SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN O NEGATIVA NO DEPENDE DE LA OTORGADA EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAME EL MISMO ACTO EN AMBOS MEDIOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 148/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES, Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: XARENI QUIROZ REYES.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
15. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, de manera que se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
16. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
17. TERCERO.—Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
18. Señalándose que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo el ordinal 74 de la ley que rige la materia, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios constitucionales; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; pues el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
19. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(4)
Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito al resolver el recurso de queja QA. 97/2023.
20. En principio se precisa que el recurso de queja se interpuso contra el auto dictado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 824/2023, en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional para que se mantuvieran las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del decreto combatido, es decir, continuara la parte quejosa en el cargo que ostentaba como Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 06 del Instituto Nacional Electoral.
21. En contra de esa determinación el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de queja, en el cual el tribunal colegiado analizó el agravio relativo a que la juez federal no realizó un correcto análisis del interés suspensional, en virtud de que la parte quejosa carecía de ese interés porque la norma impugnada con su emisión ni con su ejecución no causaban afectación directa y actual a la esfera jurídica de los derechos de la promovente, en virtud de que no había sido separada de su cargo, notificado el cese de su nombramiento, ni la normativa impugnada señalaba que la separación o terminación de la relación laboral con el Instituto Nacional Electoral sería inminente, por tanto, la sola mención de que laboraba en dicho instituto era insuficiente para demostrar su interés suspensional; el cual estimó infundado.
22. Lo anterior porque la juez de distrito si bien no precisó un apartado especial relativo al interés suspensional, sí lo analizó al señalar que la parte quejosa acreditó que era empleada activa del instituto, con la constancia de nombramiento expedido por el Instituto Nacional Electora, de doce de enero de dos mil veintitrés, con número de plaza ********** y número de puesto **********, de la cual se desprendía que tenía aproximadamente siete años de antigüedad en el instituto y se encontraba activa.
23. Por otra parte, determinó que la juez de distrito concedió la suspensión provisional no con la sola mención de que la quejosa era empleada activa del Instituto Nacional Electoral y que la norma le causaba perjuicio; ya que tuvo por acreditada esa circunstancia con la constancia de servicios expedida por el instituto, de fecha doce de enero de dos mil veintitrés, con el puesto "VOCAL EJECUTIVO DE JUNTA DISTRITAL", y diversos datos como el tipo de nombramiento, nivel, clave de pago, percepción mensual, adscripción y se señaló como activo.
24. Además el tribunal colegiado señaló también que se advertía que se adjuntaron el Formato Único de Movimientos y/o Constancia de nombramiento de catorce de enero de dos mil veintidós, la ficha técnica de dos de febrero de dos mil veintitrés, la trayectoria formativa del ciclo trianual, y diversos oficios de adscripción, con las cuales afirmó que se acreditaba que la solicitante del amparo se desempeñaba como activa en el puesto de Vocal Ejecutivo de Junta Distrital en la Junta Ejecutiva, así como la credencial de elector de la que se advertía que su domicilio se ubicaba en la Ciudad de Chihuahua; documentos de los cuales no existió pronunciamiento por parte de la juzgadora de amparo pero que corroboraban el interés suspensional de la quejosa.
25. Por otra parte, analizó el agravio relativo a que el auto recurrido contravenía los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, ya que no existió peligro inminente de que se ejecutara el acto reclamado con daños de difícil reparación para la quejosa; el cual estimó infundado ya que como lo afirmó la juez federal, de no concederse la suspensión provisional sí se podían causar daños a la quejosa de difícil reparación, ya que de ser concedido el amparo solicitado, en las fechas contenidas en el decreto impugnado se podría quedar sin cargo en la labor administrativa en la cual se había desempeñado.
26. Ello, porque conforme al artículo décimo quinto transitorio del decreto impugnado, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés, quedaría definida y realizada la reestructura del Instituto Nacional Electoral, entre ellas, los cambios de asignaciones presupuestales y adscripción de personal; además de que el séptimo transitorio establecía que entre enero y abril de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificaría la normativa que se debería adecuar conforme al Decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, se emitiera la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas.
27. Asimismo, precisó que el artículo décimo transitorio señalaba que a más tardar en abril de dos mil veintitrés, el Consejo General identificaría las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicaría la reestructuración orgánica del instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto, y planificaría su ejecución para que, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés se hubiera concluido.
28. Aunado a que el artículo décimo segundo transitorio señalaba que, entre enero y mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General tomaría opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil de competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el uno de junio siguiente, se tuviera concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparían el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarían con motivo de la entrada en vigor del Decreto, y que el mismo mecanismo se seguiría respecto de las Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales, y que a más tardar el quince de agosto de ese año, deberían quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares, para operar en los siguientes procesos electorales.
29. Señaló que el artículo décimo cuarto transitorio establecía que a más tardar el uno de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General emitiría los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del instituto ordenada en el Decreto, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática; y que la Dirección Ejecutiva de Administración auxiliaría a la Comisión de Administración para definir y realizar, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés, los cambios en las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración señalada en el Decreto.
30. En esos términos, el tribunal colegiado determinó que sí existía peligro inminente de que se ejecutara el acto reclamado con daños de difícil reparación para la quejosa, porque la reestructura del Instituto Nacional Electoral sería paulatina, y a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección Ejecutiva de Administración auxiliaría a la Comisión de Administración para definir y realizar los cambios de las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración.
31. Por tanto, de no concederse la suspensión provisional, aun cuando se concediera la protección constitucional, existiría el peligro inminente de que se ejecutara el acto reclamado con daños de difícil reparación para la quejosa al quedarse sin sustento de su trabajo, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés.
32. A continuación, el tribunal colegiado analizó el agravio relativo a que la norma impugnada no era autoaplicativa, por no causar perjuicio con su sola entrada en vigor, ya que era el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien debía efectuar una organización y reestructura orgánica, y en esa medida podía o no verse inmerso el cargo de la quejosa, esto es, la afectación no era real ni inminente, al estar sujeta a una condición que no se había cumplido; el cual se estimó inoperante.
33. Lo anterior, porque el carácter heteroaplicativo del decreto, no era una cuestión directa y central de la que se debía ocupar el recurso de queja, porque su finalidad no consistía en resolver o decidir sobre la procedencia o actualización de alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo principal, sino sólo verificar si se cumplieron con los elementos necesarios para suspender el acto reclamado en términos en que lo hizo la juez federal.
34. Por otra parte, el órgano colegiado analizó el agravio relativo a que el auto combatido contravenía el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, al contravenir disposiciones de orden público y afectar el interés social, ya que con el decreto impugnado se pretendía garantizar el efectivo ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía, la eficaz ejecución y administración de los recursos de las instituciones electorales, tanto a nivel local como federal, hacer más eficiente la estructura orgánica de las autoridades electorales y su actuación al margen de la ley vigente, otorgar certeza y seguridad jurídica respecto a las sanciones, evitar la indebida intervención del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación en la vida interna de los partidos políticos.
35. Argumentos que estimó infundados, porque el órgano colegiado consideró que con la concesión de la medida suspensional no se causaban daños y perjuicios a la sociedad, ya que no se privaba a la colectividad de un beneficio que le otorgaran las leyes o se le inferiría un daño que de otra manera no resentiría; en virtud de que el decreto contenía la reestructura orgánica que se pretendía realizar al Instituto Nacional Electoral, y aunque continuara la quejosa desempeñando el puesto que ostentaba y lo ejerciera conforme al marco legal vigente, ello no afectaba la citada reestructura orgánica.
36. Ello, porque conforme a los artículos transitorios del decreto, esa reestructura sería paulatina, para que el uno de agosto de dos mil veintitrés la Dirección Ejecutiva de Administración auxiliara a la Comisión de Administración para definir y realizar los cambios en las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas sujetas a la reestructuración señalada en dicho Decreto; por lo que la reestructura orgánica comenzó pero aun no culminaba.
37. En esos términos, determinó que a la fecha de la concesión de la medida suspensional, no se contravenían disposiciones de orden público, ni se afectaba el interés social, aunado a que al continuar laborando la quejosa en el puesto que desempeñaba, contribuía a que las labores se realizaran en dicho instituto con la calidad, continuidad, tiempo, esfuerzo, etcétera, con que normalmente se realizaban, ya que a la sociedad le interesaba que dicho instituto siguiera funcionando con la normalidad habitual y hacia sus disposiciones transitorias.
38. Estimó inoperantes los agravios relativos a que conforme al artículo 73 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 167, fracción VII, y 243, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, el Congreso de la Unión puede modificar la estructura de los entes públicos y reducir sus dotaciones, lo cual no trasgrede la norma fundamental; que el decreto pretende implementar una reestructuración administrativa del Instituto Nacional Electoral, lo cual debe realizar el Consejo General de conformidad con el artículo décimo transitorio, y que persigue una reestructuración y debido funcionamiento de dicho Instituto; que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales electorales como en la especie se impugna, y en su caso, la inaplicación le correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya que dichos argumentos debían en su caso ser analizados en el juicio principal por ser cuestiones de fondo y no en el recurso de queja.
39. A continuación, analizó el agravio relativo a que la juez federal no debió pronunciarse respecto a la medida cautelar porque le correspondía hacerlo a otro órgano jurisdiccional, dado que por acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió y admitió la acción de inconstitucionalidad 71/2023, promovida por el partido Movimiento Ciudadano, y en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la controversia constitucional 261/2023, promovida por el Instituto Nacional Electoral contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, el cual constituía el acto materia de la suspensión en el juicio de amparo; el cual estimó inoperante.
40. Lo anterior, dado que los argumentos no estaban dirigidos a analizar si se cumplieron con los elementos necesarios para suspender el acto reclamado, sino que estaban dirigidos a resolver o decidir sobre la procedencia o no del juicio de amparo principal.
41. Además, precisó que no se actualizaba la hipótesis del artículo 145 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión contra la ley reclamada se concedió en la controversia constitucional 261/2023, de modo que no estaba probado que se hubiera concedido en otro juicio de amparo, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades, a fin de que procediera un estudio oficioso para verificar la identidad del supuesto y dejar sin materia la suspensión solicitada por la quejosa.
42. Aunado a que precisó que existían disposiciones constitucionales que debían prevalecer, consistentes en que conforme a los artículos 41, fracción V, apartados A y D, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existía una estructura y funcionamiento protegido por la Carta Magna, la cual se pretendía modificar mediante la emisión del decreto impugnado, mismas que estaban jerárquicamente en una posición inferior que la Norma Fundamental; por tanto, le interesaba a la sociedad la permanencia del instituto, conformado por su personal especializado, con independencia de que, en apariencia del buen derecho, el examen preliminar del acto reclamado asomaba vicios de inconstitucionalidad en cuanto a la afectación de entre otros principios, a la estabilidad en el empleo que le derivaba a la parte quejosa por pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional.
43. Determinó que eran infundados los agravios relativos a la suspensión decretada en el incidente de suspensión derivado de la Controversia Constitucional 261/2023; ya que si bien el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente de suspensión derivado de esa controversia, se concedió la suspensión para el efecto de que no se aplicara artículo alguno del decreto impugnado que incidiera en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del Instituto hasta en tanto se resolviera dicha controversia, destacando entre otros aspectos, la posible violación de derechos humanos de carácter electoral o democrático, en cuanto a la afectación del Instituto en sí mismo y la conformación con personal especializado para ello, sino también la violación de los derechos laborales de los servidores públicos que lo integran, como ocurría con la parte quejosa.
44. Sin embargo, el tribunal colegiado señaló que la Controversia Constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la sociedad que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que otorgaba un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, no del interés individual sino de la sociedad en general, como se reconocía en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 45. Afirmó que el juicio de amparo tenía por objeto resolver, entre otras, toda controversia que se suscitaran por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violaran los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano fuera parte, protegiendo a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley, acorde al artículo 1o. de la Ley de Amparo, a diferencia de la Controversia Constitucional que protegía actos entre poderes y órganos de poder, por lo que estimó que la suspensión otorgada en dicha Controversia Constitucional no se contraponía a la suspensión provisional dictada en el juicio de amparo.
46. Asimismo, señaló que debía considerarse que contra esa determinación procedía el recurso de reclamación previsto por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual podía modificar la suspensión concedida, lo cual dejaría en una claro estado de indefensión a la ahora quejosa, ya que al no ser parte de la controversia constitucional, no se encontraba en posibilidad de promover en su caso el recurso correspondiente ante una eventual violación a la suspensión.
47. Por tanto, afirmó que dejar a expensas de la suspensión concedida en la Controversia Constitucional, implicaría incidir en la naturaleza misma de la suspensión dentro del juicio de amparo indirecto y su finalidad que era mantener viva la materia del asunto en cuanto al fondo, y, segundo, dejar en estado de indefensión a la quejosa recurrente, ya que acudió al juicio de amparo en su carácter de trabajadora del Instituto Nacional Electoral, es decir por su especial situación frente a la norma impugnada.
48. Por tal motivo, estimó que de negarse la suspensión solicitada, por el hecho de haberse concedido una medida cautelar similar dentro de un medio de control constitucional diverso, en el que la quejosa carecía de legitimación para actuar en calidad de parte, implicaría hacer nugatoria la prerrogativa que se prevé en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, relativa a evitar que se ejecutaran en su esfera jurídica particular, atento al principio de instancia de parte agraviada y relatividad que rige en la materia, los sistemas normativos que se impugnaban, con base en los cuales podía ser desplazada de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral.
49. Asimismo, señaló que atento precisamente a la naturaleza y alcance de la suspensión en el juicio de amparo, existían sistemas de verificación y sanción específicos en caso de incumplimiento o violación de la medida cautelar, las cuales se encontraban previstas legalmente, justo con la finalidad de hacer efectiva la tutela anticipada y con efectos provisionales que implicaban la paralización de los actos reclamados, cuando así procediera una vez reunidos los requisitos de procedencia respectivos.
50. Así, además de lo previsto en cuanto a las facultades que otorgaba el artículo 158 de la Ley de Amparo al órgano de control constitucional para vigilar oficiosamente el acatamiento de la medida suspensional, se encontraba regulado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que sólo procedía a instancia de la parte directamente agraviada; cuyo medio de defensa se estaría denegando a la justiciable en lo individual.
51. En esos términos, declaró infundado el recurso de queja.
Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito al resolver el recurso de queja QA. 98/2023.
52. En principio se precisa que el recurso de queja se interpuso contra el auto dictado el tres de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 769/2023, en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional para que se mantuvieran las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del decreto combatido, es decir, continuara la parte quejosa en el cargo que ostentaba como Secretaria Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 08 del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Chihuahua, con su correspondiente remuneración.
53. En contra de dicha determinación el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de queja, en el que el tribunal colegiado analizó el agravio relativo a que la juez federal no realizó un correcto análisis del interés suspensional, en virtud de que la parte quejosa carecía de ese interés porque la norma impugnada con su emisión ni con su ejecución no causaban afectación directa y actual a la esfera jurídica de los derechos de la promovente, en virtud de que no había sido separada de su cargo, notificado el cese de su nombramiento, ni la normativa impugnada señalaba que la separación o terminación de la relación laboral con el Instituto Nacional Electoral sería inminente, por tanto, la sola mención de que laboraba en dicho instituto era insuficiente para demostrar su interés suspensional; el cual estimó infundado.
54. Lo anterior porque la juez de distrito sí consideró el interés suspensional a efecto de pronunciarse respecto de la suspensión provisional solicitada, porque acreditó ser trabajadora en activo del Instituto Nacional Electoral, como Secretaria en Junta Distrital de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, lo que permitía considerar que había adquirido determinados derechos y obligaciones para acudir al juicio de amparo; aunado a que se acreditó el interés suspensional indiciariamente con los documentos adjuntos a la demanda.
55. Por otra parte, determinó que la juez de distrito concedió la suspensión provisional no con la sola mención de que la quejosa era empleada activa del Instituto Nacional Electoral y que la norma le causaba perjuicio; ya que tuvo por acreditada esa circunstancia con el comprobante Fiscal Digital por Internet emitida por el Instituto Nacional Electoral, el trece de marzo de dos mil veintitrés, que contenía el número de puesto ********** Secretaria en Junta Distrital, y el puesto descrito, además de que manifestó bajo protesta de decir verdad que dichos documentos concordaban con sus originales, así como con la credencial de elector de la parte quejosa expedida por el instituto mencionado.
56. Por otra parte, analizó el agravio relativo a que el auto recurrido contravenía los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, ya que no existió peligro inminente de que se ejecutara el acto reclamado con daños de difícil reparación para la quejosa; el cual estimó infundado ya que como lo afirmó la juez federal, de no concederse la suspensión provisional sí se podían causar daños a la quejosa de difícil reparación, ya que de ser concedido el amparo solicitado, en las fechas contenidas en el decreto impugnado se podría quedar sin cargo en la labor administrativa en la cual se había desempeñado.
57. Ello, porque conforme al artículo décimo quinto transitorio del decreto impugnado, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés, quedaría definida y realizada la reestructura del Instituto Nacional Electoral, entre ellas, los cambios de asignaciones presupuestales y adscripción de personal; además de que el séptimo transitorio establecía que entre enero y abril de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificaría la normativa que se debería adecuar conforme al Decreto, para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, se emitiera la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas.
58. Asimismo, precisó que el artículo décimo transitorio señalaba que a más tardar en abril de dos mil veintitrés, el Consejo General identificaría las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicaría la reestructuración orgánica del instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto, y planificaría su ejecución para que, a más tardar el uno de agosto de dos mil veintitrés se hubiera concluido.
59. Aunado a que el artículo décimo segundo transitorio señalaba que, entre enero y mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General tomaría opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil de competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el uno de junio siguiente, se tuviera concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparían el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarían con motivo de la entrada en vigor del Decreto, y que el mismo mecanismo se seguiría respecto de las Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales, y que a más tardar el quince de agosto de ese año, deberían quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares, para operar en los siguientes procesos electorales.
60. Señaló que el artículo décimo cuarto transitorio establecía que a más tardar el uno de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo Genera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32338-9e47b893/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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