción del cargo (898/2015) de representante legal del ‘ausente’ Luis Jacques Rodríguez, por medio de la cual se modificó la resolución de primer grado.
2. En contra, Margarita Oliver Olivera promovió juicio de amparo indirecto (636/2016-1), mismo en el que, por interlocutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, se determinó conceder a Margarita Oliver Olivera, la suspensión definitiva de los actos reclamados.
3. Inconforme, María Eugenia Jacques León interpuso recurso de revisión. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estableció lo siguiente:
• En síntesis, la recurrente adujo que: i) el Juez de Distrito transgredió en su perjuicio el artículo 61, fracciones XXI y XXII, de la Ley de Amparo, así como el Decreto 876 por el que se reforman los artículos 599, 601 y 635 del Código Civil del Estado, y los diversos 635 y 636; y 129 y 130 de la ley adjetiva federal. Ello, al no analizar sus alegatos y pruebas con las que acreditó lo improcedente de la suspensión ante un cambio de situación jurídica al consumarse de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, al no poder decidir en el juicio sin afectar la nueva situación jurídica; ii) el acto reclamado resultó de un incidente promovido por la recurrente en el juicio 190/2012, para remover del cargo de representante legal a la ahora quejosa; pero quedó sin efectos la representación de la quejosa por la ausencia de Luis Jacques Rodríguez, ante su presunción de muerte; iii) con copias certificadas se acreditó la apertura de la testamentaría de Luis Jacques Rodríguez, el cambio de situación jurídica se realizó conforme al transitorio del Decreto 876 por el que se reforman los artículos 599, 601 y 635 del Código Civil Estatal, con el cual, ya no es necesario realizar previamente declaración de ausencia y después presunción de muerte, por tanto, el reclamo de la quejosa, de que fue ilegalmente revocada de su cargo como representante del ausente, al ya no ser necesaria la declaración de ausencia, tampoco lo es su representante legal; y la quejosa, en la sucesión testamentaria, debe rendir cuentas. Así, al operar la causal de improcedencia aducida, debió negarse la suspensión definitiva.
• La quejosa pretende que se niegue la suspensión definitiva del acto combatido por un supuesto cambio de situación jurídica, lo cual, no puede acontecer, sino que debe estarse a la naturaleza de la medida, esto es, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo.(4)
• La finalidad de la suspensión es preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensional del solicitante y materia para la suspensión, para lo cual, es menester considerar la naturaleza del acto reclamado; y, su análisis debe ceñirse a los artículos 107, fracción X, de la Constitución General, en relación con el 128 de la Ley de Amparo,(5) y en su caso ante un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no como se pretende.
• Si el Juez de Distrito, atendiendo al acto combatido, estima que se surten los requisitos del artículo 128 citado, la suspensión definitiva concedida es procedente y no podrían transgredirse los preceptos legales aducidos, pues si bien el juzgador federal, e incluso el órgano revisor, tiene la obligación de analizar las causas de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), aun de manera oficiosa conforme al 62 de la Ley de Amparo,(6) en el tema suspensional, son los requisitos del diverso 128 de la misma ley, los que se deben observar para negar o conceder la suspensión ya sea provisional o definitiva.
• Si la inconforme estima que el acto reclamado ha sufrido un cambio de situación jurídica al consumarse de modo irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, lo cual dice se demuestra en pruebas, ello podría actualizar alguna improcedencia de la vía biinstancial; mientras que la procedencia o no de la suspensión, atañe a los supuestos del artículo 128 y 129 de la Ley de Amparo.
• La recurrente no demuestra que la suspensión definitiva concedida sea contraria a los supuestos que los artículos 128 y 129 citados prevén, pues pretende demostrar cuestiones de improcedencia del amparo, que no pueden ser analizados para determinar la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión definitiva.
• Así, lo que se pretende demostrar, concluyendo que la quejosa, al ser poseedora provisional deba rendir cuentas; es ajeno a la materia de la suspensión definitiva concedida, la que se sustentó en parámetros que en todo caso la inconforme debió desvirtuar. Por tanto, ante lo infundado de los agravios se confirma la resolución recurrida.
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el veinte de diciembre de dos mil doce, dictó resolución en el incidente en revisión administrativa 351/2012; posteriormente, el veintisiete de diciembre de dos mil doce, dictó resolución en el incidente en revisión administrativa 457/2012. De dichos asuntos, es necesario conocer los antecedentes que se desprenden del cuerpo de esas ejecutorias:
a) Incidente en revisión administrativa 351/2012.
1. Isaías Sánchez Nájera promovió juicio de amparo indirecto contra la convocatoria y procedimiento instaurado para la selección de Magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para el periodo del dieciséis de noviembre de dos mil doce al quince de noviembre de dos mil dieciséis, pidiendo la suspensión de los actos reclamados para efectos de que no sea privado del cargo de Magistrado electoral, ni de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.
2. El Juzgado de Distrito, en interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil doce, concedió la suspensión definitiva para los únicos efectos de que las responsables continúen con el procedimiento de selección de Magistrados electorales del Estado de Guerrero, debiéndose abstener de designar o nombrar a los Magistrados triunfadores de la convocatoria de siete de junio de dos mil doce propuesta por los integrantes de la Comisión de Gobierno de la Quincuagésima Novena Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.
3. Inconformes los presidentes de la Comisión de Gobierno y de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero (autoridades responsables), interpusieron recurso de revisión. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito determinó, en esencia, lo siguiente:
• Los efectos de la suspensión son, en esencia, que las responsables adscritas a la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado continúen el procedimiento de selección de Magistrados electorales del Tribunal Electoral Estatal, pero se abstengan de concluirlo, es decir, se inhiban de designar o nombrar a los Magistrados triunfadores de la convocatoria de siete de junio de dos mil doce, propuesta por los integrantes de la Comisión de Gobierno de la Quincuagésima Novena Legislatura de Congreso del Estado de Guerrero, hasta en tanto reciban la notificación de la ejecutoria que resuelva el juicio de amparo en lo principal.
• Es fundado lo aducido sobre que el Juez de amparo se desentendió de hacer un análisis exhaustivo y ponderado de la apariencia del buen derecho para valorar la procedencia de la suspensión, en función de la propia procedencia de la acción constitucional ejercida por el quejoso. Existe criterio por la Segunda Sala del Máximo Tribunal sobre que, para proveer sobre el otorgamiento de la suspensión en materia de amparo, el resolutor debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social y al orden público, estudio simultáneo al análisis de la satisfacción de los requisitos que el numeral 124 de la Ley de Amparo prevé, como son, que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.(7)
• Es permisible aplicar la máxima de la apariencia del buen derecho en sentido contrario. Máxime que en los supuestos en los cuales pueda ser constitucional el acto reclamado, conlleva a la convicción de negarse la medida suspensional, con mayor razón se negará, ante la probable improcedencia de los actos reclamados vía amparo indirecto.(8)
• Es acertado el alegato en el sentido de que a los actos que se pretende someter ante la potestad constitucional, les reviste naturaleza y carácter electoral, surgiendo así una posible improcedencia del amparo indirecto. La teoría de la apariencia del buen derecho implica el análisis anticipado y superficial de la constitucionalidad del acto reclamado, siempre que contra aquél sea procedente la vía de amparo, sin que constituya materia del recurso la procedencia del juicio, ya que eso es objeto del asunto en lo principal. Al involucrarse en el caso, un presupuesto procesal como es la procedencia del juicio, para decidir sobre la suspensión definitiva, es inexcusable avizorar de una manera anticipada, la idoneidad del juicio de amparo en su contra.
• Es incorrecto conceder la suspensión pues: i) el procedimiento combatido es de estricto orden público y no es permisible suspenderlo; y, ii) la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha establecido que el juicio de amparo es improcedente al impugnar normas o resoluciones sobre la integración de autoridades electorales, no sólo de índole administrativa, sino también las jurisdiccionales.(9)
• De una reseña de las consideraciones de la Segunda Sala, conforme al criterio mencionado en el párrafo anterior, concluye que, se corrobora lo fundado de los agravios, pues en contra de los actos atinentes a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, como es participar en la integración de autoridades electorales de las Legislaturas de las entidades federativas del país, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ello dada su eminente naturaleza electoral. Por tanto, el Juez de Distrito adolece de facultades y atribuciones para proveer sobre la suspensión vía amparo, en contra de actos o resoluciones de índole electoral, y bajo la teoría de la apariencia del buen derecho aplicada a contrario sensu, es procedente revocar la medida suspensional recurrida, al ser improcedente proveer la suspensión de ese tipo de actos, so pena de afectar el interés social y el orden público, pues obstaculizaría un procedimiento del cual, el Constituyente Local concedió a la Legislatura Estatal, soberanía e independencia de decisión.
• Finalmente, señala que de los artículos 25 y 47 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y 1o., 2o., 3o. y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, se evidencia la naturaleza electoral que reviste a los actos reclamados, siendo improcedente proveer favorable la medida cautelar peticionada e indebidamente concedida.(10).
b) Incidente en revisión administrativa 457/2012.
1. Regino Hernández Trujillo promovió juicio de amparo indirecto contra la convocatoria y procedimiento instaurado para la selección de Magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para el periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil doce al quince de noviembre de dos mil dieciséis, solicitando la suspensión de los actos reclamados para efecto de que no sea privado del cargo de Magistrado electoral, ni de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo.
2. El Juzgado de Distrito, el diecisiete de agosto de dos mil doce, concedió la suspensión provisional para los efectos de que las responsables continúen con el procedimiento de selección de Magistrados electorales del Estado de Guerrero, debiéndose abstener de designar a los Magistrados triunfadores de la convocatoria respectiva.
3. Inconformes el presidente de la Comisión de Gobierno y el presidente de la Mesa Directiva, ambos del Congreso del Estado de Guerrero (autoridades responsables), interpusieron recurso de revisión. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito reiteró las consideraciones esgrimidas al resolver el asunto reseñado en el inciso a).
De las anteriores consideraciones derivó la tesis «XXI.2o.P.A.4 K (10a.)», de título, subtítulo y texto siguiente:
"SUSPENSIÓN CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. DADA LA NATURALEZA ELECTORAL DE DICHO ACTO CONTRA EL CUAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN ATENCIÓN A LA TEORÍA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, APLICADA A CONTRARIO SENSU, DEBE NEGARSE SU CONCESIÓN PORQUE DE LO CONTRARIO SE AFECTARÍAN EL INTERÉS SOCIAL Y EL ORDEN PÚBLICO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 527, de rubro: ‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES QUE VERSEN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE AUTORIDADES ELECTORALES, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JURISDICCIONALES.’, estableció que son normas electorales, entre otras, las que regulan los requisitos y procedimientos para designar autoridades electorales, ya sean administrativas o jurisdiccionales; y, en ese contexto, precisó, que el juicio de amparo resulta improcedente, por actualizarse la causal prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, cuando un Juez de Distrito resuelva sobre la suspensión del acto reclamado, debe ponderar, simultáneamente, la apariencia del buen derecho (que implica un análisis anticipado y superficial de la constitucionalidad de aquél) con el perjuicio al interés social o al orden público, siempre y cuando la vía constitucional resulte procedente. En ese sentido, si a través del juicio de amparo se pretende obtener la suspensión contra el procedimiento de selección y designación de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, es inconcuso que su concesión resulta improcedente, pues los artículos 25 y 47 de la Constitución Política y 1, 2, 3 y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, ambas de esa entidad, evidencian con claridad y certeza la naturaleza electoral del referido procedimiento y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra. De ahí que en aplicación de la citada teoría, a contrario sensu, la suspensión solicitada debe negarse, porque de lo contrario se afectarían el interés social y el orden público."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(11) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(12)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible; y,
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(13)
6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(14)
Esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis, porque ambos tribunales resolvieron recursos de revisión interpuestos en contra de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; y se pronunciaron sobre la posibilidad, o no, de analizar la existencia de causas de improcedencia del juicio, a fin de resolver sobre la legalidad de la concesión de la suspensión. Destacando que uno de los tribunales negó tal posibilidad, entre tanto, el otro, afirmó tal posibilidad.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (en lo subsecuente tribunal del Séptimo Circuito), en lo conducente, señaló: si atendiendo al acto combatido se surten los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva concedida es procedente; y si bien el juzgador federal, e incluso el órgano revisor, tiene la obligación de analizar las causas de improcedencia, aun de manera oficiosa, en el tema suspensional, son los requisitos del artículo 128, los que se deben observar para negar o conceder la suspensión; demostrar cuestiones de improcedencia del amparo no demuestra que la suspensión definitiva concedida sea contraria a los supuestos que los artículos 128 y 129 prevén, pues las causas de improcedencia no pueden ser analizadas para determinar la procedencia o improcedencia de la concesión de la suspensión definitiva.
Entre tanto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (en lo subsecuente Tribunal del Vigésimo Primer Circuito), en lo conducente, señaló: se debe hacer un análisis exhaustivo y ponderado de la apariencia del buen derecho para valorar la procedencia de la suspensión, en función de la propia procedencia de la acción constitucional ejercida por el quejoso; si en los supuestos en los cuales pueda ser constitucional el acto reclamado, conlleva a la convicción de negarse la medida suspensional, con mayor razón se negará, ante la probable improcedencia de los actos reclamados; la teoría de la apariencia del buen derecho implica el análisis anticipado y superficial de la constitucionalidad del acto reclamado, siempre que contra aquél sea procedente la vía de amparo, sin que constituya materia del recurso la procedencia del juicio, ya que eso es objeto del asunto en lo principal.
Lo que evidencia que el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito niega la posibilidad de que en la revisión contra la concesión de la suspensión definitiva, se analicen agravios sobre la improcedencia del juicio de amparo, a fin de calificar la concesión de la suspensión definitiva impugnada. Pero el Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito afirma la posibilidad de que en la revisión contra la concesión de la suspensión definitiva, se analicen agravios sobre la improcedencia del juicio de amparo, a fin de calificar la concesión de la suspensión definitiva impugnada.
De ahí que se estime que sí existe la contradicción de tesis denunciada; cuya materia consiste en determinar si en el recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, es posible, o no, analizar la improcedencia del juicio de amparo, a fin de calificar la legalidad de la concesión de la suspensión definitiva impugnada.
No obsta a lo anterior, que para emitir los criterios contendientes, los tribunales de amparo hayan aplicado el contenido de la Ley de Amparo abrogada y de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Pues, en lo conducente, se aprecia que la estructura procesal del amparo indirecto y del incidente de suspensión (en particular, los artículos 124, fracciones I y II, y 128, fracciones I y II, respectivamente)(15) son, sustancialmente, coincidentes,(16) máxime que la divergencia de criterios deriva de un análisis abstracto de la incidencia que puede tener, o no, la posible improcedencia del juicio de amparo en la decisión sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.
QUINTO.—Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que: en el recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, no es posible analizar la posible improcedencia del juicio de amparo a fin de calificar la legalidad de la concesión de la suspensión definitiva impugnada; pues la determinación procesal que admitió a trámite la demanda de amparo, calificó procedente el juicio y generó una situación procesal positiva que rige de manera cierta y actual a todo el proceso (incluyendo incidentes), mientras no sea modificada o revocada válidamente. Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones:
A. Estado de procedencia del juicio de amparo indirecto.
La Ley de Amparo, en su texto vigente y en el abrogado,(17) establece que presentada la demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe examinar el escrito respectivo, y si encontrare motivo o causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; pero que de no ser así, admitirá la demanda, si es que además no hay prevención, o habiéndola, ya fue desahogada satisfactoriamente.
La admisión de la demanda que se emite en las condiciones apuntadas, necesariamente implica una decisión judicial en el sentido inequívoco de que el Juez de amparo no encontró en la demanda de amparo un motivo o causa manifiesta de improcedencia; pues de no ser así, no tendría sentido que se hubiera dado trámite a la demanda.
Ahora bien, las señaladas legislaciones de amparo(18) prevén que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional; también consideran el caso en que las partes comunican al órgano jurisdiccional sobre la existencia de alguna causa de improcedencia; y además, establecen la posibilidad de que se sobresea en el juicio de amparo con motivo de que aparezca o sobrevenga alguna causa de improcedencia.
Además, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, ha sostenido que cuando durante el trámite del juicio de amparo indirecto, el Juez conoce de la existencia de una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo aun fuera de audiencia, es decir, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional para resolver ahí el sobreseimiento.
Es aplicable para el caso, en lo conducente y por analogía de razón, en relación con la Ley de Amparo vigente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."(19)
Todo lo cual permite afirmar, que si bien la admisión de la demanda determina una situación jurídico procesal de procedencia del juicio que da estructura y unidad al proceso, pero, además, justifica su existencia y dota de certeza a los actos procesales que sucesivamente van agregándose al expediente. Existe la posibilidad de que durante el trámite del amparo, se examine de oficio la improcedencia del juicio fuera de audiencia constitucional cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable.
En congruencia con lo anterior, para revocar o modificar el estado de procedencia que deriva del auto que admitió la demanda de amparo, se exige una decisión judicial que, de manera directa, central y destacada, se ocupe de examinar y evidenciar de manera fehaciente la improcedencia del juicio, destacando además que, cuando tal examen tiene lugar fuera de la audiencia constitucional, adicionalmente requiere que la existencia de la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable.
B. Objeto y materia del recurso de revisión que se interpone en contra de la determinación que concedió la suspensión definitiva en el incidente de suspensión del acto reclamado.
En términos generales, el incidente de suspensión del acto reclamado que se tramita en el juicio de amparo indirecto, culmina con una sentencia interlocutoria en la que se resuelve concediendo o negando la medida suspensional.(20) Lo que es indicativo de que la materia central y directa de la que se ocupa es esa: definir si se concede o se niega al quejoso la suspensión del acto reclamado en el juicio constitucional, y de manera accesoria las cuestiones derivadas de la decisión, como son los efectos de la medida y las determinaciones sobre las garantías o contragarantías necesarias para que surta efecto la suspensión.
Sobre esa base general, cabe añadir que en contra de la determinación sobre la suspensión del acto reclamado, procede el recurso de revisión, cuya materia ordinaria se concreta en examinar la legalidad de la decisión impugnada, incluyendo los acuerdos tomados en la audiencia incidental
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28447-4c08aedf/revision-incidental-para-resolver-sobre-la-suspension-definitiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN O NEGATIVA NO DEPENDE DE LA OTORGADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAME EL MISMO ACTO EN AMBOS MEDIOS D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE E (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (P./J. 72/2010)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS D (1697)
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES INEXISTENTE SI EL DE UNO DE LOS DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SE HACE DERIVAR DEL SILENCIO EN RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE IMPROC (PR.C.CN.5 K (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SIN (P. LXXXVI/2000)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis